Por May-ek Querales Mendoza / GIASF*

El periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador dio inicio el pasado 1° de diciembre y la crisis humanitaria que enfrenta el país, en materia de desaparición de personas, se ha hecho presente desde el momento mismo de la toma de protesta en el Zócalo. Ahí, el ahora presidente mencionó, como uno de los 100 compromisos de su gobierno, que “se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. Siguiendo esta línea de acción, el 3 de diciembre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer decreto oficial del presidente, a través del cual “se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”.

Frente a estos dos actos, algunos familiares de personas desaparecidas han cuestionado el pronunciamiento público del presidente; aún cuando en el gabinete se considera que este decreto es un primer paso en un proceso de reconciliación, entre algunas familias es leído como un acto de poco compromiso, cuando no de invisibilización: “No son sólo 43, son 37 mil”, ha dicho Leticia Hidalgo desde Nuevo León; fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y madre de Roy Rivera, joven desaparecido el 11 de enero de 2011. Poco después se sumaron las voces de familiares de Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo y Ciudad de México para decir “sentimos que no ha tomado en cuenta el dolor de los familiares de los desaparecidos, las familias exigimos verdad y justicia”.

Nota:La Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa se instaló este martes 15 de enero.

La desaparición forzada en México ha sido una estrategia de producción del terror para romper el tejido social y desmovilizar a las comunidades desde la década de 1960, y no fue reconocida como política de Estado, sino hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2001, en respuesta a la denuncia interpuesta por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco; campesino, ganadero, cafeticultor y líder comunitario en Atoyac, Guerrero, desaparecido por el Ejército mexicano en agosto de 1974. Casi veinte años transcurrieron para que la familia Radilla pudiera levantar la denuncia penal en 1992; el de Rosendo fue el primer caso de desaparición forzada que fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, aún cuando en 2009 esta Corte emitió sentencia contra el Estado mexicano indicando que debía cumplir la obligación de buscar y localizar al señor Rosendo Radilla, su paradero sigue siendo desconocido.

El proceso de lucha de la familia y la sentencia de la Corte Interamericana, permitieron que este caso se convirtiera en emblemático, ocupando un lugar fundamental en la construcción de muchas denuncias y movilizaciones contra la desaparición forzada. Práctica que inició un proceso de expansión a partir de que el combate al narcotráfico se convirtió en el eje de la estrategia de seguridad en México. En 2014 el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas contabilizaba a 25,230 personas desaparecidas y, a pesar de las movilizaciones y las múltiples denuncias, hasta el 26 de septiembre de ese año, la sensibilidad colectiva no se manifestaba de manera uniforme respaldando a las familias. Fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la que activó una sanción social colectiva contra la desaparición forzada.

La conmoción en la sensibilidad colectiva y la visibilidad internacional que produjo la desaparición de los 43 estudiantes tuvo como respuesta una estrategia gubernamental: primero, ofreció una “verdad histórica” que desde el inicio se mostró como un montaje para cerrar vías de investigación y, después, comenzó a responder a las denuncias y cuestionamientos de los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, exponiendo las diligencias que se habían realizado para atender el caso de los estudiantes. Esta lógica gubernamental se convirtió en una barrera frente a las demandas de las familias de personas desaparecidas, y como respuesta y desafío, desde 2015, comenzó a decirse desde muchos espacios: “No son sólo 43”.

En cierta forma, cuando Andrés Manuel López Obrador mencionó solamente el caso de los estudiantes en su toma de protesta, reprodujo la lógica gubernamental pre-establecida, y las familias se lo hacen saber, diciéndole: “Ya que ha tomado el cargo como presidente de México, tenga la empatía y valentía de romper con el pacto de impunidad y construir la verdad y justicia que el pueblo necesita”.

Efectivamente, en México es necesario un proceso de aprendizaje que nos permita construir rutas hacia la justicia y la atención integral a las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares pero ¿puede priorizarse un caso sobre otro?, ¿qué elementos deben caracterizar una desaparición para que el Estado se movilice y realice las labores de búsqueda, investigación y localización que le corresponden? Cuando las familias nos dicen que “no son sólo 43”, reivindican públicamente su exigencia de justicia; una justicia que atienda todos los casos y reconozca las particularidades de cada cual: las familias de más de 37 mil personas desaparecidas también merecen saber dónde están sus seres queridos, qué les pasó y cómo sucedió.

La imagen de portada es de Éber Huitzil.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)