Por Sandra Odeth Gerardo Pérez / GIASF*
Siete años después del suceso que les cambió la vida, algunas y algunos familiares de las víctimas de la llamada “masacre de Cadereyta” se encontraron este sábado 11 de mayo en un hotel de La Paz, Honduras. Esta vez, el propósito del encuentro –en la víspera de otro aniversario de “eso que pasó”- fue distinto al de otros años; en esta ocasión se encontraron para dar acompañamiento psicosocial y técnico a familiares de migrantes desaparecidos previo a las tomas de ADN que hace el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Honduras. Ahora se reencontraban no sólo como familiares de las víctimas de Cadereyta, sino como el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH).
La “masacre de Cadereyta”, fue el nombre con el que medios mexicanos dieron a conocer el hallazgo de 49 cuerpos mutilados -seis de ellos de mujeres- en la carretera Monterrey- Reynosa el 13 de mayo de 2012. Desde que las familias conocieron que la credencial de identificación de Fabricio Suazo, había sido encontrada entre los cuerpos esa madrugada, las familias de La Paz y de la Villa de San Antonio, Honduras, comenzaron a movilizarse, a organizarse… a (re)conocerse. Entre la negación, el desconcierto y el dolor, mujeres como Patricia y Lourdes Suazo, hermanas de Mauricio, doña Norma Suazo, mamá de Fabricio, o Lía Betancourt, tía de Heber, empezaron a mover cielo, mar y tierra para saber si aquéllos encontrados en Cadereyta eran sus seres queridos y, en caso de serlo, arrancarlos de la fosa común a la que fueron confinados a tres fronteras de distancia* y devolverlos a su tierra. Lograron hacerlo con el apoyo del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO), de las abogadas de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y del EAAF. Los diez hondureños identificados regresaron a casa 27 meses después del suceso y fueron enterrados el 23 de julio de 2014 en compañía de los suyos*.
Desde el momento de la noticia, pero sobre todo después de las notificaciones y la repatriación de restos, familiares de nueve de las diez víctimas hondureñas identificadas, se han reunido periódicamente. Primero, para tratar de asimilar –con ayuda de su psicólogo y abogadas- esa realidad atroz que nadie debería enfrentar pero que no es ajena a más familias mexicanas u hondureñas, después para pensar cómo traer a casa los cuerpos de sus seres queridos pronta y dignamente, y ahora para enfrentar al Estado mexicano y exigirle verdad y justicia. Pero siempre, las reuniones han servido para abrazarse, llorar, gritar, buscar palabras para “dolores impronunciables”, como bien señaló Marcela Turati* y reconocerse en el sufrimiento de otras y otros, aun cuando no sean familiares directos de los torturados y asesinados en Cadereyta.
Fue en mayo de 2014, en una de esas reuniones, que nació la idea de formar una organización que ampliara la comunidad que habían formado las y los familiares del “caso Cadereyta”, una que incorporara a más familias que compartieran la agonía de no saber de sus seres queridos después de que emprendieran el camino hacia el norte, una en la que “las Cadereytas” utilizarían sus conocimientos y experiencias para ayudar a otras familias de personas migrantes desaparecidas o asesinadas en la ruta migratoria. Es así que nace COFAMICENH.
Como analizaron las antropólogas Veena Das, a partir de su experiencia en la India o Myriam Jimeno, para el caso colombiano, en sociedades donde actos de violencia como las masacres, desapariciones y desplazamientos forzados son cada vez más cotidianos -sin dejar de ser irruptivos- el sufrimiento social ha potenciado la formación de comunidades políticas que disputan la memoria y la dignidad de las víctimas, comunidades dolientes que conforman un “nosotros” a partir del sufrimiento que causan ciertas ausencias. La existencia de COFAMICENH: “un comité que nace del dolor” -como dicen las y los familiares- permite ver cómo esta comunidad se construye, se amplía y fortalece en la búsqueda de migrantes desaparecidos (as).
La búsqueda que ha impulsado la comunidad doliente de las víctimas de Cadereyta desde COFAMICENH, es una que está impregnada por la experiencia de su pérdida, pero también de su lucha. En sus labores cotidianas, las y los familiares afinan la escucha y cuando saben de un migrante desaparecido invitan a la familia a acercarse al Comité; cuando conocen que desapareció entre 2010 y 2012 rascan en su memoria y sin abandonar la búsqueda en vida, piensan la posibilidad que ellos y ellas bien conocen… la de las fosas y masacres; así es como este comité ayudó a identificar a una de las víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas de 2010. Con ayuda de sus aliados, este comité prepara y explica a las familias la complejidad de las tomas de ADN o de las denuncias ante los mecanismos internacionales de procuración de justicia con la claridad y el cuidado que ellos y ellas hubieran agradecido escuchar. Les acompañan a enfrentar las violencias de las burocracias mexicanas y hondureñas, las frías notificaciones de identificación de restos que hace la cancillería o las dolorosas repatriaciones que se hacen por la entrada de “carga” del aeropuerto en Tegucigalpa.
A través de estas acciones de búsqueda digna y humanizante la comunidad que se ha ido construyendo alrededor de las víctimas de la masacre de Cadereyta ha ampliado la noción misma de víctima. Con el acompañamiento a otras familias dan un revés a los discursos hegemónicos que les han querido construir como sujetos pasivos y que han querido apropiarse de su sufrimiento como espectáculo o ancla política. Lejos de eso, el dolor de estas familias es motor de una comunidad organizada que revienta fronteras no sólo para repatriar cuerpos o buscar desaparecidos, sino para exigir justicia y condiciones dignas para el tránsito de los vivos y así poder evitar que alguien más pase por lo que ellos y ellas pasaron.
Las cifras de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos oscilan entre 30 000 y 60 000, las de asesinados o fallecidos son aún más inciertas. Esto es ya sintomático de un Estado -y una sociedad- indolente. Quizá el reconocimiento de estas comunidades políticas que nacen del duelo y el dolor sea el primer paso para empezar no solo a clarificar las cifras inexactas, sino para comprender que detrás de cada estadística hay una comunidad lastimada, que pese a la violencia de la indiferencia y la impunidad consigue remendar y rehabitar este mundo.
Que estas letras alcancen de breve pero sincero homenaje a las familias de Óscar Orlando López Márquez, Carlos Luis Rivera Valladares, José Enrique Velázquez Celaya, Mauricio Francisco Suazo Mejía, Elmer Said Barahona Velázquez, Fabricio Anahel Suazo Padilla, Javier Edgardo Tejada Vázquez, Ramón Antonio Torres Castillo, Heber Josué González Betancourt, y Leonel Dagoberto Rivera Cáceres. A siete años de su ausencia, estos hijos, padres, hermanos, sobrinos, tíos, esposos, amigos, profesores, futbolistas, albañiles, barberos, obreros y campesinos son recordados con amor.
*1 Varela, Amarela (2017). “Las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta: dos ejemplos de gubernamentalidad necropolítica”. Íconos. Num. 58, mayo, pp. 131-149.
*2 A la fecha se han identificado sólo dieciséis cuerpos, de los cuales, diez pertenecían a hondureños, dos a nicaragüenses, uno a un guatemalteco y tres a mexicanos.
*3 En el camino- Pie de página, sf, http://enelcamino.piedepagina.mx/historia/masacre-de-cadereyta-cuando-el-dolor-es-impronunciable/
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
