Por Marcos Nucamendi*
Foto de portada: Colectivo Huellas de la Memoria.
Tomás Pérez Francisco, el mayor de siete hermanos, trabajó la milpa desde muy pequeño, vínculo natural y político que mantendría intacto hasta el día de su desaparición, el 1 de mayo de 1990.
Aquella tarde, mientras andaba el camino entre las comunidades de Ignacio Zaragoza y Ameluca, en el municipio de Pantepec —en la Sierra Norte de Puebla—, fue interceptado por un grupo de hombres armados, quienes lo habrían llevado al rancho Las Palmas, lugar que era utilizado para reprimir y desaparecer a los habitantes de La Sabana, una comunidad que pese al respaldo de personas como Tomás, perdería incluso el derecho a existir.
A 30 años de su detención y posterior desaparición, H.I.J.O.S. México exigió a través de un comunicado la presentación con vida tanto de él como de todos los desaparecidos por razones políticas del país, en el contexto de la Guerra Sucia y hasta nuestros días.
En entrevista con su hijo Guadalupe, integrante de la organización, surgen algunas reflexiones en torno al fenómeno de la desaparición, cómo la entienden los pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla, y cuáles serían los hilos conductores entre la historia de su padre y el actual estado de las cosas en nuestro país y particularmente en la región de Pantepec, en donde los pueblos totonacos continúan resistiendo a la presión de otros intereses político-económicos que asegura, se parecen mucho a los que hace tres décadas arrasaban con poblaciones enteras.
La desaparición de Tomás, explica Guadalupe, no fue solamente un agravio en contra de su padre o hacia sus seres queridos: fue una afrenta contra todo el pueblo totonaco de Pantepec.
De no ser por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento domiciliario, comparte, hubiese tenido lugar —con motivo del aniversario— una primera actividad que abordara el tema de las identidades de las personas desaparecidas que pertenecen a pueblos indígenas u originarios.
“Es desde ahí donde también queremos mirar y para cuando alguien se intente plantear una respuesta desde el Estado considere esto como algo fundamental, de que tal vez la verdad y la justicia es diferente en nuestra cosmovisión y que eso también lo tenemos que ir incorporando”, dice del otro lado del teléfono, con una voz tranquila, en todo momento reflexiva.
Tres décadas atrás, relata, los pueblos totonacos resistían a caciques, terratenientes y ganaderos; ahora se enfrentan a trasnacionales, hidroeléctricas, mineras y en el caso específico de Pantepec, a la exploración y la explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking.
De ahí la convicción sobre la existencia de una línea continua entre las luchas de los 60s-90s en los municipios de la Sierra Norte de Puebla, que tenían que ver más con el reparto agrario y con que las comunidades pudieran existir jurídicamente —a través del reconocimiento de las tierras que habían pertenecido a sus antepasados—, y las actuales, que defienden su derecho a no ser desplazadas y explotadas, borradas del mapa por fracturas sociales irreversibles.
Un compañero se lo decía apenas el año pasado, cuando los habitantes del ejido de El Tablón fueron víctimas de intoxicación por la exploración de un pozo que se encuentra a menos de un kilómetro de Pantepec: “Nosotros queremos seguir siendo campesinos, si hubiéramos querido ser otra cosa ya nos hubiéramos ido a otro lado”.
“Tal vez pudiéramos estar viviendo de otra manera, pero nuestras ganas de estar en esto mundo, para estar en el campo, para poder producir la tierra, para sembrar la milpa —todas estas partes que tienen que ver con la vida propia de campo—, son más grandes”, complementa Guadalupe.
Lo único que ha cambiado en estos treinta años, explica el hijo de aquel indígena totonaco que hizo suyas estas demandas, es la dilución de las responsabilidades, pues mientras que en el caso de su padre se pudo documentar la participación de autoridades locales, en otros más recientes resulta complicado sino imposible identificar a los actores involucrados.
Entonces la participación de las Fuerzas Armadas o la Dirección Federal de Seguridad, así como de otras corporaciones policiacas estatales o municipales —incluso de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte— en todo el país, era manifiesta.
“Ahora te dicen ‘no fuimos nosotros, fueron los de enfrente, fueron aquéllos’, pero finalmente el vínculo directo, en estados como Puebla, es mucho muy notorio”, asegura.
Y es que si bien más difícil identificar a los responsables de las nuevas agresiones en contra de los pueblos de la Sierra Norte, los beneficiarios siguen siendo los mismos, aquéllos que toman ventaja de un sistema económico estrechamente vinculado al sistema político.
“En Pantepec, quienes ocupaban en algún momento la presidencia de la asociación ganadera, después se iban como presidentes de una junta auxiliar, luego de presidentes municipales y así, se iban rotando diferentes espacios de poder. Eso no es que se haya dejado de hacer, es algo que continúa”, agrega.
Guadalupe se refiere no sólo a los trascendidos de la prensa local durante el mes de abril —sobre la familia Valencia, en el municipio Venustiano Carranza; presuntamente vinculada con el robo de hidrocarburos—, también sobre la posible participación del crimen organizado de la región en el proceso electoral de 2018.
“Nosotros pensamos que existe un hilo conductor —entre las desapariciones de hoy con las de hace treinta años—, que tiene que ver con la impunidad, pero también con el beneficio económico y el control territorial, incluso de ciertos espacios dentro de la misma dinámica social”, sostiene.
El control territorial, acota, es el objetivo más amplio y final de los intereses políticos y económicos en lugares como la Sierra Norte de Puebla —vinculados ahora al crimen organizado—, pero mientras eso se consigue, “de poquito en poquito” se va instalando en las comunidades la idea que de las personas pueden desaparecer en cualquier momento, ya sea por absurdas riñas personales o por la sofisticada mercantilización de los cuerpos.
“Pensando en este tema de las petroleras tan enquistadas en el norte del estado, nos preguntamos: quiénes son los que usan la prostitución, los que están recibiendo esos beneficios, y también cómo es que poco a poquito se fue diversificando todo un abanico para que unos se sigan beneficiando de la inmensa mayoría”, menciona.
A veces pareciera que no hay explicación para tanta barbarie, comenta, pero precisamente comenzar a encontrar los vínculos existentes entre la impunidad y la especialización de los crímenes con el control territorial, es el foco del acercamiento a la desaparición desde los pueblos indígenas, en donde se habla no sólo del territorio como tierra sino del territorio como cuerpo.
Tanto en los casos de desaparición forzada como en los que son cometidos por particulares en nuestros días, asegura Guadalupe, de lo que se trata es no dejar huella; para que el crimen sea perfecto y para que no exista responsabilidad alguna, concreta, judicialmente procesable.
Aunque la autoridad y su estandarizada concepción de verdad y justicia suele separar estos crímenes, reitera, ambos tipos de desaparición están conectados. No sólo porque se desarrollan en un contexto de impunidad generalizada y de descomposición progresiva del tejido social, sino por el beneficio económico y el control territorial —sobre la tierra y los cuerpos— que con ello se obtiene.
Tanto la “ilógica barbarie” que supone que una persona mate a otra por simple antipatía o reafirmación de poder, como la implementación de estrategias más sofisticadas de hostigamiento, división y desplazamientos de comunidades enteras por parte de las petroleras del norte del estado, concluye Guadalupe, guardan un vínculo con el contexto de la desaparición de su padre, cuando una botella de licor bastaba para comprar voluntades y el presidente de alguna asociación ganadera tenía la capacidad de decidir sobre la vida de líderes campesinos y comunidades enteras sin ningún tipo de consecuencias, tal como ahora sucede.
“Por eso nosotros insistimos en la verdad, la justicia, y en la urgente necesidad de que nadie más tenga que pasar por esto (…) en decir ‘vamos a poner la memoria y la palabra’ como las únicas armas que podemos tener frente al absurdo, frente a la barbarie que hemos vivido”, asegura.
La desaparición de Tomás, dice Guadalupe, estuvo motivada por razones políticas, por una decisión política —que no partidista— personal de su padre para sumarse a una causa que consideraba justa: apoyar a una comunidad que no existe más, que fue reducida a cenizas meses antes de su desaparición.
Los riesgos se asumían, continúa, como una posibilidad asociada a decidir en qué lado de la historia quería quedar quienes como su padre, “dieron batalla” por los campesinos de la Sierra Norte; hasta que fueron asesinados o en el caso de Tomás, desaparecidos.
“Nosotros fuimos una generación de hijos que creció con la ausencia, pero en los últimos años se está viendo a generaciones enteras de hijas e hijos que están creciendo con ausencias similares” que ya no responden del todo a estas lógicas, y que necesitan ser entendidas en toda su dimensión, afirma.
A decir del último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con base en el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO), 97.43 por ciento de las desapariciones reconocidas por el Estado Mexicano al 31 de diciembre de 2019, son previas al año 2006.
“La máquina de muerte no para; el trabajo de desaparecer tampoco”, advierte Guadalupe en el aniversario de la desaparición de su padre, antes de finalizar la llamada.
*Marcos Nucamendi es reportero chiapaneco con experiencia en la cobertura de temas relacionados con los derechos humanos. Establecido en Puebla, escribe actualmente para el portal Lado B.
