Por Erika Liliana López / GIASF*
Foto de portada: Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

La atención que hasta ahora ha recibido por parte de las instancias gubernamentales la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, debería ser modelo y normalidad para todas las víctimas de desaparición forzada y de graves violaciones de derechos humanos en el país.

Uno de los primeros actos gubernamentales del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue la firma del decreto que creó la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa e instituyó a un Fiscal Especial para el asunto. El decreto era la primera piedra para levantar una respuesta que atendiera los legítimos reclamos de verdad y de justicia de las familias y de una sociedad para la cual la desaparición de los normalistas representó un simbólico culmen de agravios, y que en democracia, tenía ya una cantidad de desaparecidos a cuestas, superior a la de algunas dictaduras del Cono Sur.

Al día de hoy, más de 74 mil personas han sido desaparecidas en México, cerca del 80% de estos casos han sido durante los últimos 14 años, mientras que en Argentina las organizaciones de familiares reconocen la cifra de 30 mil personas desaparecidas entre 1976 y 1983.

La promulgación del referido decreto tenía todavía recientes los diálogos por la pacificación del país, diversos encuentros regionales que organizó el gobierno electo, donde tenían el propósito de escuchar a las víctimas de la violencia de los dos sexenios anteriores y recuperar sus necesidades y propuestas con miras a incorporarlas para la pacificación del país. 

Ambos eventos fueron vistos con esperanza por muchas personas; entre las cuales estaban muchas víctimas cuyos votos llevaron al triunfo a López Obrador. Era la muestra del lugar que el gobierno entrante parecía otorgarle a las víctimas. No sólo en campaña, sino ya como gobierno electo, primero, y en funciones, después. 

Si bien la puesta en funciones de la Comisión tardó ocho largos meses, la regularidad de reuniones mensuales con sede en Palacio Nacional, y la interlocución constante entre los familiares de los normalistas y su representante legal con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, altos mandos del poder ejecutivo federal, seguían siendo buenas señales. Casi dos años después de que la Comisión funcionara llegó el desmantelamiento de la llamada “verdad histórica”, una mentira de Estado acuñada por el gobierno anterior con toda la desfachatez y el desaseo ya denunciados en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

Después de una treintena de acciones de búsqueda en campo realizadas por instancias oficiales en diversos sitios de Cocula, Guerrero, y de la recuperación de fragmentos humanos que no habían sido debidamente recolectados, embalados y analizados, la versión oficial de la administración precedente, fue refutada, no sólo por la lógica, sino por nuevas pruebas (la “verdad histórica” había afirmado que en ese sitio los estudiantes habían sido incinerados y sus restos arrojados a un basurero). Uno de los fragmentos corpóreos hallados en la zona fue analizado por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck en Austria y también por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Una y otro coincidieron en que el ADN hallado correspondía a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. 

Al día siguiente de que se conociera el segundo resultado, el 5 de julio de 2020, el Fiscal especial del caso se trasladó a la entidad guerrerense para notificarlo de forma personal a la familia de Cristian Alfonso y evitar que se enteraran de la noticia por los medios de comunicación. 

Un mes antes, a inicios de junio, un grupo de madres en búsqueda inició un plantón frente a Palacio Nacional. Su propósito inicial era manifestarse por la reactivación de las búsquedas de sus seres queridos desaparecidos, incremento del presupuesto para estas actividades y la destitución de Mara Gómez, entonces titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Al ver que no fueron recibidas en audiencia por el presidente, ni por el subsecretario de gobernación, iniciaron un plantón con todos los riesgos que suponía hacerlo en medio de la pandemia por Covid 19 y de las restricciones gubernamentales impuestas para contenerla. Lograron la destitución de la funcionaria señalada, pero no que el presidente ni la secretaria de gobernación, las recibiera en sus oficinas ni una sola vez a lo largo del mes que duró el plantón. Mermadas y algunas muy enfermas, se retiraron del Zócalo capitalino.

La negativa para dar audiencia y escucha a muchas de las víctimas por parte de López Obrador, después de que asumiera funciones, no es aislada sino más bien una constante. En una gira presidencial, en Veracruz, a finales de junio, se negó a saludar y a hablar con algunas madres en búsqueda que se manifestaban y quisieron abordarlo acercándose al auto en el que se trasladaba. Cuando los medios le inquirieron sobre el gesto, dijo “no puedo, por la ‘sana distancia’, exponerme ni exponerlos a ellos”. Una semana después de que las madres de personas desaparecidas concluyeran su plantón en el Zócalo, se aposentaron las madres de víctimas de feminicidio. Tampoco fueron recibidas por el presidente ni se firmó con ellas algún compromiso.

A la negativa de audiencia a las víctimas por parte del presidente y los altos funcionarios encargados de ello, se suma la asfixia presupuestal. Ya la CEAV, y otras instituciones y fondos de atención a víctimas habían sufrido fuertes recortes presupuestales como parte de la política de austeridad implementada por la actual administración y reforzada en un decreto emitido en el marco de la pandemia. Entre las instituciones afectadas están refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia y Casas de la Mujer Indígena (CAMIS). A esa primera serie de recortes, se sumaría la iniciativa del partido oficial Morena, para eliminar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, enviada a la Cámara de Diputados presentada a inicios de septiembre. La versión oficial es que la medida pretende combatir la corrupción. En los hechos, la extinción de los fideicomisos que alojaban esos fondos y el designio de que los administre la Secretaría de Hacienda es regresivo a derechos adquiridos, pues somete los apoyos a prioridades decididas de manera contingente.

El 26 de septiembre pasado, el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas fue recibido con un informe presidencial de dos horas, la puesta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del 27 batallón de infantería de Iguala a disposición del Ministerio Público para los procesos penales respectivos, una identificación humana y decenas de órdenes de aprehensión de presuntos involucrados en el caso.

El tratamiento que ha tenido el caso de los normalistas contrasta de manera crasa con el recibido por el resto de víctimas que corren por miles en el país. Ellas siguen esperando que se instituya una Comisión de la Verdad para reconstruir las miles de desapariciones y de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país y se les respete su derecho a la verdad; que las autoridades les digan qué ha pasado con sus familiares; que les reciba y dé la cara el Primer Mandatario y los titulares de Secretarías de Estado competentes en sus casos; que sus asuntos tengan seguimiento; que existan fondos, funcionarios e instituciones que sigan trabajando para hacerles justicia, y encontrar a sus seres queridos; que de ser el caso tengan restituciones dignas, y un largo etcétera. 

El Estado mexicano y este gobierno tienen que trabajar para que el estándar dado para los 43 normalistas sea el que reciban todas las víctimas. Lo contrario expresará que su interés está en la administración de éstas y en el uso político del dolor, no en la lucha por la verdad y la justicia. Esto consolidaría un grave precedente de jerarquización y trato diferenciado entre ellas, parte de un repertorio político ya conocido del que decía distanciarse. Ni las víctimas, ni el país, se merecen eso. 

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)