Por Raúl A. González Pelayo*

En el otoño de 2019 durante el trabajo de campo para mi tesis de maestría en antropología social, me acerqué a conocer a las y los integrantes de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (Familias Unidas) en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, en el norte de Coahuila. Desde que los conocí, me sorprendió el interés que esta asociación tiene por construir su propio registro de personas desaparecidas y la cantidad de información que logran recabar a través de su base de datos creada desde el 2013. 

Sus integrantes, que participan elaborando entrevistas para los expedientes, capturando datos, pidiendo, archivando y organizando documentos, han vivido en carne propia la decepción y la rabia que provoca pedir a los ministerios públicos —con numero de registro en mano— una copia de la denuncia o carpeta de investigación de sus casos, y recibir como respuesta que ésta ha sido extraviada, seguida de actos de revictimización que producen una nueva violación a sus derechos humanos.

Por esta y otras razones, la documentación de casos de desaparición es una de las prácticas que estas familias han tenido que desarrollar para confrontar la indolencia y el desinterés de los servidores públicos por conducir debidamente las investigaciones y ofrecer datos certeros sobre la incidencia de este crimen. Uno de los ejemplos de estas iniciativas se muestra en el Informe Ciudadano: Contexto y dimensiones de la desaparición de personas en el Norte del Estado de Coahuila elaborado por Familias Unidas, el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) y DATA CÍVICA. En él se detallan los resultados del análisis de 407 casos de desaparición de personas en la región norte, centro y de los cinco manantiales de Coahuila, registrados por Familias Unidas desde  2013, los cuales ocurrieron entre 2004 y agosto de 2020.

El informe detalla, en primera instancia, la trayectoria de Familias Unidas como asociación civil y sus principales iniciativas en contra de la desaparición de personas a nivel local; desde las primeras acciones de Hortensia Rivas (†) —fundadora de la asociación y madre de Víctor Manuel, desaparecido por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) el 10 de Julio de 2013—, quien se asesoró legalmente y creó —junto a un grupo de familiares de personas desaparecidas— una asociación en un contexto de impunidad y silencio en donde no encontraban respuestas de las autoridades para resolver sus casos. 

Durante estos ocho años, el camino ha sido difícil debido a las dificultades que implica exigir justicia y verdad en un escenario de impunidad. Sin embargo, la mirada retrospectiva en este informe, muestra los logros obtenidos en la exigencia de justicia, búsqueda y reparación.  Entre ellos —el de mayor incidencia directa a nivel local— está la creación del mecanismo de búsqueda urgente^[1], una metodología ciudadana impulsada por Familias Unidas, que exige la acción inmediata de las autoridades correspondientes para documentar y realizar acciones de búsqueda, además de interponer amparos como recurso jurídico para defenderse de los actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos.  

El informe también hace un recorrido por el contexto de violencia en el que ocurrieron desapariciones en el norte de Coahuila, por parte de organizaciones criminales y corporaciones estatales entre el 2010 y el 2020, y da cuenta del modus operandi y su carácter sistemático, así como la respuesta por parte del Estado que llevó a la militarización del territorio y el incremento de este crimen y de otras violaciones a los derechos humanos en la región.  

Así mismo, presenta los datos que hasta la fecha cuenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sobre Piedras Negras, y municipios con tasas de desaparición altas como Allende en Coahuila; no sin antes advertir sobre las interrogantes y retos que envuelven el proceso metodológico de esta base de datos. Donde los registros ciudadanos constituyen una respuesta ante la opacidad y la poca credibilidad de los registros públicos. 

 El contexto de violencias e impunidad sistemática presentado en este informe justifica la necesidad de una documentación ciudadana para registrar este crimen cuya naturaleza complica recuperar las pistas de lo que pasó. Las particularidades de la desaparición forzada —de ocultar el paradero de la víctima, eliminar las pruebas del crimen y negar su comisión, evitando con ello los consiguientes cargos penales— son parte de una estrategia que inhibe la verdad y produce silencio. Primero en la víctima, a quien le es arrebatada su voz, y que después  afecta a sus familiares y a la sociedad que es testigo de este delito. 

La información generada por el informe permite reconocer la gravedad de la crisis de desaparición en esta región en donde —de acuerdo con datos del registro— el fenómeno de desaparición no ha cesado. 

En primer lugar, muestra que a pesar de que la temporalidad de las desapariciones se concentró en los años 2011, 2012 y 2014 (93%), probablemente aún hay casos de desaparición que no han sido reportados, ya que, por lo general, los familiares denuncian casos de desaparición que, en promedio, ocurrieron dos años ante de ser asesorados por Familias Unidas. Por mencionar un ejemplo, en 2020, Familias Unidas recuperó información de 18 casos de desaparición ocurridos entre 2010 y 2013. Lo anterior muestra la desconfianza que la población aún tiene a los sistemas de justicia, además de los efectos del delito de desaparición como estrategia de terror y silencio. 

En segundo lugar, hay un cambio de temporalidad con respecto a los perpetradores de las desapariciones en la región que explica la desconfianza de la población a los órganos de seguridad. Entre  2010 y  2012, en la mayoría de las desapariciones ocurridas, se señala la participación de grupos criminales, muchas de estas con la participación de servidores públicos como policías municipales. A partir del 2013, la tendencia de los casos de desaparición cambia: el 57% de los casos registrados son perpetrados por agentes de seguridad asociados a elementos del hoy extinto Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y Fuerza Coahuila^[2].

Aunado a la participación de entes estatales en el crimen de desaparición de personas, este informe advierte sobre la existencia de un patrón criminal que indica una relación común entre la tortura, la detención arbitraria y desaparición forzada. En la mayoría de los casos de desaparición forzada documentados por Familias Unidas, donde las víctimas han sido rescatadas con vida después de interponer un amparo, se establece la existencia de tortura. 

Este rápido recorrido muestra que los registros ciudadanos —a pesar de los pocos recursos técnicos y operativos con los que cuentan— tienen una gran importancia para recuperar información que es omitida por las autoridades y los registros oficiales. 

La posibilidad de contar con estos datos a través de este proyecto colaborativo brinda a los familiares de personas desaparecidas información sobre el contexto y permite ubicar la impunidad con que ha sido atendido el problema de la desaparición forzada en Coahuila. 

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[1] Puedes conocer más sobre el mecanismo de búsqueda urgente en: Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense y Servicios y Asesoría para la Paz (2021) “Mecanismo de búsqueda urgente ante la desaparición forzada” en Caminos para la búsqueda en vida. Saberes y experiencias de familias y colectivos, pp. 26-32: https://desaparecidosbusquedaenvida.mx/descargas/

[2]  En 2016, con el afán de limpiar el nombre de la corporación GATE, el gobierno del estado creó Fuerza Coahuila. En 2019, se creó la Policía Civil agrupada en: Policía Civil Coahuila (Policía de Proximidad), Policía Especializada de Coahuila (PEC) y Policía de Acción y Reacción (PAR).

*Raúl A. González Pelayo es antropólogo social, miembro de los jóvenes investigadores y estudiantes asociados al GIASF, colabora con el colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. La sección Con-Ciencia está escrita por sus integrantes, personas expertas invitadas y estudiantes asociados a los proyectos. La opinión vertida es personal, no necesariamente refleja la opinión del grupo o de adondevanlosdesaparecidos.org. (Ver más en: www.giasf.org)

*Foto: Facebook Familias Unidas En La Busqueda Y Localizacion De Personas Desaparecidas