La señora Bertila Parada conoce detalles de la tortura que sufrió su hijo Carlos Alberto Osorio en México a partir de aquel 27 de marzo de 2011, cuando habló con él por última vez.

Sabe que estuvo a unos cuantos kilómetros de su destino, la frontera con Estados Unidos, pero el autobús en el que viajaba fue interceptado por Los Zetas, apoyados por policías municipales, a la altura de San Fernando, y él obligado a bajar.

Sabe que lo torturaron antes de matarlo: de los golpes le tumbaron nueve dientes y le destrozaron el cráneo. Sabe que su cuerpo estaba amordazado. Que fue enterrado en una colina, donde estuvo poco más de dos semanas, hasta el 17 de abril cuando las autoridades de Tamaulipas lo llevaron a la morgue de Matamoros, donde le harían la autopsia.

Carlos Alberto, desaparecido desde ese día de primavera, volvió a desaparecer cuando  fue sepultado con otros 67 cuerpos en el panteón municipal de la Cruz, Ciudad Victoria. De una fosa clandestina, pasó a una común, sin nombre.

En esa fosa del panteón, en Tamaulipas, Carlos Alberto esperó 3 años y 10 meses a que Bertila lo rescatara y lo llevara de vuelta a casa, el 6 de febrero del 2015.

Ya no fueron los criminales, sino las autoridades mexicanas que la torturaron pues aunque en el año 2012 se había identificado a Carlos en los restos –el suyo era el cuerpo 3 de la fosa 3 de ese panteón- lo perdieron en los laberintos de la burocracia.

Carlos Alberto Osorio Parada dejó El Salvador a sus 25 años, porque quería trabajar en Estados Unidos y darle un futuro a su hija que estaba por nacer.

Desde marzo del 2011, cuando partió, hasta diciembre del 2012, Bertila no supo nada de su hijo, aunque lo buscó. Ese diciembre recibió una llamada de cancillería y fiscalía salvadoreñas avisándole que las autoridades mexicanas lo habían encontrado y que lo cremarían y enviarían sus cenizas a casa.

Bertila, con apoyo del Comité  de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, metió un amparo para evitar que quemaran los restos. Casi enloqueció de la angustia, de sentir que en México lo volverían a “destrozar a su muchacho”. Tras sus protestas y el amparo, las autoridades recularon y negaron haberle llamado. Dijeron que nunca habían encontrado a su hijo. Entonces el cuerpo de Carlos Alberto quedó atrapado en el laberinto de la burocracia.

“Siempre supe que si me daban las cenizas de mi hijo me podían dar un animal, una persona equivocada o cenizas de madera, de cal. Ellos querían terminar evidencias, que ahí acabara todo. El gobierno estaba cubriendo algo, no dice la verdad”, dice.

Bertila evitó la cremación de los restos. Fue hasta la creación de la Comisión Forense -el organismo independiente formado por las antropólogas argentinas y organizaciones mexicanas y centroamericanas de apoyo a migrantes, que trabaja en la identificación de restos de masacres en San Fernando y Cadereyta- que se confirmó que el gobierno mexicano tenía identificado a su hijo.

El 28 de enero de 2015 en la PGR le entregaron el cadáver y días después, el 6 de febrero, lo llevó a casa.

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