La impunidad es el sello que ha marcado el paso de una década de la masacre más encarnizada de migrantes registrada en “la guerra” del gobierno mexicano contra el narcotráfico. Las familias de las 14 mujeres y 58 hombres migrantes asesinados el 22 de agosto de 2010 en una bodega abandonada en el ejido El Huachizal, en San Fernando, Tamaulipas, a 133 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, siguen esperando justicia. De 83 personas señaladas durante el gobierno de Felipe Calderón como responsables de la masacre sólo hay 15 miembros del grupo criminal Los Zetas detenidos. Por estos hechos no fueron culpados los capos del grupo criminal, los jefes regionales o los funcionarios públicos que los protegían y eran sus cómplices. El Estado mexicano ha declarado como reservada y confidencial la averiguación penal y negado el acceso a la justicia a las familias de las víctimas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Brasil e India. De los 72 cuerpos masacrados nueve permanecen enterrados en una fosa común.  Han pasado tres presidentes de tres partidos políticos y falta justicia y falta voluntad para esclarecer la respuesta a las preguntas: quiénes, por qué y para qué los mataron, y cuáles fueron los mecanismos de la impunidad que incubaron y protegieron a los asesinos.
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