Carlos Alberto Osorio Parada dejó El Salvador a sus 25 años, porque quería trabajar en Estados Unidos y darle un futuro a su hija, que estaba por nacer.
Carlos Alberto, desaparecido desde ese día de primavera, volvió a desaparecer cuando fue sepultado con otros 67 cuerpos en el panteón municipal de la Cruz, Ciudad Victoria. De una fosa clandestina, pasó a una común, sin nombre.
En esa fosa del panteón, en Tamaulipas, Carlos Alberto esperó 3 años y 10 meses a que Bertila lo rescatara y lo llevara de vuelta a casa, el 6 de febrero del 2015.
Ya no fueron los criminales, sino las autoridades mexicanas que la torturaron pues aunque en el año 2012 se había identificado a Carlos en los restos –el suyo era el cuerpo 3 de la fosa 3 de ese panteón– lo perdieron en los laberintos de la burocracia.
“Siempre supe que si me daban las cenizas de mi hijo me podían dar un animal, una persona equivocada o cenizas de madera, de cal. Ellos querían terminar evidencias, que ahí acabara todo. El gobierno estaba cubriendo algo, no dice la verdad”, dice.
Bertila evitó la cremación de los restos. Fue hasta la creación de la Comisión Forense –el organismo independiente formado por las antropólogas argentinas y organizaciones mexicanas y centroamericanas de apoyo a migrantes, que trabaja en la identificación de restos de masacres en San Fernando y Cadereyta– que se confirmó que el gobierno mexicano tenía identificado a su hijo.
El 28 de enero de 2015 en la PGR le entregaron el cadáver y días después, el 6 de febrero, lo llevó a casa.
Pero Bertila insistió. Buscó y encontró a su hijo. Su amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con su caso por primera vez reconoce a una persona migrante con los derechos de las víctimas mexicanas como el derecho a la verdad: tener el expediente de su hijo, saber qué le hicieron, si se investigó, si hay culpables.
“Siempre quise saber la verdad, siempre he pedido justicia. Que la muerte de mi hijo
no quede impune. Yo quiero saber porque siento que un día habrá justicia”.
Lea la versión completa de la búsqueda de Bertila, publicada en la revista Proceso.
*Este reportaje forma parte de la serie “Másde72”, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) en alianza con CONNECTAS
La señora Bertila Parada conoce detalles de la tortura que sufrió su hijo Carlos Alberto Osorio en México a partir de aquel 27 de marzo de 2011, cuando habló con él por última vez.
Sabe que estuvo a unos cuantos kilómetros de su destino, la frontera con Estados Unidos, pero el autobús en el que viajaba fue interceptado por Los Zetas, apoyados por policías municipales, a la altura de San Fernando, y él obligado a bajar.
Sabe que lo torturaron antes de matarlo: de los golpes le tumbaron nueve dientes y le destrozaron el cráneo. Sabe que su cuerpo estaba amordazado. Que fue enterrado en una colina, donde estuvo poco más de dos semanas, hasta el 17 de abril cuando las autoridades de Tamaulipas lo llevaron a la morgue de Matamoros, donde le harían la autopsia.
Desde marzo del 2011, cuando partió, hasta diciembre del 2012, Bertila no supo nada de su hijo, aunque lo buscó. Ese diciembre recibió una llamada de cancillería y fiscalía salvadoreñas avisándole que las autoridades mexicanas lo habían encontrado y que lo cremarían y enviarían sus cenizas a casa.
Bertila, con apoyo del Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, metió un amparo para evitar que quemaran los restos. Casi enloqueció de la angustia, de sentir que en México lo volverían a “destrozar a su muchacho”. Tras sus protestas y el amparo, las autoridades recularon y negaron haberle llamado. Dijeron que nunca habían encontrado a su hijo. Entonces el cuerpo de Carlos Alberto quedó atrapado en el laberinto de la burocracia.
Aún guarda la carpeta que ese día le entregaron los forenses, de la averiguación previa 52/2011, junto con los restos de su muchacho: ahí están las fotos del cráneo destrozado y del panteón donde estuvo como anónimo; también los oficios que muestran la doble desaparición de Carlos:
El 24 de octubre de 2012, en un oficio de la procuraduría de Tamaulipas se pide a Fernando Reséndiz Wong, director general de procedimientos internacionales de PGR, informe a El Salvador y a la familia salvadoreña de la muestra genética 115, la de Bertila, que su hijo es el cuerpo 3 de la fosa 3 con clave NN 527, del panteón de la Cruz. Nadie cumplió esa orden, ni otras órdenes similares. Así fue durante 3 años 10 meses. (Vea galería de Documentos) Ella cree que fue en represalia por sus protestas.