l acceso a los documentos oficiales sobre la masacre de San Fernando realizados por el gobierno federal y el de Tamaulipas, así como los órganos desconcentrados, ha sido un camino lleno de obstáculos, a pesar de que debiera ser información pública porque involucra violaciones graves a los derechos humanos.
Las organizaciones Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, a través de solicitudes de información pública, han pedido acceso a las indagatorias judiciales sobre la masacre de San Fernando, a lo que las dependencias de gobierno aludidas respondieron que la información estaba clasificada como reservada. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) confirmó le negativa. Esto a pesar de que la ley dictamina que ninguna reserva podrá ser invocada cuando se trate de investigaciones que versen sobre delitos de lesa humanidad.
El ocultamiento de la información motivó amparos de ambas organizaciones que serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual deberá decidir si la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido en agosto de 2010 en San Fernando.
En esta sección exhibimos los documentos oficiales que los integrantes de esta investigación y periodistas aliados hemos conseguido sobre este caso, mediante el uso de las leyes de transparencia, así como cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos obtenidos por el National Security Archive o Wikileaks.
Conocer la verdad es uno de los requisitos para que hechos como este no vuelvan a repetirse.