LOS PRIMEROS ASESINATOS 2011
Filemón Ventura Martínez, un comerciante de 63 años, padre de Leonardo, recuerda que el 26 de enero, el día de su cumpleaños, recibió una llamada de una mujer de Reynosa. Le dijo que a su hijo lo habían asesinado días antes, que su cuerpo estaba tirado en una brecha en el ejido Francisco Villa. Y que Noé no resistió los golpes, menos el horror que atestiguó.
Ella explicó que Leonardo había estado preso en ese municipio junto a su esposo (de quien se reservó la identidad), que tenían las manos atadas con alambres de púas, y que ambos se habían prometido que si alguno salía libre avisaría a la familia del otro sobre su destino. Su esposo había escapado y ella cumplía su promesa, mientras él se recuperaba en un hospital.
En octubre del 2014 el cuerpo fue exhumado sin avisar a la familia. Además las autoridades cometieron un error fatal: perdieron parte importante de su esqueleto y revolvieron sus huesos con los de otros restos.
Así, incompleto, el cuerpo de Leonardo llegó a manos de las antropólogas argentinas de la Comisión Forense, que en febrero del 2015, confirmaron a la familia que habían encontrado el cuerpo de Leonardo. Sin embargo, en abril, la familia seguía sin recibir a su hijo.
Cuatro años y tres meses después de haber salido de casa, Leonardo por fin fue enterrado en Torres Mochas.
Pero el caminar de los padres no termina. Ahora exigen que las autoridades encuentren la parte de su esqueleto que perdieron en el traslado.
Cuando las fosas clandestinas de San Fernando fueron descubiertas, en abril del 2011, los crímenes en la carretera 101 ya eran comunes.
Uno de los primeros que se tiene noticia ocurrió el 17 de enero de ese año. Leonardo Rafael Ventura Tavera y Noé Cortés Hernández, de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, y dos amigas jóvenes, viajaban en auto por Camargo, Tamaulipas, con destino a la frontera, a comprar pacas de ropa usada. Pero nunca llegaron: Los Zetas los interceptaron por San Fernando.
Apenas perdieron comunicación con los jóvenes, los padres de Leonardo pusieron una denuncia en la agencia 5 del MP de Irapuato, Guanajuato.
Días después una de las jóvenes, volvió y contó que en el camino se cruzaron con un retén de hombres, “unos vestidos de civil, otros de policía”. A todos los bajaron del auto, les cubrieron la cabeza, los subieron a una troca y los llevaron a una casa donde los separaron. Los hombres fueron golpeados y la sobreviviente pensó que seguramente estaban muertos
Dos meses después de la desaparición de los jóvenes, se descubrieron las fosas de San Fernando y la familia denunció de nuevo la ausencia, entonces sumaban 60 los paisanos que Guanajuato reportó como desaparecidos al gobierno tamaulipeco y a la PGR.
Hoy sabe que el 8 de abril de 2011, los restos de su Leonardo fueron levantados de “unos matorrales, en unas brechas, no estaba enterrado”. Estaba completo, cerca del ejido Francisco Villa, como la mujer le había informado.
En lugar de cruzar las características de los restos con las denuncias de desaparecidos, el cuerpo de Leonardo y otros fueron enterrados en una fosa común en Tamaulipas. En cambio, otros 122 cuerpos fueron enviados a la Ciudad de México donde se les hicieron pruebas forenses para identificarlos. Por ese error, el de Leonardo permaneció cuatro años sin nombre, mientras su familia lo buscaba.
“Si hubieran investigado y relacionado más una dependencia u otra, no hubiera llegado a fosa común”, dice Filemón.
