Por May-ek Querales Mendoza / GIASF*

El 4 de marzo de 2019 se ofreció una disculpa pública a las familias de Mario Arturo Orozco (27 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), Alfredo González (25 años), José Benítez de la O (24 años) y Susana Tapia (16 años); jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, por policías estatales el 11 de enero de 2016.

El evento inició con la voz de Alejandro Encinas (Subsecretario de Derechos Humanos) describiéndolo como una muestra de reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales y, a la vez, un reconocimiento de la responsabilidad de las autoridades del estado de Veracruz para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos; afirmando que el país ha cambiado.

El Ing. Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador del estado de Veracruz, prácticamente en el cierre, le dijo a las familias que reconocen que el Estado les falló, que no hubo capacidad de darles seguridad ni proteger a sus jóvenes; y les ofreció una disculpa por el actuar de la policía, por no detener la colusión de elementos de Seguridad Pública con el crimen organizado, por el sufrimiento que vivieron sus hijos y su posterior criminalización, por la impunidad y por lo que las familias han vivido. 

Este evento llamó mi atención porque durante los últimos meses de gobierno la idea del perdón ha circulado en el espacio público, activando circuitos imaginarios alrededor del concepto y llevándonos a pensar, de manera efectiva, en las posibilidades que tenemos para la reconstrucción del tejido comunitario después de los múltiples agravios ocurridos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, algo que debemos tener en cuenta es que, aún cuando el Estado pida perdón, no tiene como resultado automático el que la víctima acepte.

La idea del perdón es algo que las familias de las víctimas han repasado a lo largo de los años en los ámbitos de su vida privada y en las luchas que desarrollan todos los días en el ámbito público. Cuando se menciona la idea, las familias establecen operaciones lógicas y afectivas para distinguir a los actores que participaron del circuito de violencias, la red de relaciones que vincula a esos actores con el gobierno y la respuesta institucional que han encontrado en su trayectoria de búsqueda de justicia.

Ante la idea del perdón hay dos respuestas que las familias brindan de manera contundente: una, no se les puede exigir perdonar desde el institucionalismo ni desde la figura presidencial; dos, el perdón no existe sin justicia y las familias han dejado de creer en ella: “No creo en la justicia del Estado mexicano, les recuerdo a los aquí presentes que a nuestros hijos, los detuvo, los levantó como se dice, la policía del estado de Veracruz la mañana del 11 de enero de 2016 en la ciudad de Tierra Blanca a plena luz del día” (Bernardo Benítez, padre de Bernardo).

Después de esas dos aclaraciones, las familias no poseen una respuesta monolítica y la posibilidad de perdonar se piensa desde el ámbito privado. Algunas familias plantean que si permiten que la furia inunde su vida diaria, el camino les conduciría hacia la búsqueda de venganza y, frente a esa posibilidad, han preferido plantearse formas de perdón. Así lo vi con Rosa María Vázquez Hernández (madre de Daniel Osvaldo y José Luis Vázquez Vázquez desaparecidos por la Policía Municipal de Ciudad Juárez, el 26 de marzo de 2011, junto a Iván Guzmán Hernández y Félix Vizcarra Torres) quien reflexiona para decir: “¿qué vamos a buscar?, ¿venganza?, el dolor es el que te lleva a pensar miles de cosas y a querer vengarte, hay que perdonar porque sin el perdón no vivimos” (Comunicación personal). 

Gracias a las palabras de Rosa María me permito pensar que la posibilidad de perdonar no se construye en un evento de ofrecimiento de disculpa pública, es una decisión singular que se construye como resultado de las reflexiones que las familias agraviadas realizan en su proceso de búsqueda de la verdad y exigencia de justicia, es un recorrido que no puede ser generalizado en tanto cada familia ha vivido el agravio desde lugares diferenciados.

A partir de este panorama considero crucial el trabajo focalizado con las familias de personas desaparecidas, atendiendo las problemáticas regionales que enfrentan y  desarrollado sobre la base de una escucha activa para poder construir puentes entre las medidas institucionales y el perdón que las familias pueden otorgar, sólo así podremos ubicar si existen caminos posibles para el desagravio después de la desaparición forzada.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)