Carolina Corral Paredes / CIESAS – GIASF*
Hace unas semanas Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, le otorgó una cifra oficial a la existencia de fosas clandestinas en nuestro país. Son 3 mil 24 fosas existentes desde 2006 a la fecha. Reportó que encontraron 600 desaparecidos en 522 fosas clandestinas, de las cuales exhumaron a 200 personas y entregaron 116 a sus familiares.
Sin embargo Karla no aclaró si esa cifra toma en cuenta las fosas comunes del Estado que se han usado para enterrar personas desaparecidas en secreto, sin avisar a los familiares, de forma negligente y criminal. Necesitamos que el Estado empiece a nombrar sus fosas clandestinas y a reportarnos sobre la situación de los cuerpos en ellas, de lo contrario, todo nombramiento sigue siendo un simulacro que devela información a medias. Necesitamos saber cuántas fosas comunes fueron y siguen siendo usadas para terminar de desaparecer personas, quiénes están enterrados allí, qué les pasó y por qué no se hizo investigación al respecto.
El caso de las fosas estatales de Jojutla y Tetelcingo en Morelos es el ejemplo más contundente de que el Estado ha enterrado personas que estaban siendo buscadas. Y no sólo eso, sino a algunas personas las enterró amarradas de pies y brazos, con la cara vendada, con sus vestimentas; enterraron menores de edad con las uñas pintadas, con el uniforme de su escuela; más de la mitad presentan señales de tortura, algunas con indicios de tiro de gracia. Y a pesar de todos estos indicios de muerte violenta se registraron como “causa de muerte indeterminada”, “sexo no valorable”, sin hacer mayor investigación. Esta pérdida total de respeto a los ciudadanos asesinados – en el contexto de una ola de violencia desatada por las políticas de estado-, necesita ser investigada con más alarma incluso que las fosas clandestinas.
El uso clandestino que la Fiscalía de Morelos dio a sus fosas comunes no es un caso aislado, sino un modus operandi de las Fiscalías a nivel nacional. En 2012 Elvira encontró una fotografía de su esposo en el registro de los cuerpos del SEMEFO de Tijuana después de 4 años de su desaparición, había sido enterrado junto con otros 16 cuerpos en fosa común. En 2012 la Fiscalía de Coahuila mandó el cuerpo de Cristhian el hijo de Lorena Vallejo, a fosa común a pesar de estar identificado. Para agosto de 2019 aún su madre aún no recibe los restos de su hijo. Recordemos los tráileres llenos de cuerpos que la Fiscalía de Jalisco paseaba por Guadalajara, y de los que sólo supimos porque estaban en descomposición por falta de refrigeración. Tampoco es el único caso de la colusión de las Fiscalías en la desaparición de evidencias, recordemos que la Fiscalía de Chiapas está implicada en desaparecer evidencia y mentir sobre la causa de muerte de los ciclistas Holger Hagenbusch y Krzystof Chmielewski en 2018.
Aunque la información “oficial” al respecto es casi nula, por suerte contamos con los expedientes recabados por los colectivos de búsqueda que participaron en las exhumaciones de los más de 200 cuerpos enterrados por la Fiscalía de Morelos en las fosas de Jojutla y Tetelcingo. En dichos expedientes las buscadoras hacen un minucioso recuento sobre el estado de cada uno los cuerpos enterrados en Jojutla. Su registro ayuda a dimensionar el maltrato que recibieron antes su muerte, pero también durante su enterramiento. Lo que queda contundentemente claro en ese archivo es la falta de interés de los servicios médicos forenses al tratamiento digno de una persona muerta y a su identificación. La pregunta es si sólo se trata de falta de interés o también de la intención de ocultar las causas de muerte de estas personas.
Personalmente la dimensión gráfica de los dibujos que hicieron los colectivos de búsqueda sobre la ropa de las personas enterradas me hizo preguntarme, por ejemplo, sobre la situación de las mujeres de dichas fosas. Fue hasta que revisé El expediente Jojutla y vi la cantidad de brasieres dibujados que dimensioné cuántas presuntas mujeres o personas no binarias podrían haber en aquella fosa estatal. La dimensión gráfica aporta a los ojos un dato, una pista, un por dónde, mucho más amplio de lo que te entrega el dictamen de “sexo no valorable” con el que están clasificados, por los peritos de Fiscalía, la mayoría de los cuerpos desenterrados en Jojutla. Qué importante resultó que las integrantes de Regresando a Casa Morelos dibujaran un brasier en vez de sólo anotar el dictado de sexo indefinido que les dictaban los peritos.
Hay alrededor de diez mujeres enterradas en las fosas de Jojutla, hay varias menores de edad, una de ellas porta uniforme de secundaria, otra tiene las uñas pintadas. Hay otra mujer que llevaba la mordaza puesta en la boca y amarres en pies y manos. Además, una herida de objeto punzocortante en el pecho. A pesar de las evidentes huellas de torturas peritos indicaron que su causa de muerte es indeterminada. Han pasado dos años desde las exhumaciones y no nos han ampliado la información, no han aclarado quiénes eran las chicas, quién y por qué las mató.
En Morelos, uno de los estados con mayor índice de trata de mujeres, niñas y tráfico de órganos, ¿no le pareció prioritario al estado saber qué historia había detrás de las niñas que estaban enterrando? ¿Por qué no entregan los resultado sobre Jojutla? En un país donde el asesinato de un mujer se debe investigar como feminicidio, en un estado con alerta de género y tráfico de mujeres y de menores, por qué no sé investigó qué pasó con esas mujeres, casi niñas? A dos años del cierre de la fosa de Jojutla necesitamos esos datos.
Hace más de diez años que dijo Roberto Bolaño en su obra 2666 que “en esos asesinatos [en los feminicidios] está el secreto del mundo… “ es preciso apuntar hacia una identificación e investigación con perspectiva de género sobre las mujeres depositadas en fosas comunes y eso dará luz sobre las redes criminales en el Estado de Morelos.
Necesitamos que la comisionada de búsqueda Karla Quintana nos hable de los cuerpos que el estado enterró. Necesitamos nombrar las fosas en las que el Estado está implicado. Sin el nombramiento y la investigación sobre las fosas comunes usadas por el estado como depositario de personas desparecidas, sin identificar y sin investigaciones de oficio respecto de sus muertes violentas, el reporte sobre el número de fosas en el país está incompleto.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
