Por May-ek Querales Mendoza / GIASF*
Hace tres años formamos el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) y desde sus orígenes hemos buscado colocar al alcance de las familias los conocimientos académicos y científicos que cada uno de sus integrantes posee. En este ejercicio, hemos acudido como observadoras a procesos de exhumación tanto en fosas clandestinas como comunes; hemos brindado talleres y acompañamiento en algunas de las Caravanas y Brigadas de búsqueda que se realizan en el país desde hace varios años; hemos producido peritajes de contexto para casos específicos y hemos brindado acompañamiento en algunos procesos de restitución; y, a la par, hemos procurado desarrollar un espacio de diálogo entre los saberes que convergen en el ámbito forense.
Este breve caminar al lado de las familias nos ha llevado a preguntarnos respecto a la verdad que puede producirse sobre más de 40,000 personas desaparecidas y las más de 252,000 muertes violentas cometidas desde 2006 (Olivares, 2019). Las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la cruenta violencia que marca nuestros territorios hace mucho que exigen la verdad como base para la justicia, pero las capacidades institucionales han demostrado reiteradamente ser insuficientes para cumplir con esta exigencia.
En nuestro país no se realiza una investigación criminal con fundamento científico que explique a las familias el plan criminal de los perpetradores, es decir, que exponga cuáles son las acciones coordinadas y concertadas por los perpetradores para alcanzar objetivos concretos. Tampoco brindan a las familias una explicación sobre los patrones criminales, esto es, sobre cuáles son los eventos que debido a su frecuencia y naturaleza implican una planificación; muchísimo menos, aclaran qué casos están relacionados entre sí por elementos comunes (FGN, 2015). Frente a investigaciones incompletas, realizadas en papel y muchas veces reducidas a oficios y solicitudes de colaboración, las familias y sus acompañantes jurídicos han tenido que convocar a grupos de expertos independientes para demostrar que otro tipo de investigaciones es posible.
La verdad jurídica que han recibido algunas familias, en muchos casos sólo ha contribuido a revictimizar a los sobrevivientes. Recordemos a Marisela Escobedo Ortiz, originaria de Chihuahua, en 2008 denunció la desaparición de su hija Rubí a manos de Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Después de hacer ella misma las indagaciones y pesquisas, logró que el implicado fuera arrestado y llevado a juicio por el homicidio de Rubí. A pesar de que los restos del cuerpo de Rubí fueron localizados e identificados, los forenses no pudieron establecer a partir de ellos la responsabilidad de Sergio Barraza en el homicidio, y esto condujo a que el tribunal oral dictara sentencia absolutoria el 29 de abril de 2010. Esta sentencia fue invalidada el 21 de mayo del mismo año, cuando el tribunal de casación dictó sentencia condenatoria contra el Sr. Barraza que, para esa fecha, ya había huido de Chihuahua; esta fuga tuvo como una de sus consecuencias el homicidio de Marisela Escobedo Ortíz frente al palacio de gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010 (Mayorga, 2013). Este caso nos permite observar cómo los procedimientos administrativos e interpretativos que sostienen la verdad judicial tienen como límite los elementos de prueba y la exigencia de acreditación.
A diferencia de la intervención institucional en la producción de la verdad, las familias han tejido rutas de investigación para localizar a las personas desaparecidas; dichas rutas implican un trabajo paciente con las comunidades y esto ha permitido que las y los buscadores ganen cierta confianza entre las personas que habitan territorios marcados por la violencia y sembrados de fosas. El trabajo paciente que han hecho estas familias ha permitido que las personas les den indicaciones para llegar a las fosas y les narren las escenas de terror que presenciaron. Hablamos aquí de una verdad social, una verdad co-producida por el trabajo de búsqueda y el reconocimiento que las comunidades brindan a las y los buscadores: una verdad producida en el diálogo que permite reconstruir los hechos.
En ese trabajo de reconstrucción, los colectivos que trabajan en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz han logrado trazar caminos hacia territorios sembrados con miles de fragmentos óseos en donde, además, el terreno muestra huellas de los procesos de incineración a los que fueron sometidas las víctimas o conserva residuos de los mecanismos utilizados por los victimarios para destruir los cuerpos. Las y los buscadores describen sus hallazgos con la voz entrecortada y la mirada arrasada, al compilar sus hallazgos coinciden en señalar que lo observado permite visibilizar una dimensión de la crueldad con la cual se desempeñan los grupos criminales en nuestro país; al mismo tiempo, son indicios de la sistematicidad a la que han llegado los victimarios para eliminar los cuerpos de sus víctimas, por lo tanto, consideran posible nombrar a estos espacios como campos de exterminio. A diferencia de otras regiones, donde la localización de fosas puede conducir hacia la identificación positiva de personas, los hallazgos realizados en los campos de exterminio se enfrentan a las limitantes de la actual tecnología forense. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, aun cuando se desconoce la identidad de las personas que fueron victimadas en dichos campos de exterminio, su localización ha sido posible gracias al proceso de re-construcción de verdad que encabezan las familias, en donde los relatos de las comunidades que rodean estos espacios han sido cruciales para aproximarse a una posible compresión de lo ocurrido.
Recapitulemos entonces, la verdad producida en el ámbito jurídico enfrenta restricciones impuestas por el propio procedimiento judicial y, frente a ello, las familias han avanzado hacia la producción de la verdad social; el límite aquí radica en la convocatoria que puedan lograr para que todas y todos depositemos la mirada en los agravios que han sido producidos en 13 años de un conflicto no reconocido. Un conflicto que se perpetúa en el tiempo, tiene como uno de sus efectos producir barreras afectivas y simbólicas que, a la larga, impiden que nos reconozcamos en las víctimas y las circunstancias que las rodean. Llegamos a imaginar que la violencia se encuentra lejana, en localidades olvidadas o ciudades fronterizas y áridas, pero esto no es así. Cada vez que las familias intervienen el espacio público, con una protesta, un acto de memoria (bordadas, murales, performances), o una Brigada y/o Caravana de búsqueda, están exigiendo nuestra colaboración en la re-construcción de los hechos.
Esa esquina por la que evitamos transitar, esa tienda en la que escuchamos ruidos extraños, ese retén en dónde se vio por última vez a las personas, no son simples anécdotas en la narración del paisaje. La re-elaboración de las narrativas del terror de nuestras comunidades no sólo puede brindar información valiosa para una familia en búsqueda, sino que puede permitirnos reconstruir lazos sociales que la violencia fue destruyendo con su presencia.
La verdad no siempre emana de un pronunciamiento institucional que acredita los hechos mediante la certeza de las pruebas, en muchas ocasiones se construye mediante procesos de reconocimiento colectivo hacia las víctimas, los testigos y sobrevivientes; palabras más, palabras menos, nos implica a ti y a mí: la verdad, necesaria para que haya justicia, también es un producto social.
Referencias
Fiscalía General de la Nación (2015), Cartilla 5. Herramientas analíticas para investigación y ejercicio de la acción penal.
Mayorga, Patricia (2013), “Caso Marisela Escobedo: gobierno de Chihuahua acepta recomendación de la CNDH”, en: Proceso, disponible en: https://www.proceso.com.mx/357895/caso-marisela-escobedo-gobierno-de-chihuahua-acepta-recomendacion-de-la-cndh
Olivares Alonso, Emir (2019), “La cifra de muertes violentas en México, de un país en guerra”, en: La Jornada, 10 de abril, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2019/04/10/politica/003n1pol
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
