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A los muertos no hay que dejarlos en paz, hay que hacerles justicia

Por Isabel Beltrán Gil / GIASF*

La Guerra Civil Española duró tres años, pero fue tiempo suficiente para consolidarse como un hito trascendental de la historia contemporánea española. Esto se debió a que fue una contienda librada entre vecinos y familiares. Conocidos que se vieron forzosamente obligados a combatir. Resultará extraño que diga “forzosamente”, como si la opción de disparar contra un familiar no fuera una elección propia. Y fue exactamente así. El frente de combate de una guerra civil representa una trágica línea que atraviesa a familias, casas, ciudades y regiones. 

Si bien la Guerra Civil en España tuvo innumerables víctimas mortales, el verdadero terror comenzó durante la posguerra que se convirtió en una cacería de brujas. Podría decirse entonces que España ha sufrido dos inquisiciones: una por cuestiones religiosas y otra por cuestiones políticas. En ésta cualquier tipo de relación (real o ficticia) con el bando republicano, era suficiente para la pena de muerte. 

La cruenta represión que acompañó a la posguerra fue una estrategia bien elaborada para eliminar cualquier intento de insurrección y rebeldía hacía el nuevo gobierno. De esta forma, se adoctrinó con amenazas, violencia y desapariciones a la población, hasta convertirla en un grupo sumiso y atemorizado. 

Los niños de la guerra, nuestros abuelos, vieron cómo humillaban a sus madres, como yacían los cuerpos de sus vecinos y familiares en las trincheras. Vivieron el terror en las noches cuando se escuchaban los disparos en el paredón de fusilamiento y los llantos que acompañaban las visitas de los Guardias Civiles. Sabían que eso significaba la despedida definitiva de un miembro de la familia. 

Estos niños crecieron en un ambiente de hambre, penuria y temor a decir algo que los convirtiese, a ellos o a su familia, en objeto de represión. De ahí que sus narraciones a pie de fosa, durante las exhumaciones, empiecen siempre tímidamente. Inician sin apenas voz ni fuerza, pero luego van empoderándose con cada cuerpo exhumado, hasta llegar a gritar “¡asesinaron a mi padre!” en un acto de catarsis.  

El silencio y el temor fueron lacras que acompañaron a la sociedad española durante mucho tiempo. Incluso tras la muerte de Franco en 1975. Parecería inverosímil que mordaza y miedo se perpetuasen incluso tras el fallecimiento del dictador. Pero el nuevo intento de golpe de Estado, ocurrido el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero asaltó el Congreso de los Diputados, mostró que no eran cosa pasada. 

En ese tiempo, mi padre estaba haciendo el servicio militar. Siempre que le pregunto sobre el evento, me dice que había mucha incertidumbre y miedo sobre lo que podría pasar. La pregunta que hoy nos podemos hacer es si ese suceso fue fortuito o construido. La historia del país probablemente habría sido muy distinta si ese día Tejero no hubiese tomado el Congreso de los Diputados porque los oprimidos y silenciados empezaron a tener el valor de salir en busca de sus familiares desaparecidos. 

Este hecho facilitó la aceptación de la monarquía porque el Rey Juan Carlos se presentó como el resolutor del conflicto sin derramamiento de sangre. Pero este traumático evento también apaciguó el reclamo social de la apertura de las fosas y la destitución de la ley de amnistía que protegía a los ejecutores de los crímenes de la guerra. El miedo volvió a estar presente en la sociedad como instalado en el ADN. 

Durante mucho tiempo esta parte de la historia de España (guerra, posguerra y dictadura) estuvo silenciada. Yo misma experimenté con indignación, cómo la historia contemporánea era mencionada de puntillas en las clases de la preparatoria. Si querías saber más sobre el pasado reciente, tenías que preguntar a algún familiar que hubiera sido testigo presencial de esos hechos. 

El problema con el que nos encontramos muchos, es que no querían hablar. Para mis abuelos se convertían en incómodas preguntas que trataban de evadir con respuestas hilarantes o desviando el tema. Durante mi adolescencia siempre me pregunté el por qué. Pero no fue hasta que empecé a trabajar como antropóloga forense en excavaciones para la recuperación de víctimas de la posguerra, cuando comprendí en su totalidad la dimensión emocional que envolvía ese contexto histórico. 

Trabajo de exhumación en fosa común de la posguerra. Foto: ArqueoAntro.

La imagen de una fosa siempre resulta impactante por la disposición inhumana de los cuerpos, que en muchos casos se encuentran con signos de haber sido maniatados y golpeados o torturados antes de su muerte. Violencia desmedida que culmina con el tiro de gracia como sello de la violación a los derechos humanos. Marca de un crimen de lesa humanidad que todavía espera justicia. Sin embargo, esta imagen no está completa sin las memorias que acompañan a cada una de las víctimas. 

Resulta sobrecogedor ver a un hombre o una mujer de entre 70 y 90 años convertirse nuevamente en ese infante atemorizado, confuso y vulnerable que todavía no entiende por qué se llevaron a su padre si no había hecho daño a nadie. No entienden por qué intencionadamente se les ocultó la ubicación de la fosa. Por qué se les privó del derecho de tener un lugar donde llorar a sus muertos. Por qué no se les permitió enterrarlos dignamente. Pero lo menos comprensible para ellos es por qué actualmente algunos partidos les siguen negando esos derechos.  

Uno de los casos que trabajé como antropóloga forense fue el de Teófilo Alcorisa. Su familia llevaba mucho tiempo luchando para poder exhumarlo de la fosa donde lo habían depositado en Valencia en el año 1947. En su incansable lucha, después de la promulgación de la Ley de la Memoria Histórica en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, lograron financiación para pagar todo el proceso exhumatorio. Querían enterrarlo junto a su esposa de una forma digna. Sin embargo, Rita Barberá, la entonces alcaldesa de Valencia y militante del Partido Popular (partido de derecha), dijo abiertamente que mientras ella gobernase no daría permiso para realizar la exhumación. 

Y cumplió su palabra. No pudimos intervenir para la recuperación del cuerpo de Alcorisa hasta tiempo después, con el cambio del gobierno municipal detonado por el movimiento 15M. Esto demuestra que la tan cacareada transición nunca sucedió. De haber sido así, hoy no se cuestionaría el derecho a recuperar a esas víctimas. 

Cuando escucho a algunos políticos o ciudadanos repetir que “a los muertos hay que dejarlos en paz” o “no hay que abrir viejas heridas” como consigna para no reconocer los eventos del pasado, no puedo evitar preguntarme ¿estamos en una sociedad donde la muerte de una persona tiene valor solo si el contexto interesa? ¿Qué diferencia existe entre los reclamos de estos “huérfanos” de la guerra y unos padres que denuncian hoy la desaparición de su hija/o? En ambos casos existe una familia con la necesidad de recuperar al ser querido (ya sea vivo o muerto) y hacer justicia por el agravio sufrido. 

Las interminables discrepancias políticas nos sitúan en contextos desoladores donde los familiares directos de las víctimas del franquismo fallecen, en ocasiones, sin llegar a localizar la fosa donde reposa su ser querido. En otras, sin saber si su familiar se encontraba entre los restos exhumados. He sido testigo, junto a mis compañeros, de como estas perdidas humanas siguen dejando a las familias con una herida abierta por la impotencia, la rabia y el dolor de no haber llegado a tiempo. Ese fue el caso de Santi Vallés presidente de la asociación de familiares de la fosa 113 en el cementerio de Paterna (Valencia). 

Pareciera que la demora y los obstáculos de toda índole (falta de financiamiento, negación de permisos de excavación, agresiones verbales y físicas, etc.) que debemos enfrentar para recuperar a todas las víctimas, tuvieran como objetivo la muerte de esas generaciones, de la polémica que abren y de sus reclamos de justicia. 

Sin embargo, estas voces no podrán ser calladas. La difusión de las injusticias y atrocidades cometidas por el franquismo, así como de los partidos y mentalidades que hoy siguen negando el derecho a la verdad y a la justicia, quedan refutadas cuando los informes forenses son vinculados con los testimonios de las víctimas. Las pruebas inertes se transforman así en una historia: de una vida interrumpida, de una familia rota, de una cadena de huérfanos.          

Son memorias que no se pueden ocultar ni silenciar. Son historias que trascenderán el tiempo y las generaciones.


*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

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