Historias Notas

A una década de la segunda desaparición masiva de jornaleros migrantes

Por Agustín Escobar Ledesma*

“Desde que desapareció mi hijo Juan Manuel, ni con un costalito de frijol me han ayudado las autoridades”, dice angustiada la señora Carmen Hernández Soto, hablando del apoyo que la Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas (CEAV) ha otorgado a algunos de los familiares de los 44 jornaleros migrantes que desaparecieran el 5 de abril de 2010, en la carretera federal 49, al norte de la ciudad de San Luis Potosí.

Juan Manuel Cervantes Hernández era el dueño del autobús placas 237-RM2 que aquel día llevaba a los jornaleros agrícolas, que venían de los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro rumbo a Altar, Sonora, para cruzar hacia Estados Unidos.

La señora Carmen vive en Maravatío, Michoacán, ciudad rodeada de extensas y verdes áreas cultivadas de fresa, a un costado de la carretera federal 150 México-Guadalajara. A raíz de la desaparición de Juan Manuel sufrió un infarto y ahora sufre de hipertensión y diabetes, por lo que constantemente tiene que trasladarse para su atención médica al Hospital General de la Ciudad de México.

La señora Carmen Hernández Soto busca a su hijo Juan Manuel. Foto: Agustín Escobar

De los 44 jornaleros, 13 son queretanos. Siete son del municipio de Pinal de Amoles, ubicado en lo más alto de las montañas de la Sierra Gorda son Ricardo Ramírez Zarazúa, Honorio Reséndiz García, Ismael Reséndiz García, Jacinto González Rodríguez, Jesús Rodríguez Martínez, Jonavad Reséndiz Ávila y Gerardo Mejía González.

Del municipio de Landa de Matamoros, situado en el norte del estado de Querétaro y que limita con San Luis Potosí e Hidalgo son Rubén Garay Camacho, Juan Carlos González Jiménez y Sabino González Rincón.

De Amealco, municipio ubicado en el sur del estado y que limita con Michoacán, iban Efraín Cruz Martínez y su sobrino Isaac Guillermo Cruz, quienes querían ganar dólares para comprar algunas borregas y levantar una habitación de tabique a un lado de la casa de su papás.

El conductor del autobús, Ángel Becerril Sánchez, uno de los operadores del camión, es del municipio de Huimilpan, Querétaro, que limita con Guanajuato y Michoacán. En el momento de la desaparición llevaba cuatro meses trabajando para su patrón de Maravatío, Michoacán, en una ruta fija semanal en la que llevaban jornaleros a Altar, Sonora, procedentes de los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

A raíz de la desaparición de Ángel, quien tenía 36 años de edad, su familia se desintegró. Su esposa abandonó su casa, dejando a sus hijos, Ricardo, Oscar y Diego en manos de sus tías; el menor de ellos sufre de atetosis, trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios en pies, manos y cabeza.

Jorge Becerril Sánchez, cronista municipal de Huimilpan y hermano de Ángel, denunció la desaparición el 22 de junio de 2010, en la agencia del Ministerio Público ubicada en la colonia Casa Blanca de la ciudad de Querétaro, en donde fue abierta la averiguación previa número 111B/603/2010.

Ninguno de los familiares del grupo que desapareció recibió llamadas de los delincuentes exigiendo pago de recate.

Hace una década el entonces gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa y el Procurador de Justicia , Arsenio Durán Becerra, incumplieron con la Constitución Política del Estado de Querétaro, a la que juraron cumplir y hacer cumplir.

El mandatario queretano dijo a los medios locales que “…giró instrucciones al Secretario de Gobierno del estado para entablar una comunicación permanente y conocer los avances de las indagatorias (El Universal Querétaro, 15 de mayo de 2012). Pero después se olvidó del asunto, al igual que el gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón, en cuya administración se registraron más de 26 mil casos de personas desaparecidas.

Tres de los otros jornaleros desaparecidos aquel 5 de febrero de 2010 son del estado de Michoacán, aunque se desconoce de qué municipios. Entre ellos están José Luis Granados, José Luis Rodríguez y una persona únicamente identificada como Juan Carlos.

Del Estado de México iban 15 personas y 3 de ellas son de Toluca: Raúl Salinas González, Alfredo Vilchis Vargas y Francisco Hernández Carbajal. Diez más son de Texcaltitlán y dos más de San Simón de Guerrero, municipios del estado de México, entre las que se encuentran José Luis Granados, una mujer de nombre Edith, Octavio Morales Mercado, Juan Morales Mercado, Edgar Ramírez, Javier Velázquez y una persona identificada como Pepe.

De acuerdo con uno de los familiares de Toluca, el coyote que organizó al grupo de los 15 jornaleros del estado de México, Fernando García Ramírez, no se subió aquel 5 de abril al autobús con las personas que llevaba porque ya había tenido problemas en la frontera y no le permitían pasar, aunque no quiso decir qué tipo de problemas ni quién o quiénes le prohibían el paso ni por qué.

En aquel año la disputa territorial entre el Cártel del Golfo y Los Zetas dejó una estela de muerte y desapariciones. En agosto de 2010 Los Zetas ejecutaron a 72 personas provenientes de Centro y Sudamérica, en la llamada masacre de San Fernando, Tamaulipas y en mayo de 2011 fueron encontrados tres migrantes de la Sierra Gorda queretana en las fosas clandestinas de San Fernando, Martín Vega Arellano, Emiliano González Morales y Héctor Gutiérrez Aguilar.

En esas circunstancias nacionales es cuando desapareció el grupo de jornaleros que iban en el autobús de Juan Manuel, hijo de la señora Carmen Hernández Soto quien ahora, junto con su nuera, Norma Angélica quien vende ropa usada, se encarga de la manutención y los cuidados de los tres hijos de ella. Dos de ellos nacieron con síndrome de Kartager, enfermedad genética rara caracterizada porque el corazón está del lado derecho y otros órganos que tampoco están del lado correcto, lo que entre otras causas, provoca afectaciones en las vías respiratorias.

Aunque sus nietos deben acudir constantemente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en Ciudad de México, ante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, les fue cancelado su tratamiento.

La señora Carmen Hernández Soto señala que no sólo ninguna autoridad la ha ayudado en la búsqueda de su hijo desaparecido, sino que desconoce la existencia de la CEAV y desesperada por el dolor que la ausencia de su hijo le provoca, cree que las autoridades federales ya le dieron carpetazo y no tiene esperanza que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busque a los jornaleros desaparecidos.


*Agustín Escobar Ledesma es reportero de Radio UAQ. Autor del libro “¿Dónde están? Migrantes queretanos desaparecidos”, publicado en 2019 por la Universidad Autónoma de Querétaro. Colaborador del proyecto adondevanlosdesaparecidos.org

Foto de portada: Radio UAQ

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