Por May-ek Querales Mendoza / GIASF *
El 20 de marzo de 2020 dio inicio en México el proceso de distanciamiento físico como medida para reducir la velocidad del contagio de la Covid-19. Paulatinamente se fueron cerrando los espacios de actividades no esenciales. En consecuencia, muchas personas nos hemos replegado hacia nuestros hogares para poner en marcha, en la medida de lo posible, algún tipo de cuarentena. Cada uno de nosotros atraviesa este proceso apoyado en sus propias herramientas psico-emocionales, pero la posibilidad de que el distanciamiento sea más llevadero se asienta sobre condiciones de seguridad económica y la oportunidad de tener un hogar. En estas circunstancias ¿qué está ocurriendo con las y los familiares de las personas desaparecidas?
Desde que la pandemia empezó a asomarse en los territorios mexicanos, las familias de personas desaparecidas comenzaron a solicitar certezas jurídicas y vigilancia en el tratamiento de los cuerpos, así como continuidad en el trabajo institucional que rodea la búsqueda de las personas desaparecidas. Años de lucha política permiten que las familias se adelanten a momentos críticos para mantener activa la exigencia de búsqueda bajo cualquier circunstancia. Tal como dice Leticia Hidalgo:
“Con la pandemia se declaró que sólo las actividades esenciales iban a estar trabajando […] Bueno, la búsqueda de personas desaparecidas es una actividad esencial. En la búsqueda de personas desaparecidas cuenta cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día porque vamos contra reloj y es cuestión de vida o muerte. Entonces, esta actividad no debe de parar. Es una actividad esencial”.
A diferencia de administraciones anteriores, se ha brindado mayor atención a la situación de las personas desaparecidas en México y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) estuvo particularmente presente en la escena pública durante 2019. Sin embargo, La cuarentena ha implicado una ralentización de los procesos institucionales de búsqueda que las familias lograron consolidar a lo largo de muchísimos años de lucha legal y política.
Durante las últimas semanas no hemos escuchado ningún pronunciamiento de quienes se han desempeñado como personajes centrales en la política en materia de desaparición desde que inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador; Karla Quintana (Titular de la CNB) ni de Alejandro Encinas (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación). Por encima de la crisis humanitaria, que implicó años de denuncia por parte de las familias para que fuera reconocida, han bastado 3 meses para que la pandemia reciba toda la atención pública y estatal.
Desde que se confirmó el estatus de pandemia de la COVID-19, el subsecretario de salud ha dado conferencia de prensa todos los días. Ahí se ha acompañado de diversos especialistas y profesionales (incluida la la jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS) para proporcionarnos la información necesaria para enfrentar la presencia de la enfermedad, su contagio y sus efectos.
Esta lógica no se reprodujo con el tema de las personas desaparecidas. Ante las inquietudes de las familias fue directamente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien comunicó que no serán cremados los cuerpos de personas fallecidas sin identificar a consecuencia de la COVID-19.
Algunos titulares de las Comisiones Estatales de Búsqueda se han comunicado con las familias para indicarles que se mantienen trabajando. Pero en la voz pública la desaparición de personas ha perdido nuevamente el foco de atención.
No se me mal entienda. No minimizo los efectos sociales de la pandemia, al contrario, son amplios y nos afectan de manera diferenciada dependiendo de los recursos económicos, capacidades legales, tecnológicas y emocionales que cada una de nosotras posee. Desde mi lectura, reducir la importancia pública que tienen las personas desaparecidas es uno de estos efectos. Lo que no se nombra no existe.
Para no variar, han sido las familias buscadoras y las organizaciones que les acompañan, quienes han tomado la voz para nombrar a sus desaparecidos y enunciar la importancia de mantener activa la búsqueda, aún en circunstancias de distanciamiento físico. En consecuencia, han iniciado foros virtuales para compartir sus saberes sobre la búsqueda y adquirir capacidades que perfeccionen la labor que realizan.
En momentos en los que la mirada pública se ha centrado en evitar el contagio, el cuidado de las personas enfermas y los inminentes efectos económicos de la cuarentena, es importante que no perdamos de vista que en México permanecen desaparecidas más de 60 mil personas.
Los momentos críticos exigen que canalicemos nuestros recursos para disminuir las brechas de desigualdad. Si en la contingencia muchas y muchos hemos podido permanecer en nuestros hogares y buscar seguridad en el cariño de las y los nuestros, es pertinente y necesario que mantengamos la mirada en las y los familiares de las personas desaparecidas.
Se aproxima el 10 de mayo y este año las madres no podrán tomar las calles con la Marcha de la Dignidad Nacional, realizada cada año desde 2011. ¿Qué haremos para hacerles sentir nuestra presencia?, ¿cómo acompañaremos su exigencia desde la distancia física?
No permitamos que el distanciamiento físico se convierta en distanciamiento social.
*Nota de la editora: compartimos la convocatoria del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Foto de portada: Movilización por Ayotzinapa, 2015. Crédito: Erika Lozano.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
