Por Dolores Figueroa Romero / Catedrática CONACYT-CIESAS. Columnista invitada por el GIASF*
El pasado 3 de junio Chantal Moore -una joven de 26 años y madre de una niña de cinco- perdió la vida a manos de un policía en la ciudad de Edmundston, New Brunswick. Moore, perteneciente a la primera nación Tla-o-qui-aht, era originaria de Vancouver. Recién se había mudado a la costa atlántica para terminar sus estudios de bachillerato y darle a su hija una mejor calidad de vida. Un llamado telefónico anónimo atrajo la presencia de agentes de la policía para hacer un chequeo de emergencia en la residencia donde vivía Moore. La joven indígena recibió cinco disparos de arma tras supuestamente amenazar con un cuchillo al policía en servicio.
Durante la rueda de prensa oficial que la policía local dio para aclarar los eventos trágicos de este caso, el comandante en jefe hizo un gesto de desdén ante la pregunta sobre el mal uso de armas en una intervención que era sólo de carácter preventivo. Se desconoce la razón de la llamada telefónica que condujo a la policía al lugar de los hechos, pero familiares cercanos a Moore han señalado que ella desde hacía meses estaba siendo víctima de hostigamiento vía Facebook. Moore, quien a una temprana edad fue dada en adopción -hecho común en la experiencia de crianza de los niños indígenas- hasta los 14 años regresó a convivir con su mamá biológica. Tenía la esperanza de que el cambio de residencia cerca de su madre le traería mejores oportunidades.
Rutinariamente, mujeres indígenas en Canadá enfrentan brutalidad y maltrato policial, es una parte consustancial de su experiencia con instituciones del Estado y el legado negativo de las políticas de asimilación cultural. Pero en esta ocasión, el asesinato de Chantal Moore conmocionó especialmente a la comunidad indígena canadiense porque ocurrió justo al cumplirse un año de la presentación de los resultados de la Investigación nacional sobre el asesinato y desaparición de mujeres y niñas indígenas en Canadá (National Inquiry into Murdered and Missing Indigenous Women and Girls, MMIWG).
Esta iniciativa del gobierno liberal de Justin Trudeau se realizó gracias al trabajo de incidencia y denuncia que familiares y organizaciones indígenas han impulsado por años para hacer justicia ante la desaparición y asesinato de hijas, sobrinas, madres, tías y hermanas indígenas.
La desaparición y asesinato de mujeres jóvenes indígenas son dos componentes de una misma problemática, la cual se deriva de la marginalidad, violencia, racismo y ha dañado su dignidad desde tiempos coloniales. En la Canadá contemporánea se manifiesta en la deshumanización de los cuerpos femeninos indígenas dentro del contexto de sus reservas y fuera de ellas. Las probabilidades de que las chicas desaparezcan cuando salen a estudiar o vivir fuera de sus provincias y comunidades de origen es cinco veces mayor que la de chicas no indígenas (MMIWR, 2019). Desaparecen porque camioneros, finqueros o traficantes de trata saben que pueden abusar de ellas y la policía no abrirá investigación alguna.
La Investigación nacional sobre el asesinato y desaparición de mujeres y niñas indígenas en Canadá tuvo como objetivo realizar una consulta a nivel nacional sobre la violencia que daña a mujeres indígenas y a sus naciones: la desaparición de ellas en la mayoría de los casos, y su asesinato en los pocos donde se hace debida investigación. El Informe Final MMIWG se integró por testimonios de más de 2,380 miembros de familias sobrevivientes de desaparición y/o asesinato; 24 audiencias en todas las provincias; declaraciones de casi 750 personas entre testigos, líderes y sabios indígenas; ocho visitas institucionales a centros correccionales, además de varias reuniones de validación de los resultados finales.
Una de las conclusiones centrales del referido informe, es que Canadá es culpable del genocidio de los pueblos indígenas de Norteamérica, territorio que tradicionalmente se le conoce como “la Isla Tortuga”.
En el plano legal, significa que las mujeres indígenas que tienen descendencia con hombres no indígenas, y/o que viven fuera de sus comunidades, no pueden transmitir a sus hijos los derechos y el estatus social de la condición indígena en Canadá.
En el plano social, se expresa en los prejuicios sociales y estereotipos derogatorios que la población blanca tiene contra las y los indígenas. En particular, se expresa en la violencia sistémica con que las instituciones canadienses -como la policía, el sistema de justicia, de salud, de adopción y reubicación de menores indígenas- violentan y obstruyen la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas.
El desprecio a la vida y la deshumanización de las mujeres indígenas tiene una raíz colonial, cuyo origen se ubica en la propia fundación de Canadá, una nación blanca resultado del poblamiento de colonos europeos blancos que no se mezclaron biológicamente con locales -a diferencia de la experiencia Latinoamericana donde el mestizaje fue la tendencia eugenésica post-conquista-.
La constitución de Canadá como una nación blanca y cristiana llevó implícita la incorporación cultural, el despojo territorial y exterminio intergeneracional de la población indígena. Esta misión de etno-destrucción de lo indígena implicó la obstrucción de trasmisión cultural y lingüística de la crianza materna y la aculturación al seno de las llamadas escuelas residenciales.
Para Palmater, abogada y ciudadana de la primera nación Eel River Bar, la violencia colonial contemporánea se expresa en la actual crisis social que rodea la desaparición y asesinatos de mujeres indígenas, y que está lejos de acabar.
Uno de los efectos más perversos de la Ley India/Indian Act es que dificulta el reconocimiento de las mujeres como pertenecientes a sus naciones indígenas. Ello ha provocado la progresiva expulsión de mujeres indígenas de sus comunidades y territorios. Fuera de sus comunidades y sin tejido social que las cobije, son afectadas por diversas formas de empobrecimiento urbano y de malas condiciones de vivienda (que en tiempos de fríos extremos en invierno puede ser mortal), desempleo, alimentación deficiente, adicciones y prostitución. Todas estas condiciones de vulnerabilidad las exponen a distintos escenarios de riesgo que pueden hacerlas susceptibles de sufrir encarcelamiento, detención, desaparición y/o muerte violenta.
El gobierno federal prometió trazar un plan de acción para resarcir el daño y corregir errores históricos respondiendo a las 231 recomendaciones plasmadas en el reporte. Las recomendaciones son imperativos legales que deberían concretarse en la transformación de áreas de atención a la salud, seguridad, justicia y cultura.
Entre la lista de recomendaciones formuladas por el equipo que elaboró el reporte, así como por el círculo nacional de indígenas consejeros (1), están:
A un año de anunciado este llamado, el gobierno canadiense no ha concretado plan alguno a nivel federal ni provincial.
El informe ha recibido múltiples críticas. Una de las más severas se liga al tema de los recursos empleados (98 millones de dólares en tres años) para llevar a cabo una investigación de la cual no se han desprendido acciones concretas en el ámbito de la justicia ni en programas de sensibilización de las agrupaciones policiacas en todo el país.
Las familias que buscan ayuda para localizar a sus hijas, hermanas, madres desaparecidas, enfrentan un trato racista y discriminatorio de las autoridades. Éstas, además de poner en duda sus testimonios, dañan la moral y la dignidad de las personas desaparecidas, criminalizándolas. Todos esos términos insultantes, en el fondo, justifican que esas víctimas “no merezcan” ser buscadas, ni castigados sus victimarios.
Las palabras ofensivas contra mujeres indígenas que son usadas en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el léxico de jueces y de policías, deberían ser seriamente puestas bajo escrutinio. Tamara, Chantal, Melanie, Hilary, Tina -entre muchas otras hermanas indígenas desaparecidas- han sido buscadas y amadas. Tras su desaparición, familiares, autoridades tribales y amigos iniciaron su búsqueda. Emplearon sus conocimientos tradicionales de caza para peinar la montaña, las laderas, las carreteras. Cuando esos recursos se agotaron, las buscaron en las ciudades medianas y pequeñas. Si no fuera por sus familiares y las autoridades indígenas no sabríamos nada de ellas.
El gobierno canadiense ha fallado a su responsabilidad de proteger a cada ciudadana y ciudadano indígena y asegurar que vivan en paz, con seguridad y justicia.
Sin honrar ese mandato no habrá forma de reconciliar (2) y de sanar en ese país donde los descendientes de los colonos blancos y los pueblos indígenas han vivido en tensión por más de 500 años.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
Referencias:
