Columnista invitada del GIASF*
Hay una novela de Charles Dickens, La casa desolada, cuya trama argumental gira en torno a un proceso judicial eternizado a lo largo de años y años de espera, y que termina arrastrando a los protagonistas a consecuencias fatales y desesperantes. Fue así como Dickens quiso criticar los procesos y el ser mismo de una Cancillería anticuada e ineficaz. Considero que, hoy en día, es necesaria una crítica similar hacia los sistemas y procesos institucionales y burocráticos de la búsqueda y de la desaparición, en México.
Pienso en esa novela mientras escribo este texto unas horas después de salir de una importante cita en la fiscalía de San Pedro Barrientos, en el Estado de México. A quienes conozcan el lugar, es probable que les traiga un mal recuerdo. Y es que, como si se tratara de una metáfora sobre el alcance de la justicia, para llegar a la entrada de la fiscalía hay que subir unas empinadísimas escaleras que quitan el aliento y agotan las pocas ganas que se puedan tener de llegar hasta el final. Considero que se trata de un mensaje material y simbólico del esfuerzo que implica promover la procuración de justicia. Imagine usted que es una mamá, una hermana, una esposa o una hija y busca a su familiar. Pasa los días caminando de aquí para allá, acompañando a otras familias, llevando papeles, pegando boletines, saliendo a buscar en las barrancas y en los cerros y, cuando le citan en Fiscalía –un lugar en donde, en teoría, se les tendría que brindar una atención profesional y diligente–, la condición para que le reciban es que suba unas escaleras infames. Parece chiste, pero es anécdota.
La cita en cuestión era tan relevante porque se acababa de encontrar una carpeta de investigación que llevaba perdida seis largos años. Hizo falta que se promoviera su búsqueda desde los más altos niveles de la jerarquía burocrática para que los ministerios públicos de la mesa se decidieran a hurgar en las polvorientas carpetas acumuladas entre el tiempo y la desidia de los días. Esa carpeta, huelga decirlo, no son simples papeles ni expedientes, sino que es información sustancial sobre una de las personas a las que estamos buscando.
A la luz de estos hechos, me pregunto: ¿qué conjunto de prácticas desaseadas y negligentes tienen que suceder para que se llegue a ese punto? En palabras de la propia servidora pública que nos atendió, “lo que aquí había era un cochinero, nos llevó meses ordenarlo todo”. Ella atribuyó la pérdida al desbarajuste de papeles que tenían en la oficina. La burocracia altamente racionalizada de la que hablaba Max Weber [1] encuentra sus límites en las oficinas mexicanas, donde una carpeta se puede perder por desorden, o por algo peor. La deshumanización de los servidores públicos y su desconexión con la dolorosa realidad de las familias es el día a día de los procesos de búsqueda. Y es que las carpetas no se pierden, las pierden y, ya sea por una perezosa omisión o por un propósito oscuro, en todos los casos hay una falta de responsabilidad que arrastra tiempo y vidas. Tomando prestadas las palabras de una compañera: “si no les gusta su trabajo, ¡renuncien!”.
Así pues, el maltrato y el desgaste institucionales se cometen de muchas formas y se integran en un ensamblaje más amplio en el que todo funciona para no funcionar, como una máquina de escribir estropeada que imprimiera las letras al revés. Por ejemplo, si me fijo en las diferentes áreas que abarca la burocracia de la búsqueda y de la desaparición, encuentro que, en el ámbito judicial, hay jueces que no conocen el tipo penal de la desaparición y están esperando a que se les remitan pruebas de un secuestro; hay ministerios públicos que no saben litigar en un juicio; en un país con una enorme cantidad de desapariciones, hay 33 míseras sentencias por desaparición forzada a nivel federal, según datos de México Evalúa [2]. En el ámbito de las averiguaciones previas, hay policías de investigación que no saben hacer una entrevista y no profundizan en la información; hay agentes de seguridad que, de forma misteriosa, pierden pruebas; existe descuido y falta de adecuado registro en las cadenas de custodia.
En el área de búsqueda, hay funcionarios que cancelan citas a discreción y otros que hacen esperar horas para entrar a una reunión. También, hay ausencia de prospección de la zona de búsqueda, lo cual incrementa la vulnerabilidad de las familias al ponerlas ante situaciones de riesgo e inseguridad. En cuanto a la emergencia de identificación, la crisis forense expresa falta de infraestructuras, de personal, de coordinación interinstitucional y de investigación científica.
Además, en las áreas de atención a víctimas de los Servicios Médicos Forenses (Semefos), falta personal capacitado para la atención psicológica, hay personas que han muerto por complicaciones de salud detonadas por la entrega de su ser querido, por lo que la restitución digna de cuerpos no está garantizada.
Todo lo anterior, incluida la visita a la Fiscalía, constituye ejemplos cotidianos de maltratos que sufren las familias en búsqueda de sus desaparecidas/os. Podría continuar enlistando negligencias, omisiones y violencias del reciente entramado burocrático de la desaparición, pero dejo estas clasificaciones para otro momento y otro espacio.
Lo que aquí pretendo es ofrecer una somera reflexión a propósito de la investigación sobre estas burocracias. Me gustaría recalcar la relevancia teórica y conceptual, a la vez que ética y social, de este tipo de estudios, partiendo de la idea de que la burocracia en sí no es ni buena ni mala, no cabe profesar una actitud moral hacia la misma. Ésta se entiende dentro de un conjunto de procesos culturales, sociales e históricos. Por lo tanto, lo importante es comprender las prácticas burocráticas en contexto. Por eso, me resultó llamativo que el servidor público de un Semefo, al preguntarme a qué me dedicaba, de forma inmediata contestara: “A mí no me gusta tanta burocracia”. Lo dijo en una mesa de escritorio, rodeado de carpetas y papeles. Me sorprendió que no se viera él, a sí mismo, como un agente más de ese lugar. Luego entendí que se refería al papeleo formal, al trajín de oficios que van y vienen sin resolver nada.
A pesar de que el término ‘burocracia’ ha pasado ya al sentido común y su significado se ha asentado como algo farragoso e ineficaz, si acudimos a observar las prácticas específicas, aparece algo más complejo. Diversidad de jerarquías, competencias, instituciones, que se entrelazan con leyes, protocolos y mecanismos y, a la vez, se expresan en individuos concretos, con relaciones formales e informales. De igual manera, el quehacer burocrático ha rebasado los espacios de escritorio y de audiencias y ha alcanzado otros lugares: los parajes de la búsqueda, que van de las calles de una ciudad, a un basurero o un bosque frondoso.
Desde que, a nivel nacional, se legisló en materia de víctimas (2013) y en materia de desaparición forzada y por particulares (2017), han emergido todo un conjunto de normativas nuevas que se están materializando, de igual manera, en nuevas burocracias. La investigación social necesita dar cuenta de las mismas y, sobre todo, de las violencias que perpetran, pues éstas se pueden entender dentro del conjunto de violaciones a los derechos de las víctimas indirectas. Algunas de estas violencias pueden ser de baja intensidad o difusas, como los tiempos de espera o el inadecuado diseño de unas escaleras. Otras, no obstante, se pueden llegar a documentar, incluso, para fincar responsabilidades administrativas y penales.
Como señalaba al principio, es importante dar cuenta de esta variedad y diversidad de fenómenos, tanto en los niveles federales como en los locales. Ello puede abrir las puertas a comprender cómo están operando los entramados burocráticos de la búsqueda y la desaparición en su aplicación concreta, y podría contribuir a elaborar pautas de actuación para hacer frente a los maltratos que se cometen. En este aspecto, las ciencias sociales y el periodismo pueden encontrar aquí un campo un tanto inexplorado desde donde realizar una investigación comprometida.
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* Andrea de la Serna es licenciada en filosofía, en la actualidad se encuentra estudiando un doctorado en antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México. Su investigación está abocada a la comprensión del entramado burocrático que emerge a partir de la crisis de desaparición y de la crisis forense en México. Acompaña al colectivo Uniendo Esperanzas- Estado de México.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: http://www.giasf.org), así como personas columnistas invitadas.
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Foto de portada: Paredes tapizadas por carpetas de investigación en un MP (Ministerio Público) de mesa. Andrea de la Serna
Referencias
[1] Max Weber (2014). “Burocracia”. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. 1150-1189
[2] Link al artículo: https://www.mexicoevalua.org/solo-33-sentencias-federales-por-desaparicion-forzada-en-mas-de-20-anos/
