David López Nájera / GIASF
Virginia de la Cruz, ex policía de Zacatecas, es una más de las madres que día con día salen de sus hogares ante el horror y la angustia de buscar a sus hijos e hijas. Ella buscó a su hijo José Alejandro de la Cruz López durante ocho meses por todo el estado.
Virginia hizo todo lo que las autoridades le solicitaron; durante todo este tiempo acudió a las diferentes instancias gubernamentales donde tendrían que haberla apoyado. En dos ocasiones preguntó en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Zacatecas si ahí estaba el cuerpo de su hijo, y en ambas la respuesta fue negativa. Tuvo que llevar su solicitud hasta al gobernador del estado, David Monreal, sin recibir respuesta.
Fue hasta 8 meses después que, a partir de la presión y su incansable lucha, logró que el SEMEFO reconociera que resguardaban el cuerpo de su hijo desde el 30 de noviembre de 2023 [1].
La situación por la que ha pasado la señora Virginia, desafortunadamente, no es extraordinaria. Hace 3 meses en Tlaquepaque, Jalisco, el colectivo Luz de Esperanza registró una situación similar, en el caso de un joven que desapareció el 29 de octubre de 2023 y fue encontrado 11 días después. Sin embargo, tardó cinco meses en ser entregado a sus familiares, quienes ni siquiera habían recibido una notificación de que el joven había sido encontrado e identificado [2].
El caso más reciente es el de María Guadalupe Alcalá, pues su cuerpo permaneció en el SEMEFO de Jalisco durante ocho años; en 2016 año en que desapareció María, su madre exigió pruebas de ADN que le fueron negadas, fue hasta este año que se le hicieron las respectivas pruebas, lo que dio por resultado la identificación del cuerpo y la entrega a su madre para recibir una digna sepultura [3].
Estos casos se suman a la grave crisis forense que México atraviesa. Según el informe sobre crisis forense del Movimiento por nuestros desaparecidos [4] son más de 52,000 los cuerpos no identificados, esto se debe a la falta de infraestructura para resguardar e identificar los cuerpos que van llegando a SEMEFO, a las decisiones que han tomado altos mandos para resguardar dichos cuerpos en espacios no adecuados para ello o bien al destinarlos a fosas comunes sin el registro mínimo necesario para identificar dónde y qué cuerpos están siendo colocados.
Un ejemplo de esas fosas comunes ilegales fue el de Jojutla de Morelos. Un testigo, vecino del panteón [5], relató que, al menos fueron abiertas dos fosas en la gestión del alcalde Enrique Retiguín (2009 – 2012), y calculó que en la primera fosa se depositaron al menos 19 “bolsas” y en la segunda 70; la tercera fosa fue realizada en 2014 en la cual se colocaron 35 “bolsas”. De acuerdo con el testimonio, en dichas bolsas podía haber más de un cuerpo e incluso 3. También el testigo comentó que los policías a cargo, solicitaron al operador de la retroexcavadora que apoyaba en las actividades que movilizara los cuerpos con la garra, es decir, “que los regara”; al hacer esto, las bolsas se rompieron, los cuerpos fueron afectados y el trato inhumano era claro.
Vale la pena recordar que estas fosas, aunque fueron hechas por las autoridades en turno, pueden considerarse como fosas clandestinas, pues no se realizaron con el debido proceso; se realizaron de una forma completamente improvisada, sin un manejo adecuado de los cuerpos. Además de ello es indispensable recalcar el trato inhumano que se le dio a los cuerpos; no solo la falta del debido proceso; sino que deliberadamente solicitaron realizar acciones que sabían que dañarían los cadáveres; incluso afectando las bolsas que los resguardaban y dejándolos esparcidos, revueltos dentro de la fosa.
Las malas prácticas y tratos inhumanos han caracterizado a los agentes de las diferentes dependencias a cargo de los procesos de identificación y entrega a los familiares. Uno de los episodios que visibilizó esto a nivel nacional fue lo ocurrido en septiembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco, cuando el SEMEFO local, ante la incapacidad de resguardar la cantidad de cuerpos que recibía, decidió rentar dos tráileres con contenedores frigoríficos para resguardar 322 cuerpos no identificados. Esta mala práctica fue inútil, pues los tráileres no contaban con las características necesarias para el resguardo de los cuerpos. Eventualmente, los tráileres fueron descubiertos por la población civil, traumatizando a aquellos que vieron semejante imagen y dejando en descubierto a nivel nacional lo desbordado que se encontraba el SEMEFO [6].
Otro ejemplo de sus no solo malas e inhumanas prácticas, sino incluso perversas, fue lo denunciado por el colectivo “Madres de búsqueda de Coatzacoalcos”, quienes señalaron que, tras identificar el cuerpo de Eladio Aguirre Chablé, de 30 años, desaparecido en abril del 2020, sus restos fueron entregados a su madre sin protocolos y con negligencia, pues le fueron devueltos en una bolsa plástica negra, violentando los protocolos existentes de restitución [7].
Hace ya dos años que la ONU reconoció la crisis forense en el país. El organismo estimó un tiempo aproximado de 120 años para lograr identificar todos los restos humanos. Esto, sin contar la cantidad inmensurable de fosas clandestinas y de campos de exterminio que han sido localizadas principalmente por buscadoras y buscadores.
Si bien en 2019 se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), éste no ha tenido los resultados esperados, sobre todo en un país donde los desaparecidos y asesinatos siguen en aumento día tras día. Incluso hay algunas especulaciones sobre la posible desaparición del MEIF, lo que significaría un paso atrás para todo el trabajo e impulso que realizaron las buscadoras para afrontar la crisis que ellas habitan. Fueron ellas quienes impulsaron estas instituciones para poder hacer frente a la crisis e identificar miles de cuerpos que pueden corresponder a una de las cientos de miles de personas desaparecidas [8].
Las exhumaciones en las fosas comunes realizadas por los diferentes gobiernos municipales y estatales son fundamentales para poder atender y dar nombre a esos cuerpos sin identificar; para poder devolver y dar una adecuada despedida a las familias. El trabajo que han impulsado las colectivas y madres buscadoras sobre las exhumaciones masivas, como las que se han realizado en Morelos y en Coahuila, es también crucial para darle continuidad a las tareas que pueden hacer frente a la crisis. Estas labores han de realizarse con un equipo capacitado por parte del Estado y también reconociendo toda la experiencia y habilidades que han cosechado las buscadoras a lo largo de estas experiencias.
Por ello, es necesario un espacio de intercambio que permita el diálogo entre las colectivas que han impulsado estas acciones, donde se discutan los pros y contras, los elementos necesarios y fundamentales para enfrentar la crisis forense de la mejor forma posible; un espacio que permita compartir sus experiencias para que con otras colectivas que apuntan y realizan también de búsqueda, exhumación y sobre todo de restitución necesariamente digna. El conversatorio “Retos, limitaciones y deudas del estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México”, apunta a ser un foro impulsado por diversas organizaciones donde las buscadoras puedan encontrarse e intercambiar estas experiencias.
Es indispensable también destacar que las diversas actividades y procesos que realizan las colectivas y madres buscadoras en torno a la búsqueda y la restitución digna, son acciones de justicia y memoria social e histórica. Éstas deben ser comprendidas en el marco de un movimiento social, de la toma de agencia de aquellas personas que se nombran como víctimas, pero que, ante la inoperatividad e ineptitud de los agentes estatales, se movilizan para resarcir los daños y afectaciones sociales que estas crisis han dejado.
Entendemos que identificar a las personas no identificadas y devolverlas a sus familias y comunidades es un paso que acerca a la justicia, les devuelve la dignidad y humanidad arrebatada a las víctimas y sus familias, y resarce el tejido social, que ha sido afectado sistemáticamente.
Es también necesario resaltar que las acciones para hacer frente a la crisis forense que realizan las colectivas de buscadoras, traen consigo afectaciones a la salud física y emocional de sus integrantes. Atender las condiciones médicas y psicológicas que llegan a desarrollar al realizar estas labores ante la inacción institucional y brindar el acompañamiento necesario, es también una responsabilidad del Estado.
Es claro que la crisis de violencia que atraviesa México ha problematizado y desbordado la capacidad de las instituciones forenses del Estado, pero también en muchas ocasiones no solo no se cuenta con el personal, y las instalaciones necesarias, sino que se ignoran los debidos procesos, las leyes que han buscado enfrentar esta crisis y peor aún, no solo no hay voluntad por parte de algunos agentes de las instituciones, sino que no hay una pizca de empatía y humanidad por las familias que día a día están en búsqueda de sus seres queridos.
Referencias.
[1] El Financiero ( 12 de julio, 2024) “Madre buscó a su hijo por 8 meses, pero la Semefo no le informó que lo tenía: “Me lo negó 2 veces”. El Financiero, México. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2024/07/12/madre-busco-a-su-hijo-por-8-meses-pero-el-semefo-no-le-informo-que-lo-tenia-me-lo-nego-2-veces/
[2] La jornada ( 26 de abril, 2024) “Denuncian que cuerpo llevaba cinco meses en SEMEFO cuando su madre fue informada”. La jornada videos, México. Recuperado de: https://videos.jornada.com.mx/video/29031063/denuncian-que-cuerpo-llevaba-cinco-meses-en-semefo/
[3] Ortega Roman (jueves 18 de julio, 2024) “Los restos de Maria Guadalupe Alcalá permanecieron ocho años en el SEMEFO”; El occidental. Recuperado de: https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/el-cuerpo-de-maria-guadalupe-alcala-permanecio-ocho-anos-en-el-semefo-12262016.html
[4] Movimiento por nuestros desaparecidos (2021) La crisis forense en México: más de 52000 personas fallecidas sin identificar. Movimiento por nuestros desaparecidos. Recuperado de: https://movndmx.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-La-Crisis-Forense-en-Me%CC%81xico.pdf
[5] Brito, Jaime Luis (6 de mayo, 2017) “Un relato que horroriza. “Son tres las fosas de Jojutla…”, Proceso, México. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/5/6/un-relato-que-horroriza-son-tres-las-fosas-de-jojutla-183675.html
[6]Franco Darwin ( 19 de septiembre, 2020) Jalisco: La verdad de los “tráileres de la muerte”. ZonaDocs, periodismo en resistencia. Recuperado de: https://www.zonadocs.mx/2020/09/19/jalisco-la-verdad-de-los-traileres-de-la-muerte/
[7] La Prensa ( 28 de marzo, 2021) “Madre recibe en bolsa de plástico los restos de su hijo desaparecido en Veracruz”. La prensa, México. Recuperado de: https://www.la-prensa.com.mx/republica/madre-recibe-en-bolsa-de-plastico-los-restos-de-su-hijo-desaparecido-en-veracruz-6532494.html
[8] Tzuc Efráin ( 26 de febrero, 2024) “Adiós al mecanismo extraordinario de identificación forense: cierra en marzo” A dónde van los desaparecidos. Recuperado de: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/02/26/adios-al-mecanismo-extraordinario-de-identificacion-forense-cierra-en-marzo/
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador y estudiantes asociades a los proyectos del Grupo, así como persona columnistas invitadas por el mismo (Ver más: http://www.giasf.org).
Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense
