Raul Pelayo/GIASF* Actualmente, México enfrenta una de las crisis de derechos humanos más graves: la desaparición de más de 100 mil personas. Frente a la ineficacia de los mecanismos nacionales para investigar, sancionar y erradicar estas violaciones, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares han buscado alternativas en instancias internacionales como el Sistema Interamericano, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) y la Corte Penal Internacional (CPI). No obstante, la respuesta internacional ha sido insuficiente...
