Por Alvaro Céspedes*

El 4 de diciembre de 2018, después de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la “Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa”. El esfuerzo institucional para esclarecer los hechos sucedidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en los cuales 43 estudiantes fueron desaparecidos, fue recibido positivamente. Representa un intento oficial por brindar justicia después de uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia reciente de México.

La comisión de Ayotzinapa nace en el contexto de un escepticismo generalizado sobre los principales hallazgos de las investigaciones después de los hechos. La ineptitud del gobierno de Enrique Peña Nieto por brindar justicia a las víctimas, llevó a las familias de los desaparecidos a movilizarse, y a su lucha se sumaron miles. De esta manera, el esfuerzo por crear una comisión investigadora se aplaude y se agradece. Sin embargo, no podemos evitar señalar que esta comisión se debe fortalecer y ampliar, sobre todo si se le compara con esfuerzos similares que han cambiado el rumbo de la justicia a abusos graves a los derechos humanos en América Latina.

Tomaré el caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR) –un órgano creado después del conflicto armado interno que vivió esta nación sudamericana entre los años 1980 y 2000– como un referente para comparar las fallas y limitaciones de la Comisión de Ayotzinapa.

Hay que destacar que la naturaleza del conflicto en Perú fue distinta a lo que se vive en México. Perú vivió 20 años de violencia, a raíz de que un grupo comunista conocido como Sendero Luminoso le declarara la guerra al Estado peruano en 1980. A partir de este evento, la población civil en el Perú se vio inmersa en un fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las fuerzas armadas peruanas, quienes cometieron miles de abusos contra inocentes en su intento por frenar a esta organización subversiva.

El conflicto concluyó después de que el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue capturado en 1992, y el gobierno autoritario de Alberto Fujimori cayó en el año 2000. El saldo final del conflicto fue de casi 70,000 víctimas mortales. En el año 2001, el gobierno interino del presidente Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con el objetivo de investigar los crímenes que sufrió la población peruana durante este sangriento período de la historia. Esta comisión redactó un exhaustivo informe final que se presentó ante el Congreso peruano en el año 2003.

La primera gran diferencia entre la Comisión de Ayotzinapa y la CVR es la conformación de su equipo. La legitimidad de la CVR recayó en que estuvo formada por un grupo autónomo de expertos independientes, incluyendo abogados, trabajadores de derechos humanos, antropólogos, académicos, activistas, entre otros –todos miembros de la sociedad civil. La Comisión peruana fue presidida por Salomón Lerner, quien antes de esto fungió como rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En cambio, la Comisión de Ayotzinapa está conformada en gran parte por actores que representan al Estado mexicano. Está presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, así como por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto levanta dudas sobre la capacidad de imparcialidad de la misma. A un lado de estas agencias gubernamentales, la comisión también incluye a los familiares de los 43 estudiantes. La Comisión de Ayotzinapa contempla la creación de un Grupo de Apoyo Técnico de investigación, sin embargo, este debería responder a un organismo autónomo, no del Estado.

La CVR, al igual que la comisión de Ayotzinapa, se creó al inicio de un nuevo gobierno. El gobierno de Paniagua fue uno muy distinto al anterior, de Alberto Fujimori, situación similar si se comparan los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador. Ante esta situación, es imprescindible vigilar que la comisión de Ayotzinapa no caiga en actuar como organismo que politice la lucha por la justicia.

Sería una profunda irresponsabilidad que López Obrador utilice las conclusiones de su comisión como una forma de enaltecer su administración y buscar la continuidad de su partido. La legitimidad de esta comisión estaría gravemente comprometida.

Asimismo, se debe investigar las condiciones de discreción, premura y arbitrariedad con la que se ofreció la “verdad histórica” de Ayotzinapa por la PGR en el año 2014, dando prácticamente por concluido el caso. Grupos internacionales de expertos en la ONU y la OEA, así como numerosas investigaciones periodísticas independientes, han desacreditado los resultados de investigaciones ofrecidas durante la administración de Peña Nieto. Aquellos y aquellas involucradas en ofrecer explicaciones falsas también deben enfrentarse a la justicia.

La CVR en Perú encontró como culpables del mayor porcentaje de crímenes a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones subversivas, no solamente a agentes del Estado peruano. Si la Comisión de Ayotzinapa encuentra que, efectivamente, el crimen organizado jugó parte en la desaparición de los estudiantes, éstos deben enfrentar la justicia de igual manera que los agentes del Estado mexicano que también participaron.

La CVR incluyó como el primero de sus objetivos y atribuciones, el investigar extensivamente las razones que hicieron posibles el conflicto. Este organismo peruano concluyó que una de las raíces principales que hicieron posible la violencia fue la exclusión que sufrían poblaciones indígenas que vivían en zonas “históricamente postergadas y excluidas”.

De manera muy similar a lo que sucede en Perú, en México las poblaciones indígenas han sido históricamente excluidas de las políticas y procesos de desarrollo nacional. El acceso a bienes y servicios básicos en zonas rurales e indígenas es mucho más limitado que en zonas mestizas y urbanas. La sierra de Guerrero es un perfecto ejemplo de esto: las condiciones de pobreza que azotan a esta región muchas veces empujan a hombres y mujeres a dedicarse a actividades ilegales, y así se contribuye a la espiral de violencia que existe en el país. La Comisión de Ayotzinapa debe de enmarcar sus investigaciones en un amplio contexto histórico.

La CVR en Perú fue un organismo de un alcance mucho mayor que el que plantea la Comisión de Ayotzinapa. La CVR se dedicó a investigar todos los hechos de violencia del conflicto armado en Perú, cometidos por el Estado y por las organizaciones subversivas, a lo largo de 20 años.

Ésta se conformó una vez que el conflicto llegó a su fin, sin embargo, es necesario destacar que el alcance de la Comisión de México debería incluir otros casos de violencia, no solamente el de Ayotzinapa. Desde el inicio de la guerra contra el narco en México, la sociedad ha sido conmovida por muchos otros casos de violencia extrema, como la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; la muerte de 43 supuestos criminales en Tanhuato, Michoacán; o la desaparición de cientos de mujeres en Ciudad Juárez; entre muchísimos otros. Estos casos de violencia se han esfumado de la agenda pública con un sentido de impunidad, y las familias de las víctimas de estos crímenes también exigen la justicia.

Hasta este momento la Comisión de Ayotzinapa no ha dado detalles sobre cómo se debe reparar a los familiares de las víctimas. Uno de los ejes fundamentales de la CVR de Perú fue el plan de reparaciones para aquellos grupos e individuos afectados. Estas incluyeron reparaciones económicas, asistencia de salud física y psicológica, así como una serie de reparaciones simbólicas que incluyeron, entre otras cosas, la conmemoración de las víctimas en memoriales, parques y museos.

Al considerar lecciones como las que nos ofrece el ejemplo de la CVR en Perú, se concluye que la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa se puede robustecer. Nuevamente me gustaría destacar que el esfuerzo de AMLO por investigar la verdad y proveer justicia a los y las mexicanas es admirable, pero es nuestra responsabilidad como sociedad civil apuntar las maneras en las que ésta comisión se puede mejorar.

Procesos de justicia como éste tienen la capacidad de fortalecer las instituciones de México y expanden los valores democráticos, y contribuyen en la lucha contra la impunidad que azota a México. Brindar un sentido de justicia a las víctimas de la violencia es una deuda histórica que tiene el gobierno mexicano.

*Alvaro Céspedes es periodista mexicano. Maestrando en periodismo y estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Ha conducido investigación en la ciudad de Ayacucho, en los Andes peruanos; actualmente está escribiendo su tesis sobre las narrativas de memoria cultural del conflicto armado interno en este país. Su trabajo periodístico se enfoca en la intersección entre migración, justicia social, cultura y género. En México, ha publicado trabajos en Vice, Letras Libres y 24 Horas. En Estados Unidos, ha colaborado con medios como Texas Observer y Texas Standard.