Por Carolina Robledo Silvestre / Catedrática Conacyt / CIESAS – GIASF*
La relación entre el campo de la justicia y la ciencia nos parece hoy tan natural que nos cuesta imaginar el acceso a la verdad sin la intervención de expertos que presenten evidencia y faciliten la comprensión de los casos. Por su parte, las series norteamericanas dedicadas a narrar tramas criminales resueltas a través del saber científico han contribuido a hacernos creer que todo funciona de esta manera; que en cada laboratorio de las fiscalías es posible encontrar antropólogas físicas como Bones que resuelven casos complejos en tan sólo cuestión de horas, o criminalistas de campo que procesan casos penales activando con un chasquido de dedos la magia de la ciencia.
A pesar de lo naturalizado que está en nuestro imaginario este carácter cientificista de la justicia, corresponde poco a la realidad de nuestros sistemas jurídicos. En México, por ejemplo, el sistema de justicia se ha basado tradicionalmente en el testimonio, las pruebas circunstanciales y la investigación documental, de allí que la tortura, las prácticas irregulares para conseguir declaraciones o sembrar pruebas y la acumulación de actuaciones ministeriales de papel sean el pan de cada día cuando se trata de “investigar” delitos.
El nuevo sistema de justicia penal busca precisamente transitar hacia un modelo en el que la construcción de la prueba se ubique en el centro de la actuación ministerial, a través de métodos de investigación sistemáticos que incluyan la participación de equipos interdisciplinarios que permitan comprender el crimen de manera compleja. Como todo, estos cambios no se desatan únicamente por decreto, así que harán falta décadas y procesos pedagógicos bastante profundos para que los agentes del campo jurídico mexicano integren el método de investigación científico como parte de la investigación penal. Además, es importante reconocer que el mundo de la ciencia no es ajeno a los efectos políticos que se producen en el sistema de justicia. No hay ciencia neutral y no hay ciencia “todopoderosa”, pues todo conocimiento producido por seres humanos está contenido en los límites que impone el contexto.
Sólo para ilustrar con un ejemplo, basta echar un vistazo a la investigación penal del caso Ayotzinapa, en el que se han producido una gran cantidad de conocimientos científicos que no han logrado prosperar en el proceso de la investigación por obstáculos del orden político. A estos obstáculos en la investigación penal de las desapariciones se suman aquellos derivados de los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas.
La investigación penal, que tiene en el centro la persecución de los responsables y el esclarecimiento de los hechos, y la búsqueda de personas desaparecidas, cuyo propósito es responder a la pregunta “¿Dónde están?” son acciones independientes, aunque coordinadas según la Ley General de Desapariciones Forzadas y por Particulares. Tanto para la persecución del delito, (que implica reconocer las cadenas criminales que hacen posible desaparecer a alguien), como para la búsqueda de personas desaparecidas, el desarrollo del método científico es bastante apremiante si se tiene en cuenta la magnitud del fenómeno y los pocos recursos disponibles para lograr dar con el paradero de aproximadamente 40,000 personas desaparecidas e identificar al menos 30,000 cuerpos sin nombre.
El reto es enorme si se tiene en cuenta que la ciencia mexicana ha sido históricamente indiferente a este tipo de problemáticas y que tampoco se han desarrollado con solidez grupos independientes de investigación forense en torno a la desaparición de personas, a pesar de que hace por lo menos 40 años se comete este crimen de manera sistemática en el país.
Quienes hemos investigado desde la academia este fenómeno con el objetivo de producir metodologías y conocimiento útil para la judicialización de los casos y la búsqueda de personas desaparecidas, hemos encontrado bastantes obstáculos para llevar a cabo nuestra labor. El primero de ellos ha sido falta de apoyo de parte de la institucionalidad encargada de la política de ciencia y tecnología, que durante años ha ignorado la dramática situación de las familias que buscan a sus seres queridos y que exigen un compromiso serio de la academia con sus necesidades.
Sólo recientemente, en el contexto de la llamada “Cuarta Transformación”, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha manifestado su interés de promover la investigación científica en torno a la desaparición de personas, considerando que se trata de la “primera prioridad del gobierno”, según las palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En consecuencia con esta expresión de voluntad política, el pasado 30 de agosto Conacyt y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) lanzó el llamado ‘Ecosistema Nacional de Datos sobre Personas Desaparecidas’, que busca tejer puentes interdisciplinarios entre los centros de investigación que firmaron el convenio con Conacyt: El CIESAS, el Centro Geo, el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para producir conocimiento relevante en términos de la búsqueda de personas desaparecidas.
El ejercicio es innovador y podría producir avances sustanciales en torno a las tecnologías y métodos necesarios para enfrentar los desafíos de la búsqueda de las personas desaparecidas en México, si por lo menos se cumplen cuatro condiciones mínimas. La primera de ellas, que el compromiso de parte de Conacyt para sostener estas iniciativas sea a largo plazo y consistente con las necesidades de los centros de investigación y las universidades asociadas al proyecto, que han sido paulatinamente desmanteladas por las políticas neoliberales de recortes al presupuesto de ciencia y tecnología en el país, que aún no alcanza ni si quiera el 1% del presupuesto anual, meta bastante modesta para un país con tantos rezagos en términos de innovación tecnológica y grandes problemas por resolver.
Otra de las condiciones tendrían que ser la producción de conocimiento horizontal, que tome en cuenta no sólo los saberes científicos, sino todos aquellos que han producido actores diversos, incluyendo a los familiares de personas desaparecidas y sus acompañantes. Sin este denso conocimiento de la realidad, cualquier intento por producir ciencia será incompleto.
Una tercera condición tendría que ser la construcción de plataformas innovadoras de producción de conocimiento donde las ciencias sociales y las humanidades jueguen un papel central. El llamado giro forense, que hace referencia a una sensibilidad científica global originada a partir de los años ochenta en Argentina e internacionalizada a todo el orbe en contextos de posconflicto y crímenes de lesa humanidad, ha puesto en el centro de estos procesos a los científicos de bata blanca, generando un tipo de jerarquía del saber que ubica a las ciencias sociales en un nivel inferior al considerar que no producen conocimiento “objetivo” o “evidencias científicas”.
El aporte de las ciencias sociales y de las humanidades debe valorarse para avanzar en la comprensión de las condiciones sociales y culturales que sostienen la violencia, así como en las alternativas para superarla. En el campo forense, las ciencias sociales de manera enfática, permiten tejer puentes entre saberes, producir análisis densos del contexto, análisis históricos, comprender la diversidad y producir conocimiento situado –respetando la experiencia de los sujetos y las comunidades involucradas en los procesos–, en un campo que tiende a estandarizarlo.
Una última condición tendría que ser la voluntad de las instituciones del Estado por recuperar el conocimiento que se produzca en el marco de estos proyectos con seriedad. La tradicional manera de hacer política llevada por las ocurrencias y los intereses propios va en detrimento de un diálogo respetuoso con la comunidad científica. Sin estas tres condiciones básicas, el proyecto de generar una ciencia en torno ala desaparición de personas será incompleto.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
