Por Carolina Robledo Silvestre / Catedrática Conacyt / CIESAS – GIASF*
El silencio ha sido un mandato históricamente asignado a las poblaciones dominadas y el uso de la voz un privilegio de los vencedores. Grupos muy particulares (que en conjunto y a veces por separado, constituyen mayoría numérica) han quedado al margen de la deliberación pública, siendo más objeto que sujeto de lo que allí pasa.
El dicho popular “calladita se ve más bonita” ilustra que el silencio ha sido un mandato para las mujeres tanto en espacios íntimos como públicos. Nosotras, la mitad de la población, hemos sido históricamente socializadas para no tener voz en campos como la política, la ciencia y la justicia del Estado.
Algo similar ocurre con poblaciones indígenas, campesinas, diversas sexualmente o migrantes. Sus silencios son resultado de relaciones de poder radicalmente desiguales. El derecho a hablar y ser escuchado no se distribuye de manera igualitaria, y en el campo de la justicia, estas desigualdades son particularmente elocuentes.
Aunque esta estructura de desigualdad tiene un peso histórico difícil de erradicar, por suerte, existen prácticas incómodas o disonantes. Voces que no se contentan con callar y que levantan movimientos profundos en sus contextos. Pienso en las mujeres que buscan a sus desaparecidxs, las que exigen justicia frente a la violencia extrema, las jóvenes universitarias que exigen el fin de las violencias de género en los espacios educativos o las que ponen el cuerpo para la protección de la vida en sus territorios. Pienso también en las madres de víctimas de feminicidio que en México han decidido enfrentar la justicia estatal y exigir que ésta sea efectiva para ellas y para otras mujeres.
En estas últimas, encuentro especialmente relevante su capacidad de apropiación de lenguajes considerados expertos, reservados sólo para pequeños sectores de la población, en sociedades donde el acceso al conocimiento científico sigue las exclusiones de género, clase o condición social.
Mientras la justicia del Estado espera de estas mujeres un discurso timorato o limitado a la degradación y la vulnerabilidad, sus voces rompen el molde. No sólo cuestionan el uso exclusivo de saberes reservados para peritos o funcionarios públicos, logrando acreditar aquello que ha sido puesto en duda, sino que implosionan este campo con nuevos lenguajes emanados de su sensibilidad. Lenguajes ajenos a la lógica burocrática e hiper-codificada, lenguajes que activan los afectos y el senti-pensamiento.
Irinea Buendía, junto a un grupo de abogadas y acompañantes feministas, llevó el caso de feminicidio de su hija Mariana Lima hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Logró una sentencia en 2015 que obliga a los Ministerios Públicos a investigar con perspectiva de género las muertes violentas de las mujeres. Según sus propias palabras, Irinea no buscaba únicamente justicia para su hija, sino sobre todo, romper el “código no escrito que tienen las autoridades para protegerse entre ellos”. El pacto de silencio que encubre a los victimarios a costa de ignorar la voz de las víctimas.
En el campo de los feminicidios esta práctica es bastante evidente y se manifiesta sobre todo en la poca validez que los aparatos del Estado otorgan a la voz de las mujeres. No creer en su testimonio es una práctica normalizada en las instancias de justicia mexicanas y sostiene el mayor privilegio de los victimarios: la impunidad.
Hemos sabido de incontables casos, como el de Abril Pérez Sagaón, asesinada por su exmarido, un reconocido directivo de Amazon.com, que después de múltiples agresiones la asesinó gozando de la libertad otorgada por los jueces.
Lo grave de todo esto es que el silencio en torno a las violencias cometidas contra las mujeres no se sostiene únicamente en el campo de la justicia. Éste es, al fin y al cabo, un reflejo de lo que somos como sociedad y de lo que preferimos callar.
En el juicio por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, fue especialmente relevante el acompañamiento del lenguaje científico para acreditar la falsedad de la hipótesis de suicidio sustentada por el victimario y la Fiscalía de la Ciudad de México.
Un grupo de expertos y expertas en diferentes áreas (psicología social, sociología, derecho, arquitectura, entre otras) respaldó el testimonio de Araceli Osorio, en la construcción de una verdad no oficial sobre el feminicidio de su hija. En particular, cuestionó la versión construida con torpeza y descaro por la Fiscalía y la defensa del victimario.
Esta versión, que carecía de pruebas, fue disputada jurídicamente a partir de la construcción de evidencias por parte de la defensa de Lesvy, dado que hasta entonces el testimonio de su madre había sido devaluado frente a la versión del victimario y de los funcionarios estatales.
En su reclamo al Estado, Araceli no sólo buscaba justicia para Lesvy sino que reclamaba un cambio sustancial en el aparato del Estado. Exigía “limpiar el daño que han hecho las instancias contra las mujeres (…) por nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas”.
Irinera, Araceli y muchas otras mujeres han renunciado a ser consideradas mero objeto de “empatía” por sus historias de dolor. Exigen transformar las condiciones de justicia, incluida la manera en que se construye la verdad jurídica. Demandan que su voz sea escuchada y validada en el campo de la justicia, no sólo como víctimas, sino sobre todo, como sujetas de derecho.
En este proceso, la ciencia resulta ser una importante aliada, sobre todo si logra producir conocimiento desde metodologías horizontales. El trabajo de equipos forenses independientes (no oficiales) en procesos jurídicos ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas décadas, sobre todo en contextos de crímenes internacionales (conflictos armados, genocidios o guerras). Se trata de un tipo de activismo científico que extiende las posibilidades de producir verdades jurídicas sobre crímenes que, de otro modo, seguirían siendo negados.
En México este campo es bastante incipiente y, como lo demuestra el caso de Lesvy, no es exclusivo de contextos de justicia internacional o transicional. En los casos mencionados y en otros en los que se están iniciando procesos jurídicos en torno a crímenes como la desaparición de personas o el feminicidio, el apoyo de peritos independientes está abriendo caminos importantes para confrontar las verdades oficiales desde las instancias de justicia ordinaria.
La alianza entre la ciencia, los conocimientos y los afectos de las mujeres son potentes para remover silencios históricos. Sobre todo porque un saber no busca sustituir a otro. A quienes habitamos el mundo de la academia nos queda la tarea de producir métodos de investigación colaborativa que conduzcan con ética la producción del conocimiento útil para judicializar casos como éstos, sin sustituir la voz de quienes piden justicia.
Nos queda también la tarea de imaginar otros horizontes políticos de justicia en donde las voces no tengan que ser silenciadas y validadas desde un centro dominante. Un espacio en el que lo justo implique la igualdad de escucha y el trato digno.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
