Por César Estrada*
Los conflictos armados exponen a las sociedades a una serie de violencias con efectos complejos, profundos y muchas veces devastadores para quienes viven de cerca las atrocidades de la guerra.
Los actos de violencia —ya sean perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado, por actores criminales o por grupos paramilitares— suelen estar orientados no sólo a subyugar o eliminar al “enemigo”, sino también a instalar regímenes de miedo a través de la crueldad. Las desapariciones forzadas y la existencia de lo que conocemos como fosas clandestinas son expresión y legado de estos contextos de violencia masiva.
Si bien las atrocidades son tan antiguas como la civilización misma, la desaparición de personas y el ocultamiento sistemático de cuerpos son fenómenos relativamente modernos. Durante la Guerra Civil española (1936-1939), por ejemplo, el ejército franquista hizo uso de desapariciones forzadas contra los simpatizantes de la República; las fosas comunes, producto también de las casi cuatro décadas de dictadura, fueron endémicas y siguen siendo un tema pendiente en España.
La Alemania Nazi, mediante el decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel) de 1941, instauró la desaparición como táctica para reprimir la resistencia social en los territorios ocupados; la abducción de oponentes al régimen y su traslado clandestino, “sin dejar rastro”, a campos de concentración facilitaron el programa genocida del “Tercer Reich.” El régimen estalinista también echó mano de estas prácticas de terror social: es infame la masacre de Katyn donde más de veinte mil polacos—entre soldados, policías, intelectuales y civiles—fueron ejecutados y enterrados bajo el suelo boscoso en la primavera de 1940.
Para los regímenes autoritarios de la segunda mitad del siglo veinte las atrocidades masivas fueron una constante esencial en sus proyectos de control sociopolítico. Si algo nos mostraron las dictaduras militares en América Latina es que la desaparición forzada destruye las relaciones sociales, aísla a los individuos mediante el miedo y la sospecha, impide la construcción colectiva de significados, y fractura nuestra capacidad para nombrar, narrar, y dar sentido a la desaparición misma y al contexto en el que ocurre.[1]
No obstante, si también algo aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, de las mujeres mayas que buscaron justicia y encararon a Ríos Montt y su proyecto genocida en Guatemala, o del Comité ¡Eureka! durante la “guerra sucia” en México, es que los regímenes de terror son vulnerables y pueden, cuando la fuerza social arrasa, llegar a su fin. La documentación del horror pone en jaque a los opresores, quienes permanecen en el poder en la medida en que puedan controlar la narrativa que subyace a su propio régimen—pero nada ni nadie puede domar la narrativa en todo momento.
Así, las voces de las víctimas y los develamientos de las atrocidades del Estado han sido piezas esenciales en muchos procesos de justicia transicional en contextos post-conflicto. Al resistir someterse al silencio y a la inacción, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos, intelectuales y ciudadanos de a pie han derrumbado narrativas oficiales que, por regla general, reducen a las víctimas de la violencia a categorías como “enemigos”, “subversivos”, “criminales”, “narcos”, en fin, “merecedores todos de sus propias muertes”.[2]
Al buscar en cementerios, en cuarteles, en cárceles, en terrenos baldíos y debajo de la tierra misma, madres, hijas, hermanas, hijos y padres nos recuerdan que la persona desaparecida es una persona con historia propia, con virtudes y defectos, con derecho a ser buscada en vida, a volver del olvido social al cual la violencia atroz quiso sentenciar. Las fosas clandestinas que colectivos de víctimas van desenterrando se transforman en testimonios de la guerra, sitios clave para entender la lógica y el simbolismo de la violencia.[3] Se vuelven espacios para reconstruir el pasado, modificar el presente, y cambiar el rumbo.
En México, el horror de la violencia ha sido revelado por las víctimas de la represión militar en estados como Guerrero durante la guerra sucia, por las madres de las jóvenes de una Ciudad Juárez asolada por los feminicidios, y más recientemente por los familiares de las víctimas de una supuesta “guerra contra el narcotráfico”. La violencia que se ha expandido por el país por más de una década ha dejado un enorme rastro de muerte y dolor colectivo.
“El horror puede ser tan ancho y tan hondo como lo dejemos ser,” ha dicho en algún momento el escritor y activista Javier Sicilia. Y, en efecto, parece ser que pasa el tiempo y no tocamos fondo. Seguimos descendiendo a un horror que casi de forma mitad profética y mitad documentada, sugería Roberto Bolaño con el título de su obra 2666, centrada en los asesinatos de mujeres en Juárez al morir el siglo pasado.[4]
La violencia se ha desbordado en el contexto de militarización de la seguridad pública, impulsada por un presidente que, quizá por tecnicismos legales y no por falta de sustancia a los señalamientos en su contra, ha evitado una investigación por la Corte Penal Internacional con relación a delitos de lesa humanidad cometidos en la “guerra contra el narco”.
El territorio nacional ha sido convertido en una enorme fosa de dimensiones poco vistas en otros contextos. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) señala que, de 2006 al día de hoy, más de 71 mil personas han desaparecido en México, mientras que registra casi cuatro mil fosas clandestinas en el país en las cuales se han encontrado más de seis mil cuerpos humanos. Los restos sin identificar se cuentan en miles.
Sin embargo, para uno de los estados más violentos en los últimos años, como lo es Guanajuato, la CNB recopila datos de personas desaparecidas muy bajos comparados con otros estados y tomando en cuenta la gravedad de la violencia en el estado: 849 personas desaparecidas al 13 de julio de este año.
Es indignante—y revelador del desdén oficial—que la Fiscalía General del Estado no tenga registro público de fosas clandestinas, aun cuando reportes de prensa e investigaciones indican que, así como las desapariciones, las fosas en el estado no son pocas y van en aumento. La opacidad de la información y el ocultamiento de cifras de la violencia han sido una constante en Guanajuato. Si el propósito de las desapariciones y fosas clandestinas es borrar la memoria social de sus víctimas, la negativa del gobierno en turno a siquiera registrar estas graves violaciones a los derechos humanos termina por cumplir esa macabra tarea.
A pesar de esto, y contra la apuesta de quienes están detrás del régimen de terror que opera en la entidad, colectivos de víctimas se han organizado, han alzado la voz y han irrumpido en el espacio público para demandar justicia y verdad, para buscar con vida a sus seres queridos. Han logrado, no sin resistencias del gobierno local, la primera jornada de búsqueda en terreno en el estado: tomó lugar los días 4 y 6 de agosto en el municipio de Uriangato, en la frontera con Michoacán, con el acompañamiento de la titular de la CNB, Karla Quintana, y resguardados por fuerzas federales y del estado. Los colectivos están abriendo un camino cerrado por la violencia y por estructuras políticas sórdidas.[5]
El trabajo de los colectivos ha sido fundamental para que académicos y organizaciones de la sociedad civil presentaran el pasado 25 de agosto el Informe sobre la situación de las fosas clandestinas en Guanajuato (2009-julio de 2020). El documento denuncia la ausencia de un registro estatal sobre hallazgos de personas desaparecidas en Guanajuato, así como publica cifras alternativas con base en la cobertura de prensa: en los últimos 11 años, en más de la mitad de los 46 municipios del estado se han reportado al menos 109 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 268 cuerpos. El dato real, recordemos, probablemente es mucho mayor.
El 70 por ciento de las fosas se han descubierto tan solo entre 2018 y 2020, y predominan en el corredor industrial, en ciudades como Irapuato, Celaya o Villagrán. Esto en medio de una ola de actos de exterminio, desde hace cinco años, cometidos principalmente contra civiles por grupos armados relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima.
El informe también presenta una importante discusión sobre cómo entendemos las fosas clandestinas, y la necesidad de una definición amplia en un contexto de negación oficial del fenómeno. Es preciso comprender que, como toda tecnología del terror, el ocultamiento o desecho de cuerpos opera bajo contextos locales específicos, y sus manifestaciones pueden ser múltiples. Una fosa clandestina, en el panorama de horror que atravesamos como sociedad, no puede limitarse a que sea entendida solamente como un espacio en el subsuelo para ocultar total o parcialmente el cuerpo de la víctima.
Las lógicas de exterminio de los perpetradores han llevado a que los cuerpos de sus víctimas sean arrojados a terrenos baldíos, cuerpos de agua, tiraderos, a que sean disueltos en tambos, incinerados… Y hay simbolismo en la selección de estos sitios y formas de exterminio. Un registro de estas “topografías de muerte” es crucial para entender cómo opera la violencia en Guanajuato y en el resto del país.
A pesar de que las propuestas como las relacionadas a la redefinición de sitios de depósito y fosas clandestinas fueron ignoradas por el Congreso de Guanajuato cuando aprobó la ley estatal en materia de búsqueda de personas en mayo pasado, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil detrás del informe ya citado están en el camino correcto al documentar y exigir la documentación del horror en México. A buscar con vida a los desaparecidos y rechazar el discurso de criminalización y de normalización del horror.
Hace unos días, la Fiscalía del estado, probablemente por la presión ejercida por los colectivos y la atención nacional a Guanajuato, actualizó sus cifras: 2,178 personas desaparecidas en la entidad.
Las voces de las víctimas a la vez emergen con fuerza y van resignificando los espacios de horror, convirtiéndolos en sitios de verdad, de construcción de nuevas memorias colectivas. Las fosas clandestinas quizás sean el principio del fin del régimen de terror que sus perpetradores pretenden imponer.
Los logros de las víctimas y sus aliados en Guanajuato, y los que consigan en los meses por venir, serán los elementos que, junto al trabajo de muchos colectivos y organizaciones en otros estados, sentarán las bases de un verdadero proceso de justicia transicional en México.
*César Estrada es candidato a Doctor en Análisis y Resolución de Conflictos por la Universidad George Mason, en Estados Unidos. Su tesis doctoral examina la violencia extrema en México. Maestro por el Instituto Mora, y egresado de Relaciones Internacionales por El Colegio de San Luis.
Foto de portada: V Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Poza Rica, Veracruz. Crédito: Erika Lozano.
[1] La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define esta práctica como “el arresto, la detención, el secuestro u cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la personas desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” Ver: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
[2] Véase: Marcela Turati, ed., Entre Las Cenizas. Historias de Vida En Tiempos de Muerte (Oaxaca, Mexico: Sur+ ediciones, 2012).
[3] Véase Francisco Ferrándiz and Antonius C. G. M. Robben, eds., Necropolitics: Mass Graves and Exhumations in the Age of Human Rights, Pennsylvania Studies in Human Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015).
[4] Roberto Bolaño, 2666 (Barcelona: Anagrama, 2004).
[5] Algunos de los colectivos de víctimas en Guanajuato son Sembrando Comunidad, A Tu Encuentro, Justicia y Esperanza; Mariposas Destellando-Buscando Corazones y Justicia, Buscadoras Guanajuato, y Colectivo Cazadores.
