El flagelo de las desapariciones en Veracruz muta en un fenómeno más oscuro: una fiscal es acusada de pedir sobornos para realizar la búsqueda de personas desaparecidas. Estos son los cuatro capítulos que integran esta investigación periodística.
Por: Fernanda Malpica y Miguel León
Capítulo 1
De pagar piso al narco a entregar sobornos a la Fiscalía
El 10 de julio de 2019, Nallely Guarneros y su esposo Sergio Rueda acudieron a una sucursal de Coppel en Tehuacán, Puebla y esperaron su turno para depositar 15 mil pesos. No era el abono de una televisión o de una estufa, era la cuota que mes a mes debían entregar al cartel de Los Zetas.
Sergio y su hermana, Liliana Rueda Daniel, crearon la empresa Tarjeta Blanca, dedicada al financiamiento de préstamos. Desde 2012 ampliaron ese negocio -con matriz en Cholula, Puebla- y se instalaron en un corredor de Las Altas Montañas, en la zona centro de Veracruz.
Los hermanos Rueda planeaban consolidar una ruta de créditos a lo largo de 35 kilómetros desde el municipio de Camerino Z. Mendoza hasta Córdoba, en una franja territorial que en ese tiempo solo era gobernada por Los Zetas. La bienvenida a Veracruz para los empresarios fue traducida en cifras: Un pago mensual (cuatro mil pesos al inicio) a cambio de no meterse con su negocio. La cuota debía llegar a tiempo porque sus vidas eran la garantía.
Pero quien paga piso no tiene garantizada su seguridad. Ese 10 de julio, Sergio hizo un último depósito a las 2:54 de la tarde en la sucursal Independencia de Coppel Tehuacán. Seis días después él y Liliana desaparecieron.
Un beso y una camisa guinda que planchó Nallely Guarneros es el último recuerdo que tiene de Sergio, con quien procreó tres hijas. “Desde ese día ya no sé nada de él, ni de Liliana”.
Nallely sacó de una caja fuerte 100 mil pesos que su familia tenía ahorrado y esperó una llamada para entregar un rescate. Pero ese dinero terminó usándolo para entregarlo a la autoridad a cambio de buscarlos. “Nunca imaginé vivir una pesadilla como esta”, dice la mujer de 37 años de edad.
El caso de Nallely es el antecedente de extorsiones aún más siniestras. Su historia es la primera evidencia documentada de una práctica que es un secreto a voces en Veracruz: Sobornos que autoridades piden a familiares de desaparecidos.
Esta historia -el primer capítulo de una serie que publica La Silla Rota- revela cómo miembros del sistema de justicia explotan a familiares vulnerables para aprovecharse financieramente del secuestro de personas inocentes.
El flagelo de las desapariciones y desapariciones forzadas en Veracruz muta en un fenómeno más oscuro cuando se le adhieren actos de corrupción. El cinco de octubre de 2021, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, Rafael Ojeda Durán, reconoció frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el puerto veracruzano, que el delito de extorsión muestra una tendencia al alza en la entidad.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en el país en denuncias por extorsión con 510 casos entre enero y agosto de 2021; solo por detrás del Estado de México.
Los hermanos Rueda pagaron durante siete años el derecho de piso, hasta 2019, cuando las cuotas ya eran de 15 mil pesos mensuales. El negocio Tarjeta Blanca era rentable y prosperaba. Pero entonces el territorio cambió de dueño: Los Zetas prácticamente fueron desplazados en las Altas Montañas por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Para mi esposo y mi cuñada eso fue nuevo, porque en Puebla no les pedían dinero. Comenzaron a pagar, con miedo evidentemente, pero fue un miedo que se normalizó”, cuenta Nallely.
El 16 de julio de 2019, Sergio salió apresurado de casa; se quitó del cuello la cadena de oro que siempre usaba y la entregó a su esposa. Horas antes Liliana había recibido una llamada. Un empleado, Guillermo “N”, le dijo que cinco trabajadores de la financiera estaban secuestrados y los plagiarios les exigían 300 mil pesos para devolverlos con vida.
En realidad, nadie estaba secuestrado, se trataba de un anzuelo que los hermanos Rueda estaban por morder.
Liliana recogió a las siete de la mañana a Marino, su hombre de confianza en la empresa. Los dos se trasladaron de Cholula a Tehuacán para encontrarse con Sergio. Todo lo hacían a prisa y en sus rostros había preocupación, recuerda Nallely.
Los hermanos Rueda juntaron el dinero que les exigían por teléfono personas desconocidas a cambio de la libertad de José Juan N, José Domingo N, Miguel Julio N, Guillermo N y Luis Alberto N. Familiares de esos cobradores rogaron para que se pagara el rescate, lo que puso presión sobre Liliana y Sergio, quienes apenas y cruzaron palabras durante las dos horas de camino en carretera hasta llegar a Córdoba, contó Marino, acompañante de Liliana.
Todo estaba planeado. Sergio se encontraría con los secuestradores a las 12 horas de ese martes sobre la avenida 21, en la entrada de la dulcería La Josefina y regresaría a casa con la tranquilidad de haber salvado cinco vidas. Cambió el chip de su celular y lo puso en otro equipo de gama baja; luego bajó del auto con una bolsa de dinero y dijo que volvería pronto.
Liliana y Marino avanzaron dos calles hasta que una llamada descuadró todo: los secuestradores también querían que Liliana se encontrara con ellos. Hizo el mismo cambio de celulares y siguió a su hermano. Vestía toda de negro: una blusa, unas botas y unos jeans.
Marino esperó dos días en Córdoba para recibir indicaciones y recoger a sus jefes, pero no hubo llamadas ni mensajes. La noche de ese 16 de julio Nallely supo lo que a su esposo y a su cuñada les inquietaba, pero, además, que ninguno había regresado después de pagar el supuesto rescate.
Existe un video clave en las desapariciones de los hermanos Rueda captado por una cámara de La Josefina. A las 11:53 horas del 16 de julio, Sergio aparece en la imagen con sus botas cafés y una camisa floreada color vino; camina frente al negocio, de derecha a izquierda, con una bolsa con dinero en efectivo.
Nallely pudo ver la grabación en un equipo de cómputo de la fiscalía de desaparecidos, con sede en Xalapa, y registró esa fracción de video con su celular. En total, la fiscalía extrajo cintas de siete cámaras ubicadas en la dulcería La Josefina, luego, inexplicablemente ese y otros indicios desaparecieron de la carpeta de investigación FEAD/ZCX/159/2019.
Ninguno de los cinco trabajadores reportados como secuestrados preguntó por sus jefes cuando Nallely comenzó a buscarlos. Por el contrario, continuaron cobrando sus rutas tres días seguidos y a sus clientes les dijeron que ahora se arreglarían con ellos.
Nallely apenas contuvo dos días la desesperación y salió a buscarlos. El 18 de julio de 2019 denunció lo sucedido con autoridades de la Fiscalía de Puebla y mostró conversaciones en WhatsApp de los teléfonos de Liliana y Sergio que construyen una narración sobre la trampa que les tendieron sus empleados de Tarjeta Blanca.
Pero allí la respuesta fue técnica y fría. “La desaparición ocurrió en Veracruz, señora, enviaremos el caso allá”. Sin noticias, Nallely viajó el 26 de julio de 2019 a la Fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas de Córdoba. Ahí conoció a la titular de esa dependencia: Fabiola Melo González, una mujer hábil con sus palabras y de trato amable que ocultaba una debilidad: El dinero.
“La vi y me hizo sentir con la confianza que necesitaba para encontrar a Sergio y a Liliana. La sentí como un apoyo, la sentí muy capaz, muy segura y pensé que sí sabía hacer su trabajo. Creí que con ella los iba a encontrar”, recuerda Nallely lo que fue el inicio de una nueva trampa.
*La angustia, el negocio rentable de una fiscal*
Nallely Guarneros cumplía 10 días casi sin probar bocado y sus energías solo las recargaba con té amargo. A la Fiscalía de desaparecidos en Córdoba la acompañó un amigo de la familia, Aldo Tecpanecatl.
Aldo entró a la oficina de la fiscal Fabiola Melo; Nallely lo esperó en el pasillo. La funcionaria soltó una frase desde su escritorio. “Como verá tengo mucho trabajo y estoy estresada”. Después le entregó un post it sobre el que escribió la cantidad de cinco mil pesos y un número de cuenta. Aldo entendió y pagó el monto en un Oxxo cercano.
“A mí no me pareció extraño lo del dinero porque nunca había tenido la necesidad de acudir a una fiscalía ni a una dependencia de gobierno, nunca había tenido que ir a un lugar así, entonces yo pensé que era normal, que era un servicio y los servicios se pagan”, dice Nallely.
Tras ese primer pago la atención de Fabiola Melo fue más cordial. “Los vamos a encontrar, señora”, le dijo. Luego transcribió la denuncia que Nallely había realizado en Puebla. Antes de concluir ese primer encuentro vino un segundo favor acompañado de un discurso: “Por acá nuestros jefes nos tienen sin hojas y sin tinta para la impresora”.
Nallely y Aldo imprimieron cientos de oficios y fotografías para repartir en hospitales, prisiones, funerarias y centrales camioneras en busca de Sergio y Liliana. Por ello pagaron 2 mil pesos en un cibercafé; actos de investigación que por disposición constitucional y legal le corresponde pagar a la Fiscalía y se encuentran presupuestados anualmente.
Fabiola brindó sus números de teléfono a Nallely y le dijo que estarían en contacto frecuente, que ella misma le reportaría avances. “Yo me regresé un poco más tranquila a Puebla”, dice la denunciante.
La fiscal cumplió su promesa y le escribió por primera vez el 29 de julio de 2019 a las 11:20 del día. Le dijo que ya tenía las sábanas telefónicas de Sergio y Liliana; que había solicitado la misma información satelital de los empleados que fingieron su secuestro y hasta los videos de cámaras cercanas al lugar donde sus familiares desaparecieron.
–¿Oiga y usted ya no va a venir?, preguntó Fabiola.
–Yo espero indicaciones. Si usted me dice que es necesario yo voy… Claro que sí.
–Ok, le aviso si la necesito por acá.
–Sí, muchas gracias por el apoyo.
–Estoy para servirle.
Las conversaciones siguieron a diario; todo eran promesas de actos de investigación y bendiciones. El 1 de agosto de 2019, a las 11:36 de la mañana, Fabiola preguntó a Nallely si podía llamarle por otro celular. La llamada se dio hasta el día siguiente y terminó a las 21:15 de la noche.
Nallely escribió: “Ok… en un rato le escribo”. “Oki”, devolvió Fabiola.
En esa llamada, la funcionaria requirió un nuevo “apoyo económico” justificado en que la Fiscalía General del Estado (FGE) los tenía sin recursos. “Me dijo ‘necesito para la gasolina porque hay que ir a dar más citatorios e investigar más, entonces si usted me pudiera apoyar con 10 mil pesos yo puedo trabajar’”, recuerda Nallely.
–Le voy a hacer al policía, va a ver que vamos a encontrarlo, prometió Fabiola después de esa llamada.
– Sí, yo de verdad que de todas las puertas que he tocado no he visto resultados más que los que usted puede alcanzar.
–Gracias. Y créame que es un reto encontrarlos, y creo que debemos echarle ganas y no parar.
– Mañana, en cuanto me indique cómo, voy (a depositar). Espero me tome en cuenta el esfuerzo. Yo sé que todo lo que haga es de provecho por eso no dudo en conseguir y mandar (dinero). El futuro de mi familia está en juego. La diferencia que puede ser para mí y mis bebés el tener a su papá o el que no esté … Le ruego con todas mis fuerzas que me ayude… Ya no puedo seguir escuchando a mis hijas que le lloran a su papá y no tengo palabras ni respuestas. Espero me indique. Dijo Nallely.
Para el tres de agosto a las 7:15 de la mañana, ya contaba con los 10 mil pesos que había tomado de la caja fuerte de su casa.
– Lic. Buen día. Espero indicación, escribió la denunciante.
–¿Le paso adonde?
– Sí, por favor licenciada.
– 4766 8404 5358 7698
– Ok, gracias
– A Ud.
Nallely realizó dos depósitos en un Oxxo a las 10:16 de la mañana a una cuenta Banamex. La tarjeta pertenecía a la hija de Fabiola Melo, F. V., lo descubrirían después agentes de la Fiscalía. “Gracias. Y créame que trabajaremos en equipo y los vamos a encontrar”, prometió de nuevo la fiscal.
Las conversaciones continuaron y Fabiola se ganaba la confianza de Nallely. “Por usted me quedo una semana más trabajando porque ya hoy salía de vacaciones, pero quiero tener mucho avance. Yo no la voy a engañar nunca. Jamás le voy a prometer algo que no se pueda”, le dijo el nueve de agosto.
Con esa confianza, los favores pasaron de apoyos para realizar la búsqueda a temas personales.
“Señora, buenas tardes. ¿Está ocupada? Le marco en cinco minutos. Es algo mío”, escribió la funcionaria la tarde del 12 de agosto.
“Yo iba viajando de Puebla para la fiscalía de Veracruz, me llamó por WhatsApp y me dijo ‘lo que pasa es que no sé si usted pueda prestarme porque no alcanzo para pagar la colegiatura de mi hija y me faltan seis mil pesos’ y yo pensé ¿pero esto qué tiene que ver con lo mío? pero dije, bueno ella está ayudándome y voy a tratar de ayudarla”, cuenta Nallely.
El 13 de agosto, lo primero que hizo fue conseguir el dinero requerido. “Lic. Buenos días… Salgo para el Monte de Piedad. En cuanto tenga le aviso. ¿Al mismo número?”, preguntó. “Sí”, le dijeron. Nallely envió 3 mil pesos a la cuenta Banamex de la hija de Fabiola.
Habían pasado 20 días desde la primera vez que Nallely fue extorsionada por Melo González y seguía sin tener pistas claras de sus familiares. “Lic. Buenos días. ¿Qué más hago?, ¿Necesita alguna información?, ¿Puedo ver algo de los videos?, ¿Quiere que yo revise algo? Ya no sé qué más hacer. Mi mente ya no me da. Estoy muy triste. Ayúdeme, que ya se acabe esto”, escribía desesperada.
“Trate de tranquilizarse, sé que es muy difícil, pero estamos trabajando y debemos pensar en no desesperarnos porque si no, no vamos a avanzar. Créame que estamos trabajando su asunto que ni de vacaciones me he ido”, respondía Fabiola.
El 26 de agosto ocurrió algo inusual. Fabiola llamó a Nallely a las 7:41 de la noche. “No hable, por favor. Le marco para que escuche”. Luego puso su altavoz mientras ella interrogaba a una serie de sospechosos, por primera vez desde la desaparición de Sergio y Liliana que cumplía un mes y diez días.
La fiscal había puesto el ojo en los trabajadores de Tarjeta Blanca que aún no habían salido de Córdoba para esconderse. Máximo Julio “N” fue uno de ellos, quien dijo que tenía dinero que cobró días después de que sus jefes desaparecieron, pero que estaba dispuesto a devolverlo para no tener problemas. Fabiola conservó ese dato y no volvió a incluir a Máximo Julio como sospechoso en el caso. Esa declaración también desapareció de la carpeta de investigación.
Fabiola Melo siguió vendiendo promesas. “Ya pedí el paro para ahorita buscar a estos malandros pendejos para apretarlos”, le dijo a Nallely esa noche del 26 de agosto de 2019. Luego le llamó por teléfono.
La fiscal necesitaba más dinero para gasolina. Esa ocasión la conversación fue grabada por Nallely.
Al día siguiente el pago se hizo por cuatro mil pesos. “Lic. Me dicen en la tienda que no hay sistema o que está rebasado lo diario (el monto). Usted me avisa o lo guardo”, avisó Nallely a la 1:18 de la tarde.
“Ok. Le paso otro: 4766840464842090”, respondió Fabiola.
La cuenta esta vez era suya, prueba que sería presentada meses después para un juicio en su contra por corrupción. En un mes, Nallely ya había depositado 22 mil pesos. De acuerdo con la declaración patrimonial de Fabiola, eso implicaba más de lo que ganaba en un mes en la Fiscalía: 21 mil pesos.
“Ante Fiscalía solo pude presentar seis váuchers, porque son todos los que conseguí. A veces pedía prestado con amigos y solo ellos depositaban y tiraban el papelito. Puedo asegurar que le di a Fabiola más de 50 mil pesos”, dice Nallely.
Los últimos dos depósitos de los que hay registro ella los hizo el cuatro de septiembre de 2019 a las 12:25 de la tarde. Nallely envió 7 mil pesos a la cuenta Banamex de la hija de Fabiola. Aunque esta vez no se trataba de gasolina o alguna colegiatura, sino de una propuesta.
Fabiola prometió respuestas inmediatas a cambio de pagarle 18 mil pesos a una persona con domicilio en Huiloapan que “apretaría” a trabajadores sospechosos “por la buena o por la mala”.
“Lic. No tengo mucho, pero puedo empeñar”, decía Nallely.
“Ahorita lo voy a ver. Viene por mí para hablar bien”, respondió la autoridad… “Urge jalar a uno y con ese hacemos que hable el cabrón”.
*El descubrimiento de la estafa*
Había pasado casi mes y medio desde que los sobornos comenzaron (y dos del plagio de Sergio y Liliana). El 12 de septiembre, Nallely consiguió una audiencia con Hugo Alberto Martínez Saldaña, entonces encargado de la Fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas en Veracruz; jefe de Fabiola Melo.
En esa plática ella lo enteró de los pagos que le exigían a cambio de avanzar con su investigación. Martínez Saldaña en ningún momento sugirió denunciar a Fabiola ante la Fiscalía anticorrupción de Veracruz. La solución que le dio fue simple: “Hay que pedir cambio de fiscal”.
Luego, el servidor público le dijo que al día siguiente él presentaría su renuncia, pero que, por atención a ella, le entregaba una copia simple de su carpeta de investigación. Nallely se llevó entonces una sorpresa amarga.
“Fabiola quitó de la carpeta entrevistas que yo misma oía por altavoz de los familiares de los trabajadores, quitó videos donde estuvo Sergio la última vez que hay una ubicación de él. Me dijo que se habían solicitado las sábanas de llamadas de Liliana y Sergio, pero tampoco estaban. Hasta la fecha todos esos indicios están desaparecidos”, sostiene.
Al día siguiente, Nallely dio una última oportunidad a Fabiola para que le diera una explicación, quien seguía al frente de su cargo. Se trasladó 200 kilómetros, de Xalapa a Córdoba, para comprobar por su cuenta la estafa. “Fui con una abogada de la familia, le pedí a Fabiola que me diera acceso a la carpeta, a la original, y me asusté al no ver nada. Ella me dijo, ‘señora esas diligencias son secundarias. Yo trabajo de manera práctica’.
Nallely pidió con urgencia un cambio de fiscal y en diciembre de 2019 denunció por hechos de corrupción a Fabiola Melo. “Es una impotencia horrible que hasta la fecha me hace llorar”, confiesa.
El 25 de marzo de 2020, a ocho meses de la desaparición de Sergio y Liliana, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, anunció en un comunicado de prensa la separación del cargo de Fabiola Melo e informó que fue imputada por los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal.
“No habrá impunidad en este o cualquier acto de corrupción que afecte los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, que rigen a la institución”, destacó Hernández Giadáns.
El comunicado se leía implacable. Desde ese mensaje ha pasado un año y seis meses. Por el caso de Sergio y Liliana actualmente hay cuatro trabajadores detenidos por el delito de desaparición cometida por particulares y cinco más prófugos de la justicia. Las detenciones se dieron hasta el nueve de febrero de 2021, a casi dos años de que a Fabiola le quitaron el caso de sus manos, y gracias a trabajos de investigación que Nallely realizó por su cuenta y aportó a las autoridades.
Sin embargo, Fabiola no ha sido sentenciada y el juicio en su contra pende de alfileres. Hace dos meses ganó un amparo y, por ley, podría ser reinstalada en el escritorio que atendió a Nallely un 26 de julio de 2019.
Fabiola Melo no actuó sola, ni fue el único soborno que pidió a familiares de desaparecidos. Tras el caso de Nallely, otras víctimas han levantado la voz…
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Capítulo 2
Más casos contra Fabiola Melo, fiscal con la impunidad de su lado
El 26 de octubre de 2019, siete comerciantes fueron desaparecidos por la policía de Ixtaczoquitlán; en ese municipio de las Altas Montañas que hoy es epicentro de desapariciones forzadas en Veracruz y alberga una fosa clandestina de donde han brotado 43 cadáveres en un año de trabajo.
Cuando los familiares de esos comerciantes fueron a denunciar los hechos con la fiscal Fabiola Melo, recibieron una respuesta ya bien conocida por Nallely Guaneros, quien denunció a la exfuncionaria por haberle pedido 29 mil pesos en sobornos a cambio de buscar a su esposo y su cuñada, Sergio y Liliana Rueda, desaparecidos desde 2019.
“A nosotros en tres días que tuvo nuestro caso solo pudo sacarnos 500 pesos para imprimir hojas”, dicen las familias. “Siempre se quejaba; que ni agua tenían, que ni hojas, ni tinta para las máquinas”.
La desaparición de los siete comerciantes se suma a otras 282 que atendió Melo en la fiscalía especializada de Córdoba entre el ocho de septiembre de 2017 y enero de 2020, cuando estuvo a cargo de la dependencia.
La policía de Ixtac fue denunciada penalmente por desaparecer al menos a 16 personas en 2019. Por el caso de los comerciantes dos policías municipales fueron detenidos el nueve de noviembre de 2019 e imputados por desaparición forzada.
“Lo primero que nos dijo al recibirnos en su oficina fue: ‘¿Son siete (desaparecidos)? No tiene madre ese cabrón, se pasó de verga”, relatan familiares de los comerciantes la reacción de Fabiola al escuchar que detrás de esas desapariciones estaba el director de la policía de Ixtac, Octavio Pérez Romero, hoy prófugo de la justicia por ese caso.
Ellos explican -desde una vivienda en Orizaba- que su caso le fue retirado a la funcionaria a los tres días de que interpusieron su denuncia y atraído por la Fiscalía de desaparecidos de Xalapa, que entonces encabezaba Martha Lidia Pérez Gumercindo.
“Con la Lic. Fabiola más que 500 pesos perdimos el tiempo”, dicen sorprendidos al saber que muy pronto podría quedar absuelta y reinstalada en su trabajo. Ellos piden el anonimato, pero cuentan su testimonio.
La Silla Rota revela en esta serie cómo miembros del sistema de justicia explotan a familiares vulnerables para aprovecharse financieramente del secuestro de personas y obstaculizan su búsqueda, comenzando con el caso de Nallely Guarneros, quien dio dinero a Melo, solo para descubrir que esa fiscal borró evidencias y entregó una carpeta de investigación casi vacía.
En este segundo capítulo, se exponen más casos de omisiones ligados a Melo. Pero, además, se revela un error básico que cometió la Fiscalía General de Veracruz al recabar la principal prueba contra ella por el caso de los hermanos Rueda.
De esta forma, la única investigación que la Fiscalía ha iniciado contra sus empleados por hechos de corrupción en agravio de familiares de desaparecidos -según solicitudes de información hechas por este medio- corre un alto riesgo de fracasar. Un caso en el que la encargada de procurar justicia en la entidad, Verónica Hernández, dijo no habría impunidad.
*Los fantasmas de Fabiola Melo en la Fiscalía de Córdoba*
Una fotografía hizo que el caso de los siete comerciantes se viralizara en redes desde las primeras horas en que desaparecieron: cinco de ellos fueron retratados el 26 de octubre de 2019 en la comandancia de Ixtaczoquitlán, antes de que pagaran su multa y se dispusieran a regresar a sus casas.
Con ese antecedente los familiares de Jorge Alducin, Ricardo Montesinos, Daniel García, Humberto García, Jorge Reyes y los esposos Joel Reyes y Luisa Carrera, acudieron desesperados a la fiscalía de Córdoba para interponer la denuncia, donde contaron a Fabiola Melo que incluso ya había intentos de extorsiones por llamadas telefónicas.
Eran horas vitales para recuperarlos con vida, pues eran las primeras desde la desaparición. Sin embargo, la fiscal se valió del antecedente de las llamadas extorsivas para deshacerse un tiempo del caso y los envió a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS). “Nos dijo que eso parecía más un secuestro y que allá analizarían un celular”, comentan los entrevistados.
A la UECS de Córdoba corrieron las familias de madrugada, donde fueron atendidos, pero finalmente devueltos a la Fiscalía de desaparecidos por tratarse de una privación de la libertad ligada a policías municipales.
La denuncia finalmente la redactó Fabiola hasta el 30 de octubre de 2019. ‘¿Son siete (desaparecidos)? No tiene madre ese cabrón, se pasó de verga”, decía mientras tecleaba los hechos en su computadora. Las copias de ese y otros escritos las pagaron las familias. “Ella decía que trabajaban en la miseria, así que le dimos 500 pesos”.
De acuerdo con datos que obran en la carpeta de investigación por el caso de los comerciantes, siete de ellos fueron privados de la libertad al salir de la comandancia de Ixtac por personas a bordo de vehículos particulares que eran escoltados por patrullas municipales.
El vehículo donde los comerciantes se dirigían a casa, una camioneta RAM color roja, quedó a mitad de la calle, a una esquina de la comandancia y fue trasladada a un corralón del grupo Garrido. Lo anterior, consta en videos.
Los antecedentes de Fabiola Melo en el caso, provocaron que a ella le quitaran el mando en la investigación. Días después la fiscalía central de Xalapa solicitó un cateo al corralón donde la camioneta RAM roja fue asegurada. Entonces ocurrió algo inesperado.
“Resulta que al revisar ya no estaba la camioneta donde viajaban nuestros familiares”, acusan. A la fecha, ese vehículo clave en la desaparición múltiple está perdido.
Antes de que a Fabiola le quitaran de las manos el caso de los comerciantes ya acarreaba señalamientos de familiares de desaparecidos, pero, además, cifras negras por baja efectividad que fueron toleradas por sus dos superiores: Hugo Martínez Saldaña y Martha Lidia Pérez Gumercindo.
De acuerdo con un reporte estadístico de Melo, en dos años y cuatro meses que estuvo al frente de la Fiscalía especializada de Córdoba, integró 283 carpetas por denuncias de desaparecidos. De ese total 108 quedaron pendientes de determinar. Es decir, cuatro de cada diez casos a su cargo fueron olvidados en la gaveta de su oficina.
Eso no es todo, de las 283 desapariciones que investigó Fabiola solo obtuvo una sentencia condenatoria.
Evidencia-3Fabiola sabía del descontento de víctimas con su trabajo. El siete de agosto de 2019, contó a Nallely Guaneros que estaba preocupada pues la dirigente de un colectivo de búsqueda había realizado un chat para recabar quejas contra ella por omisiones.
-Hoy me enteré que una señora quiere romperme la madre ¿Usted cree? Hizo un chat para que los que están afiliados a su colectivo presenten quejas en mi contra, le escribió Fabiola a Nallely, quien entonces apenas cumplía 22 días buscando a Sergio y a Liliana.
-Si logra que me corran yo le llevo su asunto como su abogada, ¿eh?, decía Melo, cuando Nallely todavía confiaba en ella.
-Por favor … No me deje, no me suelte, le contestó ese siete de agosto.
-Nunca, créame, su asunto lo agarré personal porque no se vale lo que hicieron.
Una de las quejas en el chat contra Fabiola era de Ana Laura Ortega. La joven asegura que, si encontró a su hermana, Karina, en una fosa común de Tamaulipas, fue gracias al apoyo del colectivo Familias de desaparecidos Orizaba-Córdoba. Pero también sostiene que si alguien prolongó su angustia y la de sus padres fue la fiscal Melo.
Ana denunció la desaparición de su hermana, Karina Ortega, el cinco de junio de 2019. Su última pista fue una llamada del siete de mayo de ese año. Meses atrás dejó dicho a su familia que se iría de Coscomatepec con su pareja a Campeche, donde buscaría trabajo en las plataformas petroleras.
Al inicio, la familia de Karina creyó que la falta de comunicación con ellos se debía a que ya trabajaba en mar abierto. Pero los días pasaron sin que les llamara, así que decidieron interponer una denuncia y difundir sus fotos en redes sociales con la frase de “Se busca”.
“La denuncia la hice con la fiscal Melo. Al principio me tomó la declaración y nos mandó a hacer pruebas de ADN, pero después todo fue muy lento. Yo iba con cita hasta Córdoba, pero cuando llegaba me decía ‘hoy no puedo, regresa el viernes’”, cuenta Ana.
En julio de 2019, a dos meses de la desaparición de Karina Ortega, Fabiola citó a Ana para compartirle información de las sábanas de llamadas de su hermana. Le dijo que ella no estuvo en Campeche el día de su desaparición, sino en Tamaulipas, en el municipio de Llera.
La fiscal dio dos opciones: “Tu hermana como que vive y trabaja ahí. ¿Mando un documento de colaboración a la Fiscalía de Tamaulipas? o pueden ir a buscarla; al fin ya saben por dónde”. Ana externó sus carencias económicas y pidió que se solicitara la colaboración.
Pasaron los meses de julio y agosto de 2019 sin noticias. “Yo le pedía copia de ese documento (de colaboración) y acceso a la carpeta de investigación, pero ella me decía que no por seguridad, porque luego nosotros publicábamos cosas en los medios”, recuerda Ana.
Fue hasta inicios de septiembre de 2019 cuando su familia recibió una llamada desde la Fiscalía de Tamaulipas. Habían encontrado documentos de Karina y tres cadáveres violentados, entre ellos el de una mujer. Les pidieron que fueran pronto a realizarse las pruebas de ADN.
“Ahí nos dimos cuenta que Fabiola nunca mandó el documento de colaboración. El fiscal que llamó nos dijo que nos encontraron gracias a las fotos que teníamos en redes sociales”
“Fuimos con Fabiola y le dijimos todo, pero que nos pedían las pruebas de ADN que ella nos mandó a hacer desde un principio. Nos dijo, ‘lo que podemos hacer es que ustedes me den dinero y yo mando los resultados a Tamaulipas cuando estén listos. Ustedes paguen el envío para que sea más rápido’”, cuenta Ana Laura con el ceño fruncido.
Ella y su familia contaron su problema a Aracely Salcedo y Ana Lilia Jiménez, fundadoras del colectivo Familias de desaparecidos Orizaba-Córdoba, quienes la ayudaron a recaudar fondos para ir a Tamaulipas.
Sí era Karina, confirmaron autoridades a la familia. Les dijeron que la asesinaron junto a otros dos hombres el 12 de mayo de 2019. Que nunca hubo una solicitud de colaboración de Veracruz, y por eso su cadáver fue enviado a la fosa común en calidad de no identificado.
“Fabiola pudo habernos ahorrado unos meses de sufrimiento. Gracias a dios y al colectivo recuperamos a mi hermana. De la fiscal me quedo con la manera en que me ignoraba; viendo siempre su celular y diciéndome que regresara el viernes”, agrega Ana Laura, quien celebra la valentía de Nallely Guarneros por alzar la voz y haber denunciado a Melo.
*Fiscalía falló en prueba clave; impunidad amenaza*
Fabiola a sus amistades les dice que está de vacaciones, que los verá pronto, así lo refieren compañeros de la Fiscalía regional de Córdoba, pero también aquellos que la conocieron en partidas de bingo en la sucursal Big Bola, en Orizaba.
Pese al mensaje de la fiscal general, Verónica Hernández, del 25 de marzo de 2020, de que no habría impunidad en los sobornos que pidió a Nallely Guarneros, la exfiscal de desaparecidos aparenta estar confiada, consiente de un error básico que sus compañeros cometieron al imputarla por los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal.
Por ley, Fabiola Melo podría purgar una condena de hasta 10 años en prisión y ser inhabilitada del servicio público, sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso, que se llevó a cabo el cinco de marzo de 2020, ella y su defensa se percataron de que la fiscalía recabó de manera ilegal la principal prueba contra ella.
¿Cuál es ese error? La Fiscalía anticorrupción de Veracruz no solicitó a la Comisión Nacional Bancaria los datos de las cuentas a los que Nallely depositó el dinero a Fabiola. Un error que es similar a cuando la autoridad realiza un cateo sin pedir autorización a un juez.
De acuerdo con el proceso penal 09/2020, los fiscales simplemente acudieron a una sucursal de Banamex y realizaron un pago mínimo a las cuentas que Nallely depositó y así descubrieron que las cuentas 56006668802 y 5606724442 pertenecían a Fabiola Melo y a su hija, F. V., respectivamente.
La defensa de Fabiola, en audiencia, solicitó a un juez de Veracruz que anulara dicha prueba de la Fiscalía, debido a la manera en que fue obtenida, no obstante, el juez negó esa oportunidad a la funcionaria y la vinculó a proceso por los dos delitos de corrupción.
En consecuencia, Fabiola promovió un amparo, el número 341/2020, el cual le fue concedido el pasado tres de agosto de 2021. Un juez federal determinó que el juez de Veracruz impidió defenderse a Melo. Por esa razón, ordenó reponer el procedimiento en su contra.
La fiscalía apeló esa decisión del juez federal, lo que tiene en el limbo el caso en este momento. Sin embargo, el fallo a favor de Fabiola le permite algo más que no permanecer imputada por los dos delitos de corrupción, y es que pueda ser reinstalada en su trabajo.
Lo anterior, debido a que la Fiscalía General del Estado la despidió de manera definitiva, justificando únicamente que ella estaba vinculada a proceso y, por ello, incumplía con los requisitos de permanencia de cualquier servidor público de esa dependencia.
La Fiscalía de Veracruz denunció a Fabiola Melo por cohecho e incumplimiento de un deber legal. No así por obstaculizar una investigación. Esa figura existe en la ley general en materia de desaparición forzada de personas.
La propia Fiscalía General de la República (FGR) utilizó ese recurso para vincular a proceso a dos peritos de la extinta PGR, acusados de obstaculizar las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de acuerdo con un boletín del 13 de octubre de 2021.
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Capítulo 3
Red de corrupción detrás de desapariciones en las Altas Montañas de Veracruz
El 11 de septiembre de 2013, un granjero de 79 años de edad fue secuestrado en el municipio de Rafael Delgado. Al principio sus familias creyeron que se trataba de una detención, pues quienes se lo llevaron viajaban en una camioneta Ford pick-up placas 7490 y logos de la policía ministerial de Veracruz.
Los hombres que se lo llevaron no mostraron una orden de aprehensión. Además, hurtaron de la casa una camioneta tipo vagoneta, una motocicleta y muebles. Lo anterior, consta en la investigación ministerial 700/2013 de la agencia investigadora del ministerio público de Orizaba.
La familia identificó desde ese momento a la persona que presuntamente encabezó el grupo armado que se marchó con la víctima: el policía ministerial de Veracruz, Bersaín Hernández Paredes, cuya familia es originaria de Rafael Delgado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no llamó a Hernández Paredes a cuentas por este caso sino hasta el 15 de junio de 2021, cuando ya no estaba en la corporación y recién había sido derrotado en las elecciones del siete de junio, pues participó como candidato a la alcaldía de Rafael Delgado por Movimiento Ciudadano (MC).
Autoridades estatales confirmaron que Bersaín actualmente está prófugo de la justicia, porque logró escabullirse de un cateo en su vivienda, en la localidad de Jalapilla, Rafael Delgado. Esa ocasión, dos familiares suyos fueron detenidos e imputados por ultrajes a la autoridad, señalados de apoyarlo en su huida.
El caso de Bersaín pronto se propagó por redes sociales y no por tratarse de un excandidato con orden de aprehensión por un secuestro, sino porque hasta meses antes había trabajado como policía ministerial adscrito a la Fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas de Córdoba.
En este tercer capítulo de la serie: Buscar a un desaparecido a cambio de sobornos: El secreto enterrado en Veracruz, se exponen nombres y cargos de funcionarios locales de las Altas Montañas que, junto a Bersaín Pérez y Fabiola Melo, integran una red ligada a delitos de alto impacto.
Fabiola Melo actualmente enfrenta un juicio en libertad por haber pedido sobornos a Nallely Guarneros Zarandona, quien con la búsqueda de su esposo y su cuñada (Sergio y Liliana Rueda Daniel) da vida a este reportaje. Del resto de los funcionarios ligados a esta red, algunos están prófugos y otros salieron de la Fiscalía de Veracruz, pero encontraron puestos en la administración pública.
*De policía que busca desaparecidos a prófugo por secuestro*
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Veracruz que investigan a Bersaín Pérez, el expolicía es identificado como el presunto jefe de la banda que secuestró a un adulto de 79 años de edad quien se ganaba la vida criando borregos en Rafael Delgado.
Después de ser privado de la libertad, el 11 de septiembre de 2013, los familiares de la víctima recibieron una llamada. Los plagiarios exigían un pago de tres millones de pesos a cambio de devolverlo con vida. La familia intentó negociar, pero no pudo reunir ese dinero.
Nueve días después, el 20 de septiembre de ese año, autoridades notificaron a la familia del adulto mayor que su cadáver fue hallado en el río Matzinga, cerca de la colonia Huixastla, en Rafael Delgado. El cuerpo presentaba rastros de tortura y traumatismo craneoencefálico.
Familiares de la víctima denunciaron el secuestro desde el día que ocurrió. Aunque sabían la identidad de quien presuntamente descendió de un vehículo oficial el día del plagio y coordinó todo, esperaron varios años para ampliar su denuncia en la investigación ministerial 700/2013.
La familia señaló a Bersaín Hernández en una ampliación de denuncia, el mismo que en 2021 se inscribió como candidato a la alcaldía de Rafael Delgado. “Tú me conoces, sabes que puedo y sé cumplir”, decía en sus promocionales el abogado de 38 años de edad.
Pero el secuestro de 2013 no es el único señalamiento contra Hernández Paredes. Otro caso ligado a Bersaín es el de Nallely Guarneros, quien busca a su esposo y su cuñada Sergio y Liliana Rueda, dos empresarios que desaparecieron el 16 de julio de 2019.
Los hermanos Rueda fueron objeto de un secuestro montado, en el que presuntamente participaron sus trabajadores de la empresa Tarjeta Blanca, dedicada al financiamiento de préstamos. El 16 de julio, Sergio y Liliana acudieron a la dulcería La Josefina, en Córdoba, para entregar un rescate, luego desaparecieron. Por ese caso cuatro trabajadores están detenidos y enfrentan cargos por el delito de desaparición cometida por particulares. Otros cinco permanecen prófugos de la justicia.
Durante el proceso de búsqueda, Nallely Guarneros denunció ser víctima de extorsión por la fiscal que investigaba su caso, Fabiola Melo González, quien le pidió al menos 29 mil pesos durante casi dos meses seguidos.
El 18 de septiembre de 2019, Nallely descubrió que había sido estafada por la fiscal Melo, pero no solo eso, que indicios claves sobre la desaparición de Sergio y Liliana Rueda fueron desaparecidos de la carpeta de investigación, como un video de la última vez que fueron vistos con vida y entrevistas de otros trabajadores sospechosos en el caso.
Además, Melo González se negó a llamar a declarar a Inocencio Montiel García, hermano de José Domingo “N”, uno de los trabajadores que hoy están prófugos de la justicia por el caso de los hermanos Rueda.
Inocencio será síndico suplente en el Ayuntamiento de Mariano Escobedo y es sobrino del actual alcalde de ese municipio, Baldomero Montiel Estévez; este a su vez promovió la candidatura de su esposa, María Guadalupe Durán Alcántara, quien lo sucederá en la alcaldía el próximo primero de enero de 2022.
Inocencio Montiel fue señalado en una declaración, integrada en la carpeta de investigación FGE/FECCEV/1018/2019, de haber presionado a los hermanos Rueda para pagar el rescate del secuestro presuntamente montado por su hermano, José Domingo y otros trabajadores de Tarjeta Blanca.
Fabiola Melo trabajó de la mano con Bersaín Hernández en el caso de los hermanos Rueda, como en todos los que ocurrieron en la región de Córdoba, entre 2017 y 2020. Ella desde su adscripción ordenaba actos de investigación y él los ejecutaba como policía ministerial.
Después de que Nallely se percató de la falta de indicios en su carpeta de investigación, comenzó a dudar de los demás servidores públicos ligados a su caso. Entonces descubrió que también faltaba una motocicleta de la empresa de sus familiares, que Arturo “N”, uno de los trabajadores, entregó a Bersaín Hernández sin ninguna orden judicial.
La moto no fue puesta a disposición de la Fiscalía. Cuando Nallely pidió información sobre ella, en marzo de 2020, le dijeron en fiscalía general del esatdo que tenía que ir por ella a la casa de Bersaín, en la comunidad de Jalapilla. La entrega se dio el cinco de marzo de 2020, el mismo día que Fabiola Melo fue imputada ante un juez por los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal, tras la denuncia de Nallely Guarneros.
“No entiendo por qué no informó que uno de los cobradores le había entregado la moto. Fui por ella a su casa y la tenía en su patio; me dijo que la guardó para no darme molestias, que no debía firmarle nada y me tomó fotos cuando me la llevé”, agrega Nallely.
De acuerdo con una solicitud de información hecha por este medio, con folio 30114670000321, la Visitaduría de la Fiscalía General de Veracruz solo ha abierto un procedimiento administrativo contra sus trabajadores por casos de corrupción en agravio de familiares de desaparecidos.
evidencia-7Uno de los superiores de Bersaín Hernández fue Arturo Rodríguez Pucheta, quien fue director general de la policía ministerial entre el 15 de agosto de 2018 y el cuatro de septiembre de 2019; previo a ese cargo, fue director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
Pucheta fue cesado por la actual fiscal general, Verónica Hernández, mientras que el gobernador confirmó el 16 de agosto de 2021 en rueda de prensa que es investigado “por tolerar a bandas de secuestradores”.
Los tres superiores de Fabiola Melo eran en ese tiempo Luis Eduardo Coronel Gamboa, Hugo Alberto Martínez Saldaña y Martha Lidia Pérez Gumercindo. Ninguno de ellos presentó denuncia o actas administrativas sobre Melo, de acuerdo con la solicitud de información 30114670000321. Para este reportaje, Hugo Martínez y Martha Lidia Pérez declinaron responder preguntas sobre el caso.
Luis Eduardo Coronel Gamboa, permanece prófugo de la justicia desde el tres de septiembre de 2019, acusado del delito de desaparición forzada de personas, al igual que el exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz. Coronel estuvo al frente de la fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas entre el 16 de enero de 2017 y el 21 de marzo de 2019.
Hugo Martínez, ahora es jefe del departamento de monitoreo en materia electoral en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV). El dos de septiembre de 2021 fue premiado por esa dependencia con un segundo lugar en el certamen de ensayo titulado “Escribamos contra la corrupción”. Él fue jefe de Fabiola Melo del 20 de marzo al 13 de septiembre de 2019.
Martha Lidia Pérez Gumercindo, quien al igual que sus antecesores no procedió contra Fabiola Melo, ahora trabaja en la Fiscalía General de la República (FGR), donde es fiscal especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada, bajo las órdenes de Abel Galván Gallardo. Ella renunció a la fiscalía de desaparecidos el 1 de agosto de 2020.
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Capítulo 4
Nallely Guarneros: De ama de casa a buscadora. ¿Dónde están?
–¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las entrevistas? ¿Dónde están Sergio y Liliana? ¿Dónde están las instituciones? Se pregunta a diario Nallely Guarneros a dos años y tres meses de la desaparición de sus familiares, después de haber sido extorsionada por la fiscal que prometió encontrarlos.
Al día de hoy, ninguna autoridad da razón del video donde aparece Sergio Rueda Daniel por última vez, el 16 de julio de 2019, ni de las entrevistas realizadas a implicados en la desaparición de él y de su hermana, Liliana Rueda Daniel. Deudas, traslados, extorsiones, desvelos, presionar a diario a autoridades y sacrificar su seguridad, todo el trabajo de Nallely Guarneros parece haber sido en vano.
En este cuarto capítulo de la serie “Buscar a un desaparecido a cambio de sobornos: El secreto enterrado en Veracruz” se expone mediante el caso de Nallely Guarneros, las deficiencias de instituciones encargadas de buscar a personas desaparecidas en Veracruz.
Además de la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda (el órgano creado especialmente para esa labor), dejó a su suerte a Nallely, quien explica cómo es buscar pistas de su esposo y su cuñada, sin el respaldo del Estado. Su reclamo se une al de más víctimas que piden justicia en la entidad, una de las más vulneradas en México por el fenómeno de las desapariciones y desapariciones forzadas.
Nallely se vio obligada a recuperarse del engaño de la fiscal Fabiola Melo, quien le pidió sobornos por al menos 29 mil pesos, a cambio de solo entregar una carpeta de investigación prácticamente vacía. Nallely sacrificó la atención de sus tres hijas para realizar labores de búsqueda, a las cuales el gobierno de Veracruz destinó 21 millones de pesos en 2021.
La intuición e investigaciones por las que ha pagado o aprendido, llevaron a Nallely a poner sus manos en tareas de exhumación en las fosas clandestinas de Campo Grande, en el municipio de Ixtaczoquitlán, en la región donde Sergio y Liliana montaron la empresa de Créditos Tarjeta Blanca y desaparecieron. Allí, Guarneros junto al colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba han recuperado 43 cadáveres en un año de trabajo.
A sus hijas es difícil explicarles que su padre y su tía fueron “robados” por “personas malas”. “Voy a trabajar”, les dice a las menores de 6, 9 y 14 años de edad cuando se ausenta para ir a identificar cadáveres, acudir a oficinas o sentarse a redactar documentos. Un trabajo al que se dedica 24/7.
“Todo es tan absurdo y tan tardado y tan no sé…frustrante” describe la mujer de 37 años, la aparente desidia y torpeza de instituciones.
Nallely entregó pruebas a distintas autoridades para dar con el paradero de sus familiares, indicios que, si se hubieran investigado a tiempo, tal vez le habrían permitido celebrar con su esposo Sergio el aniversario 16 de haber formado un hogar juntos, el pasado nueve de octubre. Liliana vería a su hijo estudiar la universidad en la escuela privada que tanto planeó.
*Una Comisión de Búsqueda que no busca*
“¿Qué más hago? ¿Qué necesita?”, era como Nallely se ponía a disposición de la fiscal Fabiola Melo, pero también de Ricardo Ramos Reséndiz, analista administrativo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV).
Nallely resume el trabajo de la CEBV en los últimos dos años en el caso de sus familiares: “publicaron sus fichas de búsqueda en redes sociales y pusieron dos espectaculares en paradas de autobús de Córdoba”.
El primer contacto que Guarneros tuvo con la Comisión de Búsqueda fue el 16 de septiembre de 2019, cuando Sergio y Liliana cumplían casi dos meses desaparecidos. Supo de la existencia de la dependencia gracias al consejo de una persona afiliada a un colectivo de búsqueda.
Nallely no fue tan incisiva con la Comisión al comienzo de su proceso porque la fiscal Melo, además de pedirle dinero a cambio de buscar a Sergio y Liliana, también la convencía de que la dependencia era inútil.
Fue hasta abril de 2020 cuando buscó por segunda ocasión a la CEBV, cuando Fabiola Melo ya había sido imputada ante un juez (25 de marzo de 2020) por los sobornos que le exigió a Nallely por al menos 29 mil pesos.
A ella le urgía que alguien recibiera toda la información que había recabado (gran parte perdida de esa información por la fiscal Melo) para que fuera investigada correctamente por profesionales. Entregó todo a la CEBV, pero solo consiguió más frustración.
A partir del ocho de abril del 2020, medio año después de la desaparición de Sergio y Liliana, Nallely mantuvo contacto constante a través de WhatsApp con Ricardo Ramos Reséndiz.
Nallely insistía diario que se investigaran indicios como las sábanas de llamadas de los teléfonos de sus familiares, y todo lo había recolectado para encontrarlos.
Al ver pocas acciones, a inicios de junio de 2020 solicitó a la encargada de la CEBV, Brenda Cerón Chagoya, información de los avances en su caso. La funcionaria la citó el nueve de junio de ese año.
En esa reunión el analista Ricardo Ramos le informó que para iniciar la búsqueda era necesario solicitar la carpeta de investigación FGE/FECCEV/1018/2019 a Claudia de Fátima Barrales, la Fiscal que sustituyó a Fabiola Melo. Pero nunca buscó a la funcionaria y solo postergó los resultados.
Anaís Palacios Pérez, acompañante de colectivos de búsqueda desde hace más de 10 años, opinó que las autoridades tienen una atribución de generar información propia para dar con el paradero de personas. Es decir, la CEABV no necesitaba esperar a que la fiscalía le entregara copias de la carpeta de investigación.
“Tienen esta atribución de generar (información) o de allegarse a través de entrevistas, diligencias, comunicaciones con otras instituciones, etc.”, dijo en entrevista.
Sin resultados, familiares de Sergio y Liliana se manifestaron el 16 de agosto de 2020 frente al Palacio de gobierno de Veracruz, en Xalapa. Marcial Rueda (hermano), Marcelo Salvador Salinas (exesposo de Liliana) y Nallely exigieron resultados al gobierno de Cuitláhuac García para encontrarlos, pero también para detener a los responsables.
La protesta tuvo efecto. Al día siguiente Nallely fue citada a una reunión con representantes de la Fiscalía Especializada en denuncias por personas desaparecidos, Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Nallely entregó análisis sobre los trabajadores presuntamente implicados en la desaparición de sus familiares. Ella misma buscó información de los trabajadores de Tarjeta Blanca cuando pidieron empleo, rastreó redes sociales y advirtió que seguían con sus vidas normales. Su esfuerzo apenas le alcanzó para que Fiscalía prometiera dar acceso a la Comisión de Búsqueda, a un año y un mes de la doble desaparición.
Para el dos de septiembre de 2020 el avance de la CEBV era un mapa con los lugares donde estuvieron activos los trabajadores con la información que Nallely aportó. Guarneros respiró profundo y pidió que ese análisis lo entregaran a Fiscalía para que, coordinados, buscaran a Serio y Liliana.
El 30 de octubre de 2020 Nallely escribió al analista Ramos.
-Buen día Lic… ¿Cómo está? Solo para preguntar de los oficios que se mandaron. Si ya tienen respuesta.
– Buen día permítame. Sí. No hubo respuesta.
Al día siguiente insistió Nallely.
– Hola Lic… Buen día… De nuevo molestando para preguntar si llegó alguna respuesta de los oficios q mandaron. ¡Gracias!!!!!!
“Lic., aún no han llegado”, devolvió el funcionario cuatro días más tarde.
La insistencia de Nallely se mantuvo. Las respuestas de la CEDBV eran cordiales, pero “vacías”, asegura. Luego, en diciembre de ese año, la informaron que la búsqueda se iba a aplazar unos meses. ¿El motivo?, el personal se iría de vacaciones.
Nallely esperó los festejos decembrinos. 2021 volvió sin respuestas. El cinco de marzo de 2021 se reunió -por segunda vez- con la encargada de despacho de la CEBV, Brenda Cerón, Fernanda Figueroa (jefa del área de búsqueda) y Ricardo Ramos. Nallely pedía lo mismo: “pidan la carpeta de investigación a fiscalía” y un análisis exhaustivo de las llamadas que ella aportó.
La Comisión se comprometió a hacerlo y hasta ofreció a una persona “talentosa” en la materia, una mujer de nombre “Vicky”. Su ayuda tampoco llegó.
En un último intento, el 25 de marzo de 2021, Nallely solicitó un plan de acción para implementar una búsqueda individualizada de sus familiares, y los avances en el trabajo de la CEBV que ya cumplía un año y un mes. Dicho oficio no fue contestado.
Nallely tuvo un recuerdo déjà vu. “La Comisión me estaba haciendo lo mismo que la Fiscalía. Sentí que me estaban tomando el pelo”, cuenta.
Decepcionada, el dos de julio de 2021 promovió el juicio de amparo 558/2021, contra los actos de Brenda Cerón Chagoya; actos que más bien -expuso a la autoridad federal- son omisiones como la negativa a implementar un plan de búsqueda individualizado por Sergio y Liliana y negar los informes que la CEBV ha hecho en su caso.
El amparo también es contra la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, por la omisión “en sus funciones de coordinación, propuesta, realización y seguimiento a las acciones de búsqueda que deben instrumentar las comisiones locales de búsqueda en favor de las víctimas”.
El 4 de octubre de 2021, en una reunión de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Karla Quintana dijo que existe una resistencia a colaborar por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales, con relación al Protocolo Homologado de Búsqueda. “Solo se echan la bolita”, resume Nallely decepcionada.
Traducir la ausencia de un padre: La otra tarea de Nallely
El dos de febrero del 2021 las hijas de Sergio y Nallely no cantaron las mañanitas a su padre, ni ella cocinó el adobo que siempre guisaba a en el cumpleaños de su esposo. Las cuatro lo recordaron con unos osos cosidos por ellas mismas de una camisa suya floreada y pijama favorita.
“Oseznas”, era como les decía de cariño Sergio a las menores, a las que les inculcó una educación de compartir y no dar importancia a lo material. Lo recuerdan como el padre que compró un pastel en el supermercado para los indigentes que se encontraban afuera pidiendo dinero, o el que regalaba a otros niños los dulces de la piñata en las fiestas infantiles.
Lo piensan como el hombre que se quitó su costosa chamarra “de marca” para dársela, sin titubear, a una persona en situación de calle, a quien gustaba que jugaran con barbies y pedía verlas peinadas con trenzas; el que las cuidaba y llegaba a casa con detalles.
Para ellas a su papá “se lo robaron los malos” y su mamá trabaja, haciendo lo posible para encontrarlo.
Nallely a la par de enfrentar la ausencia de su esposo, intenta explicarles a sus hijas su desaparición y darles la estabilidad y cariño como él lo hacía.
“Sergio era muy alegre y a lo mejor, dicen ¿por qué hablas en pasado?, a veces hablo en futuro, en pasado, no sé”, dice aun conflictuada al nombrar a Sergio”. ¿Es?, ¿era? ¿cómo se nombra a un desaparecido? Nallely, Marcelo, Marcial, las hijas de Sergio y el hijo de Liliana se encuentran en ese limbo, sin la certeza de saber dónde están ni qué pasó.
Para Nallely, las autoridades tienen todas las herramientas para investigar el paradero de desaparecidos, pero una falta de compromiso y empatía agrava su desesperación.
Falta de voluntad, es como Anaís Palacios resume el trabajo de búsqueda de autoridades veracruzanas. “Si no es la familia la que investiga, si no es la familia la que entrega la información, pues menos hay un avance, ni en las carpetas ni en investigación, ni en judicialización, ni en búsqueda ni en nada. Aquí es que la familia tenga (dinero) y pueda; se involucre y si no, no avanza.
Anaís Palacios opina que existe una disparidad de ayuda institucional, al comparar la atención de las autoridades con los colectivos y aquellos que, como Nallely, buscó por su cuenta al inicio de su proceso. Para la experta, su caso fue menospreciado por autoridades y se limitó el acceso a recursos humanos y materiales.
Ese menosprecio llevó a Nallely a acercarse y acuerparse en el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, con quienes desde abril del 2021 ha buscado pistas de sus familiares en fosas clandestinas.
Desde hace medio año Nallely aprende de sus compañeros en el colectivo. Cuando hay extracciones de cuerpos ella observa “de lejitos”.
En las búsquedas ha aprendido que en los hundimientos o montículos del terreno se entierra una varilla y si sale con olor putrefacto, es un punto positivo. Un punto que da la esperanza de que tal vez sea Sergio o Liliana.
“Mi trabajo es ir a aprender, con los ojos muy abiertos”, dice, para que cuando acuda personal de la Comisión de Búsqueda con tecnología más avanzada, pueda verificar que se haga correctamente.
Tarjeta Blanca: El sueño de Los Rueda devorado por la violencia
Tarjeta Blanca no era solo un negocio, era el sustento de Los Rueda, que comenzó en 2001, y se consolidó como la fuente de ingresos de 26 familias. Un proyecto emprendido desde la precariedad.
A los 11 años de edad, Sergio comenzó a trabajar en San Matías Cocoyotla (perteneciente a Cholula, Puebla) cuando falleció su padre. A los 16 ya era cobrador para una empresa de préstamos en Cholula y así apoyaba a su familia con los gastos diarios. Solamente estudió la secundaria.
Liliana terminó dos carreras en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Una por pasión, y otra para “no morirse de hambre”, como decía su madre: teatro y derecho. En el 2000 también viajó por Sudamérica, no con lujos y comodidades, sino por méritos escolares. En Chile se casó con Marcelo Salvador Salinas, entonces conductor en una radiodifusora.
En 2005 Sergio conoció a Nallely, una estudiante de Ingeniería Agrónoma, de quien se enamoró en una fiesta de su prima, en San Matías Cocoyotla. Ese mismo año comenzaron a vivir juntos. “A mi mamá al principio no le caía bien Sergio”, recuerda entre risas.
Sergio formó una familia amorosa con Nallely. Mientras trabajaba como cobrador, mantenía un proyecto personal y disidente en el que invertía su tiempo y dinero: el activismo zapatista.
Su activismo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo llevó a gestionar la visita del subcomandante Marcos a su natal San Matías Cocoyotla, en 2006.
Creó un colectivo llamado Colectivo San Matías Cocoyotla Cholollan, el cual hacía activismo en Facebook difundiendo mensajes críticos contra el gobierno mexicano, además de transmitir en vivo un programa de radio para la comunidad.
En 2007 Sergio abrió una escuela en la misma comunidad e impulsó el “rincón zapatista”; allí contrató a una maestra de piano, a un arqueólogo, un maestro de náhuatl y una maestra de teatro para que niños y niñas accedieran a la educación. “Sergio siempre pensaba ‘todo para todos’”, recuerda Nallely.
En 2009, tras la muerte de su madre, Sergio le contó a Nallely su sueño: crear Tarjeta Blanca, una financiera de préstamos, con una primera inversión que fue suficiente para arrancar la ruta en Apizaco, Puebla. A los tres años, en 2012, el éxito de Tarjeta Blanca ya permitía expandir su territorio.
Nallely describe a Sergio y Liliana como personas perseverantes, entusiastas y trabajadoras. Ese emprendimiento y la motivación por darles a sus hijas e hijo, respectivamente, mejores condiciones de vida que las que ellos tuvieron en su infancia los llevó a abrir nueva ruta en Tehuacán que entraba a municipios de Las Altas Montañas, en Veracruz.
Para 2019 todo parecía marchar bien. Tarjeta Blanca prosperaba y ya contaba con 21 cobradores con rutas específicas y cinco secretarias que administraban. Sergio era “un padre muy amoroso y protector” describe Nallely, y a pesar del trabajo pasaba tiempo en casa con sus tres hijas. Liliana trabajaba duro para enviar a una escuela particular a su hijo de 17 años.
Sergio y Liliana solían organizar fiestas para todo el personal de Tarjeta Blanca. En navidades convivían en posadas. A esos eventos asistieron Guillermo “N”; J. Juan “N”, L. Alberto “N”, Domingo “N”, Julio “N”; el primero hoy está detenido y acusado de haber fingido un secuestro, que en realidad fue una trampa para sus jefes, Sergio y Liliana quienes desaparecieron el 16 de julio de 2019 cuando acudieron a Córdoba a pagar el rescate por ellos.
Los otros cuatro trabajadores son prófugos de la justicia por el mismo hecho. En total, la Fiscalía General del Estado (FGE), giró nueve órdenes de aprehensión, pero solo pudo capturar a cuatro presuntos responsables.
Sergio y Liliana estaban decididos a pagar el falso rescate, así lo prometieron en mensajes de WhatsApp a familiares de los trabajadores que les pedían se compadecieran de ellos.
Tras la desaparición esos mismos familiares dejaron de insistir por teléfono, en tanto, los empleados continuaron cobrando las rutas. Domingo N (prófugo) cobró un total de 75 mil pesos sin reportar a Tarjeta Blanca y Erick N (detenido) de 78 mil, según confirmaron propios clientes y secretarias.
El dinero requerido ya iba a ser entregado, entonces “¿cuál era la saña de desaparecerlos?”, se cuestiona a menudo Nallely.
Para Nallely el dinero no fue lo único que movió a que Sergio y Liliana fueran desaparecidos, pues nunca le pidieron un rescate por ellos desde un inicio.
Sin dar detalles, temerosa de su seguridad, Nallely no agradece a autoridades de Veracruz por las personas que hoy están detenidas, “debería recibir un sueldo yo por haber hecho tanto trabajo”, concluye la mujer que reparte una ayuda social de 5 mil pesos para costear los gastos de sus tres hijas y hacer su trabajo: buscar a Sergio y Liliana.
*Este reportaje fue publicado por La Silla Rota y E-Consulta Veracruz, como parte del programa MásterLAB en edición de investigaciones, de Quinto Elemento Lab.
