Aunque las cifras oficiales muestran que los homicidios han disminuido en Sinaloa los últimos años, lo cierto es que los desaparecidos vinieron a ocupar su lugar… lo más desalentador es que la mayoría de las desapariciones siguen en la impunidad.
Por: José Abraham Sanz.
Un reportaje de Noroeste como parte del MásterLAB de Quinto Elemento Lab @quintoelab
‘Ya nunca apareció’
Primera parte.
Cuando salieron de aquella casa en obra negra de la Colonia República Mexicana, al sur de Culiacán, sabían que aquel fulano con la pistola fajada era una amenaza. “Sale pues, al rato se hace”, les dijo después de que Rafael se negó a darle fiado un pedazo de “hielo”, como se conoce a la metanfetamina en Sinaloa.
Rafael ya tenía un par de años vendiendo droga, y junto a Miguel, su amigo y acompañante, sabían que aquel vato se animaba a jalar el gatillo a la más mínima provocación. Habían escuchado que estaba fuera de control y que había matado por deudas de 500 pesos.
“Días antes había matado a un vato ahí enfrente de la casa. Nos salimos, volteando pa’ enfrente, y el vato riéndose de nosotros, porque ya sabíamos que se animaba”, recuerda Miguel. Lo primero que les pasó por la cabeza fue ganarle el jalón, pero eso era algo que ellos nunca habían hecho. “Y pues ahí fue cuando fuimos a buscar a Ceferino”.
Ceferino era un amigo suyo que había trabajado para el narcotráfico desde sus orígenes en la sierra de Badiraguato, pero que se había “hecho gobierno”, pues en ese momento estaba en la Policía Ministerial bajo el mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez durante el sexenio del Gobernador Juan Millán Lizárraga, un policía que fue acusado por la Federación de tener nexos con la mafia sinaloense, hasta su muerte por Covid-19 a principios del 2020.
Fueron a platicarle el “pedo”, porque estaban seguros que el Ceferino “también las podía” y podía hacerles el paro “rapidito”, aunque su intención, más que nada, era pedirle una pistola.
“(Estábamos) en el patio, en esa casa las cosas así eran (se hablaban) hasta atrás, porque él tenía puras niñas hijas, y su esposa; entonces cuando él platicaba cosas así se iba para atrás. Pues ya allá en el patio ya nos dijo cómo estaba el pedo: no, ustedes no… si lo matan a balazos se va a hacer un broncón… podría provocar una bronca contra ellos, pues, que pensaran que la bronca fuera contra ellos”, señala.
“Entonces este wey dijo: pues, péguenle una chinga, atropéllenlo, a batazos o a ver cómo le hacen… y ya se bajan y le pasan por arriba con el carro”, relata.
Pero la manera de resolver problemas de este tipo en Sinaloa parece haber cambiado por lo que pasó justamente después en este pedazo de la historia de Rafael y Miguel: la misma gente que empleaba al sicario aquel, tuvo que hacerse cargo.
“…Y pues a lo mejor ahí es donde entra Dios, porque… duró un día más y al otro día desapareció; supimos que lo habían levantado, pero ya nunca apareció”.
Homicidios a la baja, desaparecidos al alza
Desde el 2018, en Sinaloa el número de denuncias ante el Ministerio Público por desaparición de personas superó a las de homicidio doloso. Algo inédito.
De enero a agosto del 2021, hubo 1.79 homicidios y 3.03 desaparecidos diarios en el estado, siendo este el peor contraste anual entre ambos delitos, pues los desaparecidos son 69 por ciento más que los homicidios. Ésto de acuerdo con datos de la solicitud de información 1058421 realizada en septiembre de 2021 por Noroeste y resuelta vía recurso de revisión hasta el 17 de diciembre del mismo año. Datos que no consideran la cifra negra que se da con las desapariciones.
Las tendencias se cruzaron en 2018, con la llegada del Gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, quien antes de la creación de la Guardia Nacional, prácticamente militarizó la seguridad pública estatal al traer a la Policía Militar e instalar a mandos castrenses con licencia o en retiro en las secretarías de seguridad pública municipales más relevantes.
Y desde entonces el cruce de tendencias se mantiene, los números siguen creciendo, en caso de desapariciones, y bajando, en el caso de los homicidios dolosos.
La nueva estrategia del crimen organizado y de los homicidas en Sinaloa ha dado en el clavo, porque otorga a las autoridades la posibilidad de presumir una reducción de los homicidios y seguir invisibilizando las desapariciones.
Desde la Federación este delito ni siquiera es llamado como lo que es, y sus números, aún con el hallazgo de fosas clandestinas, no crecen porque primero hay que determinar las causas de muerte, y mientras tanto se van a un limbo de burocracia y opacidad.
En Sinaloa se desaparece más de lo que se mata y hay evidencia de que las cosas en el mercado de las drogas han cambiado, que hay autoridades coludidas, en acciones u omisiones, y que ser desaparecido le puede pasar a cualquiera, sólo por estar en el momento y el lugar equivocado.
Pero lo más desalentador es que la mayor parte de estas desapariciones permanecen en la impunidad.
Noroeste indagó en las causas que podrían explicar el fenómeno de la desaparición en Sinaloa y su evolución más reciente. Se entrevistó a operadores de droga, expertos y activistas para comprender mejor qué es lo sucede y cuáles son las consecuencias.
Bolsitas de helado, una veladora y un ladrillo de mota de 2 kilos
Aunque ya se conocían, se hicieron íntimos amigos desde la secundaria. Era agosto de 1994. Miguel recuerda a Rafael como alguien bien a toda madre. “Peleonero, o sea siempre por una causa, si se la hacían de pedo peleaba, pero no era peleonero; él no era problemático, pero si le atoraban él jalaba, y pues era bien cotorro. Fuimos amigos hasta que falleció”.
Rafael comenzó su vida laboral entre los 16 y 17 años como checador de camiones. En ese tiempo empezó a quemar mariguana. “Un día uno de los panaderos del barrio nos regaló un cuadro de mota, me lo regaló a mí de hecho, y (Rafael) de ahí él sacó la idea, ¿y si vendemos mota?, pero para mí esa madre no me gusta, andar vendiendo a los locos”, explica.
“Empezó con bolsitas de helados, una veladora y un cuadro de mota de 2 kilos; la neta en caliente le rindió, en aquel tiempo vendía de 20, 30, 50 pesos la bolsa, media bolsa de helados eran 20 pesos, a veces nada más te echaba un puño, si no tenía bolsitas y pues era pura ganancia, yo me acuerdo que me daba alguna caja de cigarros o algo así, pero ese fue el brinco para vender perico en poquito tiempo y también empezó a vender de su compadre”.
Miguel también recuerda que cuando recién empezó a venderse el crystal en Culiacán era muy caro, pero su precio cayó estrepitosamente en poco tiempo, lo que lo volvió accesible y todos comenzaron a venderlo. Era a mediados de la década del año 2000. El pedazo, de casi una libra, costaba unos 12 mil pesos y las porciones, del tamaño de un chícharo, 100 pesos.
A finales de 2004 Culiacán se había convertido en el centro de la guerra entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, con el asesinato a mansalva de Rodolfo Carrillo Fuentes y su esposa Geovana Gastélum, un hecho que además desnudó que la Policía Ministerial de Sinaloa estaba coludida con la mafia, porque el entonces jefe de Investigaciones de la Ministerial, Pedro Pérez, escoltaba a las víctimas durante el ataque en la plaza comercial.
Aguilar Íñiguez, entonces director, se vio obligado a renunciar y fue cuestión de tiempo para que la entonces Agencia Federal de Investigación y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada lo acusaran de proteger al narcotráfico.
Miguel asegura que Rafael hizo dinero rápido y no era cualquier puchador. “Ese vato tenía hora de entrada, ese vato tenía bien ajustada a su gente, empezaba a vender a las nueve de la mañana y después de las ocho ya no le vendía a nadie, a nadie”.
Luego, Sinaloa vivió otro cambio significativo con la fractura del Cártel de Sinaloa por parte de los hermanos Beltrán Leyva. El primer hecho relevante fue la detención en una propiedad de lujo en Culiacán de Alfredo, “El Mochomo”, en enero de 2008, a quien se le acusó “de operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos”.
En mayo de ese mismo año, se registró el asesinato de un hijo de Joaquín Guzmán Loera, Édgar, quien murió tras un ataque en un centro comercial. Se presumió que fue realizado por sicarios al servicio de los Beltrán Leyva, que pretendían cobrar así la supuesta traición por la detención del “Mochomo”, pero luego se instaló la versión de que fue un craso error al interior del mismo cártel.
Al año siguiente, Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, sería abatido por elementos de la Marina durante un operativo el 16 de septiembre en Cuernavaca, Morelos.
Según los entrevistados, con estos cambios hubo ajustes en el mercado interno de drogas, algo que le provocó otro incidente fuerte a Rafael. Miguel recuerda que su amigo le contó que un emisario de los hijos de “El Chapo” Guzmán fue a su casa a decirle que tenía que vender producto solamente de ellos y se le iba a pagar un sueldo y era de “a huevo”.
“… Y pues el vato amenazándolo, diciéndole que ya había visto lo que había pasado con los demás… a uno lo habían agarrado, le habían cateado la casa y al otro lo mataron, entonces pues este wey toda su vida formó esa cartera de clientes que tenía y todo mundo a él lo conocía porque vendía pura calidad calidad de droga… pura cajeta”, señala.
A Rafael le explicaron que tendría seguridad, los cuidarían, impedirían los cateos y nadie le iba a quitar el negocio, “… pero vas a vender lo de nosotros y nosotros te vamos a dar una feria”, dijo.
“No, pues éste les dijo que no, entonces el vato lo amenaza: o es sí o sí”.
Rafael estaba respaldado por su proveedor, quien medió para evitar problemas. “… antes si a ti te daba la gana ponerte a vender perico o mota, vendías; conseguías con quién comprar y podías vender… ya ahora a huevo tienes que tener respaldo de alguien si no te levantan a la chingada, en caliente, y si bien te va te ponen a vender lo de ellos… y si no, pues te fuiste en el viaje”, reflexiona Miguel.
En Culiacán, es común observar bolsas de poliestireno con leyendas impresas que sirven para conocer el origen de la droga que se vende y los territorios en que se distribuye. Hay de diferentes tamaños y colores, con los que se deduce el tipo de mercancía; mariguana, cocaína o metanfetamina. También es común encontrar este tipo de empaques en la calle, como si fueran envoltorios de frituras, galletas o golosinas que venden en el abarrote.
Rafael fue asesinado a balazos en 2017.
Miguel, quien a la fecha tiene 39 años y no se llama así para proteger su identidad, sospecha que esto de las desapariciones en lugar de asesinatos en la calle tiene qué ver con algún tipo de arreglo entre criminales y gobierno.
“Pienso que están arreglados con el gobierno ahora, o sea ‘ya no hagan tanto desmadre’, ‘ahora ya nada más llévenselos, tírenlos por ahí, entiérrenlos por ahí, desaparézcanlos’, es la misma chingadera, nada más que ahora ya no se oye tan feo, que encontrar tantos muertos tirados”.
“Ya no se ven, ya nada más se desapareció, se desapareció, y uno sabe por debajo del agua, y entre las calles sabemos que los levanta la mafia o algo… se oye menos feo desaparecido, que lo encontraron muerto, colgado, destazado”.
A finales de septiembre de 2020, dos agentes de la Policía Municipal de Culiacán fueron sorprendidos por la Guardia Nacional y la Policía Estatal en el momento en que trasladaban a una persona que había sido privada de la libertad de su domicilio varios días antes.
En la patrulla viajaba otro civil armado con un fusil AK 47, quien supuestamente era de un grupo contrario al detenido, y que en el camino continuaba con la tortura. Los agentes son Gilberto “D” y Evaristo “H”, quienes viajaban en la patrulla SA-406A-1 de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
Cuando fueron puestos ante el juez, la víctima narró a través de los fiscales que los policías lo recogieron en una bodega cerca de Culiacancito, en donde lo torturaron y que por órdenes de los criminales los policías lo llevaban para desaparecerlo.
Pero para la siguiente audiencia, los abogados defensores de los policías y el supuesto sicario cambiaron la historia, firmada por la víctima, y ahora aseguraban que lo habían rescatado de un supuesto secuestro. La juez rechazó la nueva versión, porque había imprecisiones como el hecho de que la víctima tenía una balazo en el pie que hacía imposible pensar en que se había escapado caminando o corriendo.
El juicio aún está en trámite, con los policías acusados de desaparición forzada.
Otro caso parecido ocurrió el 8 de diciembre de 2020: Reynalda miró a su hijo Neto, de 16 años, por última vez cuando esperaba el transporte urbano en una de las calles de la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán.
“Neto” se despidió de su madre de lejos cuando iba en una motocicleta de renta hacia una tortillería, por esa moto pagaba 600 pesos a la semana para hacer mandados y trabajar como ayudante de albañil.
A Reynalda testigos le contaron que mientras él hacía cola en la tortillería una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán, marcada con el número 0138, llegó al lugar; los agentes preguntaron quién era el dueño de la motocicleta, y que aunque “Neto” les explicó la situación, se lo llevaron detenido.
Se llama Javier Ernesto Vélez Pulido y hay una alerta Ámber activada desde entonces y su madre y sus familiares han realizado marchas por la avenida principal de Culiacán y se han plantado frente al Ayuntamiento para que les den respuesta. “No me voy a mover de aquí hasta que me atienda (el Presidente Municipal)”.
“No ha querido atenderme, me ha cerrado las puertas, dígame dónde está la patrulla, la patrulla que se llevó a mi hijo de tan sólo 16 años. ¡Quiero a mi hijo! Si fuera puntero o asaltante ya supiera dónde está y no lo buscara; quiero a mi hijo, señor”.
Reynalda, quien era empleada de una gasolinera del sur de la ciudad, asegura que no hay avances de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones y que la mayoría de los datos sobre el caso han sido aportados por ella misma.
Y su caso no es la excepción sino la regla, pues la impunidad en los casos de desaparecidos en Sinaloa es casi absoluta: de septiembre de 2020 a agosto del 2021 solo se judicializó el 1.88 por ciento de los casos, 85 por ciento permanece en “Trámite”, 5.64 por ciento se acumula, 4.28 por ciento va “Archivo temporal”, en 1.67 por ciento de decreta el “No ejercicio” y en 1.36 por ciento se declara “Incompetencia”.
“Yo lo único que quiero saber es que me digan dónde está la patrulla que se llevó a mi hijo, yo no puedo buscar por ningún lado. Ellos (policías) dicen que lo entregaron a la maña (mafia), y la maña dice que no lo tienen ellos, ¿por qué (lo sé)?, porque ya pregunté… arriesgándome, arriesgándome que el día de mañana yo aparezca muerta, ¿por qué?, porque esto no es… ¿cuántos niños no habrán levantado?, y ¿qué hacen?, nada. Dicen que los entregan por 10 mil pesos”, expresa dolida.
Por situaciones como esta, Miguel hoy recalca que puede ser fácil asesinar a alguien, pero el problema se extiende no solamente con la autoridad que te perseguirá para aplicar la justicia, sino porque la persona tenía la protección o la estima de alguien con poder.
Antes, a principios de los 2000, era posible comprar una pistola entre 5 y 6 mil pesos. “Ahora eso cuesta un relingo que hasta las balas se le salen, y un rifle, pues ni se diga, 100, 150 mil pesos”, expresa.
De las 736 desapariciones registradas de enero a agosto de 2021 en Sinaloa, el 61.8 por ciento permanece como no localizado, el 25.68 por ciento ha sido encontrado vivo y el 12.5 por ciento fue encontrado muerto.
Desde el Gobierno se presume el logro de que hay menos homicidios, pero las desapariciones no se consideran en el discurso oficial.
Juanito (cuya identidad también se resguarda) tiene 49 años, pero parece de 70. En estos días trabaja de velador, así puede seguir sorteando los gastos de su familia y los de su adicción al crystal.
Quien está cerca de él, a veces lo escucha tocar la guitarra y cantar; los ha impresionado con su habilidad para aprender a tocar otros instrumentos de manera empírica. Dice que el oído y la capacidad musical le viene de familia.
“Yo los miraba y pues me gustó, entonces cuando iban a tocar yo también iba y ya me fui yendo yendo y yo también le fui dando a mi manera, ya nadie me enseñó, así a puro oído… Tenía un conjuntito, pero se desbarató porque mataron a la gente”.
– ¿Y eso?
Por broncas de allá, del rancho; así de que qué te puedo decir, por cosas, que las plantas, que se metían las reses a algunos (terrenos) y así.
Un hermano suyo tocaba el acordeón, otro el violín y un primo el tololoche. Es oriundo de La Sávila, un pueblo ubicado en la sierra de Badiraguato en donde creció sin ir a la escuela.
A mediados de los años 80, llegó un compa para proponerles un jale, que no era más que sembrar mariguana. Recuerda que recibió un pago de unos 3 mil pesos. Él tenía 22 años de edad: “… pues siempre, eran como 300 mil pesos de ahorita, porque yo compré un carro con el dinero y me sobró”, dice.
“Nosotros a sembrar, a regar la mariguana, para que estuviera, ya que estuvo… a traer gente para empezar a pizcarla”. El negocio salió de la mejor manera para todos, tanto que los invitaron a hacer lo mismo, pero en Caborca, Sonora, en donde cosecharon hasta 70 toneladas. Duraron un año y dos meses arriba y sólo bajaban al pueblo por cosas básicas.
Luego se fueron a San Blas, Nayarit, luego a Michoacán, y comenzó a viajar por otra media docena de estados con zonas serranas y condiciones para sembrar y cosechar mariguana.
– ¿Alguna vez tuvieron problemas con el Ejército?
No, porque pagaban cuota.
– ¿Sabes cuánto pagarían?
No, pues no sé, a nosotros no nos avisaban, porque ellos, los encargados, se encargaban de eso. Nosotros éramos puros sembradores.
– ¿Entonces no cayó el Ejército arriba por ustedes?
La ley no, los boludos sí daban vuelta, arriba. Daba una o dos vueltas y se iban.
Juanito decidió casarse a los 27 años, migró a Culiacán y decidió comenzar a vender mariguana, eran los principios de la década de los 90. No recuerda cuánto vendía a diario, pero lo cierto es que no sacaba cuentas. “Porque agarraba el dinero y lo gastaba”, señala.
Cuando le pregunto si tenía muchos clientes sonríe: muchos, sí, muchos. Hacían cola a veces.
La situación con la Policía no era igual que hoy, había menos, y también podría quitártelos de encima por mil o 3 mil pesos, según el que los agarraba.
La mariguana que traía Juanito era de Cosalá, de donde un primo suyo había acondicionado un terreno para cosechar. Él mismo se iba en camión para la sierra, y en mochilas y maletas en el camión regional, bajaba con la hierba. “Ahí nos arriesgábamos”, expresa. Fue detenido una vez, pero gracias a un amigo pudo pagar unos miles de pesos y quedó en libertad.
“Pero como seguí vendiendo, me volvieron a chingar y ya pagué cinco años. Salí en 2012, fue en 2005 cuando me agarraron”, señala.
En ese tiempo, Juanito compraba 2 o 3 kilos, cada uno en 500 pesos, y de cada uno sacaba ganancias de al menos 3 mil pesos o incluso más.
“Sí, muchos, muchos vendían, todavía no se ponía como está ahora, pues”, resalta. “Era libre entonces, y ahora no, pues ahora ya nada más unos… ya por eso dejamos de vender, ya no vendemos nada”.
– ¿Hace cuánto cambió?
Hace unos 10 años, por ahí, unos 10 años. Ya no dejaron vender (libre).
– ¿Qué pasa si vendes?
No, pues si compras y vendes, ellos lo levantan, lo lastiman, a ver de dónde lo sacó, porque es otro “bisnes” ahora, que no dejan a nadie vender, más que la de ellos.
Es meterse en broncas, de que quedas mal con el patrón, de que le deben droga a uno y quedar mal con él. Hay veces que no le pagan a uno y ahí salen los problemas.
Después de escuchar su última respuesta, le pregunto a Juanito ¿te pueden llegar a matar?
Él sonríe y luego me responde un largo “sí”. “A veces que perdonan… pero no, esas cosas no la perdonan”, agrega.
Segunda parte.
De la mariguana que bajaba de la sierra a la proliferación de laboratorios clandestinos de fentanilo en la ciudad, así ha evolucionado el negocio del narcotráfico en Sinaloa… y con ellos el modus operandi de cómo resuelven sus pugnas: de homicidios a desapariciones.
Después de la realidad en que le tocó vivir a Juanito, en Culiacán el mercado evolucionó cuando se comenzaron a fabricar drogas sintéticas en las colonias de la ciudad.
El 8 de junio de 2012, un tanque de amoniaco explotó en una bodega donde procesaban metanfetaminas, y provocó la muerte de una persona y lesiones a tres más.
Según Protección Civil, este almacén y laboratorio estaba justo detrás de una guardería, muy cerca del centro. La explosión provocó que se desplomaran bardas y estructuras metálicas de la bodega.
El 31 de mayo de 2016, se registró otra explosión que descubrió un laboratorio ubicado en Las Quintas, también cerca del centro de la capital. Tras el accidente, era posible ubicar la vivienda porque el portón de la fachada quedó destrozado.
En los primeros meses de 2017, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel anunció la compra de dos drones de alta tecnología por un valor de 75 millones de pesos, pero dos años después el entonces coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, reveló que estos vehículos no eran utilizados por la Secretaría de Seguridad Pública e incluso solicitó que se transparentara el gasto ejercido.
El titular de la SSP estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, justificó que los drones eran operados por personal de la Marina.
Como respuesta a la presión pública, el 4 de junio de 2019, la dependencia anunció la ubicación y aseguramiento de uno de los complejos acondicionados para fabricar metanfetamina más grandes en la historia de Sinaloa, ubicado al oriente de Eldorado, en el municipio de Culiacán, en una zona enmontada y de difícil acceso.
Castañeda Camarillo adjudicó la ubicación de estos tres laboratorios, escondidos en el monte, al uso de los drones y un filtro de visión térmica. La cantidad de químicos asegurados representó un fuerte golpe a las finanzas de la delincuencia organizada, pues sumaron más de 17 mil litros de precursores químicos y varias toneladas de otros productos sólidos.
“Creemos que este laboratorio estaba acondicionado para producir varias toneladas de cristal, esto en el mercado americano, estamos hablando de que si se hubiera producido todo ese químico posiblemente llegara a más de 17 toneladas de metanfetamina, una afectación al crimen organizado de entre 150 y 170 millones de dólares ya puesto en el mercado”, explicó.
Los narcolaboratorios estaban escondidos entre la maleza y camuflados con malla-sombra, bajo los cuales había reactores, bidones con leyendas de precursores químicos, costales con material diverso, mascarillas, guantes de látex; así como tiendas de campaña con ropa, calzado, alimentos y utensilios de cocina.
Consumidores aseguran que la mota que se vendía en Culiacán bajada de la sierra de Sinaloa, como la que traía y vendía Juanito, ya no compite en calidad con las que hoy se cosechan en invernaderos y con climas controlados o genéticamente modificados. A la mota local hoy la llaman “panteonera”.
Y un ejemplo de que la calidad ha bajado es que el pasado 31 de agosto de 2020, la Policía Estatal halló 2 mil 630 kilos de mariguana en 526 paquetes de cinco kilos cada uno, abandonados en la ribera del río Culiacán, cerca del residencial Country Álamo Grande, al noroeste de la ciudad.
Otro dato que apunta en el mismo sentido es que, en las últimas fechas, en Culiacán se han asegurado y reventado dispensarios que ofrecen mariguana con diferentes tratamientos.
En estos lugares ofrecen productos a través de catálogos digitales que se comparten vía redes sociales y hasta se pueden ordenar a domicilio. Hay cigarros de mariguana de diferentes cruzas, genéticamente manipuladas o purificadas para alcanzar un mercado de personas con una capacidad económica más alta.
En estos dispensarios se pueden hallar galletas, brownies o gomitas de entre 100 y 350 pesos, gallos listos para encenderse de entre 100 y 500 pesos, bolsitas por gramos de entre 100 o 50 pesos, dependiendo de la calidad y si son producidas en el estado o en el extranjero; y aceites de cannabis cuyos costos van de los 500 a los 950 pesos para los cigarrillos electrónicos, según los testigos entrevistados.
El pasado 13 de noviembre, en un operativo coordinado entre el Ejército y la Policía Estatal reventaron el segundo de estos dispensarios. La SSP estatal informó que durante un recorrido por la Colonia 4 de Marzo fueron alertados por una persona sobre la presencia de civiles armados que consumían drogas en un domicilio junto a un plantel educativo.
Los policías fueron recibidos por dos individuos, uno de los cuales apuntaba directo a los elementos con un arma de fuego. Ambas personas lograron darse a la fuga, pero el inmueble quedó asegurado, pues ahí se encontraron contenedores y bolsas de varios tamaños con mariguana en diferentes presentaciones como cigarros y otros derivados.
En abril de 2019, el negocio del narcotráfico en Culiacán mostraba ya otra cara, cuando se aseguró el primer laboratorio de fentanilo en la historia.
El hallazgo y aseguramiento se registró luego de que dos personas en motocicletas realizaron disparos de arma de fuego en contra de un vehículo blindado de la Policía Estatal, fueron perseguidos y ubicados en un domicilio de la Colonia Lomas de San Isidro, en donde se montó un operativo que derivó en el descubrimiento del laboratorio clandestino.
Según el Secretario Castañeda Camarillo, este tipo de laboratorios representan un gran riesgo para los vecinos, porque tan solo el equivalente a 3 gramos de sal de esta sustancia puede generar la muerte por sobredosis en una persona de 100 kilogramos de peso, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina.
También dijo que hasta 2019, el gobierno de los Estados Unidos había detectado que la adicción a esta droga había provocado más de 20 mil muertes.
Pero para las organizaciones criminales se convirtió en algo atractivo, porque cada píldora tendría un valor comercial de hasta 20 dólares. Se estima que se invierten 6 mil dólares por un kilo que llega a comercializarse hasta en un millón de dólares en Estados Unidos.
“El crimen organizado es una empresa y como toda empresa, hay lugares que llaman la atención porque son más propios para llevar a cabo las actividades, las que sea, puede ser siembra, puede ser cultivo, puede ser trasiego, por muchas razones, los negocios ya tienen muchas aristas”, expresa el activista sinaloense por los derechos humanos Óscar Loza Ochoa.
“Una y mil razones pueden darse, por la seguridad, por lo aislado que hay de lo que es el resto del movimiento normal que hay no sólo de la economía, sino de las personas también, pienso en los lugares donde se han llevado a cabo, los desplazamientos internos del estado de Sinaloa y de Durango, que estaban muy ligados y esto impone obviamente que les interesa determinadas coordenadas o puntos”.
Loza Ochoa dice que él todavía siente que los gobiernos le deben a Sinaloa una estrategia integral, una política de estado que involucre a todos para hallar una solución.
“Yo no soy de la idea de que tiene que haber mano dura, pero sí soy de la idea que tiene que encontrarse todo tipo de respuestas que deben darse al respecto”, dijo.
Una de esas respuestas sería la participación de la misma autoridad en estos actos de barbarie.
“Hay unas personas desaparecidas y quienes sobreviven señalan que los detienen por la (Avenida) Obregón, hacia el norte, se los traen en una patrulla, hasta ahí, de este lado de la Fiscalía, ahí los cambian, los entregan a un carro particular y ya se perdían”, relata.
– ¿A los detenidos por la policía?
Sí.
– ¿Se los llevaron civiles?
Sí, sí, sí. Sobreviven de siete, creo que eran siete u ocho, sobreviven tres, los otros están desaparecidos hasta la fecha, pero los cambian de este lado de la Fiscalía y uno se queda frío al escucharlo. Se queda uno frío, porque les importa poco que esté la autoridad tan cercana.
Por eso Loza Ochoa ha insistido en que debe haber una nueva estrategia, en la que cada corporación policial haga su trabajo. Sin retenes, que es obvio que no funcionan.
“El Gobierno del Estado está obligado a tener que construir de nuevo otra idea, otra concepción de lo que es la seguridad y también una nueva estrategia en la que tiene que invitar a la Federación a hacer un trabajo diferente”, finalizó.
La ‘donbernabilidad’: de Medellín a Sinaloa
Tercera parte.
Michael Reed Hurtado, colombiano profesor de la Universidad de Yale y abogado especialista en temas de seguridad y derechos humanos, habla del fenómeno de las desapariciones en el mundo relacionado con el narcotráfico y asegura que el indicador del homicidio es uno de los peores indicadores para determinar si la zona es más o menos violenta.
Con el milenio, a Medellín, en Colombia, llegó Diego Fernando Murillo, un conocido criminal que poco a poco se haría de renombre y terminaría siendo una las principales cabezas de las guerrillas colombianas, alias “Don Berna”.
Durante su estancia en la zona, logró combatir a otros grupos criminales con fiereza y luego encabezar el proceso de paz en Colombia. Sin embargo, mantenía la amenaza como su principal herramienta de trabajo, como paramilitar y luego como narcotraficante.
El colombiano Michael Reed Hurtado, profesor de la Universidad de Yale, y abogado especialista en temas de seguridad y derechos humanos, recuerda cómo utilizó una estrategia que le recuerda a lo que sucede ahora en Sinaloa.
“En el contexto colombiano hay un ejemplo muy particular, que de hecho terminó hasta logrando el apodo sobre la base del nombre de un líder paramilitar que se apodaba Don Berna”, recordó, “… se empezó a hablar de la ‘donbernabilidad’”.
“Y el tema tenía que ver con acuerdos que se hicieron entre las autoridades locales, autoridades policiales y los paramilitares, en parte para controlar la criminalidad en un sitio como es Medellín y la zona metropolitana, que se estaba poniendo muy caliente y el indicador de que las cosas están calientes por lo general son esos de los homicidios”.
El acuerdo, recuerda Reed Hurtado, básicamente fue: bajen los homicidios… que no aparezcan los muertos en esta jurisdicción.
“Entonces durante un rato se empezó a ver el tema del trasteo de cadáveres, el tema era de abducir a la persona que se quería, pero los restos no se dejaban en la ciudad con tal de que no se contabilizara el muerto en esa ciudad”, recalcó.
“Pero el muerto aparecía en otro lado, que era un municipio sin una incidencia tan alta, pero igual nunca regresaba a contabilizar el muerto como si hubiese sido un muerto de Medellín o zona metropolitana”.
Reed Hurtado explica que con el tiempo, el tema de los muertos en Colombia empezó a generar problema, porque aparecían muertos tirados o en bolsas, entonces se procedió al próximo paso: ocultar la muerte.
“Tenemos la tendencia en general en toda América Latina, a agrupar eso bajo la desaparición, en efecto creo que el familiar experimenta esa noción de abducción, un ser que se pierde, se desvanece, y a eso le llamamos desaparición, el problema es que la desaparición en América Latina ha tenido otras connotaciones y otros usos”, explicó.
“Además empezamos a concluir de si la desaparición implica una esperanza de si estoy buscando a alguien con vida o si la desaparición es que se ha tratado de borrar el rastro de quien abdujo, y después mató y entonces está borrando el rastro de la muerte”.
Lo que se empieza a ver en Medellín, explica, es que si bien ya no se registraban muertos, los familiares iban a reportar que su familiar había desaparecido o desvanecido.
“Con el paso del tiempo empieza uno a ver el incremento de esas demandas, de esas solicitudes, de esos reclamos, de seres que habían desaparecido, que se daban por desaparecidos, y se empezó a incrementar ese número, se empezó a ver en ese momento un incremento por lo tanto de una práctica nueva que no era tanto la vieja tradicional de detener/desaparecer, en donde la autoridad es la que detiene y después de que tortura, desaparece a la persona, sino que se empezaba a dar más el tema de crimen organizado, de crimen en asocio con autoridades, que desvanecían el rastro del delito, con tal de a la vez disciplinar u ordenar el sitio, que era donde tenían el problema y en donde estaban ejerciendo el control violento por vía coercitiva, pero hacer el acuerdo con la autoridad, con tal, para que ese sitio ya no se considerara violento”, dijo.
“Y ese indicador, que es un pésimo indicador, de más o menos homicidios, bajara, es decir, la zona ya no se calentaba, sino que estaba fría, ya era una zona que ya no representaba tanto problema, porque no había tanta muerte y muerte violenta en el respectivo sitio”.
Reed Hurtado asegura que este ejemplo es “muy conocido”, este tipo de práctica se ha extendido a otros lugares en donde hay un control coercitivo, compartido con autoridades en donde los homicidios generan problemas.
“Los homicidios generan atención, el homicidio es muy vistoso, el homicidio logra rechazo; el desvanecimiento, la desaparición, la abducción genera misterio, genera todo tipo de co-relato paralelo que hace que genera confusión, que permite que se niegue la situación y lo más importante, le permite a las autoridades reclamar, inclusive, no sólo la disminución, sino además que reclaman hasta éxitos en su política de seguridad”, expresó.
El especialista señala que uno de los errores que habitualmente se cometen en países como Colombia y México es seguir suponiendo que cuando se establecen regímenes de control coercitivo, basados en la violencia, el estado es sólo omiso, que es responsable porque no hace cosas.
“Realmente después de tanto tiempo de cohabitación entre crimen organizado, entre grupos que establecen el control territorial, sobre extensas poblaciones, inclusive en lugares urbanos, el aparato estatal y las autoridades, ya no solo son omisivas, sino que hacen parte del arreglo de protección, en donde la misma generación de inseguridad es el truco para proporcionar la cura”, propuso.
“Es decir, usted se porta bien o sabe que la consecuencia es el ejercicio de la violencia arreglada. Puede ser que quienes ejerzan la violencia no son directamente agentes estatales, pero claramente lo hacen bajo la mira del aparato estatal; en estos sitios se producen cierta situación de autoestabilización, en donde el no hacer, realmente se convierte más en una licencia para que los otros hagan, particularmente en sector poderoso del crimen y otras élites locales”.
El 13 de octubre de 2021, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública estatal de Sinaloa, llegó al Congreso del Estado para su comparecencia ante los diputados que iban de salida.
Llegó con la promesa de otros seis años en el cargo, propuesta desde el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador y aceptada unas semanas después por el nuevo Gobernador Rubén Rocha Moya.
Leyó rápido, con números que parecían demoledores: cuando llegamos al cargo estábamos en el lugar 28 de incidencia delictiva y hoy estamos en el lugar nueve.
Que en la glosa por el Quinto Informe de Labores del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, del 2017 a 2021 se sacó a Mazatlán del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo y a Culiacán la bajaron del 12 hasta el 25 en 2020.
Que hasta octubre de 2021 se detuvieron a 4 mil 485 personas detenidas como presuntos responsables de algún delito, se decomisaron 715 armas largas y 772 armas cortas aseguradas, 26 lanzagranadas, 193 granadas y un lanzacohetes. Se reventaron 103 laboratorios clandestinos y se destruyeron 158 plantíos de mariguana.
No se salió del discurso de la coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina; y que la Encuesta Nacional de Violencia y Percepción de Seguridad Pública mostró que la brecha con la media nacional bajó 15.3 puntos porcentuales, de 74.5 por ciento a 60.3 por ciento.
Hasta que algunos diputados sí le tocaron un tema que desde la prevención le quieren tirar la bolita a la Fiscalía General del Estado: las desapariciones.
Aún y con los pendientes, como el trabajo preventivo en el rapto de personas, la destrucción de videocámaras de vigilancia, los señalamientos contra sus policías de asesinar a civiles, de enterrar el tema del Jueves Negro del 17 de octubre de 2019, y de señalar que las estrategias en zonas de desplazamientos o como Tepuche son solo la presencia de bases de operativas mixtas, Castañeda Camarillo se fue del lugar con el cargo en la bolsa.
“La excelente coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno se ha logrado una importante disminución de la incidencia delictiva siendo los delitos de homicidio doloso, feminicidio y robo de vehículos, lo que ha permitido a la ciudadanía vivir con mayor seguridad”, dijo.
Según Reed Hurtado, el indicador del homicidio es uno de los peores indicadores para determinar si la zona es más o menos violenta.
“En el grado de violencia y todo lo que es el repertorio de violencia, como el homicidio es tan costoso políticamente y económicamente, realmente cuando un sector violento, cuando un grupo violento logra controlar una zona, lo que va a hacer es bajar el índice de homicidio, eso no quiere decir que la violencia no sea la que regule la actividad en esos respectivos sitios”.
“Cuando hay un control absolutamente hegemónico de una zona, por lo regular los niveles de violencia son elevadísimos, pero los niveles de homicidio van a estar muy bajos”.
Las cosas siguen moviéndose dentro de las organizaciones criminales en Sinaloa, y una prueba contundente es que después del 17 de octubre de 2019, estalló una guerra interna que ha tenido sus más cruentas batallas en Tepuche, en la zona rural y serrana de la franja norte del municipio de Culiacán.
La primera ocasión que estalló la pugna fue el 3 de diciembre de 2019, apenas unas semanas después del Jueves Negro, lo que provocó que de inmediato el terror se extendiera por redes sociales e hiciera presa a los culiacanenses que aún no se sacudían lo ocurrido el 17 de octubre anterior. En la zona norte cerraron negocios y algunas escuelas enviaron a los alumnos a casa por miedo a otro estallido.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal, que ha trabajado desde la administración de Ordaz Coppel con el Ejército -luego con la Guardia Nacional-, la Marina y la Policía Municipal, con bases mixtas de operaciones, anunció que no hallaron nada. En semanas posteriores se recibieron denuncias de grupos armados, de personas raptadas y amenazadas, de viviendas quemadas.
En marzo de 2020, vecinos de Aguacaliente de los Monzón, que pertenece a la sindicatura de Tepuche, anunciaron públicamente la creación de una fuerza de autodefensa y exigieron la presencia militar en la zona, en donde construyeron barricadas y fabricaron trincheras en la entrada y salida del pueblo.
El horror se presentó el pasado 25 de junio, cuando la autoridad reportó 16 cadáveres de jóvenes asesinados por una disputa entre pistoleros de El Ruso, protegido del Mayo Zambada, y los hijos de “El Chapo” Guzmán, en Bagrecitos, un pueblo serrano que también pertenece a Tepuche.
La zona todavía se encuentra caliente y la única estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las fuerzas armadas ha sido vigilar, sin haber logrado detenciones importantes, sólo anuncios de aseguramientos de vehículos y armas abandonadas.
Y desde la autoridad han mostrado una cara que se puede interpretar de varias maneras, una de ellas es la pandemia por el Covid-19 y la otra es que la omisión policial ha aumentado: las denuncias por narcomenudeo cayeron hasta 270 en 2020, la cifra más baja desde 2012.
Según cifras de la Fiscalía General del Estado, la caída de 2019, que registró 347 denuncias, a 2020 fue de 56 por ciento.
Históricamente las cifras más bajas se registraron los últimos meses de 2012, con 353, debido a que en ese año comenzó a ser responsabilidad de gobierno estatal, y las 380 denuncias de 2016, mientras que los picos más altos fueron en mayo de 2013, con 137 denuncias, y agosto de 2014 con 148. Mientras que los años con más denuncias ligadas a las detenciones en las calles realizadas por corporaciones policiacas fueron 2013 con mil 340 y 2014, con mil 367.
“La violencia en este tipo de régimen tiene una finalidad más de naturaleza instrumental, tiene un propósito instrumental, más que ser un fin en sí mismo, la anulación del enemigo cuando uno está entrando como un acto nuevo a una zona es importante, y ahí usted va a ver incrementos muy altos”, agrega Reed Hurtado.
“De hecho cuando hay disputas, antes de concertaciones, ahí también va a haber niveles de daño muy altos y de violencia letal, pero cuando un grupo logra control de manera total un territorio, ejerce la violencia todos los días, pero la manera más efectiva, de ejercer la violencia es que sólo a través de la amenaza, de aquello que todo el mundo sabe que puede hacer de manera impune, logre controlar el comportamiento de todo el mundo”.
Para 2022, Rubén Rocha Moya, el nuevo Gobernador de Sinaloa, propuso un presupuesto de 15 millones 839 mil 782 pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, prácticamente el doble de los 8 millones 118 mil 327 pesos de 2021.
Como primer acto de su gobierno, Rocha Moya se reunió con 20 colectivos de rastreadoras de Sinaloa.
“Hago mío el dolor de ustedes, yo no hago demagogia, yo soy buscador de desaparecidos desde la época de desaparecidos políticos” les dijo.
La desaparición de personas, una de las crisis más agudas de Sinaloa: Loza Ochoa
Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, señala que este problema tiene décadas, pero antes mantenía un perfil bajo.
El profesor Óscar Loza Ochoa, responsable de enlace con instituciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, asegura que como muchas regiones del país, en Sinaloa hay una crisis humanitaria por homicidio, desplazamiento por razones de violencia y sobre todo de desapariciones forzadas de personas.
Recalca que no es “una cosa nueva”, puesto que este fenómeno por décadas se mantuvo con perfil bajo. Loza Ochoa y la CDDHES identifican tres etapas históricas de desaparecidos en Sinaloa, la primero de 1975 a 1979, con la participación del Ejército mexicano contra estudiantes y maestros, con 42 casos; de 1984 a 2003, con 87 casos, y a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, particularmente a partir del 2008, con el anuncio de la llamada “Guerra contra el narco”.
“… ahí arrecia la violencia el estado en esta guerra contra el narcotráfico que viene a generar, por otra parte, la desaparición, de manera masiva”, dice Loza Ochoa.
“Si en aquel entonces hablamos de números tan bajos en comparación a estos, hoy hablamos de miles”. La página oficial, dice que son 3 mil 521, pero así ha estado desde hace varios meses, las rastreadoras señalan que la cifra está arriba de los 5 mil 500 en el estado de Sinaloa (en el sexenio de Quirino Ordaz Coppel)”.
También recordó que un estudio del periódico Noroeste señala que en Sinaloa desaparece una persona cada ocho horas, mientras que otro estudio más actual de la Revista Espejo, señala que esto ya ocurre cada seis horas. “Lo que nos han dicho es de que a nivel nacional, las cifras han bajado en los últimos meses, incluso Alejandro Encinas daba unas cifras para enero de este año, para el mes de julio y señala que en lo correspondiente a desapariciones y en cuanto a fosas clandestinas encontradas, hay una cantidad diferente en cuanto al año anterior y el Presidente ya habla de que el número de desapariciones ha caído, a nivel del país… a nivel del estado yo no pudiera asegurarlo”, expresó.
En el limbo
Loza Ochoa tampoco tiene dudas de que el hecho de que haya un mayor número de desapariciones tiene que ver con lo que la autoridad hace o deje de hacer. “A partir de las guerras contra el narcotráfico, pues hay un factor de que el estado es un factor importante en el incremento de la violencia y cuando hablo de esto es lo que se va a notar en homicidio, lo que se va a notar en desplazamiento y lo que se va a notar en desapariciones”, señala.
“Quizá podemos hablar de un momento en el cual comienza a diferenciarse el incremento en homicidios, que ya no va a ser el mismo”. Hoy, recalcó, los números oficiales hablan de una reducción en homicidios en Sinaloa, pero no nos pueden decir lo mismo con las desapariciones, aunque a nivel nacional sí.
“Y ahí nosotros decimos, con los hallazgos que hacen las madres, los familiares con desaparecidos, los que hacen los civiles que no tienen nada qué ver y que se encuentran de repente con alguien asesinado a ras de tierra o que lo encuentra de otra manera o los que encuentra la autoridad también, ahí se encuentran restos humanos”.
“… y el gran problema es que entran a un limbo, los encuentran obviamente muertos y estaban desaparecidos, pues resulta que no se suman con lo que se ha registrado de manera oficial como homicidios y caen en un limbo; la FGE dijo que no había una definición, eso pues ya pasaron dos años, dos años y feria y siguen con la indefinición; eso los ayuda para el manejo de una estadística, pero eso no cambia la realidad: son seres humanos que han fallecido y de manera violenta, obviamente, y deben ser contabilizados en esa cifra, en esas estadísticas de homicidio, no puede ser de otra manera”.
Esto, insistió Loza Ochoa, les ayuda a presentar “cuentas, si no alegres, por lo menos menos tristes”, pero que al final representan un engaño para la sociedad.
¿Cree que hay participación del narco en este cambio de homicidio a la baja y de desapariciones a la alza?
Desde luego, y así como hay convivencia, complicidad, hablemos de alguna manera, de parte de la autoridad, entonces es obvia la dependencia de lo que pueda pasar con traiciones entre grupos de crimen organizado, contra grupos del crimen organizado y la autoridad, se pueden dar esos altibajos que conocemos.
Ustedes, ¿por qué creen que a algunas personas las matan y a otras las desaparecen?
Entre los familiares hay quienes incluso manifiestan que la pensaron dos o tres veces en venir, porque reconocían que sus familiares estaban en actividades de carácter ilícito, nosotros hemos sido muy claros cuando les decimos: quién viene aquí a señalarnos que hay una víctima de desaparición forzada, como tal la vemos, nosotros no vamos a ponernos a calificarlas o no, ahí hay un delito que es la desaparición forzada y lo otro, pues es una materia para la autoridad. Nosotros podemos tener algunos datos que nos explican las causas, pero nosotros no vamos a juzgar.
A Loza Ochoa se le insistió sobre si hay una o varias razones por las que una persona puede ser desaparecida. “Hay otras cosas también que nosotros entendemos: ser testigo en este medio en el que vivimos, involuntario sobre todo, también puede ser causal de que lo levanten, de que lo desaparezcan, por un supuesto, en el que hayan entendido aquellos que vio o escuchó algo”, dijo.
“No podemos ponerle límites o fronteras para decir “esto”, a partir de aquí está libre del riesgo. El riesgo está en todos lados y ante el menor malentendido… y bueno, si andan en actividades ilícitas, bueno pues, es más abierta todavía… no hay un límite para decir, este es el sector o este es el tipo de personas, con este perfil que tiene el riesgo de ser desaparecidas, no podemos establecer una frontera.
Asesinar en Sinaloa ya ‘pasó de moda’, advierte activista de Sabuesos Guerreras
María Isabel Cruz, líder de este colectivo que buscan a personas desaparecidas en Sinaloa, no tiene dudas: las desapariciones contribuyen a maquillar las cifras del Gobierno sobre homicidios; sin cuerpo no hay delito, asegura.
María Isabel Cruz no tiene dudas en soltar una respuesta en cuanto termina de escuchar la pregunta de ¿a qué cree que se deba que en Sinaloa haya más desaparecidos que asesinatos?
“Híjole, creo que si no hay cuerpo, no hay delito, entonces es también una manera de que el Gobierno pudiera frenar un poco, pues no frenar, sino sus cifras maquillarlas, maquillar sus cifras para que sus homicidios no suban y pues las desapariciones no cuentan, no hay números, no sabemos en realidad cuántos desaparecidos hay; hablamos en cifras sólo las que denuncian, pero y ¿las que no?, siento que será eso, un maquillaje del gobierno”, expresa.
– ¿Crees que el gobierno lo sugiere?
Sí, yo pienso que sí, porque la delincuencia no actuaría sin la aquiescencia del Gobierno, entonces tendrían que estar en conjunto, que ahorita ya no sabes si te cuidas del gobierno o te cuidas de la delincuencia, entonces ellos trabajan en conjunto, definitivamente y es la única manera para maquillar números.
Cruz es la líder del colectivo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Sabuesos Guerreras, y que ella misma fundó después de que el 26 de enero de 2017, su hijo Yosimar García Cruz fuera privado de su libertad y desaparecido.
A su domicilio de la Colonia Infonavit Humaya llegó un convoy de un par de vehículos con varios hombres armados y con la cara cubierta con capuchas. Fue poco antes de las 20:00 horas.
En ese momento, Yosimar fue el tercer agente que había sido privado de la libertad en circunstancias parecidas, otros mandos fueron atacados y asesinados saliendo de la corporación o llegando a su casa. Hay otros más, como Yosimar, cuyos restos no han sido localizados.
– ¿Por qué razones ustedes han conocido que desaparecen a una persona?
Pues hay muchos factores, yo creo que los principales, los que hemos visto, estudiado, checado, analizado, en cada desaparición, está la delincuencia, primero, la delincuencia organizada; pongamos 10 desapariciones, hay cuatro a manos del gobierno, si estamos de acuerdo que tal vez la delincuencia actúa más, pero es con el permiso y con la aquiescencia del Estado; de otra manera, pues no lo harían, sola no puede actuar, tiene que tener aliados y creo que el gobierno es uno de ellos.
El 16 de junio de 2021, la Fiscalía General del Estado encendió la Alerta Ámber por la desaparición de cuatro jóvenes entre 13 y 15 años de edad, que salieron de sus domicilios desde el día 14 y ya no regresaron. Según las fichas, los desaparecidos son los hermanos Jesús Vicente Manjarrez Valdez, de 15 años; y Kevin Alfredo Valdez Meza, de 13 años; de la Colonia Jesús Valdés; además de Joshuan Antonio Jurado Morgan, de 14, y Gerardo Esteban Urbano Sánchez, de 15 años, ambos de la Colonia Bicentenario.
Pero el problema no es exclusivo de Culiacán, pues el 19 de agosto de 2021, en Navolato, decenas de familiares y amigos de Luis Carlos García realizaron una marcha para exigir su regreso con vida, después de haber sido detenido por agentes de la Policía Municipal.
El caso de Luis Carlos, de 16 años, se viralizó después de que una fan page de denuncia en Navolato publicó un post en el que se daban detalles sobre su desaparición, ocurrida el 23 de julio.
Según testigos, el joven fue detenido por una patrulla en la Colonia Pueblo Nuevo, conocida como El Cochambre, después de las 19:30 horas. Luis Carlos apareció con vida días después de la marcha, pero las condiciones de su regreso y los detalles no fueron relevados por la familia ni los grupos de búsqueda del municipio, por miedo a posibles represalias.
– ¿Ustedes creen que esto pudiera tener que ver con esta situación?
Es que todo tiene qué ver, el entorno, la droga, el Gobierno, el narcotráfico, la misma sociedad, somos cómplices al callarnos cuando vemos algo, cuando vemos a nuestros hijos que llevan algo que no es, o que no les has dado, eres cómplice desde ahí, creo que el mercado se va perfeccionando, tanto se ha perfeccionado que hemos cambiado la política por la delincuencia.
Entonces, tenemos un gobierno hincado ante la delincuencia, se vio el día del “Culiacanazo”, y aquí estamos, soportando y aguantando todo el cochinero que ellos hacen.
Para María Isabel, los más afectados son los ciudadanos, que cataloga como los que andan a pie, el proletariado, porque son los que pagan las consecuencias del Gobierno y del crimen organizado.
“…Los del día a día somos los que pagamos las consecuencias, y aparte de pagar sus consecuencias, en todos los aspectos, económico, político, yo creo que también lo pagamos sin deberla ni temerla, pues tal vez siendo desaparecidos o asesinados, pero ya asesinados no, eso ya pasó de moda para ellos; ahorita, la desaparición forzada habla de que la desaparición es pues lo mejor, porque si no hay cuerpo, no hay delito, y si encuentran el cuerpo, ya no hay investigación. Entonces, ¿qué somos? No somos nada, ante un gobierno hincado y arrodillado.
Sabuesos Guerreras está conformado en su mayoría por mujeres. En un día normal, describe María Isabel, este colectivo comienza a las 5:00 de la mañana a ver qué van a hacer, qué sigue y esperar a que las familias con malas noticias atraviesen la puerta de la oficina.
“…A que te cuenten y vuelvas a vivir otra vez la desgracia de una desaparición, yo creo que duele, lacera el alma cada vez que alguien se sienta aquí, o que te esté hablando y asesóreme, no sé qué hacer, no sé a dónde voy, qué hago, nadie me ayuda, nadie me dice nada, te sientes sola”, señala.
“Entonces para Sabuesos Guerreras es estar en esta oficina o es tener esta oficina, es abrazar a las víctimas cuando entran por esa puerta, sin palabras, para empezar y después escucharlas que se desahoguen y que suelten todo el dolor de madres, de hermanas, de hijas que traen, no, porque ante un Minierio Público no lo van a hacer, entonces ¿quién más nos va a dar la mano, sino nos la damos nosotros mismas?”.
Cruz asegura que cada que recibe un nuevo caso, recuerda que ella ya pasó por eso.
“No tuve quién me abrazara, no tuve una oficina a dónde acudir, no tuve quién me dijera ‘Isabel, llora, estás bien, todo va a estar bien, yo te voy a acompañar, yo te voy a llevar al Ministerio Público, yo voy a hacer esto’… no lo tuve y yo quise que esta oficina fuera eso, que otra madre, otra hermana, no pasara lo que yo había pasado y hasta ahorita el objetivo lo he cumplido y pues aquí seguimos y aquí vamos a estar”, agregó.
María Isabel cree que en Sinaloa te pueden desaparecer por muchas razones: “Yo creo que los desaparecen por droga, por dinero, por calmar una colonia, por chingar a alguien, y por nada, y por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que no debería de haberlo, siempre lo he dicho, pero desgraciadamente aquí en este estado lo hay”, señala.
“Entonces, yo creo que esas son las razones y porque pues a lo mejor al Gobierno le incomodes, también, o le estés pisando algún callito y no quiera que estés molestando”.
– Da la impresión que desaparecer a alguien es muy fácil, ¿no?
Pues sí, lo hacen tan fácil y tan a la luz del día, a lo descarado, que dices ‘¿cómo es posible que yo lo vea, que la gente lo vea y las autoridades no lo vean?’, la aquiescencia del estado y la colusión de las autoridades.
– ¿Visualiza que esto pueda mejorar?
No creo, no creo ni que se mejore ni que se acabe, porque el crimen organizado es una gran empresa y el Gobierno es otra, entonces hay que pelear los poderes, ¿quién tiene más?, y ahorita sabemos quién lo tiene, sabemos quién nos va a gobernar, entonces el estado simplemente está esperando a ver qué les dicen los patrones.
5 mil pesos
Cruz no recuerda haber visto que las denuncias por desapariciones o denuncias en las calles bajaran en Culiacán cuando se decretó la cuarentena por la llegada a Sinaloa de la pandemia provocada por el virus Covid-19. Incluso, piensa que crecieron.
“Híjole, son temas fuertes, pero es la realidad”, dice María Isabel y hace una pausa. “Yo, pues tengo un conocido (policía) que me dice: Isabel es que una vida vale 20 mil pesos, la más barata 5 mil, dependiendo quién sea el mono, y le digo: ‘oye, pero tú perteneces a una institución, pues que le deben lealtad, que le debes tu vida, si quieres, pero la lealtad yo creo, a los mismos mexicanos’, y me dice: ‘pues sí, pero mi familia tiene que comer y tiene que vivir bien’… entonces quiere decir que el sueldo no le alcanza y tiene que dedicarse a eso, tapando o agarrando una institución que lo solape. Sí se da el caso”.
María Isabel Cruz
Líder del colectivo Sabuesos Guerreras, que buscan a sus familiares desaparecidos.
Lo fundó después de que el 26 de enero de 2017, desapareció su hijo Yosimar García Cruz, policía municipal de Culiacán.
Es un grupo de búsqueda de personas desaparecidas.
Buscan en vida, en centros de rehabilitación, penales, hospitales, centros de salud mental, en situación de calle y en fosas clandestinas.
Además de buscar a personas desaparecidas, brindan a los familiares apoyo y acompañamiento en trámites y búsquedas.
