A donde van los desaparecidos

El caso de El Penal de Piedras Negras y la oportunidad para conocer la verdad

junio 10, 2022
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Por Raúl A. González Pelayo*

Durante más de ocho años en el norte de Coahuila el grupo criminal de los Zetas instauró un control total del territorio. A vista y con la colusión de autoridades, controlaron algunas dependencias estatales y negocios privados por medio de la corrupción y el expolio. Como lo señala un exintegrante de dicho grupo: 

“Coahuila era un paraíso porque no sólo tenían todo bajo control, sino que, a su vez, había nulo conflicto, nula violencia, y ellos vivían en paz, podían moverse dentro y fuera sin ser molestados por el Estado o la Policía Federal”[1].

Era su territorio. Diez años después seguimos preguntándonos cómo un pacto de impunidad dejó que se perpetraran tantas atrocidades sistemáticas al grado de cometer masacres a una escala regional y aún más, dentro del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras. Ante estas preguntas, el pasado 24 de enero, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la Comisión Mexicana en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios solicitaron a la Fiscalía General de la República que ejerza su facultad de atracción para investigar las atrocidades cometidas entre 2009 y 2012 en esa cárcel de Coahuila, incluyendo los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y desaparición forzada de al menos cintocincuenta personas, de las cuales la  Fiscalía  de  Personas Desaparecidas en Coahuila ha identificado a treinta y siete. 

Una de las principales características de los Zetas fue su capacidad de sistematizar con carácter permanente y clandestino —pero a ojos de todos— las más terribles actividades represivas que se hayan conocido en el norte de Coahuila. El control de los CERESOS fue uno de sus principales instrumentos. Desde el penal de Piedras Negras, Saltillo y el de Torreón, ambos en Coahuila, hasta los Centros de Reinserción de Topochico, en Monterrey, Apodaca y Cadereyta, los tres en Nuevo León, los penales fueron utilizados para la preservación del orden social impuesto y la operación logística de la organización, sirviendo como eje fundamental del modelo Zeta: el secuestro, la desaparición, la tortura y la muerte de inocentes y de quienes obstruían sus actividades en ese momento. 

Durante todos estos años, los gobiernos municipal, estatal y federal, junto con sus corporaciones policiales y militares, conocían sus actividades. Esto lo han documentado las organizaciones de derechos humanos, junto con diferentes actores sociales de la academia y la sociedad civil comprometidos con la tarea de búsqueda de la verdad. Así lo demostró la comunicación enviada en 2017 por más de cien colectivos y organizaciones de derechos humanos, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), así como la investigación académicas El Yugo Zeta: Norte de Coahuila, 2010-2011, publicado por El Colegio de México ese mismo año. Estas organizaciones y grupos académicos han demostrado, a través de sus denuncias públicas, la lógica del despliegue y funcionamiento de la macrocriminalidad que imperó en el territorio, pero no han podido avanzar del mismo modo en llevar a procesos judiciales la participación efectiva de numerosas personas vinculadas a la represión. Sobre todo de altos mandos, quienes estaban al tanto de los crímenes y no intervinieron; o de quienes no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos. 

Sabemos hoy en día que el Estado articuló una doble faz en su actuación: una pública y sujeta a leyes que administraban los centros penitenciarios, y otra clandestina, al margen de la legalidad y fuera de cualquier canon institucional. En cuanto a esta segunda fase, entendemos que los penales fueron parte del aparato para que el crimen desempeñara funciones operativas en la infraestructura criminal, mientras que las autoridades penitenciarias contribuyeron en hacer más efectiva la finalidad del exterminio.  

Homicidios, apremios ilegales y utilización de tortura contra las personas detenidas por delitos existieron desde siempre en las instituciones carcelarias encargadas de la seguridad en nuestro país y son conocidos por todos. Incluso, las masacres y motines como el de Ciudad Juárez en el 2011 [2], en el penal de Altamira en Tamaulipas en 2012 [3], en el Penal de Topo Chico en 2016 [4], y Cadereyta en 2017 [5], fueron parte de los artilugios implementados por las organizaciones criminales para ganar influencia y territorio mediante la comisión de delitos. 

Sin embrago, el antecedente más significativo, que presenta la ejecución sistemática de la tortura, desaparición y muerte de personas, fue el accionar de los Zetas en el penal de Piedras Negras. Quizá porque la sistematicidad de sus procedimientos se veía fortalecida por la opacidad con la que las desarrollaban. Dichos procedimientos iban desde la fabricación de chalecos antibalas, desmantelamiento de vehículos, modificaciones a camionetas para transportar las ganancias en dólares y droga, así como el homicidio y desaparición de personas. Otras actividades perpetradas por los Zetas dentro del penal eran la renta de cuartos para las visitas conyugales, venta de droga, derecho de piso, secuestro y extorsión. Estas actividades requerían del control completo de las operaciones de la prisión, incluyendo la seguridad, las actividades educativas y deportivas, el servicio de alimentos, limpieza y mantenimiento, acceso de visitantes y uso del teléfono.

Mientras los Zetas operaban en el penal de Piedras Negras, bajo la responsabilidad del estado, los penales posibilitaron la eliminación física de personas en franca ilegalidad. Cada uno de estos “centros de exterminio”  reprodujeron simultáneamente, hacia dentro y hacia fuera, el miedo como fenómeno social colectivo. Si partimos de la base de considerar a los penales como elementos indispensables de la maquinaria aniquiladora de este grupo criminal, debemos pensar en los agentes de esta estructura institucional como sujetos que, en menor o mayor medida, estuvieron necesariamente involucrados con el funcionamiento de los mismos. Los centros penitenciarios han sido unidades de operaciones y los sujetos que compusieron esta trama ejercieron una profesión sujeta a un lenguaje propio y una metodología de trabajo adecuada a esa tarea. Sabemos, a través de los testimonios de excolaboradores de los Zetas, prisioneros, empleados de la prisión y sobrevivientes que pasaron por la terrible experiencia de los centros penitenciarios, sobre el conocimiento que tenían los altos mandos y directivos sobre estas actividades. 

La reciente petición de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de Derechos Humanos para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del penal de Piedras Negras recuerda  una deuda que el Estado Mexicano tiene ante la sociedad de esclarecer los crímenes cometidos durante la etapa de ocupación de los Zetas en los centros penitenciarios. Más aún, reabre el debate sobre la responsabilidad y cualquier forma de complicidad de servidores públicos en casos de violaciones a los derechos humanos. Ignorarla, no solo desestimaría la magnitud y gravedad del contexto en que ocurrieron los hechos y obstruiría el acceso a la justicia a las víctimas. También negaría la verdad  y la responsabilidad de los más altos responsables de cometerlos.

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* Foto principal: Entrada del Penal de Piedras Negras. Crédito: Google Maps 


Referencias:

  1. Osorno, Diego Enrique (2019,23 de noviembre, ). “El lugar donde se arrastran las serpientes”, Milenio, Recuperado de: https://www.milenio.com/opinion/diego-enrique-osorno/detective/yo-no-era-zeta
  2. Redacción ( 2011, 27 de julio) “Mueren 17 reos en más de seis horas de violencia en el penal de Ciudad Juárez”, La jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2011/07/27/politica/013n1pol
  3. Mzepeda (2012, 5 de enero) “Mueren 31 reos en enfrentamiento en penal de Altamira”, Animal Político. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2012/01/mueren-25-personas-en-enfrentamiento-en-penal-de-altamira/
  4. Martínez Ahrens, Jan (2016, 11 de febrero) “49 presos muertos en un motín en una cárcel en el norte de México”, El País. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2016/02/11/actualidad/1455194786_558490.html
  5. Córdova , Félix (2017, 23 de octubre) “Ingobernabilidad, motines y muerte: el rasgo en los penales de Nuevo León”, Expansión. Recuperado de: https://expansion.mx/nacional/2017/10/20/ingobernabilidad-motines-y-muerte-el-rasgo-en-los-penales-de-nuevo-leon

Antropólogo social, miembro de los jóvenes investigadores y estudiantes asociados al GIASF, colabora con el colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila.

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*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. La sección Con-Ciencia está escrita por sus integrantes, personas expertas invitadas y estudiantes asociados a los proyectos. La opinión vertida es personal, no necesariamente refleja la opinión del grupo o de adondevanlosdesaparecidos.org. (Ver más en: www.giasf.org)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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