_{En el Informe Final “Fue el Estado” del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH), se abordaron las graves violaciones a los derechos humanos contra las personas refugiadas guatemaltecas en los años 80. En esta columna, investigadores que realizaron ese estudio critican la decisión de la Secretaría de Gobernación de eliminarla de su informe final y de no reconocer los factores de persistencia, con lo que se desconoce la relación entre la violencia de aquellos años en Chiapas y la situación actual en el estado.}

I.

Desde 2022, miembros del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) trabajamos en diversos archivos y recopilamos, con el apoyo de valiosas personas, testimonios con un único objetivo: esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990 en México, bajo una promesa: el reconocimiento por parte del Estado mexicano de esos acontecimientos.

Dos años y medio después, estos hechos y las cientos de víctimas que dejaron, continúan siendo desconocidos por el gobierno mexicano. Entre esa diversidad de personas afectadas están los y las refugiadas guatemaltecas.

La posibilidad de que sus historias fueran contadas y conocidas en un informe reconocido por el Presidente, se comenzó a desmoronar con la salida, en octubre del 2023, de Alejandro Encinas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, por presiones alrededor del Caso Ayotzinapa. Esto se traduciría en el desmantelamiento de esa investigación y la llegada de Félix Arturo Medina Padilla y su equipo de trabajo.

El 4 de diciembre del 2023 se llamó al equipo de trabajo de cada comisionado para reuniones por separado, con quien a partir de ese momento “mediaría” la relación SEGOB-MEH: el jefe de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylan Enciso. Para el equipo del comisionado David Fernández, del que formamos parte, fue una reunión incómoda; entre las cuestiones desafortunadas a destacar era la posición que tenían respecto al informe, pues no lo nombraban  como un trabajo que aportara al esclarecimiento de las violaciones ocurridas en el pasado reciente para la no repetición, sino como un botín político. En palabras de Enciso, quería que el informe se convirtiera en “uno de los grandes éxitos del gobierno de AMLO”; “Es un triunfo del presidente AMLO”; “Debemos cuidar la transición con la Dra. Sheinbaum”. Como respuesta, las y los investigadores de ese equipo insistimos en que para nosotrxs el informe no era creado para el presidente, sino para las víctimas y la sociedad mexicana.

De dicha reunión, el elemento que nos generaba mayor preocupación era la negativa a incluir factores de persistencia y recomendaciones en el informe. Esta postura inquietaba a quienes considerábamos que nombrar los factores de persistencia y las recomendaciones eran fundamentales para avanzar en procesos de verdad, memoria, justicia y reparación. Para Froylán Enciso, incluirlas en el informe equivalía a reconocer que, en la actualidad, siguen ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos. Al parecer, en SEGOB consideraban que ya no se cometen dichas violaciones.

La negativa del Estado mexicano a aceptar los factores de persistencia y las recomendaciones, cuyo objetivo es prevenir la repetición de graves violaciones a derechos humanos, refleja una falta de reconocimiento de la conexión entre las violencias pasadas y presentes, como si no existiera una continuidad de las mismas. Esto implica ignorar cómo se superponen nuevas y antiguas formas de terror ejercidas por el Estado sobre los cuerpos de las personas. Por ejemplo, se pretende desvincular la violencia actual en Chiapas, que ha dado lugar al desplazamiento forzado de 16,755 entre 2010 y 2022 según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas[1], de los hechos ocurridos en la década de 1980, cuando miles de refugiados guatemaltecos asentados en Chiapas fueron desplazados de manera forzada por el Estado mexicano hacia Campeche y Quintana Roo. En ambos casos, la contrainsurgencia, la impunidad y la militarización han jugado un papel esencial. Se omite también la relación entre la violencia en la zona fronteriza de Chiapas y las condiciones de vida de las personas ex-refugiadas guatemaltecas en el país, quienes hoy enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad. Oponerse a las recomendaciones y desatender los factores de persistencia no sólo es negar el pasado, sino también negarse a reconocer y resolver la violencia presente. Es desaprovechar la oportunidad de “encender en el pasado la chispa de la Esperanza”.[2]

Haciendo frente a este silenciamiento por parte del Estado e insistiendo en la importancia de que estás historias se conozcan, a continuación abordaremos algunas de las conclusiones que elaboró el MEH en el Informe “Fue el Estado”, en relación con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población refugiada guatemalteca en México, y la importancia de que el gobierno mexicano reconozca a esta comunidad de víctimas, no sólo para impulsar procesos de memoria, sino para iniciar políticas públicas urgentes que permitan el mejoramiento de sus condiciones de vida y se prevengan en el futuro actos de violencia en la zona por parte del Estado y/o particulares, como ya ocurrió en el segundo día de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el ejército abrió fuego contra un vehículo que transportaba migrantes, ejecutando al menos a seis de ellos. [3]

II.

A partir de la década de 1980, el Estado guatemalteco perfeccionó sus tácticas contrainsurgentes, e implementó prácticas sumamente violentas como la “Tierra Arrasada”, con la cual buscó eliminar la base social de las guerrillas en aquel país. Esto obligó a muchas comunidades rurales guatemaltecas a huir hacia México, lo que generó un trágico flujo migratorio entre 1981 y 1985, tiempo durante el cual lxs recién llegadxs se asentaron en la zona fronteriza de Chiapas.

Al permitir su ingreso al país, el Estado mexicano hizo posible que cientos de vidas fueran salvaguardadas. Sin embargo, de forma simultánea, implementó una política contrainsurgente hacia la población refugiada, lo que resultó en graves violaciones a sus derechos humanos. En ese contexto se presentan algunas de las conclusiones y hallazgos que  localizamos durante los trabajos del MEH: 

• La población refugiada guatemalteca en México fue víctima de desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, desplazamiento forzado, tortura, detención arbitraria, violencia político-sexual, exilio y la entrega de prisioneros a las fuerzas armadas guatemaltecas. 

• Las instituciones responsables fueron: la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Migración, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

• Se identificó un circuito de extorsión por parte de Migración, en el que a cambio de formas migratorias, entrega de refugiadxs al ejército de Guatemala y el trabajo no remunerado se obtuvieron recursos económicos y materiales para miembros de la institución en una dinámica similar a la que acontecía en la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT) a cargo de Arturo Durazo Moreno. En todo lugar donde se desplegaba la violencia de Estado, también se extendía una red de extorsión e impunidad.

• La violencia se dirigió no solo a las personas refugiadas sino también a quienes brindaron su apoyo de forma material y espiritual: algunas de esas víctimas fueron mujeres pertenecientes al Comité Cristiano de Solidaridad de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, dirigido por el obispo Samuel Ruíz,  y miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

• Se identificaron incursiones del ejército de Guatemala a territorio mexicano  desde 1982 hasta 1991, con la finalidad de causar terror entre las personas refugiadas, y detenerlas y ejecutarlas. Las incursiones fueron clasificadas en: 1) aquellas que sobrevolaban territorio mexicano; 2) otras donde únicamente ingresaban soldados y patrullas civiles al estado de Chiapas; 3) los infiltrados guatemaltecos en los campamentos que buscaban obtener información en los mismos para ser llevada a Guatemala; 4) los registros de ingresos para compartir información o colaborar de algún modo con el gobierno mexicano; 5) incursiones persiguiendo a personas que huían de Guatemala; 6) incursiones para secuestrar a personas y llevarlas de regreso a territorio guatemalteco; 7) aquellas en las que se ejecutaba a personas en territorio mexicano y; 8) en las que se realizaron masacres. 

• La posibilidad de que México haya colaborado por acción u omisión en las incursiones es alta, lo que se puede intuir a partir de los vacíos dentro de la documentación de la DFS. Pese a que los infiltrados en los campamentos compartían información detallada y constante con las oficinas centrales,la información cercana a las fechas de las incursiones es poca o inexistente, pues al parecer se retiraban del lugar con antelación.

• Migración detenía a personas refugiadas guatemaltecas cuando iban a renovar sus permisos migratorios; en ocasiones sus nombres eran contrastados con una lista en manos de los agentes de migración, la cual pudo haber sido entregada por el ejército de Guatemala. Según el caso, lxs detenidxs eran entregadxs a la armada guatemalteca, donde eran desaparecidos o ejecutados de forma extrajudicial.

• 1984 fue el año en que el Estado guatemalteco violentó con mayor intensidad a la población. Este periodo coincide, no de forma arbitraria, con el año más violento hacia las personas refugiadas guatemaltecas en México. En abril inició el desplazamiento, en muchos casos forzados, de miles de refugiados hacia los estados de Campeche y Quintana Roo. Al mismo tiempo, en el entonces Distrito Federal, se llevó a cabo un operativo en el que se detuvo a un número aún indeterminado de personas de nacionalidad guatemalteca, quienes fueron torturadas y retenidas en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, a cargo de José Antonio Zorrilla Pérez.

• Una de las consecuencias a largo plazo de la violencia, es la afectación directa a la salud. Las condiciones en las que el Estado mexicano mantuvo a los refugiados provocaron enfermedades y desnutrición. Por ejemplo, en el campamento Benito Juárez el 80% de su población sufría desnutrición, y el 96% de esos niñxs presentaban procesos infecciosos en vías respiratorias e intestinales, lo que derivó en patologías crónicas que aún padecen, como diabetes. Además, es altamente probable que sus descendientes también sufran este tipo de afectaciones debido a factores epigenéticos, es decir, la desnutrición llevó a cambios en la actividad de los genes sin alterar las secuencias de ADN que afectan a otras generaciones.  Este tipo de situaciones podrían perjudicar hasta a tres generaciones más de los descendientes de quienes padecieron desnutrición.

• La serie de acciones, como el desplazamiento forzado de los campamentos y la entrega de sus habitantes al ejército guatemalteco por parte de Migración, el espionaje y detención de refugiados guatemaltecos en Chiapas y el entonces Distrito Federal por parte de la DFS, sugieren una estrategia coordinada entre gobiernos en contra del refugio guatemalteco y la guerrilla guatemalteca, que de ser totalmente comprobada, permitiría afirmar que México contribuyó a facilitar el genocidio guatemalteco.

• Lo que permitió enfrentar la violencia de Estado y las difíciles condiciones que vivían las personas refugiadas fueron los lazos comunitarios que este grupo formó, a los que se sumaron diversas colectividades, como el Comité Cristiano de Solidaridad y personal de salud del Hospital de Comitán a cargo del médico Roberto Gómez Alfaro. Estas alianzas hicieron posible resistir a la violencia, como lo demuestra la exitosa lucha por la presentación con vida de la doctora Miriam Gaxiola y dos religiosas más que apoyaban solidariamente a los refugiados guatemaltecos, después de su desaparición ocurrida en julio de 1984 a manos de la DFS. Además, estos grupos crearon proyectos que suplían las deficiencias del gobierno en áreas críticas. A través de promotores capacitados por el mismo Hospital de Comitán y el Comité Cristiano de Solidaridad, se brindaban servicios médicos, educativos y cooperativos de manera autónoma. Lo que permitió transformar un territorio complejo en un espacio habitable, digno y lleno de esperanza, en un periodo marcado por la violencia de Estado en México y Guatemala.

III.

Si bien hubo avances importantes en este ejercicio de memoria y verdad, lo cierto es que estos deberían ser apenas el punto de partida para que se busque la identificación completa de las víctimas y el esclarecimiento pleno de lo acontecido. Mucho quedó en el tintero y mucho debe hacerse para poder dilucidar con mayor precisión las dimensiones de los hechos. La posibilidad de que se avance en procesos de memoria, reparación y justicia debe iniciar por el reconocimiento de lo sucedido por parte del Estado.

A este reconocimiento debe sumarse, si de verdad hay un compromiso con las víctimas del periodo reciente, la atención y seguimiento de las recomendaciones realizadas por el MEH, entre ellas:

• El conocimiento riguroso de la colaboración entre México, Guatemala y otros países en la implementación de operaciones contrainsurgentes, así como las violaciones graves de los derechos humanos de una diversidad de colectividades, entre ellas las personas refugiadas guatemaltecas, debe pasar por el acceso y la consulta pública de la serie 118.- Agregadas y agregados militares y demás personal comisionado en el extranjero, ubicada en la sección de Concentración de la Dirección General de Archivo e Historia de SEDENA, la cual no sólo fue imposible consultar durante los trabajos del MEH por “razones de seguridad”, sino que en solicitudes posteriores de información ha sido negada su existencia.

• Acceso público al Archivo de Concentración de Migración, pues su apertura no sólo permitiría conocer el nivel de violencia desplegado contra las personas refugiadas guatemaltecas, sino también contra migrantes que  atravesaron el país y fueron hostigados y violentados por el Estado. Mucha de esa información está contenida en la serie documental Expediente Inspección de ese archivo.

El acceso a esta documentación podría ayudar a esclarecer la colaboración de otros países en distintos episodios de la violencia de Estado, como los llamados “vuelos de la muerte” y la participación de Israel en el asesoramiento militar, de seguridad e inteligencia en el país. Un ejemplo de aquello se puede ver en el documento localizado en ese archivo que refiere al ingreso desde Guatemala en 1973 del israelí Uri Shani, técnico en aviación militar, que asesoró a las fuerzas aéreas mexicanas probablemente en lo que se refiere a los aviones Arava que había adquirido recientemente México, y que es sabido se usaron en los “vuelos de la muerte”. Este personaje, quien parece haber asesorado también a las fuerzas armadas guatemaltecas durante el genocidio en aquel país, es una de las claves para entender la contrainsurgencia en la región. No está de más señalar que, pese a que el Instituto Nacional de Migración proporcionó una copia digital del material revisado y solicitado por el MEH, la documentación referente a Uri Shani no fue entregada.

• La identificación y acceso a los fondos de los archivos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que aborden el refugio guatemalteco. El acceso a dicha documentación vía MEH y solicitudes de transparencia fue negado por supuestamente no encontrarse en su acervo.

• Se deben crear programas en materia de salud en Chiapas, especialmente en la zona fronteriza, y en particular con las personas ex-refugiadas, el cual llegue directamente a las comunidades para ofrecer servicios de atención médica a los padecimientos derivados de la desnutrición en las primeras etapas de la vida. Esto es fundamental, considerando las historias de vida de los refugiados guatemaltecos durante su tránsito hacia México y su estancia en los campamentos.

• Debido a las incursiones perpetradas por el ejército guatemalteco, como consecuencia de las condiciones de vida en las que llegaron al país y en las que lo habitaban, existe la posibilidad de que haya distintos cuerpos de personas guatemaltecas sepultados en cementerios improvisados en México. Durante el periodo de trabajo del MEH y en colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en ese momento bajo la dirección de Karla Quintana, se tuvo conocimiento de al menos un panteón con dichas características. La identificación de esos lugares, así como de las personas allí sepultadas, deben ser un compromiso por parte del Estado mexicano en colaboración con el gobierno guatemalteco y/o con la participación de instancias internacionales. Algunas de esas personas podrían estar catalogadas como desaparecidas en México o Guatemala.

Deseable es que el Estado mexicano reconozca la violencia que ejerció en el pasado contra las comunidades refugiadas y asilados guatemaltecos que fueron detenidos en nuestro país; no obstante, hasta ahora y de nueva cuenta ha optado por lo contrario: el olvido y la desmemoria. Consecuencias de este desconocimiento quedan las personas, las víctimas, sus historias de lucha y sobre todo la posibilidad de una tan necesaria reparación que no sólo ayudaría a sanar heridas pasadas, sino a salvaguardar las presentes.

Desde hace unos años, debido a la presencia de grupos del crimen organizado y la militarización de la zona, Chiapas se ha convertido en un espacio altamente violento, y desde hace meses el tránsito por la región fronteriza es difícil. Un requerimiento para desplazarse en el transporte de la zona es portar con una identificación oficial.

Sin embargo, muchas personas ex-refugiadas guatemaltecas que habitan la región desde hace más de 40 años, no cuentan con una identificación porque nunca fueron reconocidos como mexicanos, o sus papeles están muy deteriorados, por lo tanto, desplazarse por la región es sencillamente imposible. El reconocimiento de su pasado y con ello su naturalización les permitiría contar con una identificación oficial que les permita movilizarse.

También abre la posibilidad de incorporarse a opciones de seguridad social, ya que muchos de quienes ahora tienen más de 65 años podrían acceder a programas gubernamentales como la Pensión para el Bienestar, que puede marcar una importante diferencia en su forma de vida.

Durante los trabajos del MEH, la Secretaría de Gobernación se comprometió a avanzar en la naturalización de las personas ex-refugiadas. Para la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración no debería ser un trabajo difícil, pues a su personal se les presentaron listados con nombres de personas que se encuentran sin documentación, con la promesa de que pronto se resolvería su situación y con ello podrían desplazarse nuevamente por el territorio chiapaneco. No obstante, hasta el 30 de septiembre del 2024, último día de trabajos del MEH, la naturalización de las personas ubicadas en esos listados no avanzó, manteniendo de esa forma en una condición de vulnerabilidad a cientos de personas.

Reiteramos que el informe del MEH “Fue el Estado [4]”, nos permite realizar un difícil escrutinio del papel de la violencia generalizada y sistemática ejercida por el gobierno mexicano contra una diversidad de disidencias. Además, toca una fibra sensible al exponer su rol y responsabilidad geopolítica como país de tránsito para migrantes centroamericanos y sugiere el nivel de responsabilidad que tuvieron las fuerzas armadas mexicanas como colaboradoras en el genocidio guatemalteco.

¿Cómo ha cambiado nuestra política migratoria? El apartado de recomendaciones pone de manifiesto la militarización que Chiapas experimentó en la década de 1980 y las consecuencias de ello, sugiere que, mientras los titulares de migración mantengan una formación militar, continuarán las violaciones a los derechos humanos, ahora entregando a los migrantes al crimen organizado y acumulando personas desaparecidas en el sur del país. El gobierno mexicano sigue percibiendo la migración de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos como un problema de seguridad, en lugar de un problema humanitario, y mantiene una visión racista que criminaliza a los centroamericanos, considerándolos delincuentes o, como en el pasado, guerrilleros.

Hacemos un llamado al Estado mexicano para que reconozca a la totalidad de las víctimas del periodo 1965-1990, y que, a partir de ello, se inicien procesos de justicia y reparación para aquellas colectividades y disidencias que omitió en el resumen ejecutivo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVeH). Entre estas se encuentran: habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico, personas marginalizadas y criminalizadas, movimientos urbano-populares, disidencias sexo genéricas, disidencias religiosas y, por supuesto, personas refugiadas guatemaltecas.

*Investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico del 16 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre del 2024, cuando dicho organismo acabó sus funciones.

Referencias:

[1] Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Informe Frayba, México, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 2023, p. 46. Se puede consultar de forma digital en: https://frayba.org.mx/informe-frayba-chiapas-un-desastre 

[2] Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, México, ITACA-UACM, 2008, p. 40

[3] Emiliano Rodríguez Mega y James Wagner, “El ejército mexicano dispara fatalmente a 6 migrantes” en The New York Times en español, 2 de octubre de 2024, https://www.nytimes.com/es/2024/10/02/espanol/america-latina/ejercito-mexicano-dispara-migrantes.html 

[4] La información sobre el refugio guatemalteco en México se puede localizar en el Informe “Fue el Estado” en el siguiente link: https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/descargas/Informe_final_MEH_Fue_el_Estado_Vol2-4_V3.pdf 

Foto de portada: Fotografía de Refugiadxs Guatemaltcxs en un campamento tomada por agentes de la DFS. Referencia: AGN/SEGOB/DFS/ Caja AC 2074/4223/ Expediente 009-010-010.