Esta semana, el comité CED de la ONU sesionó para abordar el tema de la crisis de desapariciones en México, con una escueta respuesta del Estado y una permanencia de la minimización de la dimensión de este fenómeno a nivel nacional
Hace unos días, en sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, llegó a un nuevo hito el proceso mediante el cual el Comité sobre las Desapariciones Forzadas (Comité CED) aplicó a México el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones, por estimar que las desapariciones forzadas en el país son sistemáticas y/o generalizadas. Así, el 20 de octubre, en la presentación de su informe anual en Nueva York, el presidente del Comité se refirió a la situación de nuestro país y una delegación de funcionarios de México respondió a sus señalamientos. Las representaciones de los otros países integrantes de la comisión atestiguaron el intercambio, que fue transmitido en línea, mientras que algunos familiares de personas desaparecidas intentaron infructuosamente acudir al recinto. Vale la pena hacer un balance de lo ocurrido.
En primer término, frente a una narrativa gubernamental que enfatiza que México fue “felicitado” durante su comparecencia, es menester recordar que nunca antes ningún país había sido llevado ante la Asamblea General por el Comité, con el señalamiento de presentar una situación de desapariciones generalizadas y/o sistemáticas. Este hecho es la esencia de lo ocurrido y sólo manipulando con dolo la información puede afirmarse, como se ha intentado hacer estos días, que la ocasión significó una suerte de reconocimiento para México o que hay en ella algún motivo de orgullo. Ciertamente, el presidente del Comité, dando por verdaderas las cuentas alegres presentadas por el Estado, felicitó –con algo de ligereza– algunas acciones; pero estas expresiones no atemperan lo que realmente ocurrió ese día: la penosa exhibición ante la comunidad internacional de la crisis de desapariciones de México, calificada jurídicamente con las más severas categorías del derecho internacional. Es este el hecho de trascendencia histórica que hay que subrayar y, obviamente, no representan en modo alguno una felicitación.
En segundo término, cabe reparar en que el Estado no llegó a la cita con ninguna medida extraordinaria qué presentar. Al margen de las cifras sobre presuntos hallazgos de personas con vida, el Estado no reportó un incremento relevante en el procesamiento y la identificación de restos humanos; un aumento notorio de las capacidades periciales; un mayor número de judicializaciones y sentencias acorde con la magnitud de la crisis; ni una mejoría ostensible de las instancias de atención victimal. Ni siquiera presentó algún intento de revivir ideas que parecían plausibles hace no tanto, como el proyecto de crear un Centro de Identificación Humana que emulara al Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila, el cual tuvo un inicio promisorio cuando recibía apoyo de la cooperación internacional. Así, en realidad, el Estado presentó las mismas limitadas acciones que hemos venido escuchando desde el final del sexenio anterior. Peor aún: la representación mexicana no expresó disposición a profundizar la cooperación internacional ni a explorar nuevos esquemas, ni siquiera en ámbitos donde es claro y manifiesto que las autoridades mexicanas han quedado rebasadas, como la crisis forense. El proceso de aplicación del artículo 34 no ha logrado, en ese sentido, mover de su inercia al Estado. Por el contrario, luego de que este procedimiento fue activado, las energías gubernamentales se invirtieron, más bien, en operar sobre la percepción; en activar contactos e iniciativas de mediano nivel con actores internacionales que se han prestado para esta cuestionable operación; y en cabildear directamente ante otros países y ante la propia ONU para cerrar el paso a cualquier revisión del tema en la Asamblea General. Las redes sociales de los funcionarios mexicanos en los días previos a su comparecencia muestran múltiples ejemplos a este respecto.
En tercer término, es preciso señalar también que el Estado mantuvo su cuestionamiento a la interpretación legal del Comité, como lo ha venido haciendo desde que éste adoptó su “Declaración sobre Actores no Estatales” en 2023. Como es sabido, México aduce que ésta fue unilateral y que conceptualizó la aquiescencia más allá de los términos de la Convención; una consideración que hasta ahora ningún otro Estado del mundo ha replicado, pero que seguramente la cancillería repetirá si, como fue anunciado, el Comité eleva su Declaración a una Observación General. Pese a esta discrepancia jurídica, México aceptó que en nuestro país se siguen cometiendo desapariciones forzadas –algo que, como se recordará, se había negado con vehemencia desde la tribuna presidencial–. La representación estatal, empero, circunscribió este reconocimiento exclusivamente al ámbito municipal, en consistencia con la narrativa que la diplomacia mexicana ha impulsado, sin cambio alguno, desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De esta manera, se mantiene la ya tradicional negación respecto de la participación en desapariciones forzadas de servidores públicos de los ámbitos estatal y federal, pese a la evidencia acumulada en sentido contrario. La presencia de un representante de la SEDENA en la delegación que estuvo ante la Tercera Comisión expresa y simboliza la causa real de esta negativa. Prevalece, así, el veto castrense en cuanto al reconocimiento de responsabilidad en las desapariciones, que en estos años no ha sido posible revertir y que paradójicamente terminó siendo fortalecido por gobiernos que llegaron al poder con la bandera progresista.
En cuarto lugar, fue manifiesto que, en un contexto de multilateralismo debilitado, el planteamiento de que México requiere cooperación internacional generó, hasta ahora, escaso eco entre las delegaciones presentes en la Tercera Comisión. A esta realidad hay que añadir que lo que sigue en este ámbito es incierto. El propio presidente del Comité distinguió, en una entrevista que con posterioridad a la comparecencia brindó a un medio internacional, tres posibles escenarios: que la Asamblea General decida “ no hacer nada”; que tome nota de la resolución e inste al Estado a abrirse a la cooperación internacional emitiendo algún documento al respecto; o que la cuestión se remita al Consejo de Derechos Humanos para un análisis adicional. Esta incertidumbre sobre lo que viene en el proceso y la inclusión entre los escenarios posibles de algunos muy poco productivos, no es un dato menor; refleja un entorno marcado por la fragilidad del régimen internacional de derechos humanos.
En quinto lugar, conviene mirar lo que ocurría en México mientras avanzaba la discusión en Nueva York. Aquí, familiares de personas desaparecidas cerraban uno de los principales accesos a la Ciudad de México, reclamando atención mínima. Aquí, los colectivos articulados alrededor de la “Glorieta de las y los Desaparecidos” lanzaban una importante interpelación a las personas que la Secretaría de Gobernación unilateralmente designó para revisar el registro nacional de desaparecidos y desaparecidas, a efecto de que den la cara públicamente y precisen la metodología que emplearán, de modo que no terminen siendo usados por lo que a todas luces parece un intento orientado a reducir las cifras. Aquí, en fin, siguieron las movilizaciones, las búsquedas, los bloqueos, los amparos, la presentación de informes y los intentos de articulación.
A modo de conclusión preliminar, puede decirse que la comparecencia de México ante la ONU en el marco de la aplicación del artículo 34 marcó un hito en cuanto a la calificación jurídica de la crisis y su exposición ante la comunidad internacional. Pero no es seguro que este proceso desemboque en algo más. Entre tanto, las medidas gubernamentales siguen en una clara inercia de mediocridad, cobijadas por la difusión de narrativas oficiales que encomian avances donde no los hay y que se benefician de que actores otrora críticos han optado por acomodarse al nuevo status quo.
Esto tendría que suscitar una reflexión: a efecto de no generar esperanzas vanas, es preciso repensar los mecanismos internacionales con mínimo principio de realidad, pues lo cierto es que en el corto plazo es difícil avizorar que la aplicación del artículo 34 de la Convención desemboque en alguna iniciativa internacional robusta en clave de justicia, verdad y cooperación técnica, y menos aún en la intervención de alguna instancia de naturaleza penal internacional; fue significativo, en este sentido, que el presidente del Comité insistiera en el carácter preventivo del mecanismo. Y es que a la actual debilidad de los mecanismos internacionales de derechos humanos se suma, en la dimensión nacional, la fortaleza de una nueva hegemonía política con amplio respaldo popular que tiene en el nacionalismo uno de sus pilares.
Señalar esta realidad no implica ignorar o aminorar la gravedad de la crisis, sino simplemente adoptar una mirada objetiva, que no soslaye ni el contexto político ni la correlación de fuerzas actual, y sobre todo, que se haga cargo de no generar expectativas falsas en un tema tan delicado como este. Introducir dosis de realismo ayuda también a sopesar más cabalmente la enorme valía de los esfuerzos de los colectivos en el país, que muestran que las batallas principales se siguen jugando día a día en el territorio, en búsquedas, en movilizaciones, denuncias y activismo.
Es desmesurado afirmar que le debemos al procedimiento del Comité grandes cambios en la política gubernamental frente a la crisis de desapariciones, pues tales cambios no existen; del mismo modo, es desproporcionado sostener que México recibió el reconocimiento de la comunidad internacional por las muy limitadas acciones gubernamentales en la materia. Lo cierto es que ante una crisis que ya se ha extendido por más de tres lustros, la movilización constante de los familiares, acompañados de organizaciones y medios aliados, seguirá siendo fundamental. Y tras la presentación del informe anual del Comité CED ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, todo indica que, en lo inmediato, la movilización todavía será necesaria.
*Foto de portada: Especial.
*Santiago Aguirre es abogado y licenciado en Estudios Humanísticos. Maestro en Derechos Humanos y Democracia. Ha trabajado por más de 20 años en organizaciones civiles como CADHAC, en Monterrey, Nuevo León, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en la Montaña de Guerrero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en Ciudad de México, del que fue director del 2019 al 2025. Actualmente colabora en la Universidad Iberoamericana.
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