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Las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidos en México

Entre las múltiples historias silenciadas está la de los indígenas desaparecidos, secuestrados, asesinados, cuyas osamentas están apareciendo en las fosas clandestinas que encuentran los colectivos de búsqueda ciudadana en todo el país.

Por R. Aída Hernández Castillo (CIESAS-GIASF)*

Durante la presentación del Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que en México existen más de 40 mil desaparecidos, mil 200 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar. Estos datos oficiales siguen siendo un sub-registro, si consideramos que tan solo el Movimiento Migrante Centroamericano ha denunciado la existencia de 70 mil migrantes desaparecidos en México. Nos hemos empezado a acostumbrar a esta numeralia del terror, que ha terminado por silenciar las voces y experiencias de los hombres y mujeres ausentes por desaparición.

Entre las múltiples historias silenciadas está la de los indígenas desaparecidos, secuestrados, asesinados, cuyas osamentas están apareciendo en las fosas clandestinas que encuentran los colectivos de búsqueda ciudadana en todo el país. Los indígenas desaparecidos están ausentes no solo de sus casas y sus comunidades, sino también de las estadísticas oficiales sobre desaparición forzada y por particulares, de las reivindicaciones políticas de las organizaciones de familiares y de los discursos políticos de las organizaciones indígenas en el país. Sus historias van apareciendo poco a poco, como si se tratara de historias aisladas: en las crónicas de algunos periodistas en Guerrero y Michoacán, en las historias de vida que documentamos como Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) con las madres de desaparecidos en el territorio mayo-yoreme en Sinaloa, en las denuncias del sacerdote jesuita Javier Ávila, en la Tarahumara, en los testimonios de los familiares lencas y garifunas de los migrantes hondureños masacrados en Cadereyta, Nuevo León.  El racismo institucional que sigue caracterizando a la sociedad mexicana, es el que posibilita que sus ausencias no sean nombradas y que la especificidad de sus agravios no sea considerada en los planes de búsqueda, ni en los programas de reparaciones.

Los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, han sido siempre nombrados por la prensa como “estudiantes”, sus identidades indígenas no son mencionadas, ni consideradas en los procesos de búsqueda y sus familiares no han contado hasta ahora con apoyo de traductores en los procesos legales. Es hasta el 2017, con la publicación del Informe Yo Solo Quería que Amaneciera. Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa elaborado por la psicóloga Ximena Antillón y la antropóloga, Mariana Mora, con un colectivo de investigadores vinculados a la organización de derechos humanos FUNDAR, que por primera vez se documentan los contextos culturales de las víctimas de Ayotzinapa que pertenecen a los pueblos indígenas na savi (mixteco), me´phaa (tlapaneco), ikoots (huave) y náhuatl.

El estudio no solo analiza el racismo institucional al que se han enfrentado las familias indígenas y campesinas en la búsqueda de sus hijos, sino también las formas específicas de afrontamiento que han desarrollado desde sus epistemologías indígenas. Entender las concepciones culturales en torno al agravio y la justicia, resulta fundamental para poder discutir las posibilidades de un programa de reparación integral del daño, que vaya más allá de lo punitivo o lo económico.

Uno de los temas nodales que aborda este informe, es la violencia estructural que antecede a la desaparición forzada, que es parte de las condiciones contextuales que posibilitaron este agravio. Se argumenta que para los pueblos indígenas “las violaciones graves a los derechos humanos de individuos y de sus comunidades suceden en entornos marcados por patrones sistemáticos de exclusión social que afectan a los pueblos de manera desproporcional, lo que a su vez los coloca en mayores condiciones de vulnerabilidad frente a posibles situaciones de violencia” (p. 67).

El informe de FUNDAR sobre el caso Ayotzinapa pone el dedo en la llaga al nombrar el tema del racismo como parte de las violencias estructurales que han vivido las familias indígenas y campesinas durante la búsqueda.

En nuestro trabajo con familiares de desaparecidos en el norte de Sinaloa, hemos podido documentar, que la mayoría de los cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas son de jóvenes pobres racializados, que antes de la desaparición ya habían sufrido múltiples violencias institucionales. Las familias que proceden de comunidades mayo-yoremes, han tenido que enfrentar el racismo judicial antes, durante y después de la desaparición de sus hijos. Se trata de comunidades cuyas economías agrícolas han estado históricamente vinculadas  a la siembra de cannabis y amapola, pero que en los últimos diez años, han sufrido de manera devastadora los efectos de la violencia del crimen organizado en complicidad con las fuerzas de seguridad.

El trabajo como jornaleros en el cultivo de marihuana y amapola nunca fue un trabajo que sacara a los pueblos indígenas de la pobreza, se trataba de un trabajo agrícola más, que no estaba estigmatizado, y que se realizaba con la complicidad o tolerancia de las autoridades locales. Sin embargo, los testimonios recabados en las comunidades yoremes, dan cuenta de un cambio en el contexto que profundizó la violencia y la vulnerabilidad de los habitantes de estas regiones.

Danza de los jóvenes Yoremes, comunidad indígena asechada por el crimen organizado.
Foto: Aída Hernández

“Fue con Caro Quintero*, que empezaron a venir por los muchachos para llevárselos a trabajar a Bufalo, Chihuahua. Pero era un trato respetuoso, se los llevaban y los regresaban después de la cosecha. Se llevaba trenes llenos de trabajadores, en la estación Sufragio los recogían a todos. A algunos se los llevaban también en avioneta desde Guasave. Pero no había miedo, era un trabajo más del campo, pagaban bien y regresaban a sus casas sin problema. Pero hace como diez años las cosas se empezaron a descomponer, cuando entro la coca y luego el crack. Entonces empezaron a meter las drogas en las escuelas, drogas que nos dejan a los muchachos ciegos, sordos, locos. Empezaron a trabajar con el mismo gobierno y a levantar a los muchachos, muchos ya no regresaban y algunos regresaban locos. Los vuelven adictos para que les trabajen y cuando ya no les sirven los matan.”*

Mapa de la región Yoreme que abarca el norte de Sinaloa y el sur de Chihuahua y Sonora.
Infografía: Especiales

Este no es un testimonio aislado, la violencia del crimen organizado y de la llamada “guerra contra el narco” ha impactado de manera profunda el tejido social de las comunidades indígenas en todo el país.  Los pocos estudios que se han realizado en torno al tema, nos muestran como el impacto de las reformas estructurales en la última década ha provocado una debacle en la economía campesina indígena contribuyendo a la migración y a la incursión en el mercado de cultivos ilícitos como amapola y marihuana, a la vez que jóvenes indígenas son reclutados por los cárteles*. Las regiones indígenas de los estados de Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Oaxaca,  Chihuahua, Chiapas, Durango y Sonora, han sido especialmente afectadas por la militarización y la violencia de la “guerra contra el narco”. En parte porque estas regiones marginadas económicamente cumplen con las características de aislamiento que requiere la producción de cultivos ilícitos. Al respecto Norberto Emmerich señala que: “La producción de drogas ilegales es una actividad que se da en territorios confinados, con baja integración poblacional, dificultades de comunicación vial, una geografía agresiva y exuberante, altos niveles de pobreza y una baja penetración del Estado” (2013: 20) que en muchos casos es el tipo de geografía que prevalece en los territorios indígenas.

El racismo se manifiesta también en la forma en que la violencia afecta de manera desproporcional a las regiones más pobres y marginadas del país.  Es decir que las jerarquías raciales, heredadas de la estructura colonial de nuestro país, ubican a ciertos cuerpos en ciertos espacios y dirigen de manera diferencial los recursos y las políticas públicas a distintos territorios dependiendo los cuerpos que los habitan. En contextos de extrema violencia, como el que se vive actualmente en México, ciertos cuerpos son construidos como desechables y ubicados en territorios específicos, frente a otros que se construyen como el locus de la “vida valiosa”.  Analistas como Lisa Marie Cacho hablan de la muerte social, que en muchas de estas regiones equivale también a la muerte física, en donde la ilegalidad racializada y la criminalización de los más desprotegidos permite invisibilizar su valor de lo humano. Es decir, el racismo deshumaniza y vuelve ininteligible el valor de los cuerpos ubicados en territorios racializados*.

Al señalar la existencia de geografías racializadas en la guerra contra el narcotráfico, me refiero a las maneras específicas en que la militarización, la paramilitarización y la violencia del crimen organizado han afectado los territorios indígenas*. Si bien ni la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado, ni la del crimen organizado tiene un carácter racial, ni solo afectan a las poblaciones indígenas sí tiene “efectos racializantes”, pues afectan en forma desproporcionada a estas poblaciones y reproduce su marginalidad.

El hecho mismo de que no contemos con datos específicos sobre los indígenas desaparecidos, encarcelados, asesinados o desplazados, da cuenta de esta marginalidad, y del valor que nuestra sociedad le da a estas vidas truncadas. Tal vez el estigma que se ha construido en torno a los desaparecidos, ha influido en que el mismo movimiento indígena nacional no reivindique a sus desaparecidos.  

Está ampliamente documentado que en los contextos de violencia e impunidad en los que vivimos, cualquiera puede desaparecer: por tener un accidente automovilístico con el individuo equivocado, enamorarse o sacar a bailar a la persona equivocada, por denunciar la corrupción de las fuerzas de seguridad, o simplemente por vivir en una región en donde el crimen organizado recluta su fuerza de trabajo. Sin embargo, seguimos reproduciendo un discurso que nos hace sentir seguros: “en algo habrán andado” “algo habrán hecho para merecer eso”.  El silencio cómplice de los distintos sectores de la sociedad, muchas veces responde a los discursos insensibles que los criminalizan y justifican la desaparición.

Don Paz Quiroz, campesino yoreme y uno de los pocos hombres que integran el grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte, ha hecho de la búsqueda de los desaparecidos su proyecto de vida.
Foto: Aida Hernández

Sin embargo, existen voces que se atreven a denunciar la violencia y la impunidad que afecta los territorios indígenas. Don Paz Quiroz, campesino yoreme y uno de los pocos hombres que integran el grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte, ha hecho de la búsqueda de los desaparecidos su proyecto de vida.  Su historia, junto con la de otras integrantes de ese colectivo, será publicada próximamente por el GIASF, la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra y el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, y da cuenta de este memorial de agravios que van del despojo territorial de sus abuelos a principios del siglo pasado, el desplazamiento de su familia a tierras agrestes a mediados del siglo, a la desaparición forzada y posterior asesinato de su nieto en el 2017. Don Paz, nos narra cómo sus abuelos llegaron a la comunidad de Tetamboca, en el norte de Sinaloa, a principios del siglo XX después de haber sido despojados de sus tierras por la construcción de la presa El Mahone, en el afluente norte del Río El Fuerte. Durante cincuenta años esperaron una distribución agraria que nunca llegó y vieron a los jóvenes yoremes de la comunidad migrar hacia el norte o reclutarse como jornaleros en los sembradíos de amapola. Los menos afortunados han terminado en las fosas clandestinas, que Las Rastreadoras han encontrado en todo el norte de Sinaloa. Mientras el capital japonés compra tierras yoremes para establecer un proyecto eólico, los jóvenes siguen desapareciendo sin que nadie reconozca la dimensión del problema en la región.

Los testimonios de los familiares de indígenas desaparecidos, dan cuenta de las múltiples violencias que marcan las vidas de los pueblos originarios y establecen vínculos analíticos entre las violencias históricas de despojo y explotación vivida por sus ancestros y las violencias contemporáneas que afectan a sus comunidades.

La vigencia de las estructuras coloniales que inferiorizan, criminalizan y devalúan las vidas indígenas, se pone de manifiesto en los testimonios que denuncian el continuum de violencias racistas que afectan sus vidas y que posibilitaron la desaparición de sus hijos e hijas.  Convertir la numeralia del terror en historias de agravios y resistencias, es una manera de honrar la memoria de los indígenas desaparecidos en México. Sirvan estas líneas para honrar la Memoria de José Manuel Luna Quiroz, Kalucha,  joven yoreme desaparecido el 4 de abril del 2017, cuyo cuerpo fue encontrado por su abuelo Don Paz Quiroz, y por Las Rastreadoras de El Fuerte, a las orillas del río de Tetamboca el 12 de julio del mismo año.


*2 Se refiere a la década de los 80s cuando Rafael Caro Quintero controlaba la producción de drogas naturales en Sinaloa.

*3 Testimonio de P.Q. en la comunidad de Tetamboca, municipio de El Fuerte, Sinaloa, octubre 2018. Entrevista realizada por Carolina Robledo y R. Aída Hernández.

*4Entre los pocos trabajos sobre el impacto del narcotráfico en regiones indígenas están los trabajos de Manuela Camus “Fronteras, comunidades indígenas y acumulación de violencias” en Revista Desacatos. Número Especial Narcoviolencia y Ciencias Sociales, num. 38,  Enero-Abril 2012 pp.73-95; Salvador Maldonado “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, Año 74, núm. 1 (enero-febrero 2012), IIS-UNAM; Norberto Emmerich “El narcotráfico en los territorios indígenas de América Latina”, disponible  en https://es.scribd.com/doc/194724881/El-narcotrafico-en-los-territorios-indigenas-de-America-Latina.

*5 Lisa Marie Cacho Social Death: Racialized Rightlessness and the Criminalization of the Unprotected, New York University Press, Nueva York.

*6 Un análisis de las geografías racializadas y la “guerra contra el narco” lo desarrollo en “La Guerra Contra el Narco: Violencia de Género, Militarización y Criminalización de los Pueblos Indígenas” En María Teresa Sierra y Santiago Bastos (Coordinadores) Pueblos Indígenas y Estado en México CIESAS, México Pp.244-270.


*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org

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