Por Thomas Aureliani*
Fotos: Cortesía FUUNDEC – FUNDEM
La denuncia pública y el diagnóstico del contexto de las desapariciones
Hay algunos momentos en la vida de un país, de una comunidad, en los que es necesario volver a colocar algunas cosas en su lugar, colocar las piezas en el lugar correcto. Esto es lo que debe hacerse el 19 de diciembre de 2019. Para la gran mayoría de las personas es una fecha como cualquier otra, uno de los días previos a la Navidad tan deseada. Para otras, es el décimo aniversario de un evento importante: el 19 de diciembre de 2009, un grupo de familiares denunció públicamente las desapariciones de personas que comenzaban a afectar gravemente al estado de Coahuila. Antes de ese día, muy pocos actores sociales habían salido a la luz para denunciar las desapariciones de la “Guerra contra el narcotráfico” desatada por el entonces presidente Felipe Calderón. Lo hicieron desde la sede de la Diócesis de Saltillo, el Obispado, donde se encuentran las oficinas del “Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios” y el obispo Raúl Vera López, un firme defensor de los derechos humanos.
En ese momento se hablaba de “levantones” o secuestros y la retórica del gobierno y de parte de los medios de comunicación era clara: “eran levantones de delincuentes o traficantes de drogas, que estaban metidos en algo”. Los familiares empezaron a decir algo importante y que estaban descubriendo en su propia piel: el Estado mexicano, por acción u omisión, era responsable de las desapariciones que ocurrían en la región. No eran solo traficantes de drogas o delincuentes. Esos familiares tuvieron el valor de decir que las autoridades no estaban investigando, que los estaban criminalizando a ellos y a sus seres queridos desaparecidos, que la policía probablemente tuvo algo que ver con esas misteriosas desapariciones. Y tenían razón, en Coahuila, el poder criminal de Los Zetas se había fusionado con algunos elementos de las instituciones de seguridad y justicia, con las más altas instituciones del Estado.
En el norte del país cambió el esquema “clásico” de la desaparición forzada: ya no eran grupos clandestinos que desaparecían a las personas y las entregaban al Estado, ahora eran instituciones del Estado que empezaban a desaparecer a las personas y a entregarlas a grupos criminales. Los familiares intentaban entender lo que pasaba también gracias a la ayuda del Centro y su directora, Blanca Martínez Bustos, quien comenzó a dirigir el Fray Juan de Larios en ese maldito 2009. Como don Raúl Vera, Blanca vino de años de resistencia y protección de los derechos humanos en Chiapas. Sabía lo que significaba organizarse, luchar, resistir. Pero esa situación también era nueva para ellos. De agosto a diciembre de ese 2009 los primeros familiares comenzaron a reunirse para intercambiar experiencias. Blanca y su equipo reunieron información, comenzaron a dar sentido a ese contexto tan complejo y peligroso y preguntaron a las familias qué querían hacer, fue cuando dijeron que necesitaban unirse, hacer algo juntas, porque ya habían andando por separado y no pasaba nada. El colectivo junto con el Centro fueron entonces unos de los primeros en diagnosticar lo que estaba pasando en el norte del país. Algunos lo llaman “captura del Estado”, quizás sería mejor decir “fusión del poder criminal y estatal”, ya que la “captura” implica una presa y un depredador y en México quién es la presa o el depredador no está claro.
Una cuestión de identidad: La lucha colectiva de las Fuerzas Unidas
A partir del 19 de diciembre, entonces, algo cambió. Un nuevo actor colectivo comenzó a aparecer en público, formado por personas que nunca habían tenido experiencia en la lucha política o social y que tenían diversas condiciones económicas: pocas cosas en común excepto la misma tragedia y el dolor. Empezaron a llegar otros familiares desde la ciudad de Torreón, desde los estados vecinos de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y luego muchos otros. Justo en Torreón, otro centro de derechos humanos se convirtió en el segundo gran aliado: el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC., vinculado a la parroquia jesuita de San Judas Tadeo.
Se dieron un nombre en mayo de 2010, después de una larga y agotadora reunión en la Ciudad de México: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. No eran solo familias entonces, no era suficiente. Tenían que ser una fuerza y tenían que estar unidas. Su objetivo, en el que se fundó su “pacto de identidad”, era muy específico: buscar a TODOS y TODAS los desaparecidos y desaparecidas. Su tragedia privada se hizo pública. Este es otro gran mérito: el colectivo comenzó a luchar colectivamente por las “nuevas desapariciones” de la “Guerra contra el narcotráfico”, las que nadie (o pocos) quería ver. Ni siquiera una parte de la sociedad civil comprometida con los derechos humanos. Su problema íntimo se convirtió así en un problema de la sociedad mexicana, tan impotente y silenciosa ante esa tragedia. Sin embargo, los miembros de FUUNDEC no estaban en silencio. Desempolvaran la vieja consigna de las luchas de los familiares de la “Guerra Sucia” mexicana y del pasado dictatorial del Cono Sur: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Aquí en el México democrático.
Redes y apoyos
Gracias también a los contactos del Centro y de su directora se comenzaron a construir redes y vínculos con otras experiencias de resistencia, aún aisladas. En 2010 nació la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas (REDEFADE), uno de los primeros esfuerzos conjuntos entre diferentes asociaciones formadas por defensores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas en el contexto de la “Guerra contra el narcotráfico”. En 2011, gracias también a la ola creada por el Movimiento por la Paz que comenzó a dar visibilidad a las víctimas de la violencia, otros familiares de personas desaparecidas intentaron ingresar al colectivo y se hizo necesario extender sus actividades a muchas regiones del país: así nació Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – FUNDEM. La voz de los familiares comenzó a llegar a algunas organizaciones internacionales para la protección de los derechos humanos, a la Organización de las Naciones Unidas – ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros. Algunos informes de estas organizaciones dieron espacio a sus solicitudes y reclamos y se organizaron visitas y reuniones en Saltillo.
La capital de Coahuila se convirtió en la capital mexicana de la lucha contra las desapariciones de la “Guerra contra el narcotráfico”. Junto con el gobierno de Coahuila, que desde 2012 comenzó por fin a reconocer el problema y mostrar voluntad política, el colectivo y el Centro convocaron en junio 2013 al “Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México”. Nadie había logrado unir a tantos familiares, funcionarios públicos locales y nacionales, representantes de organizaciones civiles e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos bajo un mismo techo para hablar del tema. Así, lentamente, la sociedad civil y las instituciones comenzaron a darse cuenta de la magnitud de la tragedia. Aquí entonces, otro logro si bien menos visible: la sensibilización de las instituciones y la sociedad civil en el tema de las desapariciones.
Marchas y visibilización
La movilización y la incidencia política implicaron costos que el colectivo no pudo soportar en los primeros año. Algunos familiares inventaron el bingo para recaudar fondos, venta de pan y alimentos para pagar sus viajes en esos primeros años de “búsqueda incansable”. “Búsqueda incansable” llegó a ser su lema y el proyecto de vida de su participantes. Se pusieron fuera de las iglesias o en las plazas y empezaron a pedir apoyo, un abrazo, una palabra de aliento. Algunas personas simpatizaban, otras no. Durante las manifestaciones algunas personas con falta de sensibilidad las llamaban “viejas huevonas”, les decían que era mejor ponerse a trabajar y no bloquear el tráfico. Empezaron a recorrer las carreteras y las plazas del Coahuila, y luego de la Ciudad de México. Bloquearon la avenida Insurgentes, una de las principales rutas de la capital, para expresar su ira contra Humberto Moreira, que en 2011 había dejado su puesto como gobernador de Coahuila para presidir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nacional. Dejando también una situación de violencia e impunidad en la región. Ese día se enfrentaron a 100 granaderos pero permanecieron impasibles y continuaron.
El 10 de mayo de 2012, Día de la Madre, el colectivo y la REDEFADE convocaron por primera vez la “Marcha de la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia”. La Marcha se convirtió en un evento simbólico para muchos de los familiares de personas desaparecidas y creció año tras año: siempre se agregaron más familias y colectivos. El impacto simbólico del evento fue muy fuerte: las madres de personas desaparecidas se unieron para gritar que, en ese día, no tienen nada que celebrar. A este evento se unen padres, hermanos y hermanas, niños y niñas, y está acompañado por varias organizaciones civiles nacionales y organizaciones internacionales de derechos humanos. El Día de la Madre adquiere así una connotación diferente, cambia su significado. Entonces, otro logro del colectivo es que ha contribuido en gran medida a visibilizar la tragedia de las desapariciones a nivel nacional e internacional: la Marcha es su evento más emblemático.
Incidencia política y relación con las autoridades
Desde los primeros meses de vida del grupo, los familiares tuvieron reuniones con el gobierno y las instituciones de justicia para dar seguimiento a las investigaciones. Pero fue una relación tensa, sobretodo al inicio. De hecho, a menudo fueron los familiares quienes aportaron las mayores evidencias para las investigaciones. Se construyeron mesas de seguimiento de casos, un mecanismo de interlocución formal entre autoridades y familiares de personas desaparecidas, asesorados por una o más organizaciones de derechos humanos, donde las familias pudieran monitorear el trabajo de los funcionarios públicos.
Desde el gobierno estatal de Rubén Moreira (2011-2017) dieron fruto los esfuerzos y las presiones de las familias, se instituyó el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), que tenía como principal objetivo poner en práctica las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas. El GAT se convirtió en el principal mediador del diálogo entre las familias y el gobierno estatal: nunca antes había existido en México una entidad de este tipo con respecto al tema de las desapariciones. Gracias al GAT y a la asesoría de varios actores involucrados activamente en el proceso -como los centros de derechos humanos, la oficina de la ONU para los derechos humanos, la Cruz Roja Internacional- se obtuvieron varios resultados como la reforma de la constitución del estado de Coahuila; la reforma del código penal del estado; la Ley de Declaración de Ausencia; el Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas – PROFADE, la “Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila”, que establece la obligación del Estado de desarrollar un Plan Estatal de Exhumación e Identificación.
El colectivo también construyó y aportó su propia experiencia dentro del “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”, una coalición de colectivos familiares y de la sociedad civil nacida en 2015 que trabajó para la creación de la “Ley General” en materia y que hoy trabaja para la correcta implementación de la misma, además de buscar a todas las personas desaparecidas. El peso alcanzado a nivel nacional permitió a FUUNDEC-M de desempeñar un papel central y de liderazgo en el proceso de incidencia política y cabildeo con las instituciones federales. Así que esta fue la otra razón por la cual esta historia no debe olvidarse: si hoy existen las herramientas fundamentales para luchar contra las desapariciones y para la búsqueda de los desaparecidos, se debe de manera significativa a este colectivo y a sus acompañantes.
Con una “Búsqueda incansable”
Estas herramientas fueron el resultado de trabajo duro, frustraciones, demoras, rabia y dolor. Han sido años de renuncias y privaciones. Pero también años de aprendizaje personal y colectivo. Fueron años en que los familiares como víctimas se convirtieron en sujetos políticos: son familiares-ciudadanos. Dejaron a un lado su “ser víctimas” y actuaron como ciudadanos que reclaman su derecho a la justicia y a la verdad. Hoy conocen bien sus derechos, saben cómo defenderlos y saben lo que hay que hacer para mejorar la situación. Algunos han dado ímpetu a la creación de otros colectivos, otros viajan alrededor del mundo para dar a conocer la situación que vive en el país. Hay quienes les han dicho que no están buscando a las personas desaparecidas, que están haciendo política. Es una crítica que duele, especialmente si a pesar de todos estos esfuerzos, las desapariciones continúan, los culpables no son juzgados, las personas desaparecidas no son encontradas. Las familias saben que estas herramientas son necesarias pero no suficientes. El Estado debería hacer el resto. Y también la sociedad en su conjunto. Pero por favor no digan que FUUNDEC-FUNDEM no busca. Haríamos un daño a todos los familiares que buscan a sus desaparecidos y también a la historia reciente de México. Una historia de lucha contra el olvido que tenemos que valorar.
* Thomas Aureliani estudia el doctorado en Estudios sobre el Crimen Organizado en la Universidad de Milán y colabora con el Observatorio sobre la Criminalidad Organizada – CROSS de la misma Universidad. Durante varios años ha estudiado la situación mexicana y las formas de resistencia civil que existen en el país. Tiene interés no solo desde un punto de vista académico, sino también colaborando con Libera, la asociación antimafia italiana de la que FUUNDEC-M también es socio. Desarrolló su trabajo de investigación de campo en Coahuila y Ciudad de México el año pasado sobre la movilización de las familias FUUNDEC-M.
