A donde van los desaparecidos

Familiares de desaparecidos exhiben ante la CIDH obstáculos del Mecanismo de Identificación Forense

marzo 6, 2020
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En audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de personas desaparecidas mostraron su preocupación por el presupuesto, la independencia operativa y la colaboración con fiscalías que tendrá el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Por: Efraín Tzuc (@efra_tzuc)*

Este viernes 6 marzo, en audiencia pública ante los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de personas desaparecidas expusieron que la falta de certeza sobre el presupuesto, la independencia operativa y la coordinación con las fiscalías estatales y federal son los principales obstáculos para la implementación efectiva del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, un órgano de expertos forenses que apoyará la identificación de cuerpos o restos óseos en todo el país.

El Gobierno Federal ha reconocido que México atraviesa una crisis forense, pues hay al menos 37 mil cuerpos de los cuales no se sabe si se les practicó una necropsia, es decir, que podrían no estar identificados. A su vez, el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda contabilizó más de 61 mil personas desaparecidas y más de 3 mil 600 fosas clandestinas en todo el país.

Por ello, el pasado 5 de diciembre, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario de expertos forenses que contará con autonomía técnico-científica para realizar peritajes a cuerpos o restos óseos pendientes de identificar.

Esta es la segunda ocasión que familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles exponen ante los comisionados de la CIDH la crisis forense que atraviesa México: en mayo del año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México solicitó al Estado mexicano la creación este Mecanismo “de carácter extraordinario con independencia técnica y administrativa, con recursos propios y apoyo internacional, técnico y financiero”.

Los retos del Mecanismo

Durante el 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado en Puerto Príncipe, Haití, se llevó a cabo la audiencia Creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, en la que participaron representantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, de la organización Fundar, y del Gobierno federal.

“El corazón del Mecanismo es devolver la identidad a las personas que se les privó la vida, que sean regresados a casa dignamente”, mencionó Diana Iris, madre de Daniel Cantú Iris, joven desaparecido hace 13 años en Coahuila.

En la audiencia, Diana Iris enlistó los principales retos que enfrentará el Mecanismo y que no fueron considerados en el acuerdo aprobado el pasado 5 de diciembre, como la garantía del presupuesto suficiente para su operación; la cooperación, la coordinación y la participación de las 33 fiscalías estatales y la federal con el Mecanismo, la independencia técnica y operativa y la implementación de las herramientas necesarias para que este haga su trabajo efectivamente, como lo son el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Banco de Datos Genéticos, y la participación de organismos internacionales que den seguimiento y den confianza a las familias.

El Movimiento agregó en un comunicado que el Grupo Coordinador debe contar con los más altos estándares técnicos y de independencia y reiteraron la demanda de que las familias sean parte del seguimiento e implementación del Mecanismo de manera efectiva.

“Es el momento de tener, además de voluntad política, la capacidad y compromiso con las familias”, reiteró Diana Iris en la audiencia.

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Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas, se comprometió a que se publicaría inmediatamente el Acuerdo que da vida al Mecanismo Extraordinario en el Diario Oficial de la Federación, y a concluir “la revisión de los perfiles y la convocatoria del Grupo Coordinador” en los próximos 90 días. Este grupo sería el encargado de echar a andar el Mecanismo.

Asimismo, el subsecretario informó que la Fiscalía General de la República se encontraba homologando las bases de datos genéticos de la extinta Policía Científica.

En su participación, la comisionada Esmeralda Arosemena señaló al Estado mexicano que son “las instituciones de México las que tienen que trabajar esta responsabilidad, el Mecanismo es precisamente para coadyuvar en ese trabajo, y esa coadyuvancia tiene que estar garantizada con la independencia de su trabajo”.

Enfrentar la crisis forense

La necesidad de un mecanismo extraordinario y de carácter temporal para enfrentar la crisis forense ha sido una de las principales demandas de las organizaciones de personas desaparecidas desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, recordó en entrevista en diciembre del año pasado Humberto Guerrero, director del programa de derechos humanos en la organización civil Fundar.

El proceso, dice el especialista, inició desde 2016 cuando las familias trataron de incluir el tema forense en la Ley General en materia de desapariciones. Sin embargo, en ese momento no hubo voluntad política para hacerlo. Fue en mayo del año pasado, durante la mencionada audiencia de la CIDH, que los colectivos lograron el compromiso del Gobierno Federal para instalar mesas de trabajo para construir el mecanismo, basado en una primera propuesta que ellos mismos habían elaborado.

“Las fosas seguían apareciendo. Los colectivos, haciendo el trabajo que le correspondía a las autoridades, seguían haciendo el trabajo de localizar las fosas y el trabajo de investigación pero se atoraban porque el procesamiento tenían que hacerlo las autoridades y eso no estaba ocurriendo”, mencionó Humberto Guerrero de Fundar.

Un mecanismo con tropiezos

Familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y representantes del Gobierno Federal sostuvieron 14 reuniones de seguimiento para la creación del Mecanismo Extraordinario de agosto de 2019 a febrero de este año.

En la primera sesión, el 16 de agosto de 2019, se acordó la creación de una Ley General del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, sin embargo la propuesta fue desestimada por el Gobierno Federal sesiones más tarde.

En la relatoría del 30 de septiembre, a la que tuvo acceso A dónde (lle)van (a) los desaparecidos, el subsecretario Alejandro Encinas reconocía que “la creación de una ley es importante y complicada”, mientras que Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, añadía que “es más viable crear un grupo de personas que cuente con recursos que decidan junto con las familias los temas a trabajar de manera concreta”.

La propuesta fue finalmente aprobada el 5 de diciembre del año pasado durante una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Según el acuerdo, el mecanismo será un órgano multidisciplinario de expertos forenses que contará con autonomía técnico-científica para realizar peritajes a cuerpos o restos óseos pendientes de identificar que se encuentran en refrigeradores, contenedores, osteotecas, instituciones, fosas comunes o fosas clandestinas. 

Sin embargo, por su carácter extraordinario, el mecanismo no tendrá competencia sobre los cuerpos no identificados que ingresen a los servicios médicos forenses posteriormente a la fecha de su creación.

Pero el Mecanismo aún no ha sido creado. De acuerdo a la minuta del 28 de enero de 2020, la Secretaría de Gobernación afirmó “hasta que no se publique no es posible trabajar de forma sustantiva”. También informó a las familias de personas desaparecidas que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se encontraba revisando el decreto.


 

* Efraín Tzuc es asistente de investigación en Quinto Elemento Lab, colabora con A dónde (lle)van (a) los desaparecidos y cocoordina el proyecto Yucatán Feminicida.  Se ha especializado en derecho al acceso a la información pública, desaparición de personas y violencia feminicida.

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