Por Paloma Robles*
Fotografías: Félix Márquez*
La actuación de policías ministeriales que, vestidos de civiles, en camionetas sin placas y armados con bats, tubos y tablas, impidieron a más de 80 jóvenes llegar a la manifestación del 5 de junio afuera de la Fiscalía General de Jalisco, los detuvieron de manera arbitraria, los metieron a celdas, no informaron sobre su paradero y les impidieron avisar a sus familias, es una señal de alerta para académicos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que estos hechos pueden ser desapariciones forzadas y habría que investigar si son sistemáticas.
Como fue admitido por el gobierno y revelado por organizaciones de derechos humanos y periodistas, ese segundo día de protestas en repudio a la ejecución extrajudicial de Giovanni López, el joven albañil de 30 años asesinado un mes antes, agentes ministeriales del estado de Jalisco, a las afueras de la Fiscalía General del Estado, reprimieron a los jóvenes que exigían la liberación de sus compañeros detenidos en la manifestación del día anterior.
A bordo de, al menos, siete camionetas pick up desde las 17:40 horas, estos policías encapuchados, vestidos para cazar: con chaleco táctico, gorra y lentes oscuros- comenzaron a dar vueltas por la zona industrial cercana a la fiscalía, lo que generó un ambiente de pánico.
Por los testimonios se sabe que los policías ministeriales pararon las rutas de camiones y bajaron a quienes parecían dirigirse a la protesta. Ciclistas y transeúntes fueron detenidos antes de llegar a la fiscalía; les golpearon, les quitaron sus celulares, les abrieron las mochilas y les treparon a sus camionetas. Algunos indican que les llevaron a los patios de la fiscalía en donde les encerraron en tres “jaulas”, un tipo de celda hecha de malla y dispuesta al aire libre con capacidad de 20 a 40 personas, y a otros se lo llevaron a otros cuartos, no se sabe si eran dentro de fiscalía.
Las detenciones se iniciaron entre las 17:40 y 18:20 de la tarde. Según los testimonios alrededor de 15 personas fueron sacadas de la fiscalía y llevadas, las orillas de la zona sur de la Zona Metropolitana, antes de botarlos de dos en dos, los amenazaron de muerte.
Los primeros jóvenes localizados se empezaron comunicar poco antes de las 20 horas y hasta las 22 horas de ese 5 de junio se supo del último.
Esa noche 18 jóvenes seguían sin aparecer. Las listas con sus nombres fueron elaboradas por colectivas de feministas. Durante todas esas horas las detenciones arbitrarias eran consideradas levantones y no desapariciones forzadas, tanto para comunicadores como por los propios detenidos.
Francisco Jiménez, uno de los jóvenes detenidos, después de ser liberado, escribió en su Facebook:
“Perdí la noción del tiempo, pero pude percatarme que a parte de nosotros tenían entre 30 y 40 jóvenes en las mismas circunstancias, mientras escuchaba de fondo a elementos de la fiscalía: ‘Nadie saben que están aquí’. ‘Los vamos a desaparecer cabrones’. ‘Contra la Pared’. (…) A mí en particular me dijeron: ‘si compartiste algún video o información ya sabemos dónde vives, te vamos a matar a tí y a tu familia, cabrón’. Acto seguido se acercó una mujer elemento de la fiscalía y me exigió con groserías que les diera la contraseña de mi celular, lo mismo pasó con mis amigos”.
Francisco fue uno de los 15 jóvenes que declararon en redes que fueron llevados a la fiscalía. Pero la cifra podría ser superior.
“Los testimonios hablan de que habían espacios con 40 personas detenidas, otros dicen que fueron 50. Más o menos de todos los datos recabados se cree que fueron levantados 80 jóvenes. ¿Dónde están los demás?”, cuestionó en entrevista, Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM) una de las organizaciones que estuvieron en el proceso de recolección de datos personales de los detenidos el 5 de junio.
Regina Cerda, otra de las detenidas escribió en Facebook:
“Al intentar ejercer mi derecho de protesta pacífica, terminé sino amedrentada, amenazada, ‘te vamos a desaparecer en la carretera a Zacatecas por andar de mitotera’ me dijeron más de una vez. Cambiaban la amenaza pero curiosamente la carretera a Zacatecas siempre se mantuvo ¿Será que por ahí es donde están los cuerpos de los todos lo desaparecidos del Estado?”.
Tras la movilización de organizaciones y ciudadanos, el sábado 6 de junio, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, señaló que “los acontecimientos” podrían haber sido fruto de infiltraciones del crimen organizado.
“[La instrucción] fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el Fiscal del Estado, tenemos certeza de eso. Lo que tenemos, también, es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”, dijo en un video publicado a las 14:41 horas sobreel ataque a los jóvenes y ordenó quitar los cargos y liberar a todos los detenidos, incluidos los del jueves 4 de junio.
Sobre las señales de alerta que prenden los hechos arriba narrados, entrevistamos a Anna Karolina Chimiak, directora del Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (CEPAD), Santiago Corcuera, ex-presidente del Grupo de Trabajo y del Comité sobre desapariciones forzadas de la ONU; también a Francisco Macías abogado defensor de derechos humanos y al Doctor en Historia Camilo Vicente Ovalle, quienes compartieron su visión sobre lo ocurrido ese viernes, las incógnitas que genera y la posible sistematicidad de la práctica de la desaparición en Jalisco. Hay una coincidencia: no es que el mecanismo represivo sea nuevo, la novedad radica en que los hechos fueron visibles.
Y es que a falta de argumentos claros que dieran fe de lo perpetrado, en la última semana muchos comunicadores y los propios jóvenes violentados nombraron lo vivido como “levantones”, un término de aprehensión ilegal adjudicado a la jerga criminal. Pero jurídicamente para distintos defensores de derechos humanos los casos sí pueden ser catalogados como desaparición forzada.
Anna Karolina Chimiak, directora de CEPAD refirió que lo vivido fue desaparición forzada, ya que se utilizaron infraestructura y personal del Estado. “Estamos hablando de participación directa como también aquiescencia y autorización”, asegura la defensora.
Coincide con lo que plantea Alejandra Cartagena de CLADEM en el sentido de que existen dudas fundamentadas sobre cuántos pudieron haber sido desaparecidos en el operativo y que no se conoce ni su nombre ni su paradero.
Chimiak refiere que otro factor que abona a que estos hechos se mantengan y se repitan es la impunidad. “Y eso lo estamos presenciando para los casos de desaparición en general, en Jalisco contamos con cuatro sentencias condenatorias por desaparición cuando en el estado hay casi 10 mil casos”.
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana lanzó un comunicado en el que afirma que el desempeño de los ministeriales de Jalisco ese viernes 5 de junio cumplió con tres criterios básicos que establecen la ley para catalogar una Desaparición Forzada:
“Existe jurisprudencia y documentación donde se ha determinado que la duración de la desaparición forzada es irrelevante para que el hecho sea calificado como tal. Por ejemplo, el Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada (CED) dentro del dictamen respecto a la comunicación núm. 1/2013, correspondiente al caso del argentino Roberto Agustín Yrusta determinó que el delito de desaparición “no depende del tiempo que una persona permanezca detenida sin que se sepa dónde está” -señala el comunicado-.
En el caso de Jalisco, los jóvenes detenidos en la fiscalía pasaron entre 2 a 24 horas sin ser localizados.
Al respecto Santiago Corcuera, ex-presidente del Grupo de Trabajo y del Comité sobre desapariciones forzadas de la ONU, explicó en entrevista que “el factor de temporalidad es irrelevante para determinar si hay desaparición”, por lo que de acuerdo a la Ley General de Víctimas y otros instrumentos internacionales es posible acreditar desapariciones forzadas de corto plazo.
Por su parte, el Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Camilo Vicente Ovalle, problematiza sobre la categoría de desaparición forzada, define que sí fueron desapariciones forzadas, pero considera que la categoría debería leerse más allá de la excepcionalidad en que ocurrieron los hechos.
“Lo que vimos ahí no fue un acto excepcional, sino fue más bien la manifestación de una lógica y estructura de violencia que se ha instalado ya en Jalisco, bueno, yo diría que en gran parte del país, en particular en algunas entidades la República”.
Considera que la desaparición forzada en Jalisco no es una práctica nueva, es fruto de años de impunidad y un sistema de violencia estatal y criminal que se ha venido perfeccionando en sus etapas y que hoy, permiten ver un mecanismo restaurado y vigente y es prueba de que existe “total entendimiento dentro de las corporaciones policiacas” en connivencia con el crimen organizado -según la tesis del gobernador-, sobre los mecanismos represivos para infundir terror”. La desaparición forzada es consecuencia de esa “lógica” -dice-.
Ovalle, cuyas investigaciones están centradas en la violencia política y la represión de Estado de mitad de siglo XX, explica que la actuación policial del 5 de junio se inserta en un “circuito” que conlleva varios procedimientos: desde la aprehensión arbitraria; el internamiento (en donde se pueden dar episodios de tortura física y psicológica) hasta la definición del destino de las personas. Cada fase está muy bien definida y los testimonios de los jóvenes detenidos arbitrariamente arrojan pistas que permiten ver fragmentos de ese “circuito de la desaparición”.
“Históricamente, en los últimos 10 años, la zona metropolitana de Guadalajara muestra altos números de desaparición, y por lo tanto, puede indicar que existe ya una dinámica y un circuito de la desaparición en esa zona”, considera el historiador.
En su mirada, lo ocurrido la tarde del 5 de junio abre una reflexión importante sobre lo que significa la desaparición forzada en un contexto actual, “sabemos que en los años 60, 70, la desaparición se implementó así: ABCD, bueno, ahora parece que no es ABCD, parece que es ABH, hay giros a los que hay que estar atentos” -insiste-.
La desaparición forzada es un instrumento restaurado de otras épocas de violencia Estatal: “Esto que estamos viendo en Guadalajara (…) es el resultado de la permanencia de estas prácticas que surgen en la contrainsurgencia, en las propias instituciones del Estado; al final son usos que se quedan ahí”, refiere Vicente Ovalle.
Rafael Sandoval Álvarez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesor de la Universidad de Guadalajara; en su artículo “La Contrainsurgencia y su «Refundación» como política de Estado” explica que la práctica de hacer detenciones sin orden de aprehensión, así como los arrestos de personas que no están implicadas en las acciones que les imputan, y el despliegue a fuerzas de choque con agentes encubiertos: “Configura un régimen de control y dominio seguro a través del terror”.
“Las fuerzas policiacas del estado de Jalisco no han dejado de actuar de la misma manera en décadas. Tal vez hay que decir que desde el inicio de lo que denominamos Guerra Sucia en los 70’s”, define Sandoval.
Por otro lado, para el abogado defensor y especialista en derechos humanos, Francisco Macías, la represión que vivieron los jóvenes el 4 y 5 de junio habla sobre todo de la nueva generación de jóvenes que tienen distintas forma de expresión y “que no están siendo totalmente entendidas por el poder público”.
Pero a su vez el malestar de las nuevas juventudes queda empantanado en un escenario de polarización política que habilita todo el repertorio de represión.
Sobre este tema el Doctor en Historia Camilo Vicente Ovalle refiere que: “La violencia no se implementa en el vacío, para que se implemente tiene que existir un campo de posibilidad, sobre todo para la violencia de Estado (…) los discursos que [los políticos] están poniendo en juego, van configurando ese campo. Y entonces es importante cómo lo están haciendo, porque en ese campo, los que llevamos de perder somos nosotros”.
Algunos de los jóvenes liberados han denunciado que el hostigamiento y acoso por parte de los ministeriales sigue, pues han llamado a sus contactos desde sus celulares e incluso se han presentado en sus domicilios particulares y de familiares.
“Hay una intención de tratar de anular los derechos de las víctimas. Eso se tiene que desarticular y si no hay en los próximos días una acción concreta que impida esas acciones de hostigamiento lo que vamos a tener es un escenario fruto de la revictimización reflejado en el silencio de los jóvenes que fueron torturados”, manifestó Macías, quien que recuerda que el escenario de violencia es semejante a la represión del 28 de mayo de 2004, en donde jóvenes altermundistas se manifestaron contra las políticas neoliberales en medio de la cumbre de jefes de Estado de América Latina, El caribe y Unión Europea, realizada en Guadalajara y donde fueron fuertemente reprimidos.
De ese hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó 19 casos de tortura, 73 incomunicaciones, retenciones ilegales, tratado crueles y degradantes. Las violaciones fueron perpetradas por agentes de seguridad municipal y ministerial de la entonces Procuraduría a cargo del actual fiscal Gerardo Octavio Solís, cuyo historial de represión y tortura en 2004 fue acreditado en decenas de informes de derechos humanos. Ningún elemento policiaco fue investigado por los sucesos de 2004.
Macías insiste en que “la jerarquía tiene que someterse a una rendición de cuentas” porque sino en el futuro será más fácil “asumir una línea dura y ese discurso implica riesgos, pues se lleva la vida y los cuerpos de las personas”.
Existe consenso entre defensores de derechos humanos de Jalisco de que las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro sobre perdonar delitos a los manifestantes es un intento para desdibujar las responsabilidades propias y de los mandos implicados en la desaparición de los jóvenes. Banalizando así el terror impuesto desde las corporaciones policiacas con el fin de asfixiar las protestas.
“Lo que exigimos es justicia y no solamente por parte de la Fiscalía de Jalisco se tienen que abrir las carpetas de investigación por desaparición forzada y por tortura, sino investigar los hechos de manera exhaustiva” dijo Anna Carolina Chimiak ante el temor de que el gobierno del estado de Jalisco genere mesas interinstitucionales de diálogo y la investigación quede en manos de la Fiscalía Anticorrupción que no tiene facultades legales para llevar esta investigación que implica violaciones graves a derechos humanos. De lograrse esa maniobra, constituía una violación más a los derechos de los jóvenes.
*Con información de Erika Lozano.
*Paloma Robles, es reportera de Jalisco y forma parte del equipo de investigación periodística del proyecto A dónde van los desaparecidos.
*Erika Lozano (Kuru) es reportera y documentalista independiente. Integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos.
*Féliz Márquez es fotoperiodista independiente basado en Veracruz. Colaborador para la agencia global de noticias The Associated Press, ha trabajado para los diarios De Volkskrant, El País, Los Ángeles Times, Globe and Mail, así como, en proyectos para Pie de Página y Quinto Elemento Lab. Es Co-fundador del colectivo Trasluz Photo.
*Esta nota puede retomarse libremente, dando crédito a la autora y al proyecto A dónde van los desaparecidos.
Es periodista y maestra en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina. Actualmente es editora web de la Revista Christus, de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y colabora en el equipo de investigación periodística de adonde vanlosdesaparecidos.org
