Por Marcos Vizcarra
En un balance sobre las comisiones locales y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas del año 2019 se encontró la ausencia de consejos locales ciudadanos, la mayoría de las comisiones dependen de recursos federales para operar y solo una tercera parte tiene planes de búsqueda de personas desaparecidas.
Han pasado ya tres años desde la aprobación y publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en la que se incluyó la creación de comisiones de búsqueda de personas desaparecidas y consejos ciudadanos como una prioridad, pero la consolidación de esas instancias ha sido lenta.
En México hay más de 75 mil casos de desaparición, y en 2017, por la exigencia de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, se aprobó la creación de las comisiones para hacer la búsqueda y localización de personas, dejando la investigación de los delitos a las fiscalías.
También se incluyó la formación de comisiones ciudadanas locales, que deben dar seguimiento, monitoreo e intervención consultiva para generar propuestas de mejoras en los mecanismos de búsqueda. Ambos organismos se integran en los sistemas locales de búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, el avance ha sido lento, de acuerdo con el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, conformado por familiares de personas desaparecidas y expertas, como Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y la académica Volga de Pina Ravest.
Para el análisis de las Comisiones de Búsqueda se tomó en cuenta la información de 2019, año en el que apenas se habían instalado 22 comisiones con titular nombrado y se tomó protesta solo a 6 consejos ciudadanos locales.
El informe detectó que tanto en las entidades federativas como en la Comisión Nacional carecen de protocolos y normativas internas; además de que persiste la ausencia de colaboración con los familiares de personas desaparecidas. También da cuenta de que las comisiones de búsqueda locales sobreviven con escasos recursos financieros y de personal, y pocas de ellas han creado consejos ciudadanos.
Este análisis, mencionó Fernández, revela también la falta de interés por parte de las entidades federativas para atender la problemática de las desapariciones, pues más del 30 por ciento [de las comisiones] no contaban con un plan de búsqueda y acusaron limitación de recursos económicos y de personal.
“Las Comisiones podrían estar dejando de lado una visión de más largo alcance y efectiva para enfrentar el problema”, se indica en el balance presentado por los expertos que integran el Consejo.
El estudio implicó una metodología para evaluar cuatro rubros: aspectos organizativos, los recursos disponibles, coordinación con otros actores y los procedimientos establecidos.
“Los datos obtenidos sugieren que —por ahora— muchas Comisiones mantienen una importante dependencia financiera de los recursos federales. Además, algunos gobiernos locales no están destinando presupuestos que muestren un nivel adecuado de compromiso hacia su institucionalización”, refiere una de las conclusiones del balance publicado por el Consejo.
“Las Comisiones están trabajando de forma todavía insuficiente con otros actores relevantes. Aunque mantienen relaciones con las agencias de cumplimiento de la ley y con las Fiscalías, su relación no siempre está bien coordinada ni es productiva” -agrega el documento-.
El informe se elaboró a partir de encuestas que aplicaron a las comisiones locales y la Comisión Nacional de Búsqueda. La opinión de familiares de personas desaparecidas no fue tomada en cuenta. Esa omisión fue consciente, según se explicó por el comisionado Humberto Francisco Guerrero, para conocer la perspectiva interna de los funcionarios cuya calificación es positiva. Sin embargo, Guerrero agregó que no podrá tomarse en cuenta esa afirmación hasta hacer una evaluación desde colectivos y familiares para cruzar información.
“Las Comisiones se perciben a sí mismas como bien coordinadas con las familias de personas desaparecidas y sus colectivos”, dijo el comisionado.
“Esta imagen debería ser contrastada, en otras investigaciones, con información cualitativa proveniente de las propias familias. En todo caso, las Comisiones muestran que cuentan con la participación de las familias en la creación de leyes locales. No obstante, en otros aspectos igual de relevantes, como la determinación de su presupuesto o la creación de planes de búsqueda no suelen consultarlas”, señaló Guerrero.
La información obtenida, opinó Grace Fernández, coordinadora del Consejo, ayuda a conocer la situación actual del país sobre las instituciones encargadas de la búsqueda de personas pero no mide el éxito de las comisiones, pues ese no fue el objetivo de este primer estudio.
El Consejo desagregó toda la información con un semáforo con cuatro colores para identificar el grado de avance por un puntaje de 0 a 100, donde 0 es poco o nulo avance y 100 el mejor nivel. Chiapas, Quintana Roo y Sonora obtuvieron un puntaje de 20, en tanto que Coahuila logró tener 94 puntos, al ser el estado que mejor cumplió con los parámetros de instalación.
El semáforo, los hallazgos, datos y metodología se incluyó en el sitio web http://consejonacionalbusqueda.org/,que se dio a conocer con la presentación del balance.
Estos son algunos hallazgos del informe elaborado por el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda:
