Por Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez / Colectivo Hasta Encontrarles CDMX – GIASF*
Por primera vez, una recomendación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), dirigida a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, la señala como autoridad responsable por las graves omisiones cometidas en la búsqueda de personas en esta ciudad.
La recomendación 02/2020 “Falta de debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado”, emitida el pasado 26 de octubre del año en curso expone los procesos revictimizantes a los que se enfrentan las familias que denuncian la desaparición de algún ser querido.
Las omisiones que cometen las autoridades responsables de investigar la desaparición de una persona y buscarla en la CDMX, no son extraordinarias. La similitud con la situación en otros estados del país es enorme. Sin embargo, la poca visibilidad de las desapariciones que ocurren en esta ciudad se convierte en un factor determinante para que las autoridades locales no sólo dilaten su actuación a contrapelo de lo que exige la Ley general en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, sino también para que gran parte de la población se perciba ajena e insensible a la tragedia que embarga a las familias de la entidad que se encuentran en búsqueda. Por este motivo, dicha recomendación es un precedente importante para avanzar en el reconocimiento del fenómeno de la desaparición en esta ciudad.
Mujeres, niñas, niños y adolescentes son reconocidos como grupos de atención prioritaria en el respeto y ejercicio de sus derechos debido a las violencias y la desigualdad (social y económica) que enfrentan cotidianamente. A pesar de esto, las quejas que sustentan la recomendación 02/2020 emitida por la CDHCM demuestran: 1) la falta generalizada de perspectiva de género y enfoque diferenciado en la búsqueda inmediata y la investigación, lo que impide que se reconozcan las situaciones de vulnerabilidad a las que está expuesta una persona por su género, edad, preferencia sexual, nivel socieoeconómico, etc.; 2) la arbitraria interpretación de la desaparición de una persona como ausencia voluntaria, cuando aún no existe investigación y pruebas que demuestren que la persona no está siendo víctima de algún delito (como feminicidio, trata y desaparición forzada); y 3) el daño producido a las y los familiares como consecuencia de las omisiones mencionadas.
La actual crisis de desaparición de personas y la impunidad con que prevalece, responde en gran medida, a la incomprensión que aún tienen al respecto muchas de las autoridades encargadas de dar solución al problema. Pero también a una evidente falta de voluntad para actuar salvaguardando el derecho que tiene toda persona a ser buscada.
Así lo han denunciado en diversas ocasiones familias de personas desaparecidas, y ahora lo reconoce la CDHCM, el fenómeno de la desaparición en la CDMX está vinculado a las condiciones de vulnerabilidad de determinados grupos sociales. Estas se exacerban ante el indolente ejercicio de las autoridades encargadas de atender los casos de desaparición, lo cual genera procesos de revictimización constante. Con regularidad, a las familias de personas desaparecidas se les responsabiliza por el hecho sin ningún tipo de sustento, o bien, se culpabiliza a la víctima por su desaparición. También a los familiares se les obliga a acatar un tiempo de espera que va en contra de lo que establece el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que afecta las investigaciones con la pérdida de pruebas sustanciales que no pueden recuperarse y que se convierten en vacíos de información que, a la vez, dificultan la obtención de líneas de investigación sólidas para desarrollar planes de búsqueda efectivos.
El hecho de que la CDHCM enfatice la falta de perspectiva de género y de enfoque diferenciado, nos dice que la actuación de las autoridades en la CDMX está condicionada por la prevalencia de prejuicios y estereotipos que, recurrentemente, invalidan las razones que tienen las familias para advertir de la probable comisión de algún delito que pone en riesgo la vida de sus seres queridos, tal como sucede con la desaparición de niñas y mujeres. Identificar las condiciones de vulnerabilidad de las personas que desaparecen es fundamental para encontrarlas.
En la CDMX converge una diversidad de contextos socioeconómicos que muchas veces no nos imaginamos. El hecho de que sea considerada como una “ciudad-vanguardia” en la defensa y promoción de los derechos humanos ha representado, paradójicamente, una dificultad más para las familias que buscan a un ser querido. Ellos y ellas han batallado con la idea de que los casos de desaparición son aislados y no son consecuencia de los altos índices de violencia que azotan a la ciudad. Por tanto, quienes buscan a algún familiar, también han tenido que luchar para visibilizar el fenómeno de la desaparición en la entidad. Para lograrlo han seguido las enseñanzas de tantos colectivos de familiares de personas desaparecidas de otros estados del país: se han organizado y movilizado.
Las búsquedas colectivas en la CDMX han iniciado, como informaron en su momento algunos medios de comunicación, el 18 de agosto de este año. Familias de personas desaparecidas organizaron una brigada de búsqueda en la zona del Ajusco, en una zona rural al sur de la Ciudad, donde reportaron la localización de restos humanos.
Lamentablemente, debido a la falta de respuestas eficientes por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FIPEDE), que depende de la FGJCDMX, y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, este tipo de acciones se han convertido en una dolorosa necesidad que ha continuado durante los dos últimos meses.
El pasado 7 de octubre, el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció a la CDMX como un estado en el que se registra un ascenso en los casos de desaparición, según dijo, los delitos de secuestro y trata de personas serían la principal causa. De acuerdo con nuestra última revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 2 de noviembre de este año en la ciudad se contabilizan por lo menos 2511 personas desaparecidas y no localizadas. Las graves omisiones no sólo obstaculizan la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, también profundizan la vulneración de sus derechos y los de sus familiares, e impiden que se avance en la erradicación y prevención del delito de desaparición de personas.
Frente a este panorama, realizar cambios estructurales en las instancias encargadas de atender las denuncias por desaparición en la CDMX es una necesidad impostergable.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
