Por Sandra Odeth Gerardo Pérez / GIASF*
El principio de “No repetición”, es uno de los pilares de un modelo de justicia transicional que el actual gobierno enarboló desde su campaña electoral. Después del hallazgo del 22 de enero de una camioneta con 19 personas sin vida, cuyos cuerpos fueron quemados, en Camargo, Tamaulipas, vale la pena poner el acento en uno de esos pilares y preguntarnos, ¿no repetición?
La pregunta se vuelve necesaria cuando además, constatamos que la mayoría de las víctimas eran migrantes de Centroamérica quienes buscaban llegar a Estados Unidos, que los hechos también sucedieron al noreste del país, y también estuvieron vinculados actores armados, legales y paralegales. Tal como mencionó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH, los hechos recordaban a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
Ante dicha observación, el 27 de enero en conferencia matutina, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó tajantemente sobre dicho hallazgo: “No es un San Fernando”. Con su declaración, Sánchez Cordero puso el acento en que las investigaciones de lo sucedido en Camargo, son sumamente distintas a las de San Fernando en 2010; destacó que en esta ocasión no habrá impunidad y que las identificaciones de las víctimas serían certeras. Días después, funcionarios públicos -policías y agentes de migración- fueron vinculados a proceso o cesados de su cargo.
Pese a ello, nacionales y extranjeros, sobre todo familias de migrantes centroamericanos, no pudimos evitar sentir que las noticias sobre “la masacre de Camargo”, nos recordaban a masacres y hallazgos de fosas con víctimas migrantes, en la región noreste de México, sucedidas en los últimos diez años. Y, aunque la investigación sobre los sucesos de Camargo contrasta significativamente con el nulo avance de las investigaciones de los sucesos de San Fernando en 2010 o de la masacre de Cadereyta de 2012; procesos donde a la fecha no hay personas sentenciadas, mucho menos funcionarios públicos señalados, ¿es ese avance suficiente para desvincularlo de la imagen de los eventos de violencia anteriores?, ¿es eso suficiente para alcanzar el principio de no repetición?
En talleres y entrevistas que realicé, como parte de un equipo interdisciplinario que buscó identificar los agravios e impactos comunitarios sufridos por familiares de las víctimas de la masacre de Cadereyta, nos señalaron que, para que hubiera justicia, tenía que haber investigaciones prontas que apuntaran más allá de los grupos criminales mexicanos, que también deberían señalarse las responsabilidades de las autoridades mexicanas, e incluso estadounidenses, en particular respecto de las políticas de contención migratoria que por décadas han consolidado a México como una frontera vertical. En esos mismos talleres, hermanos y hermanas de las víctimas nos señalaron que esa justicia también implicaba que lo vivido por ellos y sus seres queridos no volviera a suceder.[1] “No queremos que haya otro Cadereyta […] para que haya justicia…para eso tendrían que respetarse los derechos de los migrantes”, me decía el hermano de una de las víctimas.
Escuché esas palabras casi por la misma fecha en que Olga Sánchez Cordero, en abril del 2019, declaraba con “alerta” sobre una Caravana Madre que traería a México a más de 20 mil personas centroamericanas que, a su decir, colapsarían las fronteras. Esa Caravana no sólo no sucedió, sino que desde entonces las caravanas del éxodo centroamericano fueron contenidas y desarticuladas cada vez más al sur. Una de las formas en las que la población migrante había encontrado seguridad para cruzar México y hacer frente a los diversos dispositivos de terror y control migratorio, fueron repelidas por las fuerzas militares del Estado mexicano.
En la primera quincena de enero de este año, al menos 14 de las personas identificadas en la masacre de Camargo, salieron de Guatemala, la mayoría del departamento de San Marcos, uno de los departamentos con mayor expulsión migratoria de ese país. Hasta donde sabemos, ellos y ellas salieron de sus lugares de origen en la sierra indígena mam de Comitancillo. Por esos mismos días, las caravanas que salían de Honduras y a las que se sumaban personas de El Salvador y Guatemala, eran atacadas por militares guatemaltecos y deportadas en buses pagados por el gobierno mexicano.
Sería ilógico decir que de la masacre de San Fernando a la fecha, las políticas migratorias son iguales. En diez años transitamos de Obama a Trump, de Calderón a Obrador y vimos agudizarse y afianzarse políticas de control migratorio en México y Centroamérica. Las víctimas de la masacre de Camargo caminaron por un México con políticas de contención migratoria deben entenderse en ese camino de una década que a través de la militarización de las fronteras mexicanas, entre otras cosas, perpetúan la criminalización de la migración que lleva a centroamericanos/as y mexicanos/as a transitar por rutas dominadas por diversos grupos armados, entre ellos mismas fuerzas estatales.
Las víctimas de la masacre de Camargo se encontraron, quizá al igual que miles de personas que continúan desaparecidas, con estos grupos, en este caso con los policías del Grupo de Fuerzas Especiales, que comenzó a operar en Tamaulipas apenas el año pasado y al que pertenecen los 12 policías vinculados a proceso. Fuerzas especiales, como los GATE (Grupo de Armas y tácticas especiales), creadas por Felipe Calderón y que en Coahuila han estado vinculadas a la desapariciones forzadas, desplazamientos y masacres. Fuerzas especiales que recuerdan a otras creadas en el marco de la guerra contra el narcotráfico, un momento del que este gobierno ha querido distanciarse. No, quizá no es lo mismo que hace diez años, pero la continuidad de estos actores armados nos recuerda demasiado lo ya sucedido.
Peritajes con la perspectiva de la antropología social[2] han señalado que entender el contexto en que ocurren estas graves violaciones a derechos humanos, ayuda no sólo a comprender el agravio, sino que el contexto es parte del agravio mismo. Tal como me decía en 2019, el hermano de Mauricio Suazo, víctima de la masacre de Cadereyta: “Están obligando a los migrantes a pasar por el mismo camino que pasaron los nuestros.” En ese sentido, el principio de “no repetición” requiere transformaciones en ese contexto que ha obligado a una clandestinidad de muerte a varios millares de personas migrantes, extranjeras y nacionales.
Así, aunque es un enorme paso, no es suficiente el avance en los procesos penales, que buscan responsables materiales e intelectuales. Para que violencias encarnadas en cuerpos migrantes, como las sucedidas en San Fernando en 2010 y 2011, o en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, o en Güémez, Tamaulipas en 2014 o en Camargo hace unas semanas, no vuelvan a suceder, es necesario terminar con las políticas que criminalizan a la población migrante y con el despliegue de fuerzas armadas que, se ha demostrado, recrudecen la herida de terror en el territorio nacional. Continuar con éstas es no escuchar a las familias de las 349 personas que perdieron la vida en los sucesos arriba mencionados y a las miles de familias de personas migrantes desaparecidas en México.
Quizá la masacre de Camargo no es un San Fernando, pero es parte de un contexto que ha continuado, un contexto de violencia y desprecio por las vidas migrantes, extranjeras, sobre todo centroamericanas, y en este caso, también indígenas. Negarlo, es grave.
[1] Esta investigación fue realizada con un equipo interdisciplinario del que formé parte como integrante del GIASF formó parte junto con médica Lorena Vázquez, el psicólogo Allang Rodríguez, la jurista internacional Clara Sandoval y la antropóloga Aída Hernández.
[2] Como el realizado por Aída Hernández en el caso Inés Fernández vs México frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También el peritaje socioantropológico elaborado por Carolina Robledo Silvestre, Erika Liliana López López, May-ek Querales Mendoza y Rosalva Aída Hernández Castillo, integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), sobre el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua en el que tuvieron lugar las desapariciones forzadas de los primos Alvarado, igualmente presentado frente a la CIDH.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
