Por Alejandro Arteaga Saucedo del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense*
El informe sobre la crisis forense que el pasado 26 de agosto presentó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)1, detalla las fallas sistemáticas cometidas durante los últimos quince años por las instituciones forenses estatales y federales, que han impedido la identificación de más de 52 mil personas, cuyos cuerpos pasaron por anfiteatros y la mayoría fueron enterrados en fosas comunes.
Entre esos 52 mil cuerpos sin identidad puede estar el paradero de un importante número de personas desaparecidas que, al día de hoy, en México suman casi 92 mil.
Las causas de la crisis forense son muchas, pero se pueden resumir en dos grandes grupos:
1) El incremento sustancial en el uso de la fuerza como mecanismo para obtener el monopolio del poder (sea por grupos criminales, el Estado o una combinación de ambos), que se refleja en la gran cantidad de homicidios2 (362 mil 463 entre el 2006 y el 2020) y en el número de personas desaparecidas y no localizadas3 (70 mil 089 entre 2006 y el 2020);
2) La falta de respuesta proporcional a la emergencia por parte de las autoridades, que se exhibe en la poca inversión presupuestal en los servicios médicos forenses del país, la falta de personal calificado, las prácticas poco profesionales e indignas, el uso de tecnología desactualizada para la gestión de información y para el seguimiento del resguardo de las personas fallecidas no identificadas.
Uno de los aciertos del informe del Movimiento es que aborda la crisis forense desde una perspectiva histórica y geográfica, y pone a disposición de familiares y acompañantes las respuestas otorgadas por las autoridades a las 39 solicitudes de acceso a información pública y los 13 recursos de revisión tramitados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con esta iniciativa se facilita el conocimiento público de los datos y su análisis por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas, autoridades, académicos, periodistas y acompañantes solidarios.
En busca de respuestas sobre el paradero de nuestros desaparecidos, la prioridad debe ser su búsqueda en vida. Sin embargo, sabemos que lamentablemente muchas han sido localizadas sin vida en fosas clandestinas, continúan bajo resguardo en las morgues o fueron inhumados irregularmente en fosas comunes de cementerios municipales.
Por eso, familiares y colectivos se han dado a la tarea de dar seguimiento a los procesos de identificación humana que se llevan a cabo en las instituciones forenses de los estados y el federal, dependiente de fiscalías o procuradurías.
Los datos generados por el informe, junto con los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permiten vislumbrar la compleja realidad de las desapariciones y asesinatos de personas en nuestro país, así como de los cuerpos no identificados (Figura 1).
En primer lugar, muestran que la crisis no es homogénea en todo el territorio nacional. El sur y sureste mexicano presentan valores bajos y relativamente proporcionales en cuanto al número de personas desaparecidas, homicidios y cuerpos sin identificar. Estas regiones están integradas por los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Algo similar, pero con un mayor número de personas desaparecidas, ocurre en el centro norte y parte del occidente, en entidades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Durango y Nayarit.
En segundo lugar, la crisis de violencia se agrava principalmente en la frontera con Estados Unidos, el occidente y la zona centro, además de las costas del golfo y pacífico, con excepción de Baja California sur, que parece no enfrentar esa situación.
Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Puebla ponen de manifiesto el reciente incremento en la violencia, al haber más homicidios y personas reportadas como desaparecidas, que el número de personas fallecidas cuyos cuerpos siguen sin ser identificados.
Por otro lado, la situación se complejiza en entidades como Baja California, Ciudad de México y Estado de México, en donde hay una gran cantidad de cuerpos sin identidad en comparación con las relativamente pocas personas reportadas como desaparecidas. Probablemente muchos de los cuerpos que no han sido identificados en Baja California y la Ciudad de México sean de personas migrantes, deportadas o desplazadas provenientes de otras entidades o países que buscan refugio en estas entidades. En el Estado de México ocurre algo distinto: hay un mayor número de homicidios con respecto a las otras variables.
En Tamaulipas y Jalisco, la gran cantidad de personas desaparecidas y fallecidas sin identidad, podrían exhibir la falta de capacidades técnicas para atender la crisis de violencia en esos estados.
Mientras que en Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, las numerosas personas desaparecidas y los pocos registros de cuerpos sin identificar permiten concebir dos posibles escenarios: los datos proporcionados relativos a los procesos de identificación están incompletos o son parciales; o bien, las autoridades realizan pocos esfuerzos por localizar e identificar a las víctimas.
En tercer lugar, hay estados que no siguen los patrones de sus vecinos. Chihuahua, por ejemplo, encabeza la lista de homicidios, pero posee menos personas desaparecidas y sin identificar. Esto podría ser el resultado de los esfuerzos por avanzar en la identificación y las ventajas del empleo de panteones forenses o ministeriales. En la misma región llaman la atención Durango, que aparenta cierta estabilidad en materia de seguridad, y Coahuila, que, a pesar de que también reporta pocos homicidios y cuerpos sin identificar, mantiene un rezago en la búsqueda de las personas desaparecidas.
La revisión rápida de esta especie de fotografía de lo que ocurre actualmente en el país, muestra la heterogeneidad de realidades, circunstancias y dinámicas que nos recuerdan la gran diversidad socioeconómica, política, cultural y natural de México.
Para atender de forma eficiente la crisis forense y de violencia en el país, antes será necesario contextualizar y analizar cada región bajo sus propias condiciones sociales, históricas y geográficas. La constante desaparición de personas, por un lado, y la saturación de los servicios e instituciones forenses, por el otro, son, al menos en parte, el resultado de las complejas disputas entre el Estado y grupos de civiles armados en sus intentos por controlar el territorio, sus recursos humanos y naturales y los mercados ilegales (y legales) del país.
El informe puede ser leído aquí:
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1. Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (2021, 26 de agosto). La crisis forense en México: más de 52,000 personas fallecidas sin identificar. Recuperado de: https://movndmx.org/mas-de-52-mil-personas-fallecidas-sin-identificar-en-mexico/?fbclid=IwAR0VtQjkS0aJ2MlzYpfAV3MgHELq513TkTIrx54MMJ5YgBsVwuVo6-DSd0s
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021, 30 de agosto). Conjunto de datos: defunciones por homicidios. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
3. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (2021, 30 de agosto). Contexto general. Recuperado de: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
*Alejandro Arteaga Saucedo es arqueólogo forense, miembro de la Asamblea de Coordinación del GIASF, desde 2016 ha colaborado en la impartición de talleres sobre arqueología forense con colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. La sección Con-Ciencia está escrita por sus integrantes, personas expertas invitadas y estudiantes asociados a los proyectos. La opinión vertida es personal, no necesariamente refleja la opinión del grupo. (Ver más en: www.giasf.org)
