Con-Ciencia

Narco-etnocidio y desaparición forzada: el caso de la Tribu Yaqui

Por Enriqueta Lerma Rodríguez, CIMSUR, UNAM / columnista invitada por el GIASF *

El 14 de julio fueron “levantadas” 15 personas en la sierra del Bacatete, Sonora (al norte del país, en colindancia con el Golfo de California) de las cuales permanecen desaparecidos 10 hombres, entre ellos siete miembros de la tribu yaqui. Fueron sustraídos en un circuito de ranchos ganaderos por hombres encapuchados y armados. Estas desapariciones forzadas se suman a muchas otras que acontecen regularmente en los ochos pueblos yoeme (1). La mayoría son anónimas y las familias permanecen en la zozobra ante el anuncio del hallazgo de cinco osamentas que se presume, pertenecen a los desaparecidos. 

El incremento de estos casos sucede en un contexto de violencia e intervención territorial que puede calificarse de narco-etnocida. Una de las estrategias de exterminio contra los pueblos indígenas que se ha incrementado en la última década y que se puede observar claramente en los sucesos que atraviesa la tribu yaqui en la actualidad. Para comprender esta cuestión y hablar de narco-etnocidio, sin embargo, es necesario precisar algunos puntos antes de mencionar el factor “narco”. 

El primero, identificar a los grupos étnicos como pueblos cultural y lingüísticamente minorizados, políticamente marginados y desterritorializados, que padecieron el repliegue social, ante la emergencia del Estado-nación y, bajo cuya lógica, fueron obligados a desprenderse de sus particularidades culturales en favor de una identidad “mestiza” que privilegiara los intereses del capital. 

El segundo, que, en el proceso de consolidación del Estado, estos pueblos han experimentado distintos dispositivos de aculturación: desde programas de integración y asimilación, hasta políticas de indigenismo participativo, todos con el mismo objetivo: sumar mano de obra barata al sistema de producción capitalista. 

La tercera cuestión es reconocer que dicho proceso no ha concluido y, al contrario, se ha intensificado, a través de estrategias desarrollistas que imponen sobre los territorios indígenas prácticas extractivas, despojo, contaminación y apropiación ilegal de recursos, que limitan la reproducción cultural de los grupos étnicos, y que constituye una forma de etnocidio.

El etnocidio es la violación flagrantemente al derecho de todos los individuos y pueblos a ser diferentes, y a ser considerados como tales, según lo reconocido en la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 1978. Desde esta mirada, se considera, entre otros aspectos, que se crea este riesgo cuando se niega a los grupos étnicos el derecho natural e inalienable a los territorios que poseen y a reivindicar las tierras de las cuales han sido despojados. Lo anterior implica necesario respetar el derecho que estos tienen al patrimonio natural y cultural que el territorio contiene y a determinar libremente su uso y aprovechamiento. La declaración exige el respeto a las formas de autonomía requeridas por estos pueblos como condición imprescindible para garantizar y realizar estos derechos, y el respeto a sus formas propias de organización interna, que hacen parte de su acervo cultural y jurídico. Por lo que las prácticas opuestas a este orden de ideas propician riesgo de etnocidio.

  El etnocidio contra la tribu yaqui abarca un largo período de guerras, de 1825 hasta los años treinta del siglo XX, lapso en que fueron asesinados, bombardeados y deportados. Durante el siglo XIX y el XX sólo gozaron de algunas décadas de pacificación intermitente, en las que el Estado mexicano intentó integrarlos al sistema político-administrativo nacional, a la lógica de la propiedad privada y al monocultivo del empresariado agrícola. Lo que a la fecha no ha logrado.

Sin embargo, la resistencia armada, después política y cultural, activa por casi dos siglos, comenzó a resquebrajarse en la segunda década del XXI, debido a que los yaquis se confrontaron entre sí por opiniones políticas distintas respecto a la instauración de dos proyectos de infraestructura en su territorio: la construcción del Acueducto Independencia, iniciado en 2010, y el Gasoducto Guaymas-El Oro (2) con arranque en 2012, que terminó por fragmentar el tejido social.

El drama de violencia actual en la tribu yaqui se intensificó a partir del largo cierre intermitente de la carretera internacional federal número 15 —iniciado el 26 de noviembre de 2012 y que continúa al día de hoy—. El bloqueo originalmente fue una estrategia de protesta social por la construcción del Acueducto Independencia. Sin embargo, en dicho contexto algunos vigías de la tribu entablaron acuerdos con el crimen organizado para facilitar el paso de mercancía ilegal por caminos de desvío, laterales a la carretera, sobre el monte y la sierra, y evitar desbloquear las protestas. Estas acciones abrieron una nueva fase de asociación clientelar y “patronal” yoeme-narco, integrada por distintos sectores, al interior del territorio yaqui, de líderes y jóvenes pauperizados, quienes vieron en la delincuencia organizada la oportunidad de superar la pobreza, trasladando drogas a lo largo del territorio y asimismo distribuyéndolas al interior de la tribu. 

Lo que parecían actividades eventuales, “en lo que se acababa la protesta”, se extendieron hasta hoy. El cierre carretero continúa sin que haya claridad respecto a quien lo sostiene, ya que los líderes originales, opuestos al acueducto, se han retirado, y el grueso de la población yaqui no apoya los retenes que aún controlan el paso.

La Fiscalía del Estado de Sonora determinó que la desaparición forzada y el posterior asesinato del exlíder indígena yaqui, Tomas Rojo Valencia, tuvo relación con el crimen organizado, cuando afirmó que “el posible móvil del crimen y los datos de prueba derivados de acciones de inteligencia e interrogatorios que hemos recabado fortalecen la línea de investigación relacionada con grupos criminales con intereses ajenos al pueblo originario yaqui, que están interesados en beneficiarse ilícitamente con el cobro de cuotas en el tramo carretero” (3).

Antes de esta coyuntura, el narcotráfico no había tenido una presencia contundente en el Territorio Yaqui. Las condiciones de inestabilidad social que produjeron los proyectos de infraestructura, hicieron posible que éste pudiera controlar la región. “La protesta nunca acabó”, los caminos de desvío ya no se desocuparon y los jóvenes que trataron de zafarse del crimen organizado comenzaron a ser desaparecidos, después los parientes, amigos, vecinos. Al punto que, hoy en día, grupos del crimen organizado se lleva a quien quieren, sin que alguna autoridad tradicional, civil o militar, se coordine para ponerle un freno a esta violencia desbordada.

La delincuencia organizada tiene claro quiénes pueden ser su objetivo. Una característica resalta en el “levantón” del 14 de julio en la sierra del Bacatete: a los pocos días fueron liberadas cinco personas  (una niña, un niño, dos mujeres, y un hombre). Podría suponerse que se les liberó por cuestiones de edad y género, pero algunos informantes aseguran que se debió a que no eran yaquis. Otros tres desaparecidos, sin ser parte de la etnia, no obstante, fueron retenidos por mantener relaciones estrechas con la tribu. Bajo ese entendido “era posible desaparecerlos porque eran cercanos a los yaquis”.

No se tiene un conteo exacto de cuántos yoeme han desaparecido en los últimos diez años. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sólo tiene dos casos registrados de 2010 a la fecha, a pesar de que se actualiza cada cinco minutos. Esto indica que los siete yaquis desaparecidos en la sierra del Bacatete en julio pasado siguen sin ser contabilizados.

En el contexto de lo que hasta aquí se ha dicho, cabría incorporar el factor etnicidad en el análisis de las desapariciones forzadas, situadas en coyunturas de despojo territorial. 

Sería necesario observar la forma en que el crimen organizado se suma a los procesos de etnocidio, que ya de por sí enfrentaban los pueblos. Sobre todo, la forma en que aprovecha la inestabilidad social que produce la intervención vertical sobre los territorios indígenas, el empobrecimiento y la discriminación, en su favor, tanto para engrosar sus filas como para imponer cultivos ilícitos, instalar bodegas y laboratorios, casas de seguridad, trazar nuevas rutas de traslado de drogas y cavar fosas clandestinas en los territorios indígenas.

Las redes del narcotráfico no sólo encuentran una gran oportunidad, a su favor, en la vulneración de los pueblos, sino que, como parte de sus acciones narco-etnocidas, corrompen los sistemas tradicionales de gobierno, imponen formas bélicas para confrontar posicionamientos políticos, embrutecen a las generaciones más jóvenes, producen un ambiente de desconfianza y terror al interior de estas sociedades, realizan “levantones”, desatan balaceras, violan a las mujeres, exterminan a las personas e  incrementan las desapariciones: de hombres, mujeres, niños y niñas

Es necesario reflexionar sobre las múltiples formas de violencia que se están generado en la actualidad y cómo se inserta la delincuencia organizada con nuevas y criminales  modalidades en las estructuras indígenas, lo que supone una nueva forma de etnocidio.

***

* Enriqueta Lerma es antropóloga por la UNAM, investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) de la UNAM. Desde 2005 investiga y acompaña a la tribu yaqui en sus procesos de resistencia. Autora del libro El nido heredado. Estudio  etnográfico sobre espacio y ritualidad en la tribu yaqui. Elaboró el peritaje cultural en el proceso de impugnación contra el Gasoducto IEnova.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. La sección Con-Ciencia está escrita por sus integrantes, personas expertas invitadas y estudiantes asociados a los proyectos. La opinión vertida es personal, no necesariamente refleja la opinión del grupo o de adondevanlosdesaparecidos.org. (Ver más en: www.giasf.org)

Referencias:

  1. En lengua jiak —la lengua que hablan los pueblos yoeme— “yoeme” significa “hombre verdadero” y se usa como sinónimo de yaqui.
  2. Ambos procesos de intervención territorial fueron acompañados de consultas indígenas con funestos resultados: una se empantanó en los escritorios de la burocracia mexicana, a pesar de haber sido reconocida la ilegalidad de la obra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la segunda se aprobó con sobornos, amenazas y con proliferación de gobiernos tradicionales alternos, que suplantaron a los originales.
  3. Forbes México, 5 de julio de 2021.

* Foto: Miembros de la Tribu Yaqui muestran fotografías de sus esposos, padres, hijos y hermanos desaparecidos. Cortesía: Tribu Yaqui.

Para leer más: “¿Jaksa jipuwame? ¿Dónde están los yaquis de Loma de Bácum? https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/09/13/jaksa-jipuwame-donde-estan-los-yaquis-de-loma-de-bacum/ 

Declaración de San José sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina, San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 1981.

https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=78&tema=3 recuperado el 1 de septiembre de 2021.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index 

La Fiscalía de Sonora confirmó que detuvo a Francisco Hiram N, alias “El Morocho”, presunto autor material del asesinato del líder yaqui Tomás Rojo. https://www.animalpolitico.com/2021/07/detienen-presunto-asesino-tomas-rojo-lider-yaqui-en-sonora/   Recuperado el 2 de septiembre de 2021.Detienen a presunto asesino del líder yaqui en Sonora, Tomás Rojo Valencia encabezó la llamada guerra por el agua en Sonora. Forbes México, 5 de julio de 2021, https://www.forbes.com.mx/detienen-a-presunto-asesino-del-lider-yaqui-en-sonora/

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