Antonio de Jesús Barragán Bórquez/ LEVIF*

“Mi carnal trabajaba para un policía, entonces como a él le ofrecieron un jale, buen jale, iba agarrar todo el terreno wey, y les dijo a aquellos vatos “sabes qué ya no voy a chambear contigo” […] dicen que se lo llevaron en una patrulla de aquí, aquí lo agarraron saliendo, dice mi amá que todavía escuchó cuando grito “amá!!”, gritó de ahí de la esquina, pues las mamás conocen la voz de sus hijos, mi amá se la llevaba sentada aquí en una silla, zorreando para allá, dice que escuchó cuando grito “amá!!”, y ya no volvió”. En esa ocasión se trataba de la desaparición forzada del hermano de Juan, a quien por cuestiones de seguridad y éticos llamaremos así, un varón de mediana edad que participó en el narcomenudeo durante diez años y por otro corto periodo en el robo de combustible, logró salirse de ese mundo antes de que se complicaran las cosas.

Experiencias como la que relata Juan describen la ruptura de los vínculos familiares de las víctimas a razón de la violencia criminal organizada que se reproduce cotidianamente en lugares como Guaymas, Empalme, Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Altar y Caborca. Pues el fenómeno de la desaparición forzada se ha agudizado en el estado de Sonora en los últimos años, sobre todo en ciudades y localidades donde tiene lugar el conflicto entre organizaciones criminales. 

Investigadoras y académicas como Natalia Mendoza Rockwell y Angélica Ospina Escobar, quienes han abordado la situación de Altar y Hermosillo, respectivamente, señalan que: la transformación de las relaciones de poder, la administración del crimen común y organizado y la cooptación y desplazamiento de actores claves, son componentes del proceso de cartelización en una zona determinada. Las organizaciones criminales implementan estrategias para la cooptación de territorios, como regularmente se le  denomina. Lo que sucede es que las organizaciones criminales buscan dominar economías ilegales en zonas muy concretas. Parece que lo que se ha presentado en la zona de Guaymas, Empalme y San Carlos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, son los efectos de la “guerra contra las drogas”. Este ciclo hiper violento en el que se enfrascaron organizaciones criminales y el Estado, como sucedió años atrás en zonas muy específicas como las fronteras -Tijuana, Juárez, Tamaulipas- y en zonas de producción y trasiego -Guerrero, Michoacán-. De ese modo, pareciera que estas “nuevas zonas de conflicto criminal organizado” que tienen lugar en Sonora, responden a geografías a disputa en el actual tablero de la competencia entre organizaciones criminales.

Para esto, se comprende que al menos en los últimos cuarenta años Sonora ha sido una geografía vinculada con las organizaciones sinaloenses: el Cártel de Guadalajara, el Cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva, la Organización Arellano Félix y el Cártel de Juárez. Pues su ubicación ha beneficiado la entrada y salida hacía Estados Unidos desde el inicio de esta frontera. 

Una de las primeras transformaciones importantes para comprender la situación actual de la violencia vinculada con el crimen organizado, es la apertura de los mercados locales para el narcotráfico. Esto empezó a ocurrir en los noventas en las principales ciudades sonorenses, al igual que sucedía en muchas ciudades del país.  Así, este modelo de negocio se consolidó a principios del nuevo siglo en Sonora, incrementando notablemente el consumo y rentabilidad de estas economías con la llegada de drogas nuevas y baratas como la metanfetamina, también conocido como foco, cristal o ice. Tal suceso fue un proceso más o menos homogéneo a nivel regional. 

Por otra parte, en la investigación etnográfica y documental sobre la zona de Cajeme, Guaymas y Empalme en la que he participado, y de la mano de los estudios realizados en Altar y Hermosillo, se subraya que el proceso de cartelización sucede según la importancia que tiene la localidad que es susceptible a controlar. Por ejemplo, en las localidades fronterizas y en grandes centros urbanos como Hermosillo y Cajeme, la cartelización, esto es, la llegada de las organizaciones criminales y con ello la transformación de la dinámica local, ocurrió durante la primera década de los dosmiles. 

Al igual que las organizaciones criminales o cárteles se desarrollaron en algunos estados y zonas muy concretas del país en algún momento de la historia, para después expandirse a otras regiones, al interior de las entidades ha sucedido de forma similar, toda vez que las operaciones a nivel local por parte de las organizaciones criminales sucedieron hace algunas décadas en zonas clave. Lo que ha demostrado la evidencia es que en Guaymas y Empalme, dos municipios que han figurado como una de las zonas más peligrosas del país, el incremento de la violencia criminal es un efecto de la dinámica propuesta por el contexto de la “guerra contra las drogas”, pues estas nuevas zonas de conflicto parecieran ser piezas clave en el tablero de la competencia entre organizaciones criminales, como ha venido sucediendo en algunas zonas de Guanajuato, Zacatecas y Baja California. 

Juan señala que la dinámica del campo criminal local en la zona de Guaymas y Empalme cambió a partir de 2010, con la llegada de operadores del Cártel de Sinaloa, lo que significó para él una oportunidad para dejar la venta de drogas. 

“Fue el 2011 por ahí, 2010, 2011, por ahí, empezaron a matar gente y la verga, juntaron a todos los tiradores, no era plaza, todos se conocían y no había pedo con nadie, todos trabajan y agarraban su feriecita, igual si no tenías (material) le podías comprar a él, o a otro, para vender si me entiendes, y no había pedo pues, “sabes qué, se me acabó el material ve y cómprale aquel vato”, le hablabas, “qué onda wey tráeme una pelota o tanto acá”, “simón, ahí te la llevo no hay pedo” ahora no, si vas a comprar a otra parte, si no eres de ese barrio te andan matando a la verga, cambiaron un chingo las cosas, y esa junta se hizo por eso mismo. “El que se quiera quedar pues fierro, el que no pues de una vez ábrase a la verga, porque aquí se va poner grueso el pedo”, te iban a desafanar o trabajar para ellos o matarlos a la verga, no pues mejor vamos abrirnos, y dijeron “esta madre va empezar a valer verga”, ya no tiene caso porque vas a trabajar con la policía, con los Federales, con los Marinos, no, a la verga, a estos vatos les queda ganancias porque venden un putero y tienen un chingo de tiraderos, y estos vatos pues se arreglaron, venían arreglados con todas las pinchis corporaciones, vale más “vámonos a la verga, ahí estuvo ya”, ya andando con policías y esas madres, los mismos policías te andan matando a la verga, y ni pedo, tírate a perder.”

Los mercados internos de drogas en las ciudades y localidades Sonorenses tienen aproximadamente 30 años de existencia; éstos antes eran sostenidos por un conjunto de redes de actores que intercambiaban y coexistían de forma más o menos pacífica. La llegada de los cárteles del narcotráfico significó la configuración de una estructura de dominio donde se recurría a la violencia letal. Pero lo que indica la teoría del crimen organizado es que el fin último de la monopolización del campo local no es la violencia, sino mantener la paz, ya que la razón fundamental de la existencia de las organizaciones criminales de este tipo es el lucro, a diferencia de otras organizaciones como las de tipo guerrillero y terroristas, con las que se comparten notables rasgos y diferencias. 

Siendo el crimen organizado un fenómeno global y regular en muchas sociedades, lo esperado es que se produzca una coexistencia que no trastoque al propio proyecto de sociedad moderno y pacifico. Así sucedió en el periodo 2010-2015 en Guaymas y Empalme, cuando el modelo de “casos aislados” explicaba la violencia criminal organizada, coincidiendo con el dominio de una sola organización criminal, pues desde 1990 los homicidios nunca sobrepasaron más de 35 incidencias por año, situación que cambió a partir de 2015.     

De algún modo, la monopolización significa un profundo reordenamiento del campo criminal a nivel local, y que en el contexto de la guerra contra las drogas representa otro de los antecedentes más relevantes para comprender la producción de un conflicto de larga data entre organizaciones criminales, como sucede actualmente en Ciudad Obregón. 

La llamada “disputa por los territorios” significa una lucha por la hegemonía para el monopolio del campo criminal local, produciendo como efecto inmediato una violencia que afecta mayoritariamente los ámbitos vinculados con el narcotráfico a nivel de ciudad. Ante la creación de un conflicto de gran calado, cuyas repercusiones implican un incremento en las desapariciones forzadas de personas como una de las nuevas formas de hacer crimen. En el repertorio de violencias de las organizaciones criminales, la desaparición forzada ha tenido un lugar importante, tanto así o más que el homicidio. Juan describe las advertencias a los familiares y conocidos involucrados en el narcomenudeo en el contexto de otro de los factores que transforman el campo criminal local: la llegada de otra organización criminal. 

“Yo siempre tuve problemas con ellos (familiares desaparecidos) por su mismo pedo con las drogas, yo les decía “túmbense el rollo, pórtense bien, nada les cuesta loco andar bien, yo ya anduve como ustedes, nunca me drogué pero ya sé qué pedo”les decía, […] antes de que llegara el otro cártel les dije ese día, <<agárrense>> les dije a todos, <<viene una gente que pónganse vergas, se van a empezar a llevar a todos>>, les dije porque a mí me dijeron unos vatos con parientes en la maña, tienen conexión, son familiares pero son de los jodidos pues, no se meten en pedos ni nada, prefieren estar viviendo así que andar en pedos, me dijo el compa “oye wey, ahí si conoces a alguien dile que se pongan vergas, los que andan vendiendo, chapulineando porque va valer verga, se van a empezar a llevar gente”, y yo les dije “pónganse vergas que esta plaza que viene, viene bien fuerte y viene a quedarse con todo”, y no me hicieron caso, es más hasta se rieron de mí a la verga.”

La que por mucho tiempo se consideró una zona neutral por sus importantes destinos turísticos como San Carlos Nuevo Guaymas, al que se dice muchos capos asistían para departir en festejos, pasó a ser una zona en disputa y un foco rojo de inseguridad a nivel nacional. El conflicto entre organizaciones criminales se visibilizó después de 2015, como indican los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), ya que los homicidios pasaron de 64 en 2016 a 252 en 2020; mientras que las desapariciones escalaron de 26 en 2016 a 97 en 2020. Sin embargo, como lo han señalado los colectivos de búsqueda de esta zona -Madres Buscadoras de Sonora-, los reportes de personas desaparecidas acumulan más de 600 registros, describiendo una problemática de amplias dimensiones. 

Para finalizar, los niveles alarmantes de las desapariciones forzadas vinculadas al conflicto criminal organizado responden a las transformaciones históricas, sociales, económicas y criminales que han sucedido en las comunidades que los padecen, y sobre las cuales se debe seguir indagando y reflexionando. Pues se trata de un fenómeno complejo en reproducción, toda vez que pareciera obedecer a una de las estrategias del repertorio de las violencias criminales en el contexto de la guerra contra las drogas  que mayores implicaciones y efectos sociales expresa. A comparación del homicidio, con sus debidas reservas, las desapariciones generan movimientos sociales de víctimas que pueden ser permanentes o no -marchas, ceremonias u organizaciones de buscadoras-. Dentro de esas mayores implicaciones se visibiliza la Ley General de Víctimas, las bases de datos generadas, así como toda la infraestructura estatal requerida para la atención de un fenómeno de esta naturaleza. En suma, se observa la efervescencia social que provoca, los movimientos de víctimas, los cambios institucionales y en política pública. Además, el fenómeno de las desapariciones forzadas genera un cúmulo de relaciones sociales de mayor complejidad entre el Estado, la sociedad civil y los grupos criminales, que las que proponen las ejecuciones. 

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*Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos .

El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema.

*Antonio de Jesús Barragán Bórquez es Doctorante en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., y ganador del 6° Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas, 2019. 

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.

*Foto de portada: Adolfo Valtierra