Cuando un profesor como Pelayo es víctima de desaparición forzada, también hay una repercusión importante en las aulas, en la comunidad educativa y, particularmente, en las y los estudiantes, quienes son también afectados de formas muy complejas, pero poco comprendidas

Por Alberto Colin Huizar (Investigador en el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav)*

El 19 de marzo del 2026 se cumplieron dos años de la desaparición forzada del profesor michoacano José Gabriel Pelayo Salgado. Hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas de Michoacán no ha mostrado avances en la investigación, tampoco ha señalado culpables intelectuales o materiales y mucho menos ha procesado a alguien por este crimen. Aunado a estas omisiones, en la construcción de líneas de investigación para dar con el paradero del docente, la Fiscalía ha evitado abordar este caso como un episodio de violencia contra un trabajador de la educación y ambientalista del pueblo nahua de la Sierra Costa de Michoacán. Esto ocurre en un contexto de violencia generalizada y de criminalización de los defensores de derechos humanos en el país.

Su desaparición ocurrió a plena luz del día en el centro del municipio de Coalcomán, a unos 327 kilómetros de la capital de Michoacán. Pelayo viajaba en una camioneta Ford Explorer color verde, que tampoco ha sido recuperada y que, según el reporte oficial, no ha salido del municipio. Cuando los familiares de Pelayo avisaron a la Comisión Estatal de Búsqueda, se emitió una ficha técnica, pero la investigación comenzó hasta mucho tiempo después, alrededor de un mes más tarde. Al inicio se realizó una “búsqueda” inmediata por medio de un operativo que se restringió a un recorrido sobre la carretera que comunica a Coalcomán con el pueblo de Coahuayula. Posteriormente, la familia acudió a Morelia a distintas reuniones desgastantes frente a burócratas que usualmente tienden a revictimizar a las familias. Esto no es un caso aislado: por el contrario, es representativo de la forma en la que se trata institucionalmente a las familias que denuncian la desaparición forzada de personas. El episodio de privación de la vida es el comienzo de un continuum de violencias que sigue con las estrategias de ocultamiento de evidencias y datos clave en la investigación, lo que reproduce un patrón de opacidad institucional por medio de la burocracia estatal que tiende a obstaculizar la verdad y la justicia, pilares éticos y fundamentales a los que se aferran las organizaciones y colectivos de víctimas.  

La desaparición forzada se trata de una problemática social en crecimiento. En Michoacán, durante el año 2024 se reportaron 5,851 personas desaparecidas y en la primera mitad del 2025 se contabilizaron 6,829 casos, lo que evidencia una grave situación de inseguridad, según la Red Lupa (1). La violencia criminal y la impunidad gubernamental han sido elementos centrales en la comisión del delito de desaparición forzada, pues históricamente, muchos de los territorios donde se concentran estos episodios, también constituyen enclaves económicos y políticos relevantes para la acumulación de capital. Por ello, la multiplicación de grupos armados que se erigen como estructuras de poder paralelas a la estatalidad tienen como una de sus finalidades controlar el mercado y generar formas de control social. El caso de Gabriel Pelayo ilustra esta complejidad en un contexto de violencias múltiples que han escalado gradualmente desde el año 2020 en la región de la Costa Sierra de Michoacán.

La zona serrana de Michoacán es rica en minerales y propicia para las actividades agrícolas y ganaderas, además de que constituye una ruta mercantil poco vigilada que puede conectar la Tierra Caliente con el océano pacífico, lo que ha sido atractivo para las organizaciones delictivas que han tratado de monopolizar la economía legal (minería, tala de maderas preciosas y comercio de frutas) e ilegal (traslado de drogas y precursores químicos para los laboratorios de cristal). Una investigación periodística reciente develó un supuesto mapa encontrado en la cabaña donde permaneció sus últimos días Nemesio Oseguera, líder de una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico, quien en su búsqueda por controlar dicha ruta y expulsar a los actores armados de raíz local, estableció puntos de intervención a través de pueblos, carreteras y brechas por donde podría transitar y sitiar los territorios que no están bajo su dominio (2).

Entre los pueblos que aparecen en disputa en el mapa se encuentran localidades rurales de los municipios de Aquila, Coalcomán, Coahuayana y Chinicuila, lo que coincide con graves episodios de confrontación armada, desapariciones de personas en toda la zona (3) y bombardeos con drones a la población civil (4), lo cual se ha agudizado en los últimos cinco años, hasta el punto más extremo de ataques con sofisticados explosivos como el coche bomba que detonó en el exterior de la estación de la policía comunitaria de Coahuayana y terminó con la vida de cinco personas, dejó al menos una docena de heridos y destruyó buena parte de la clínica municipal y cuatro escuelas públicas (5).

La insistencia por comprender este contexto sociopolítico tiene que ver con construir una visión más amplia sobre por qué y cómo se produce la desaparición de personas en la interfaz entre criminalidad y Estado. En este territorio no existe una disputa entre agrupaciones criminales antagónicas, sino que se trata más bien de un ataque deliberado hacía la población civil por parte de un grupo delictivo de Jalisco que busca someter a los pueblos por medio de la coacción. Esta estrategia tiene varias finalidades; una de ellas radica en controlar el tráfico mercantil y liberar los caminos de la sierra ante cualquier fuerza local opositora, tal como son las policías comunitarias, como la de Coahuayula, que ha estado en coordinación permanente con la guardia comunal de Ostula para la defensa del territorio.

En este escenario se inserta Coahuayula, un poblado en la profundidad de la sierra que tiene apenas unos 200 habitantes, a casi dos horas de distancia de Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila. Allí habita Gabriel Pelayo, un maestro con al menos veinte años de trabajo en localidades rurales. Su historia en el magisterio comenzó en la década de los noventa como instructor y después como capacitador en el sistema Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). También tuvo una trayectoria de 2001 a 2005 como asesor y promotor del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Durante varios meses acudió a trabajar con niños y niñas en una vieja casa de techo de lámina en una comunidad de Tacámbaro y después se instaló la mayoría del tiempo en Chinicuila. En 2009 se integró al sistema educativo nacional como docente de nivel primaria en Coahuayula. Unos años después cursó una maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

La trayectoria de Gabriel Pelayo destacó por su compromiso con el trabajo de enseñanza en las zonas más alejadas donde usualmente no quieren ir a trabajar los educadores nóveles. Sin pensarlo mucho, aceptó la posibilidad de trabajar en Coahuayula. Desde los primeros días se enamoró de su verde paisaje, de la flora y fauna del lugar y de su escuelita de dos aulas con apenas un puñado de niñas y niños a quienes enseñó a leer y escribir. Decidió mudarse allí con su familia, dos hijas pequeñas y su esposa, quien también es maestra. Más tarde nació su tercer hijo, el cual creció y se escolarizó en el pueblo, al igual que sus hermanas. Su vinculación con el terruño se forjó a partir del trabajo comunitario y escolar, desde la escucha activa de las problemáticas locales y el fortalecimiento de los lazos sociales con los vecinos del lugar.

Este arraigo marcó la trayectoria de trabajo y de plan de vida de Pelayo. Por ejemplo, en la coyuntura de inseguridad y violencia crónica por el crimen organizado, la cual generó el levantamiento de grupos de autodefensa ciudadana en la Tierra Caliente en febrero del 2013, Coahuayula y varios poblados de alrededor no fueron la excepción. Gabriel Pelayo rápidamente motivó la organización local, se articuló con otras personas del municipio y convocaron a asambleas en los poblados para generar iniciativas contra la inseguridad en la región. Él y otros destacados pobladores ya tenían la experiencia de haber conformado el Consejo Popular de Chinicuila, por ello, desde este espacio asambleario de democracia participativa coordinaron el trabajo organizativo con adultos y jóvenes de las comunidades para conformar guardias comunitarias y otorgarse su propia protección.

Los pobladores también reconocieron su activismo en defensa del medioambiente. Pelayo fue un férreo crítico de la minería y de la permisividad del gobierno estatal para que las empresas extranjeras saquearan los recursos naturales de Chinicuila, así como también denunció la tala ilegal de los bosques de la sierra. Su visión política también se manifestó en su trabajo docente; en la escuela primaria dejó huellas en muchos de sus estudiantes. Su hija, quien también fue su alumna, recuerda cómo era habitual hacer actividades afuera de la institución educativa, en la milpa, en los cerros y en los cuerpos de agua de la comunidad, con el propósito de vincular los contenidos académicos con el territorio en tanto vehículo pedagógico. Su clara adscripción a la educación popular era palpable en sus prácticas escolares cotidianas, facilitando la participación de las familias en la escuela, lo que construyó una legitimidad como un maestro comprometido con su pueblo. A nivel sindical, Pelayo también participó en el movimiento magisterial democrático, luchó contra la reforma educativa de 2013 y hasta el momento de su desaparición tenía el cargo de representante municipal por parte de una de las corrientes del sindicalismo michoacano.

Por todas estas razones es que la desaparición forzada de Gabriel Pelayo puede entenderse como una estrategia para producir terror en la población, al atacar a un docente y activista con cierta visibilidad política y capacidad de influencia en el territorio. En este contexto, coincido con May-ek Querales (6) en que la desaparición constituye una práctica que exhibe, de manera pública y sistemática, la capacidad de coacción de actores criminales. Más allá de su dimensión punitiva, este mecanismo opera como estrategia de control social orientada a neutralizar a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, cuya labor crítica podría obstaculizar la reproducción de intereses económicos y políticos. En este sentido, la desaparición forzada no solo elimina físicamente a sujetos incómodos, sino que también transmite un mensaje disciplinador a la colectividad, reforzando el poder de quienes buscan asegurar la continuidad de sus beneficios materiales y simbólicos.

Cuando un profesor como Pelayo es víctima de desaparición forzada, también hay una repercusión importante en las aulas, en la comunidad educativa y, particularmente, en las y los estudiantes, quienes son también afectados de formas muy complejas, pero poco comprendidas. En términos de socialización, estos episodios pueden coartar los proyectos de vida de las infancias e imponer la incertidumbre y la desesperanza como norma. También en la dimensión emocional de quienes interactuaban de forma cotidiana con él se producen afectaciones, como los sentimientos de indefensión, aislamiento y tristeza por la impunidad estatal y por no tener un duelo, pues la desaparición es un crimen que se mantiene en la zozobra y, con ello, mantiene activa la violación de los derechos humanos. Las perspectivas de las propias víctimas son clave para comprender estos procesos, como menciona Diana Tello (7), integrante de la organización político-guerrillera Montoneros, que operó entre 1970 y 1977 en la Argentina, quien busca a su esposo desaparecido por la dictadura de aquel país:

Lo más macabro de la desaparición forzada es que te roban la vida y la muerte al mismo tiempo. Sin el cuerpo no hay vida, pero tampoco hay muerte, ni evidencia del delito. Los cuerpos hablan, dice la ciencia forense, y por eso al encontrarte sabremos qué te hicieron, dónde, cómo y tal vez quiénes. Dejarás de ser un relato, una foto. Para honrar la vida y la muerte, es importante que estos crímenes no desaparezcan de la conciencia del pueblo, para que con memoria reclame justicia (2020, p. 31).

En este sentido, la búsqueda de quienes nos hacen falta debe ser considerada como una responsabilidad de toda la sociedad para construir memoria, justicia y verdad a partir del acompañamiento desde abajo a las experiencias de los colectivos de familiares, quienes navegan en un ámbito de impunidad sistémica y poca voluntad política de las autoridades que se refleja desde los discursos negacionistas de la presidenta hasta la colusión de autoridades locales con los grupos armados. En la actualidad, la familia de Pelayo mantiene su demanda de presentación con vida, ahora articuladas con muchas otras víctimas en el colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios en Michoacán (DECOFEM). La esposa de Pelayo y sus hijas han encontrado en otras y otros la plataforma para caminar colectivamente esta lucha, desde un horizonte de dignidad y con la firmeza de confrontar el olvido.

El énfasis puesto en la caracterización de la identidad de Pelayo como un educador desaparecido pone en escena la urgencia de conocer cómo se sienten estas violencias en las comunidades de donde eran parte los ausentes, tanto en el entorno familiar o, como en este caso, en la dimensión escolar. Mientras el escritorio de Pelayo siga vacío en el aula, es imprescindible reflexionar sobre las formas en que se construye el trauma emocional en los sujetos educativos e indagar en las formas de violación de la humanidad a partir de sus testimonios y vivencias para tener mayor conocimiento sobre el impacto de la desaparición en la educación y diseñar formas de tratamiento del dolor. A pesar de esta condición nacional que parece empeorar con la crisis de inseguridad que vivimos y es cada vez más latente en nuestros territorios, nos queda optar por la defensa de la escuela como un espacio para la construcción de estrategias de pacificación y el resguardo de la vida de estudiantes. Igualmente, es importante comenzar a trabajar en el cuidado de la vida de los trabajadores de la educación en las zonas de conflicto, para proteger de alguna forma a aquellos maestros y maestras que están comprometidas con un mundo más justo.

***

Alberto Colin Huizar es antropólogo social e investigador en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, especializado en el campo de la educación y los movimientos magisteriales desde hace más de una década. Sus trabajos han tratado de vincular el acompañamiento político como activista en diferentes luchas con el análisis de las alternativas educativas y los desafíos actuales del trabajo docente, particularmente en localidades de Michoacán”.

Referencias:
1. La Red Lupa integrada por mujeres, personas buscadoras y acompañantes monitorean los cambios del fenómeno de la desaparición y generan información para la lucha por la verdad y justicia. Puede consultarse su sitio web en: https://imdhd.org/redlupa/ 

2. Manuel Espino y Raúl Torres (9 de marzo de 2026). El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de coca y precursores químicos. El Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-mencho-buscaba-controlar-corredor-de-cocaina-y-precursores-quimicos/ 

3. Una muestra significativa es la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz en los límites de Michoacán y Colima, en la misma región Costa Sierra, a inicios del 2023. A pesar de que fue un incidente mediático importante, las autoridades aún no logran establecer una sólida línea de investigación que tome en consideración el argumento de su rol como defensores del medioambiente frente a los intereses de la minera Ternium.

4. En más de cinco ocasiones, los pobladores de Coahuayula han realizado llamados de alerta vía organizaciones defensoras de derechos humanos sobre bombardeos con drones e incursiones de grupos armados que atacan a la población civil en esta comunidad y otras como Salitre de Estopila, Los Pozos, El Aguacate, La Ciénega, Ranchual y Las Lagunas. 

5. Gabriela Serralde (8 de diciembre del 2025). Cuatro escuelas afectadas por explosión de coche bomba en Coahuayana. El Sol de Morelia. Disponible en: https://oem.com.mx/elsoldemorelia/mexico/cuatro-escuelas-afectadas-por-explosion-de-coche-bomba-en-coahuayana-27184992 

6. May-ek Querales-Mendoza (2020). “No se pueden llevar a mi esposo”: desaparición forzada y desplazamiento interno forzado en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en Michoacán. Historia y Sociedad, 39. http://dx.doi.org/10.15446/hys.n39.82973 

7. Diana Tello (2020). De la búsqueda con vida a la búsqueda de un cuerpo. En De las fosas clandestinas a la tumba vacía. Narrativas de dignidad y esperanza en tiempos de horror. Carlos Mendoza-Álvarez, Pablo Reyna Esteves y Carolina Robledo Silvestre (Comp). Universidad Iberoamericana. pp. 23-32.

Imagen de portada: el profesor Gabriel Pelayo en su comunidad. Cortesía de su familia.