Familiares de los cuatro estados en que se basa parte del informe del Comité contra la Desaparición Forzada, y expertos que enviaron información a este órgano, advierten que con la oposición del Gobierno federal a la decisión de escalar el caso mexicano ante la máxima instancia de la ONU se pierde la oportunidad de recibir ayuda para atender la crisis de desapariciones, y se evidencia su negativa a investigar la participación de actores estatales

Por Marcos Nucamendi para A dónde van los desaparecidos

Como una negativa del Estado a reconocer la “catástrofe humanitaria” que significan las decenas de miles de personas desaparecidas en el país, y una oposición a investigar a los agentes estatales involucrados, es interpretado por especialistas y familiares de víctimas el rechazo del Gobierno federal a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar el caso de México “con carácter urgente” ante la Asamblea General de la ONU. La conclusión del grupo de expertos independientes es que existen “indicios fundados” de que las desapariciones forzadas en el país constituyen crímenes de lesa humanidad.

El CED, tras activar por primera vez en 2025 el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y recibir en septiembre de ese año la respuesta de México como Estado parte, fundamentó su dictamen en información recabada desde 2012, que incluye tanto comunicaciones del gobierno como reportes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias, así como la visita que realizaron al país en 2021, cuando ya advirtieron la “casi total impunidad” que había en este delito. Con el paso de los años, las cifras de personas desaparecidas no han hecho más que aumentar, hasta superar actualmente las 132,000 víctimas. 

Tras conocerse la decisión del CED —tomada el 19 de marzo y hecha pública el 2 de abril—, el Gobierno federal manifestó en bloque su rechazo. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores difundieron un comunicado en el que calificaron de “tendencioso” el informe por no tomar en cuenta las “sustanciales” reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones realizadas en junio de 2025. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, subrayaron. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sumó también a las críticas. Aseguró que, desde 2018 —el año en que Morena llegó al poder—, las desapariciones forzadas perpetradas por autoridades federales han venido descendiendo hasta “prácticamente desaparecer”. 

Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró “decepcionante” la respuesta del Gobierno federal por emitir un comunicado cargado de adjetivos y descalificaciones, no de argumentos.  

“El comité ha estudiado la situación de las desapariciones en México [a fondo], no es algo que se haya sacado de la manga. El trabajo del comité fue profesional, profundo, serio y sustentado”, afirmó el abogado, a quien este episodio le recuerda el caso del relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, cuyo informe final sobre México fue descalificado por la administración priista de Enrique Peña Nieto; incluso recibió presiones para modificar la conclusión de que el delito se cometía de manera “generalizada” en el país. 

Los días 6 y 7 de abril, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó también su rechazo a la decisión del CED. Aseguró que el comité “extrapoló” a la actualidad hechos ocurridos entre 2009 y 2017 en cuatro estados del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. “No están muy exactos en su análisis”, dijo. Pero la información proporcionada al CED por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) incluye también hechos recientes como el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, una muestra del “profundo fracaso de las autoridades locales” para investigar lo que resultó ser un campo de entrenamiento y posible sitio de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “La participación de expolicías en el reclutamiento [forzado de jóvenes] por parte del CJNG en el rancho sugiere además el posible apoyo o aquiescencia de ciertas autoridades estatales”, plantea el informe. También subraya la imposibilidad de saber, al consultar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuántos casos corresponden a desaparición forzada, y alerta sobre el creciente número de fosas clandestinas en el país —5,696 hasta abril de 2023—, y una crisis forense que supera los 72,000 cuerpos sin identificar. 

En línea con la narrativa oficial, Sheinbaum insistió en que el comité utiliza una definición errónea de desaparición forzada. Según la presidenta, este delito implica la participación directa del Estado, principalmente por motivos políticos, para reprimir y controlar a la población, como sucedió en México durante la llamada “guerra sucia”, y en las dictaduras militares de países como Argentina y Uruguay. “Eso ya no ocurre”, afirmó, al tiempo que insistió en que las desapariciones actuales son atribuibles, sobre todo, a la delincuencia organizada, sin reconocer la complicidad probada en muchos casos de agentes estatales.

Aunque el CED establece que “no hay indicios fundados de la existencia, a nivel federal, de una política orientada a la comisión [de desapariciones forzadas], bien sea por acción deliberada, o por omisión”, el discurso del gobierno se ha centrado en afirmar que, para el comité, “todo es lo mismo”.

“No es lo mismo”, insistió Sheinbaum. “Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada”. Aprovechó la mención en la Mañanera del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien enfrenta cargos por desaparición forzada, para tomarlo como ejemplo. “El propio hecho de que a un funcionario público se le acuse y esté detenido por este delito, pues es un elemento suficiente para decir: ‘estamos atendiendo y hay cero impunidad’. ¿O no?”, planteó la presidenta.

En los Centros de Justicia Penal Federal, desde 2014, señala México en su respuesta oficial de septiembre, se ha imputado a 357 personas por desaparición forzada, de las que 26 recibieron sentencia; la mayoría, 17, fueron absueltas. 

Cooperación técnica, una “posibilidad única”

En sus conclusiones, el CED propone llevar a la Asamblea General la propuesta de brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada a México en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado, así como establecer “un mecanismo eficaz” para atender y proteger a las familias que buscan a sus seres queridos, y a las organizaciones y defensores que las apoyan.

Para Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, esta colaboración abriría una “posibilidad única” para cambiar de paradigma, específicamente sobre la forma en que se investigan las desapariciones forzadas en México. “No se necesita una reforma legal [como las aprobadas en 2025], simplemente se necesita una política pública y, a nivel de fiscalías, un cambio para que se tomen en cuenta el carácter sistemático [y generalizado] de las desapariciones, para que se construyan patrones que permitan mostrar el sistema que está detrás”.

El informe apunta que, hasta febrero de 2026, el CED ha registrado 819 peticiones de acciones urgentes —que obligan a la búsqueda inmediata de la persona desaparecida—, alrededor del 36.5% del total a nivel mundial. En algunos casos, precisan, se ha señalado el involucramiento directo de servidores públicos en la desaparición, o vínculos entre las autoridades locales y los grupos delictivos responsables. Las acciones urgentes, diseñadas como una medida excepcional, se han convertido en un instrumento recurrente en México, señala la organización IDHEAS, “lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”. 

Sheinbaum cuestionó la relevancia del CED señalando que este órgano “no forma parte directa de Naciones Unidas”, lo que fue desmentido por el presidente del comité, el ecuatoriano Juan Pablo Albán, al aclarar que es un “órgano de tratado” que desempeña sus funciones bajo el sistema de la ONU. Sus integrantes son personas expertas, elegidas por los Estados parte de la convención, que actúan de manera independiente. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, apuntó Albán. 

Para Sheinbaum, la decisión del CED tiene una intención clara: “Criticar al Gobierno de México”. La presidenta aseguró el pasado martes que cualquier posibilidad de cooperación y asistencia internacional se encuentra abierta a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, pero descartó el camino abierto por el comité para su planteamiento en la Asamblea General.

“Nadie niega todo lo que se ha hecho: [las reformas] a la ley, las modificaciones, las instituciones creadas”, asegura Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), pero el Gobierno federal no puede dejar de reconocer que el resultado que quieren las familias, “que son su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, no ha sucedido hasta el día de hoy”.

Crímenes que no prescriben

Para la FIDH, la decisión de llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU es histórica. Reyes explica que el valor del informe radica no solo en señalar el carácter sistemático o generalizado de las desapariciones forzadas —en distintas regiones del territorio nacional y, en muchos casos, con patrones que sugieren la ejecución de un plan—, sino su configuración como crímenes de lesa humanidad. 

En ese sentido, se trata de delitos que no prescriben y que abarcan tres supuestos: la participación directa de servidores públicos; la intervención indirecta del Estado, a través de la autorización, el apoyo o la aquiescencia de sus agentes a las personas o grupos de perpetradores; y la actuación autónoma de organizaciones no estatales —como la delincuencia organizada— que cometen desapariciones como parte de un ataque sistemático o generalizado a la población civil.

En su informe, el comité concluye que existen “indicios fundados de que se cometieron y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de varios ‘ataques’ en diferentes partes del territorio”, que responden a “políticas concebidas y llevadas a cabo por ‘organizaciones’ que actúan de manera autónoma o con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal”. 

“Llevamos más de diez años denunciando la existencia de estos crímenes”, afirmó Reyes, al referirse a los casos documentados en Coahuila, Nayarit y Veracruz entre 2009 y 2017, y entre 2023 y 2025 en Jalisco y Nayarit, que el comité también menciona. Se trata de casos de desaparición forzada que, por ser crímenes de lesa humanidad, son responsabilidad del Estado mexicano, independientemente de la administración federal en turno, precisó César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “Es el Estado en su conjunto el que tiene que responder, [esto] no cambia con cada periodo electoral, sino que la responsabilidad de búsqueda, prevención, investigación y sanción es permanente”. 

Negar la problemática

El comité señala que en Coahuila, entre 2009 y 2012, policías estatales secuestraron al menos a 73 víctimas que fueron entregadas al cártel de Los Zetas, y que entre 2011 y 2016 distintas fuerzas especiales, como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas (GROM), cometieron desapariciones forzadas.

Christian Eduardo Castro, representante jurídico del colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos, explica que casos como los de Laura Patricia Flores Herrera, Sergio Abel Mireles Espino y Julio Alberto Villagrana Flores, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón desaparecidos en 2010 y 2011 por su propia corporación, todavía impunes, prueban la existencia de desapariciones forzadas en el país. “Lo que más nos impacta es que, hasta este momento, el Estado aún protege a los directores [de Seguridad Pública] que estuvieron [activos] en esa época”. Laura tenía 24 años cuando desapareció, y Sergio y Julio 23.

En Nayarit, el comité recoge el caso de al menos 47 personas que fueron desaparecidas entre junio y septiembre de 2017 por la fiscalía estatal, y casos de reclutamiento forzado en un contexto de disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG que se remonta a 2024. 

“Como familias esperamos que el Estado reconozca lo que realmente está sucediendo. Al ver que el Gobierno federal niega la problemática que existe en el país, nosotros como familias nos quedamos en estado de indefensión”, dice Alejandrina Orozco, madre de Pablo Joaquín Gómez Orozco, víctima de reclutamiento forzado tras su desaparición en Tepic en 2023 a los 17 años. Después de reconocer sus tenis en una transmisión sobre el rancho Izaguirre, la madre buscadora recibió el pasado noviembre los restos incompletos de su hijo, cuyo cuerpo fue hallado en Lagos de Moreno, Jalisco, un mes después de su desaparición.

Con relación a Veracruz, el comité recupera 22 casos de desaparición forzada ocurridos entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte, quien actualmente cumple una condena por asociación delictuosa y blanqueo de capitales. El político fue también acusado de la desaparición forzada del policía David Lara Cruz y de haber ordenado deshacerse de 19 cuerpos hallados en la fosa clandestina de la barranca de La Aurora, pero en 2024 un juez dictó su absolución. 

Lucía Díaz Genao, fundadora del colectivo Solecito y madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido a los 29 años en el puerto de Veracruz en 2013, recuerda aquellos tiempos: “Era una época donde había contubernio entre autoridades y criminalidad, donde en una misma noche desaparecían hasta cien muchachos”. En 2015, al menos 35 personas desaparecieron durante la implementación del Operativo Blindaje Coatzacoalcos.

En el caso de Jalisco, el comité centra su atención en el hallazgo del rancho Izaguirre en 2025. “No les interesa encontrar a las personas desaparecidas, más bien mantener la narrativa de que no hay una crisis humanitaria en el país, que no hay una crisis de desapariciones ni de reclutamiento”, advierte Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza y padre de Héctor Daniel Flores Fernández, quien tenía 19 años cuando fue desaparecido en 2021 en Guadalajara por elementos de la fiscalía estatal. En este estado, el informe menciona solo dos sentencias condenatorias por desaparición forzada entre diciembre de 2018 y julio de 2025.

Para Abel Barrera, excomisionado del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, las desapariciones forzadas en México no pueden entenderse como un fenómeno del pasado, sino como una continuidad sostenida por la impunidad estructural que encubre a los perpetradores, incluidos los actuales. “Sigue incólume esta práctica y ante todo sigue con mucha fuerza la práctica de no investigar a los actores estatales, ya sean militares, policías federales, estatales o municipales”, dijo el también director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 

No existen a la fecha, agregó, servidores públicos condenados por los hechos ocurridos durante la llamada “guerra sucia”, a pesar de que “miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guerrero y en nuestro país”. Para el antropólogo, el rechazo oficial abre un panorama desolador para las víctimas, al no querer dimensionar un problema nacional. No se trata de hechos aislados, aseguró, sino de un marco de criminalidad donde impera la impunidad y actores estatales que actúan en contubernio con grupos de la delincuencia para desaparecer personas. “Personas que tienen nombre y tienen historia”.

A este gobierno, consideró Díaz Genao, de Solecito, no le queda más que asumir una actitud responsable y humanista. “Si no lo hace, está siendo absurdamente cómplice. No concibo que personas que se dicen solidarias, que luchan por el pueblo, le den una bofetada a los desaparecidos y a la catástrofe humanitaria que tiene que comenzar a subsanarse. Si no se aplican las medidas que se están proponiendo, esto va a seguir sucediendo”.

**Foto de portada: La práctica de no investigar a agentes estatales relacionados con desapariciones forzadas continúa siendo una realidad, afirman especialistas. Durante la jornada de luto por Teuchitlán, manifestantes arrojaron pintura a los escudos de policías. (ObturadorMX)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).