En medio de la crisis de desapariciones en el país, se vive también un momento complejo dentro del espacio cívico, donde las organizaciones de la sociedad civil han tenido también que luchar contra los embates del Estado

Santiago Aguirre

Si sólo existiera el relato oficial, la crisis de desapariciones ya habría sido invisibilizada. Ante gobiernos que oscilan entre el silencio y la simulación, las movilizaciones constantes de los colectivos, las investigaciones periodísticas independientes y la labor de las organizaciones civiles, nos recuerdan que la deuda con las víctimas y sus familias está lejos de ser saldada.  

Por eso importa el espacio cívico, ese entramado de normas, prácticas y actores que habilita la participación sustantiva de la sociedad civil en los asuntos públicos. Sin embargo, el espacio cívico está bajo permanente amenaza; entre otras cuestiones, por el endurecimiento de regulaciones que ocultan su intencionalidad política en lenguajes técnicos. 

La normatividad fiscal ha servido para este fin. Como se trata de un ámbito de regulación sofisticado y dado que tanto la evasión como la elusión fiscal son fenómenos reales que importa revertir, no es difícil que en esta materia se impulsen cambios legales que, presentados como “necesarios para aumentar la eficiencia recaudatoria”, en la práctica realmente sean medidas orientadas a restringir el espacio cívico. Una de las figuras que en México ha sido usada para eso es la obligación impuesta a las asociaciones civiles de obtener su “constancia de acreditación de actividades”. 

Aunque la existencia de esta figura se ha normalizado, estrictamente no es un requisito fiscal sino político: la obtención de la constancia de acreditación de actividades obliga a las asociaciones civiles a solicitar a autoridades distintas de las fiscales que les emitan un documento en el que éstas confirmen que realmente realizan las actividades que dicen llevar a cabo. Así, los propios entes gubernamentales deben confirmar, en una suerte de validación operativa ex ante, las actividades de las asociaciones civiles que pretendan ser donatarias autorizadas antes de que éstas acudan ante las instancias fiscales. En otras palabras: una asociación civil que aspire a ser donataria autorizada está obligada a contar con el aval por escrito de una autoridad gubernamental. 

El carácter político de esta figura sale a relucir si se considera la peculiar situación que enfrentan las asociaciones civiles que se ven obligadas a pedir su constancia a entes a los que cotidianamente auditan o monitorean. Es el caso de las organizaciones de defensa de derechos humanos, que deben acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar la expedición de este documento. Quienes trabajábamos en organizaciones civiles que no renunciaron a señalar el declive de esta institución, sabemos bien en qué desembocaron estas solicitudes los últimos años: la actual CNDH ignoró o rechazó las solicitudes de quienes criticaron públicamente su lamentable deriva actual. 

A la luz de estos antecedentes hay que revisar el reciente Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por el que se aprueban los “Lineamientos Generales para la acreditación de actividades en materia de derechos humanos (07/2026)”, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el pasado 26 de agosto de 2026.

Si bien es positivo que la CDHCM se dote de normas para procesar las solicitudes de constancia de acreditación, pues ello reduce la discrecionalidad, y aun reconociendo como un avance que se prevea que esta decisión sea recurrible, el instrumento despierta preocupación. 

Con su contenido, la CDHCM no sólo regula el procedimiento para la emisión de la constancia, sino que se erige en los hechos como una suerte de instancia calificadora que ejercerá el enorme y muy cuestionable poder de determinar si una asociación civil con domicilio fiscal en la capital defiende o no derechos humanos. Así, el instrumento precisa que sólo se emitirá constancia de acreditación cuando el cuerpo directivo de la Comisión -sin participación del Consejo ciudadano, que conforme al diseño normativo del órgano podría aportar una visión externa- estime que existe un “vínculo directo o coincidencia” entre el objeto social y actividades de la organización solicitante y las atribuciones y/o la “agenda institucional” del organismo (artículos 6, 12, 14 y 19). Además, el Acuerdo establece una fuerte carga administrativa para las organizaciones que le soliciten la emisión de esta constancia y, con dudosa legalidad, se adjudica la facultad de evaluar los protocolos y las políticas internas en materia de igualdad de las asociaciones civiles (artículo 9).

Este Acuerdo, que tendría que haber sido un estándar para la protección de las asociaciones civiles y no lo es, ejemplifica cómo regular con candidez y sin contexto, pensando sólo en el presente, conduce a producir cuerpos reglamentarios que pueden facilitar la reducción del espacio cívico. Basta con pensar en qué pasaría si en el siguiente relevo institucional, el partido en el poder impulsa en la CDHCM a un liderazgo similar al que hoy ocupa la CNDH; podemos imaginar lo que haría ese hipotético cuerpo directivo teniendo atribuciones para determinar si una asociación civil se alinea o no con su “agenda institucional”, o con el poder de pronunciarse sobre las políticas laborales internas de las organizaciones, o ejerciendo facultades para hacer visitas a las asociaciones y entrevistar a su personal y usuarios. 

Pero para advertir los negativos efectos prácticos de un Acuerdo como este no hace falta construir escenarios hipotéticos futuros. Es suficiente con reflexionar si, teniendo la CDHCM semejante herramienta legal en sus manos, alguna asociación civil que aspire a ser donataria autorizada se atreverá a hacer una evaluación crítica de la actual gestión -un monitoreo que parece indispensable a la luz de la pérdida de independencia que marcó a la anterior administración y considerando, también, cómo ha sido el primer año de la actual.  

El espacio cívico se empequeñece con las medidas que impulsan desde el poder opciones políticas que desdeñan el pluralismo. Pero el retroceso se acelera más cuando quienes detentan posiciones relevantes de contrapeso abdican de ejercerlas. Las autoridades fiscales no necesitan aliadas en su desproporcionada vigilancia sobre las asociaciones civiles, ya de por sí asfixiadas por la reducción de la filantropía y por los caprichosos virajes de la cooperación internacional. Más bien, lo que hace falta son instancias de control que defiendan en serio el espacio cívico.  

En el actual contexto, problemas persistentes de México como la crisis de desapariciones sólo seguirán visibilizándose si el espacio cívico no se reduce y si no renuncia a su necesario talante crítico. Ciertamente, algunas voces han decidido ya alinearse al nuevo status quo y modular su voz. Pero muchos otros actores siguen visibilizando la crisis no atendida, desde el periodismo independiente -como en este ejemplar espacio-, pero también desde el trabajo civil serio de acompañamiento y defensa, y sobre todo desde las movilizaciones dignas, desafiantes e ingobernables de los colectivos de familiares.  Estas voces deben ser amplificadas. Que se reduzca el oxígeno para que las organizaciones puedan existir y que gane terreno la condescendencia con los gobiernos de turno no fortalece la causa de las víctimas. 

***

Foto de portada: Brigette Reyes/ObturadorMX

*Santiago Aguirre es abogado y licenciado en Estudios Humanísticos. Maestro en Derechos Humanos y Democracia. Ha trabajado por más de 20 años en organizaciones civiles como CADHAC, en Monterrey, Nuevo León, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en la Montaña de Guerrero y  el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en Ciudad de México, del que fue director del 2019 al 2025. Actualmente colabora en la Universidad Iberoamericana.

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org