Por Fabrizio Lorusso*
“Mi nombre es Maricela Peralta, busco a mi hermano, Jorge Ismael Peralta, hace un año y seis meses [septiembre de 2018] que desapareció, vengo de Celaya. Ustedes que nos han acompañado saben bien lo que nos ha costado esta reunión. Tengo que reconocer que mucho del peso ha sido el apoyo de los medios, el apoyo de los activistas, nuestros coordinadores que no nos sueltan, y la presencia de la comisionada del sistema nacional de búsqueda, gracias Karla (Quintana Osuna). Porque tenemos que dejar de ser invisibles y el punto en Guanajuato es que desde el primer desaparecido debió de haberse empezado a crear la Ley. Entonces, estamos hablando de más de dos mil, tenemos datos con Fabrizio, tenemos más de dos mil personas que se encuentran en calidad de desaparecidas”.
Estas fueron algunas palabras que dirigió a los medios Maricela, hermana de Jorge Ismael, desaparecido en Celaya. La familia pudo llegar a localizar la señal de su celular hasta que, cerca de la comunidad de Santa Rosa de Lima, perdió su rastro y desde entonces lo busca. El día 16 de enero 2020 hubo una reunión histórica en Guanajuato, ya que por primera vez los colectivos de familiares de personas desaparecidas pudieron hacer oír su voz frente al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, en una reunión que venían pidiendo desde hacía un mes y medio.
Al final, en la rueda de prensa, tres mujeres de los colectivos “A tu encuentro” y “Justicia y Esperanza” tomaron la palabra para hablar de la situación terrible de violencia en el estado, misma que había sido negada e invisibilizada durante año por las autoridades y el discurso oficial. Detrás de ellas, los y las compañeras, unidas en el dolor y la búsqueda, levantaban un mosaico de decenas de mantas y lonas con las fotos y los datos de sus seres queridos. Al salir, ya anochecía y centenares de grullas de papel, que habían sido colocadas en la tarde por activistas, feministas y grupos de estudiantes y docentes de la Universidad de Guanajuato, aguardaban en las escaleras del centro de convenciones, sede de la reunión, representando a las personas sin paradero en la entidad.
Un estado supuestamente próspero, con trabajo, cuya economía e inversión foránea se presumían en todo México y en el exterior, se había vuelto, en pocos meses, el agujero negro del país por lo que concierne la violencia, el robo de combustible, la extorsión, la trata de personas, el homicidio doloso, el feminicidio y, entre otros crímenes de alto impacto y violaciones graves a derechos humanos, la desaparición de personas.
Según cifras de la propia fiscalía obtenidas por transparencia, había unas 2,104 personas desaparecidas en Guanajuato al 30 de septiembre de 2019 y unas 1,758 al 31 de diciembre. Estas cifras van variando, pues en parte dependen de estimaciones acerca del número de personas que permanecen desaparecidas en años anteriores a los registros que son compartidos por la FGE (antes de 2012), y en parte del número de localizados y nuevos desaparecidos que cada mes o trimestre se van sumando a los registros.
Aun así, estas cifras son oficiales y reflejan bien el tamaño de la crisis. Pese a ello todavía la autoridad las sigue llamando “personas no localizadas” y reconocía tan solo 11 casos de desaparición en la entidad, como lo sostuvo en noviembre y en diciembre del año pasado la Fiscal Especializada en el Delito de Desaparición ante la prensa y en una reunión con el Congreso del estado. Más allá de datos y estimaciones sobre las cifras que debía la Fiscalía a la sociedad y no daba correctamente, bastaron los actos públicos, políticos y simbólicos, de los grupos de familiares de personas desaparecidas para desmentirla con su propia acción en las plazas y con la estruendosa presencia de sus familiares desaparecidos en lonas de plástico, fichas multiplicadas en redes sociales, y fotos colgadas y pegadas a los cuerpos de quienes los están buscando.
Otra forma de negación aparece respecto de las fosas clandestinas en la entidad, pues las autoridades locales declaran simplemente que no hay, reportando cero fosas a la Federación, mientras que investigaciones hemerográficas de periodistas, académicos y de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sumadas a las cada vez más frecuentes denuncias ciudadanas y de familiares de personas desaparecidas, reportan unos 50 sitios.
Según una visión más “sociológica”, podemos definir fosa clandestina cualquier sitio, oculto o semioculto, en el cual se enterraron, arrojaron o colocaron uno o más cadáveres, osamenta o restos humanos, de manera ilegal, o sea, sin que ese sitio haya sido designado por las autoridades para tal fin. En este sentido, atendiendo la necesidad de verdad y justicia de los colectivos de familiares y de la sociedad en su conjunto, la fosa llega a coincidir con los sitios de disposición de cuerpos en parajes ocultos en general. Se juntan los aspectos de la ilegalidad y cierto nivel o intención de secrecía, dentro de sitios que van apareciendo masivamente en el panorama forense (y de terror) nacional. Entender la fosa clandestina en sentido amplio, como “cualquier sitio”, abre ciertas posibilidades reivindicativas sobre el uso del propio término, la visibilización del fenómeno y la naturaleza de tantos espacios así clasificables, unidas a la oportunidad de proceder a subsiguientes registros.
Por otro lado, también, puede comprenderse, más técnica y jurídicamente, como un sitio de disposición de cuerpos o restos humanos que, total o parcialmente, se encuentran en el nivel del subsuelo, con restos enterrados o descubiertos, en lugares naturales o excavados artificialmente que podemos considerar ocultos por su naturaleza. Esto es, según una definición más puntual basada en la arqueología. Sin embargo, en ambos casos, con definición amplia o social, o según una visión más técnica, la ambigüedad oficial al respecto ha sido endémica.
Para las fosas y su relación con las desapariciones, se puede presumir, especialmente en el contexto del circuito y dispositivo de la desaparición de personas en México, la existencia de un propósito de ocultar el paradero de una o más personas, dificultar o imposibilitar su localización o identificación, destruir evidencia, o bien, entre otras cosas, evitar que las autoridades puedan investigar o sancionar las razones o las modalidades de tales actos. Finalmente, la realidad es que en Guanajuato sí hay fosas clandestinas y según la CNDH señaló 18 (link p. 482/630) entre 2007 y septiembre de 2016, mientras que unas treinta más se encuentran en prensa hasta marzo de 2020.
El 8 de noviembre de 2019, nació el colectivo “A tu encuentro”, que hoy suma a más de 170 familias de Irapuato, Celaya, Salamanca y León, entre otras ciudades. Acompañado por “Justicia y Esperanza”, colectivo de mujeres de San Luis de la Paz que desde 2011 buscan a sus seres queridos, desaparecidos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, logró visibilizar la problemática como nunca antes se había podido hacer, en un estado caracterizado por silencios oficiales, represión de los movimientos sociales y complicidades de toda índole.
La violencia se disparó y el miedo, poco a poco, fue dejando paso a la indignación de muchos sectores de la sociedad: víctimas del delito y colectivos contra la minería, el movimiento de mujeres que luchan y feminista, estudiantes de bachillerato y universitarios, familiares de desaparecidos y movimientos socioambientales liberaron en 2019 una inédita energía social y contestataria. Por otro lado, el conflicto armado interno recrudecía, bandas armadas se llevaban, y siguen haciéndolo incluso en época de pandemia, a jóvenes, mujeres, padres y madres, hermas y hermanos desde sus propias casas, desde la vía pública, la tienda de la esquina, la parada del camión, desde centros de rehabilitación y varios otrora espacios seguros de la cotidianidad.
Integrantes de distintos grupos criminales armados, sobre todo locales, jaliciences y michoacanos, se presentan hoy como más parecidos a paramilitares que a traficantes de enervantes o revendedores de gasolina robada, y pelean por recursos, territorios y poder, secundados por policías municipales y estatales que terminan siendo, a la vez, víctimas y verdugos. Guanajuato es el estado en que son asesinados más policías, pues fueron setenta y tres en 2019, pero también es tierra de graves violaciones a derechos humanos, militarización de la seguridad pública, desigualdades económicas crecientes (2º estado más desigual a nivel nacional, después de Nuevo león), desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la perpetrada el 13 de diciembre de 2018 contra el migrante Leonardo Reyes Cayente, quien fue ejecutado por policías estatales en su natal San Miguel de Allende mientras estaba de visita por las vacaciones navideñas. Injusticia, criminalización de las familias e impunidad priman en este y otros miles de casos de víctimas en la entidad.
Maricela Peralta, nuevamente, expresa perfectamente todo esto: “Esto que ven, esto es el Guanajuato que no le gusta al gobierno. Este es el tejido social que se está resistiendo a terminar quebrantado porque estamos hablando de familias que están destrozadas, que se han quedado sin padres, que se han quedado sin proveedores, sin hijos, que se han quedado sin salud. Tenemos una compañera que está en terapia intensiva porque ella presenció la desaparición de su hija. Esto es sensibilidad, y ok, que haya tocado este tema, que le haya un poquito al gobernador de eso. Lamentablemente, Guanajuato está picando piedra y es lamentable, porque estamos hablando de un Guanajuato empoderado económicamente, pero en desapariciones, pues allí la llevamos también a de la primera, ¿no? Hasta que le toca a uno es cuando…ponte a saber de este mundo. No queremos, nosotros deberíamos de estar disfrutando con nuestra gente, ¿no?” (link nota y video). Tristemente la señora que estaba en terapia intensiva, integrante del colectivo “A tu encuentro”, falleció en el hospital en León, como relata el testimonio de su marido, Omar Ríos, quien busca a su hija, Gabriela Johana Ríos Bancarte, desde el 17 de mayo de 2019.
Después de una marcha con unos cincuenta participantes a la Fiscalía de León, el día 18 de febrero pasado, coordinador del colectivo “Sembrando Comunidad”, acompañante de “A tu encuentro”, José Gutiérrez, y su colaboradora, Janet, reciben una amenaza de muerte y tienen que exiliarse por más de un mes. A finales de febrero, el gobernador, de manera irresponsable e ilegal, viola el debido proceso y “revela” a la prensa partes de la investigación, según la cual supuestamente la amenaza contra el activista habría sido hecha por un familiar de persona desaparecida, logrando así con una frase exponer a Gutiérrez doblemente al peligro, dar un mensaje de impunidad, de que “no pasa nada”, a los delincuentes y criminalizar a todas las víctimas y colectivos. En lugar de la solidaridad que se esperaría de un servidor público y “hombre de Estado” contra las mafias, dentro y fuera de las instituciones, más bien se manifestó descuido y superficialidad. La carpeta de investigación del activista, al que tuvo acceso a finales de marzo, de hecho, no contiene ninguna referencia a familiares de desaparecidos que “habrían llamado” para amenazarlo, según las propias análisis y declaraciones de Gutiérrez (que, además, es criminólogo).
¿Qué es el tejido social del que habló Maricela? Es la red de relaciones sociales y el intricado entramado de estas mismas redes entre sí, ya sean físicas, asociativas, virtuales, mentales o de conocimiento, que permiten e integran la vida social. Y son estas redes que los colectivos fortalecen, que exigen ser reconocidas cada vez más por la sociedad y que, finalmente, “se resisten a ser quebrantadas”, pese a la persistencia de la indiferencia o a los intentos de cooptación o, inclusive, de amedrentamiento de las autoridades.
Para aportarles un granito de arena y contribuir a la búsqueda y difusión de casos de personas desaparecidas en Guanajuato, un grupo de personas defensoras de derechos humanos acaban de crear la cuenta de twitter “Desaparecidos Guanajuato” (@desapgto) para emitir o reproducir alertas de desapariciones desde la sociedad civil. En un comunicado, invitan a difundir y seguir la cuenta, retwiteando sus alertas con hashtags principales como #TeBuscamos #DesaparecidosGTO y #NiUnaMenos, o también #HastaEncontrarles #Difunde #LeHasVisto.
“Las alertas ciudadanas en los casos de desaparición de personas tienen una historia de más de 20 años, datan de las acciones urgentes que las organizaciones de derechos humanos emitían haciendo llamados a la acción a la sociedad y exigiendo que las autoridades su inmediata actuación. Hoy, a muchos años de distancia, las acciones urgentes se han convertido en alertas vía redes sociales, que desde la sociedad civil y los movimientos de familiares ayudan a visibilizar los casos de desaparición ante el retraso o la omisión institucional”, detalla el comunicado de prensa de las y los activistas.
Hay antecedentes locales importantes, recientes, que fueron precursores importantes, inclusive, para la misma creación de los colectivos de familiares y de las primeras iniciativas públicas, en las calles de Irapuato en agosto de 2019, por ejemplo, de las familias contra la violencia: el Facebook Desaparecidos Irapuato funciona desde principios de 2019, tiene más de 45 mil seguidores y difunde datos e imágenes de desaparecidas y desaparecidos en la región. Asimismo, las alertas en Twitter de la red “La Alameda” con cuentas en todos los estados de México, también han estado apoyando y operando en Guanajuato.
La cuenta de “Desaparecidos Guanajuato” tendrá funciones de alerta ciudadana, de difusión de información existente en cuentas oficiales (como Alerta Amber Guanajuato y Protocolo Alba), pero sobre todo de las búsquedas que señalen colectivos, ciudadanos y familias de la región (como en el caso de la maestra Guadalupe Barajas, desaparecida en Salvatierra el 29 de febrero). La idea es apoyar búsquedas en redes y hasta poder crear alertas o fichas de ser necesario, así como publicar materiales de utilidad social o noticias relevantes sobre la desaparición de personas y otras violaciones graves a derechos humanos.
“La cuenta @desapgto es parte de un proyecto más amplio de capacitación, denuncia y documentación sobre personas desaparecidas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos en la entidad”, que va tomando forma poco a poco justamente para aportar a la reconfiguración activa de ese tejido social que resiste, denuncia, busca y se opone a las lógicas mafiosas, de impunidad, silencio, negación, poder y miedo, que han gobernado vidas y narrativas en Guanajuato, y que son parte de los mecanismos, de los dispositivos de poder, que posibilitan y hacen crecer las desapariciones en el país.
Este texto fue publicado en colaboración con PopLab, SoyBarrio, Desinformémonos.
*Fabrizio Lorusso es investigador y profesor en la Universidad Iberoamericana en León. Colabora en medios impresos, digitales y radiofónicos nacionales y extranjeros como La Jornada, Desinformémonos, América Economía, entre otros. Es colaborador del proyecto adondevanlosdesaparecidos.org
