“Siempre es tarde cuando la dicha es mala”
Pedro y el Capitán, Mario Benedetti.
Por César Contreras León / Columnista invitado por el GIASF*
Foto de portada: Félix Márquez*
A los episodios de violencia se les suele dar un “carpetazo social”. La inmediatez de noticias que sepultan otras, la habituación a la violencia y la voracidad en el consumo de información hace imposible asir todos los reclamos por justicia. Pasamos la vida de hashtag en hashtag abogando por alguna causa social, de episodio trágico en episodio trágico. Mientras el terror se acumula, el olvido gana la batalla contra la memoria en el duelo por la historia.
Este olvido instantáneo ha ocurrido con las desapariciones forzadas cometidas en Guadalajara, Jalisco, el 4 y 5 de junio de 2020. Ahí, policías de la Fiscalía General del Estado vestidos de civil detuvieron, maltrataron, amenazaron, retuvieron e incomunicaron por varias horas a decenas de jóvenes que participaban en las protestas afuera de la Fiscalía por la ejecución extrajudicial de Giovanni López. Nunca fueron buscados por el Estado Mexicano y su liberación fue gracias a la movilización social. Con el paso de los días, los medios dejaron de escribir sobre el tema.
¿Por qué es importante recapitular este evento? Tejamos memoria. Empecemos recordando que estos hechos no son aislados. Jalisco se disputa con Tamaulipas el primer lugar en desaparición en el país con más de 10 mil personas desaparecidas registradas. Esto es, 1 de cada 7 desapariciones oficialmente reconocidas en México ocurren en ese estado. Además, la entidad atraviesa por una crisis forense de proporciones dantescas. Se ha documentado la cremación de alrededor de mil quinientos cuerpos no identificados de 2006 a 2015 por parte de la propias autoridades. Y es imposible borrar la imagen de los tráileres que se usaban como anfiteatros para almacenar cadáveres en condiciones indignas en los alrededores de Guadalajara hace dos años, debido a la saturación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
En Jalisco, las personas son desaparecidas y sus cuerpos destruidos, muchas veces por las autoridades que consideran que todo ello sigue “parámetros normales”, tal como lo aseguraba la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de aquella entidad, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, hace apenas un mes.
Las personas que se manifestaron en Guadalajara a principios de junio de 2020, y que estuvieron incomunicadas por policías con el rostro cubierto, y fueron llevados a lugares fuera de la fiscalía, afortunadamente fueron liberadas. Esto fue posible gracias a la respuesta de la sociedad tapatía y la exigencia inmediata a nivel nacional de su presentación con vida a través de redes sociales, la activación de redes de apoyo comunitarias y el tremendo esfuerzo de documentación por parte de la sociedad civil. En la noche ya la mayoría estaba en su casa.
Desafortunadamente la mayoría de las desapariciones cometidas por autoridades o particulares no cuentan con la misma solidaridad y visibilidad. Estos eventos, perpetrados por policías con rostro cubierto, en camionetas no oficiales, cometidos a la vista de todos, dejaron aprendizajes de suma importancia para generar metodologías de reacción y búsqueda inmediata de personas. Se confirmó que el tiempo de reacción es un factor clave.
En los sucesos de Guadalajara, los silencios dicen mucho. La búsqueda emprendida se hizo sin y a pesar del Estado.
Una ausencia que ha sido reclamada por las familias de personas desaparecidas por décadas. Es claro que las autoridades de Jalisco no podían buscar a quienes tenían en su custodia. Ante este evidente conflicto de interés, ¿quién debía buscar a las decenas de personas desaparecidas en Guadalajara? ¿Dónde estaba la Federación?
Todavía no dimensionamos la magnitud de la tragedia que se impidió. Y no fue gracias al gobierno federal. No es exagerado pensar que en otras circunstancias las personas manifestantes podrían continuar desaparecidas en manos de agentes del Estado, la historia lo demuestra. Evaluar críticamente este proceso es la única forma de evitar que en el futuro se cometan los mismos errores por parte de las autoridades que fueron omisas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa, que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no intervendría por motivos de revanchas políticas: “[Para evitar que] se esté especulando de que queremos perjudicar al gobierno de Jalisco. No vamos a caer en ese juego, por eso nos hacemos a un lado.” Pero, ¿cómo la SEGOB puede hacerse a un lado si preside el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), instancia que debe liderar la coordinación entre las autoridades encargadas de encontrar a las personas desaparecidas en el país?
El Estado no puede renunciar a su obligación de buscar a las personas desaparecidas. Una emergencia como la acontecida en Guadalajara, ameritaba la reacción inmediata de la SEGOB para que pública y decididamente condenara los hechos y adoptara medidas de carácter urgente, echando mano de todos los recursos a su alcance. Se pueden discutir matices y dilemas sobre las mejores estrategias jurídicas y políticas para abordar la situación, pero la inacción deliberada es el peor síntoma de ingobernabilidad en el país.
Lo mismo se puede sostener de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). A pesar de que el Consejo Nacional Ciudadano del SNB ha preguntado al respecto, hasta el momento se desconocen las acciones que desplegó la CNB en el evento de desapariciones forzadas colectivas más visible del que se tiene conocimiento en lo que va del sexenio. Si su pasividad proviene de la instrucción presidencial resulta todavía más preocupante.
En cualquier caso, la CNB necesitaba el indispensable respaldo de la SEGOB y del SNB en su conjunto para operar estratégica y eficazmente. El modelo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del cual ambos órganos hacen parte, fue pensado por las familias para producir una respuesta institucional enérgica. En su lugar, sólo hubo un vacío negligente.
La responsabilidad de las autoridades locales es gravísima, pero no pueden investigarse a sí mismas. La persecución penal no sabe apuntar hacia el espejo. Aunque supuestamente la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones a petición del propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ni una palabra ha dicho desde entonces. Poco o nada se podrá esperar de esta institución, cuyo titular -de acuerdo con los colectivos de familiares de personas desaparecidas- no recibe a las víctimas y se excusa en la autonomía para ser todavía más opaca e ineficiente de lo que ya era.
El gobierno federal tiene aún la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores que clasificaban a las víctimas como daños colaterales. Eso implica estar del lado de las mismas, no administrar su dolor. Las familias de personas desaparecidas ya lo han intentado todo para encontrar a sus seres queridos y sólo han recibido del Estado una criminal indiferencia.
México no sólo busca a las personas desaparecidas. Demanda una Secretaría de Gobernación que no se empequeñezca en los momentos críticos. Necesita una Comisión Nacional de Búsqueda robusta, a diferencia de la institución que a dos años y medio de su creación apenas tiene 43 personas para operar y más de 73 mil personas desaparecidas que deben ser devueltas a casa.
Requiere un jefe de Estado que no pretexte la “sana distancia” para negarse a escuchar a las víctimas, como lo hizo en Veracruz a mediados de junio. Un presidente que escuche, que tenga la humildad, sensibilidad y asuma la responsabilidad de atender la voz de los miles de familiares de personas desaparecidas que reclaman verdad, justicia y reparación.
En México no sólo buscamos a las personas desaparecidas. Buscamos al Estado Mexicano que desaparece cuando tiene que actuar.
*César Contreras León es abogado experto en acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. Columnista invitado por el GIASF.
*Félix Márquez es fotoperiodista independiente basado en Veracruz. Es Co-fundador del colectivo Trasluz Photo y colaborador del proyecto A dónde van los desaparecidos.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
