Por Carolina Robledo Silvestre / Catedrática Conacyt / CIESAS – GIASF*
Foto de portada: Félix Márquez.

No olvidaremos que en junio de este año, en plena pandemia, en el centro de Guadalajara, un grupo organizado de policías ministeriales detuvo arbitrariamente a cerca de cincuenta jóvenes que protestaban por el asesinato de Giovanni López, un muchacho detenido y asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos algunas semanas antes. 

Las personas detenidas durante la protesta fueron trasladadas con lujo de violencia al traspatio de la Fiscalía General del Estado. Ahí continuaron privadas de su libertad sin registro de detención ni cargos en su contra, durante horas, para después dejarles en colonias periféricas de la ciudad sin sus pertenencias y con amenazas directas a su vida. 

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo que se trataba de un grupo de policías que habían actuado por su cuenta, quizá siguiendo órdenes de algún grupo criminal y que por lo tanto estas acciones eran ajenas a su gobierno. El grado de cinismo de estas declaraciones sólo es posible gracias al nivel de impunidad con que opera el poder en este contexto. Sin embargo, no olvidaremos sus palabras. 

La protesta de los jóvenes detenidos ocurrió pocos días después de que se llevaron a cabo sendas manifestaciones en Estados Unidos y otros países del mundo por el asesinato brutal de George Floyd, un hombre afroamericano detenido y torturado hasta morir en las calles de Minneapolis, Minnesota. El video de su ejecución a manos de cuatro policías se hizo viral y motivó una protesta multitudinaria y ardida del movimiento internacional Black Lives Matter (#BLM), nacido en 2013 después de la absolución del policía George Zimmerman responsable del asesinato del adolescente afroamericano Trayvon Martin. 

La brutalidad policiaca se expresa en el uso excesivo de la fuerza usada como medio de control contra personas desarmadas y en condiciones claras de desigualdad de poder. Este fenómeno tiene un marcado sesgo racial, clasista y discriminatorio (recogido en la expresión popular “arresto por portación de cara”) que se ejerce especialmente contra poblaciones estructuralmente vulnerables o contra personas organizadas. La brutalidad policial es un correlato de la criminalización de la pobreza y de la protesta, ambas recrudecidas por una denegación sistemática de la justicia para las poblaciones oprimidas. 

No es posible seguir pensando que el asesinato de Giovanni López y de George Floyd, la detención arbitraria de las y los jóvenes en Jalisco, y la desaparición de miles más a manos de policías y ejércitos oficiales, son hechos aislados y que sus responsables son sólo manzanas podridas. La militarización de las policías y el uso letal de su fuerza son producto de un proyecto global que implica armamento, tecnología y formación. Que ha sido animado en el último par de décadas por la guerra contra el terror en un país como Estados Unidos y la guerra contra el crimen organizado en un país como México. 

Los hilos que relacionan los casos también permiten rastrear la circulación de pedagogías militares que viajan de Israel hacia Estados Unidos y de allí hasta América Latina, a través de un modelo sistemático de militarización de las policías, que actúan como ejércitos, listas para matar. Estas redes de formación de soldados ya habían sido probadas hace décadas en nuestros territorios durante la Operación Cóndor. Hoy se renuevan, sin haber sido siquiera removidas, con la lógica del terror del estado neoliberal. 

Los jóvenes detenidos entre el 4 y el 5 de junio por la Policía Ministerial de Jalisco son sobrevivientes a una desaparición forzada. Se salvaron de haber quedado en el estado liminal en el que se encuentran más de 60 mil personas desaparecidas en el país. Por fuera de todo marco legal, fueron detenidos mediante una operación organizada en la que participaron agentes del Estado de Jalisco, quienes negaron su paradero e intentaron encubrir el hecho. 

Gabi, una de las sobrevivientes, contó en una entrevista que ese 5 de junio estaba con un grupo de amigas protestando frente a la Fiscalía cuando las emboscó una camioneta roja sin placas de la cual descendieron hombres vestidos de civil y las estrujaron hasta subirlas con ellos. “Ya las cargó la chingada”, les dijeron. En la pick-up había otros hombres encapuchados que les quitaron sus celulares. Antes de llevarlas a la Fiscalía les dieron algunas vueltas por la ciudad. 

Cuando llegaron al patio de la referida institución, Gabi logró ver a unas 50 personas privadas de su libertad. Recuerda cómo se burlaban de ellos, les insultaban y les estrujaban. Por “revoltosa”, Gabi fue llevada a una jaula en la que había otras 15 personas entre hombres y mujeres. Les obligaron a estar con la cabeza agachada, con las manos en la espalda y contra la pared sin posibilidades de moverse. Después, las subieron nuevamente a camionetas en las que las llevaron hasta zonas alejadas de la ciudad y allí las dejaron sin sus pertenencias. 

El testimonio de Gabi es uno de los datos más potentes y fieles que tenemos para observar de cerca aquello que nos ha sido ocultado con alevosía durante años: el sistema de desaparición de personas en México. En una columna anterior relaté cómo en el norte de Sinaloa muchos de los jóvenes que se encuentran desaparecidos habían sido previamente acosados y detenidos arbitrariamente por la policía local o por comandos de operativos conjuntos. Sostuve que la continuidad con la que se ejerce la brutalidad policial en estos territorios debe marcar el análisis para comprender las desapariciones que allí ocurren. 

No es sólo Jalisco o Sinaloa. No son sólo casos recientes. La desaparición de personas cometida por agentes del Estado mexicano es una práctica sistemática. En Piedras Negras, Coahuila, por ejemplo, las familias de personas desaparecidas han señalado durante años a los grupos especiales creados para combatir el crimen organizado, como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), hoy Fuerza Coahuila, es responsable de perpetrar un número masivo de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la última década. Tan sólo hace un par de semanas, también durante la pandemia, dos adultos y un bebé fueron secuestrados por esta corporación y puestos a disposición del Ministerio horas después de mantenerlos privados de su libertad y extorsionar a su familia.

La tortura y la detención ilegal no sólo han permanecido en las corporaciones de seguridad mexicanas durante décadas sin inmutarse, sino que se han visto fortalecidas por la creciente militarización y el sentido global punitivo que se ejerce contra las poblaciones vulnerables y beligerantes. 

Pese a todo esto hay buenas noticias. Algo hemos aprendido. Ese algo, sirvió para que Gabi y sus amigas no engrosaran la lista de las personas desaparecidas en México. Frente al silencio de la desaparición, las voces de cientos de personas gritaron y exigieron la presentación con vida de todas las personas detenidas. Ya no somos las de antes. Luchas como las de Argentina o Chile en su momento, o como las de Ferguson y Minneapolis habrán de transformar para siempre el destino de nuestras sociedades.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org) 

*Félix Márquez es fotoperiodista independiente basado en Veracruz. Colaborador para la agencia global de noticias The Associated Press, ha trabajado para los diarios De Volkskrant, El País, Los Ángeles Times, Globe and Mail, así como, en proyectos para Pie de Página y Quinto Elemento Lab. Es Co-fundador del colectivo Trasluz Photo.