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“No era la primera vez que me lo desaparecían”

La decisión de no denunciar también hace parte del mecanismo de terror inscrito en el crimen de la desaparición, porque deja expuestos a los jóvenes a sufrir violencias diversas incluyendo la desaparición forzada.

Por Carolina Robledo Silvestre / (CIESAS – GIASF)*

Uno de los mayores retos que tenemos frente a la desaparición forzada de personas en México es la heterogeneidad con la que se comete este crimen. Aunque podamos tomar como referencia parcial algunas experiencias de países cercanos o lejanos, la desaparición en este país combina todas las complejidades que presenta este fenómeno a nivel global y al mismo tiempo especificidades bastante desafiantes.

Las integrantes del GIASF nos hemos interesado por localizar la realidad de la desaparición en los territorios a través de una metodología etnográfica que pone en el centro la experiencia de los sujetos y el contexto. Como resultado de este trabajo hemos podido reconstruir cierta densidad sobre el perfil de las víctimas, los victimarios y las formas en que ocurre la desaparición, dando luz a aspectos del orden local que la estadística generalmente deja por fuera.

Así, por ejemplo cuando los datos cuantitativos se limitan a considerar la “desaparición forzada” partiendo de su tipificación jurídica (y por lo tanto de la acreditación estatal), el trabajo etnográfico nos permite reconstruir otras experiencias que exceden en mucho las categorías jurídicas, aunque no las pasa por alto.

En el trabajo concreto que hemos llevado a cabo en el norte de Sinaloa hemos podido identificar algunos rasgos comunes en las desapariciones ocurridas en la última década. Uno de los que más ha llamado nuestra atención es el antecedente compartido de que varios de los jóvenes hoy ausentes habían sido previamente detenidos por las autoridades policiacas, en la mayoría de los casos, de manera arbitraria y con experiencias de tortura.

Andrea, madre de un joven desaparecido en Los Mochis desde 2016 nos cuenta: “lo mandé por las tortillas y como iba drogado una patrulla lo paró y se lo llevó a barandilla. Allá fuimos por él, estaba desesperado por salir nos dijo «llévenme de aquí, no saben todas las cosas que pasan aquí adentro»”. Andrea dice que golpearon a su hijo para sacarle información de quien vendía la droga, pero, asegura que “en estos barrios la droga se vende como si fuera pan, y los policías bien que saben quién la vende, no tienen que torturar para saberlo”. Hoy Andrea es una buscadora experta en el rastreo y exhumación de fosas clandestinas.  

El de Jorge no es un caso aislado en este contexto. En fechas muy cercanas a su detención, la policía municipal de Ahome “levantó” por primera vez a Juan Pablo: “Tenía sus pompis todas moradas cuando fui a verlo”, dijo su madre Rosalía, quien aseguró que “un fulano vestido de civil se metió con una pistola a amenazarlo para que no se atreviera a denunciar y firmara una declaración”. Nueve meses después de esa detención Juan Pablo desapareció sin que se conozca aún su paradero.

Como en Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez, el crimen es antecedido por el rumor y algún tipo de advertencia, la cual generalmente se ignora o se minimiza. La detención arbitraria y la tortura podrían ser vistas como un rumor que antecede a la desaparición, pero se trata de un rumor que pronostica no sólo un destino fatal, sino que se asegura de que no haya manera de oponerse desplegando tácticas eficaces de amenaza y silenciamiento.  

El texto de Alejandra Guillén “El regreso del Infierno: los desaparecidos que están vivos” nos ofrece uno de los primeros testimonios públicos de un sobreviviente de “desaparición”, después de haber logrado escapar de los campos de entrenamiento militar del Cartel Jalisco Nueva Generación. Su voz es sumamente relevante como pieza del rompecabezas de la verdad sobre la desaparición de personas en México.

Así también los testimonios de las madres de los jóvenes que sobrevivieron a detenciones arbitrarias antes de su desaparición. Éstas contribuyen a develar mecanismos de violencia que se ejercen sobre los cuerpos desaparecidos antes de desaparecer y que al final resultan siendo parte del mismo crimen, si reconocemos que éste sucede como parte de una cadena de violencias.

La decisión de no denunciar también hace parte del mecanismo de terror inscrito en el crimen de la desaparición, porque deja expuestos a los jóvenes a sufrir violencias diversas incluyendo la desaparición forzada. Después de recibir a su hijo lleno de moretones, pero “gracias a dios, vivo”, Andrea decidió no denunciar y Jorge se quedó en casa sin salir durante meses, con miedo a ser “levantado” nuevamente.

La detención masiva de jóvenes, especialmente racializados, no es un fenómeno privativo de México. El giro hacia un gobierno penal punitivo en la mayor parte del mundo, ha significado el encerramiento de bastos sectores de la población como resultado de un proyecto de mercantilización del sistema carcelario y de securitización de la vida pública.

En Estados Unidos las comunidades afro y latinas son encarceladas en masa o deportadas como criminales, mientras que en México, la guerra contra las drogas justifica el sacrificio de cientos de jóvenes de clases trabajadoras que son asesinados y desaparecidos y el encarcelamiento de los sectores más pobres de la sociedad.     

Bajo la noción de seguridad que propone resguardar valores como la vida, la libertad y la propiedad, terminan por protegerse los intereses de los más privilegiados, mientras que los sectores empobrecidos experimentan el empeoramiento de sus condiciones de vida, el abuso de los controles policiales, las detenciones arbitrarias, los etiquetamientos y la segregaciones socio-territoriales.

Por eso la desconfianza profunda en la autoridad. Por eso las madres, que siempre han estado por fuera de la protección del Estado, no recurren a él cuando se trata de imaginar la justicia para sus hijos.  En esos lugares en los que el ejercicio del poder del Estado se asimila en sus aspectos de represión y sanción y no en los de protección o mediación, la autoridad es concebida como poco fiable y potencialmente peligrosa.

Reconocer los sistemas de violencia que preceden y continúan a la desaparición forzada de personas debería servir para dejar de pensar que estos actos se cometen por mentes psicópatas que actúan de manera irracional y aislada. Comprender el sistema criminal y represivo que permite y produce estos crímenes a través de prácticas encadenadas, que incluyen –en territorios particulares- la detención arbitraria, la amenaza y la desaparición. Así mismo, este conocimiento es clave para pensar en medidas pertinentes de no repetición, pero también para activar la búsqueda de personas desaparecidas respondiendo a los contextos particulares en los que suceden.


Foto de portada: Erika Lozano

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

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