Por Sandra Odeth Gerardo Pérez / GIASF*

El octavo aniversario de la masacre de Cadereyta sorprendió a las familias de nueve de las víctimas hondureñas, con un nuevo eslabón de una larga cadena de violencias que han vivido por parte del Estado Mexicano. 

El 2 de junio de este año, un par de semanas después del aniversario, la Fiscalía de Nuevo León reconoció que parte de los documentos y “otros objetos” que desde mayo de 2012 formaban parte de la investigación del caso, fueron destruidos. Dicha Fiscalía señaló que la empresa Red Pack “destruyó” el paquete enviado en enero de 2018 a la Fiscalía General de la República (FGR) con dirección en Ciudad de México. Fue hasta un año y dos meses después del envío, el 22 de marzo de 2019, que la Fiscalía de Nuevo León notificó de este hecho a la FGR. 

Desde que dejaron de saber de sus seres queridos en mayo de 2012, los familiares de estas personas migrantes han enfrentado diversas violencias burocráticas que caracterizan tanto a la búsqueda de personas desaparecidas en México como a la eventual exhumación e identificación de personas asesinadas en este territorio. Al encontrarse a tres fronteras de distancia, las familias de estos nueve hombres, igual que las de un número incalculable de personas migrantes desaparecidas y/o asesinadas en México, han padecido no sólo al aparato administrativo de su país sino también al mexicano. 

Fueron ellas mismas quienes empezaron a juntar los documentos para encontrar a sus familiares apenas unos días después de conocer del hallazgo de los cuerpos en Cadereyta, Nuevo León, el 13 de mayo de 2012. Esta labor primaria debió haber servido para agilizar comunicaciones entre las autoridades hondureñas y sus contrapartes mexicanas. Pero no sucedió. La falta de canales de denuncia para activar búsquedas inmediatas de migrantes desaparecidos (as) en México y la falta de comunicación y coordinación entre autoridades de ambos países y de las Procuradurías estatales y federales, impidieron que se buscara inmediatamente a un grupo de personas hondureñas desaparecidas. 

Posteriormente, y aún con la oposición de organismos de la sociedad civil en México y Centroamérica, estas mismas decisiones burocráticas confinaron a las 49 personas a una fosa común. El trámite para su posterior exhumación, (re) identificación y eventual repatriación de los identificados a su natal Honduras, tardaría veintisiete meses. 

Las antropólogas argentinas Sofía Tiscornia y María José Sarrabayruse recuperaron el concepto banalidad del mal de Hanna Arendt para comprender el papel de la maquinaria burocrática administrativa en los regímenes totalitarios. Es esta banalidad del mal la que ayuda a entender que los crímenes, en este caso la desaparición o ejecución de personas migrantes, son también cometidos por “simples burócratas incapaces o indolentes de cuestionar sus acciones.”(1)

En México, un reclamo constante de las familias de las víctimas se relaciona con esa banalidad del mal. Este despliegue de violencias burocráticas se ilustra en la negativa a levantar denuncias que activen la búsqueda inmediata, tan evidente en los casos de feminicidio o de migrantes desaparecidos. Igualmente, se vincula con la negligente cadena de custodia de evidencias cruciales para las investigaciones, como en el caso de la masacre de Cadereyta. También se manifiesta en los trámites que deben realizar en organismos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Éstos suponen un sinfín de peripecias para que las familias acrediten su carácter de víctimas. Con frecuencia incluyen el retraso de las medidas de asistencia mínimas que por ley les corresponden. De igual modo, esa banalidad del mal se hace presente en la desaparición de cuerpos ya identificados, tal como sucedió en las fosas de Tetelcingo, o en la incineración e inhumación de cuerpos ejecutada en Jalisco y en Nuevo León, con los 49 de Cadereyta.  

La propuesta del Protocolo Homologado de Búsqueda presentado a las familias de las víctimas y organismos de sociedad civil por la Comisión Nacional de Búsqueda para su revisión tiene la intención de generar mecanismos eficientes para la búsqueda. Sin embargo, de fondo está la pregunta de cómo desarticular esas violencias burocráticas y no engrosar la banalidad del mal.  

Los familiares de personas migrantes desaparecidas o asesinadas han señalado que el protocolo referido no contempla la ineficiencia de los aparatos ya existentes para activar la búsqueda inmediata de personas migrantes desaparecidas. Tampoco ahonda en cómo hacer efectiva la comunicación entre países a través de cancillerías y secretarías de relaciones exteriores. Además, no concede el urgente reconocimiento de las familias de migrantes desaparecidos o asesinados, como víctimas ante la CEAV, ni prevé el otorgamiento de visas humanitarias que les permitan iniciar acciones ante las instituciones en México. 

La maquinaria burocrática del terror crece al no contemplar de manera integral la distancia, las fronteras y las restricciones migratorias. Desdeñar estas condiciones empuja a las personas migrantes violentadas y a sus familias a quedar fuera de los marcos legales creados para la atención a víctimas. Les relega a un lugar en donde pareciera que el ser migrantes les convierte en “víctimas de segunda” o en personas con menos derechos que los ciudadanos mexicanos. 

Retrasar, negar, esconder, desconocer, falsear, devolver, cambiar versiones, desaparecer, son todas violencias burocráticas. Violencias que se traducen en tiempos de espera, que son agravio en sí mismos para las familias de las víctimas. 

Para el actual Fiscal General de Justicia, lo de Cadereyta “es un asunto ya pasado”, como dijo en un foro virtual el pasado 12 de junio. En cambio, para doña Norma, madre de una de las víctimas de la masacre “Justicia tardía no es justicia”.  El tiempo transcurrido entre la desaparición de su familiar, su encuentro, su exhumación, su regreso a casa y la búsqueda de justicia transcurre diferente para las familias de las víctimas y para las autoridades y burócratas. 

Para la banalidad del mal es un “tiempo pasado” que puede fácilmente destruir o volverse un archivo más. Para las familias es tiempo preciado, tiempo que no vuelve. 

Imagen de portada: Reunión con familiares de las víctimas. Honduras, 2 de febrero de 2019. Foto: Sandra Odeth Gerardo.

(1) Tiscornia, Sofía y María José Sarrabayrouse (2004), “Sobre la banalidad del mal, la violencia vernácula y las reconstrucciones de la historia”, Sofía Tiscornia (comp.), Burocracias y violencias, estudios de antropología Jurídica, Buenos Aires, Argentina, Universidad de Buenos Aires, pp. 63-74.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)