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Paseo de la memoria: el recuerdo que se trabaja

Por May-ek Querales Mendoza / GIASF*

“Que el paseo de la Reforma sea el paseo de la memoria”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el pasado 22 de agosto mientras se realizaban los últimos esfuerzos para instalar el antimonumento +72 en conmemoración por los diez años de la masacre de 58 hombres y 14 mujeres migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

La frase resonó y me hizo revisar mi lectura del espacio. Disfruto mucho recorrer el centro de la Ciudad de México y no había puesto atención al sentido de memoria con el que poco a poco los colectivos de víctimas y sus acompañantes se han ido apropiando del camino que se puede realizar desde el Zócalo hasta el Bosque de Chapultepec.

Esta es una ruta de importancia histórica. No solo porque su trazo inició en el siglo XIX cuando Maximiliano de Habsburgo buscó conectar el Castillo de Chapultepec con la ciudad, sino porque durante el siglo XX se fue consolidando como escenario de la protesta social al convertirse en una vía de conexión entre los aposentos del poder político institucional en el país: Los Pinos[1] y Palacio Nacional. En pleno siglo XXI, son pocas las marchas que no utilizan Avenida Reforma y Avenida Juárez como rutas de acceso hacia el Palacio Nacional.

Para la o el peatón que comparta mi despiste, (aunque no es reflejo de la cronología de instalación) el marcaje urbano de memoria popular inicia a un costado del Zócalo donde el 2 de octubre de 2018, al cumplirse 50 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, fue colocado un antimonumento dedicado al Movimiento estudiantil de 1968. Justo en la esquina con la calle Madero.

Desde ahí, caminando hacia Chapultepec sobre Madero, al incorporarnos a la Avenida Juárez, nos encontramos la Antimonumenta; instalada por mujeres el 8 de marzo de 2019 frente al Palacio de Bellas Artes, al grito “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, como homenaje y exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio.

El camino continúa y justo en la intersección de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, se localiza el antimonumento +43 instalado el 26 de abril de 2015, cuando se cumplieron 7 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El siguiente punto en el marcaje urbano es precisamente el antimonumento +72, colocado frente a la Embajada de Estados Unidos para señalar la responsabilidad que tiene su gobierno en la desaparición de migrantes en tránsito hacia dicho país. +72 fue instalado para conmemorar a las víctimas de la masacre de 2010 en San Fernando y, al mismo tiempo, denunciar que el muro fronterizo produce gran parte de las violencias a las que están expuestas las miles de personas migrantes que transitan por México.

Más adelante, a una cuadra del Bosque de Chapultepec, frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nos encontramos con el antimonumento 49ABC, colocado el 5 de junio de 2017 en memoria de 49 infantes que en 2009 perdieron la vida en Hermosillo, Sonora, por negligencia de las autoridades responsables de su cuidado. 

Hasta aquí, los antimonumentos enlistados comparten ciertos trazos que los hermanan en estética. Sin embargo, todos ellos son precedidos por el marcaje de memoria con el cual el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reapropió de la Estela de luz[2], justo en la puerta del Bosque de Chapultepec, para rendir homenaje a quienes nombraban como “los otros desaparecidos”. El 27 de marzo de 2015 colocaron placas con los nombres de víctimas alrededor del mencionado monumento oficial bajo el lema “Queremos justicia, sembramos memoria”.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este paseo de la memoria me parece luminoso y potente. Más allá de lo estético, las familias de víctimas y los colectivos que les acompañan, además de todos los procesos judiciales que lideran y las búsquedas en campo que realizan, están trabajando también sobre la vía pública de la capital del país para contrarrestar los intentos gubernamentales por borrar a las víctimas. Aunque pudiesen sugerirse distancias conceptuales con la Antimonumenta y el Antimonumento 49ABC, estas se disipan en la medida en la que el Paseo de la memoria está dedicado a víctimas del Estado.

Las intervenciones en el espacio público colocadas entre el Bosque de Chapultepec y el Zócalo, recalcan de manera literal que el recuerdo se trabaja: han sido cientos de manos las que han dado sostén a cada antimonumento y han preparado el terreno para su instalación. Cada intervención ha requerido organización colectiva, planificación y trabajo en común. La memoria no es necesariamente espontánea. Exige un esfuerzo consciente. Las intervenciones descritas que se han realizado sobre las calles promueven este esfuerzo en la población al convocar la mirada pública.

Aunque en América Latina se tienen registros de desapariciones forzadas desde la década de 1960, no fue sino hasta entrado el siglo XXI que se produjo un reconocimiento internacional del hecho victimizante. Apenas en 2006 se adoptó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Luego, en 2010 se decidió declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Al apropiarse de las calles, las familias de víctimas del Estado desbordan los marcos oficiales y jurídicos de conmemoración para invitarnos a hacer memoria de manera consciente y colectiva. Hagamos memoria y trabajemos con ellas, estamos frente al reto enorme de hacer presentes a más de 73 mil personas desaparecidas en México.


[1] La cual fuera la residencia oficial del Ejecutivo Federal en México hasta la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
[2] Monumento construido en conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, se convirtió en símbolo de la corrupción debido a las malversaciones y sobrecostos que involucró su construcción.

Foto de portada: Antimonumento +72, a 10 años de la masacre de San Fernando. Crédito: Erika Lozano.


*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

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