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La defensa del territorio yaqui y la crisis de violencia en México

Por Cecilia López / Observatorio Etnográfico de las Violencias – CIESAS – GIASF*
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“Si por el río sufrimos agravios y ataques,
para nosotros sigue siendo una bendición”
– Tomás Rojo Valenzuela (2015)

El pasado 27 de mayo fue reportada la desaparición de Tomás Rojo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), mientras caminaba como todos los días por Vícam, Sonora. Tomás Rojo dedicó su fuerza a la lucha y defensa de la vida de los ocho pueblos que conforman el territorio yaqui, fue vocero del pueblo a pesar de las constantes amenazas recibidas, como en 2013, que fue acusado de secuestro, lo que le hizo salir de Sonora hasta el fin de la gestión del gobernador Guillermo Padrés (2015).

¿Qué va de por medio cuando se lucha por la tierra, el agua y, en consecuencia, por la vida de un pueblo? ¿Qué significa para una persona y para el pueblo yaqui, defender el territorio?

Las luchas recientes de pueblos indígenas y comunidades campesinas en México y Latinoamérica, han tenido como eje la defensa del territorio, los recursos naturales que permiten preservar la vida, el trabajo, la alimentación y la reivindicación de los derechos humanos y colectivos. La historia del pueblo yaqui es eso, a su presente y pasado lo unifica la lucha, la defensa de su territorio y la rebeldía. Una historia de lucha por la tierra, por la autonomía de su pueblo y, desde hace algunas décadas, por el derecho al agua que llega a sus comunidades desde el río Yaqui.

El territorio yaqui, reconocido por decreto presidencial, se encuentra ubicado al noroeste de México. Tiene una extensión de 485 mil hectáreas, y dentro de este, la mitad de almacenamiento de aguas provenientes de la presa Álvaro Obregón, que se alimenta del río Yaqui.

En 2012, la construcción del acueducto Independencia que tendría por objetivo llevar agua a la ciudad de Hermosillo (75 millones de metros cúbicos al año) desde la presa El Novillo, también en esa región alimentada por el río Yaqui, significó el inicio de lo que se conoce como  “guerra por el agua”, pues esta obra restó significativamente a las comunidades del pueblo yaqui el recurso vital, limitando su acceso al agua y afectando su producción agrícola, a pesar de existir decretos presidenciales ordenados por el presidente Lázaro Cárdenas, que concedían la mitad del agua del cauce del río Yaqui para el desarrollo de su pueblo.

En un sistema económico que entiende los recursos naturales como una mercancía con un costo monetario y no como un derecho humano, la violencia es la herramienta con la que caciques estatales y locales, y acaparadores del agua aliados con el crimen organizado, han encontrado para ejercer control sobre los recursos.

El asedio al territorio por parte de empresas privadas es constante, en 2016 se iniciaban las obras de la construcción de un gasoducto que recorrería gran parte de su territorio, un proyecto llamado gasoducto Aguaprieta, obra que se extendería desde Arizona, en los Estados Unidos, hasta Sonora, atravesando 90 kilómetros del territorio yaqui.

Las acciones de defensa no se hicieron esperar, integrantes del pueblo yaqui realizaron protestas y bloqueos carreteros en contra del gasoducto, pues su construcción, que a decir de los líderes comunitarios, sería una violación a la soberanía de su tierra y al derecho a ser consultados libre, justa y oportunamente ante cualquier acción dentro de su territorio. Sin embargo, esta obra dividió a las personas de los ocho pueblos, pues atraídos por los beneficios que podría otorgar, siete de ellos, estuvieron a favor de su construcción, lo cual creó no solo confrontación sino acciones de violencia e intimidación.

Cuatro de los portavoces de la defensa yaqui, han sido encarcelados y sujetos de agresiones y persecución judicial[1]. Larga es la lista de hostigamiento, agravios  y violencia que ha sufrido el pueblo yaqui. Sus autoridades tradicionales denuncian que uno de los ataques más recientes fue el cometido en contra de Luis Urbano Domínguez, capitán y defensor del agua, quien fue asesinado el pasado 8 de junio de 2021,en Ciudad Obregón, Sonora.

Después de largos e intensos días de búsqueda de Tomás por parte de sus familiares, autoridades estatales y tradicionales, anunciaron que el pasado jueves 17 de junio fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que correspondía con las señas de Tomás, en una fosa clandestina en Vícam. No fue sino hasta el 21 de junio de 2021 que se confirmó su identidad a través de una pre identificación y posteriormente con una confronta o comparativa genética por ADN, informó el perito Salvador Samaniego Rubiano, director de Criminalística del Laboratorio de CIF, (FGJE) de Sonora, asegurando que los restos hallados, en efecto, correspondían a Tomás Rojo Valenzuela.

En México y Latinoamérica, la determinación por defender el territorio sin duda significa la posibilidad de perder la vida, en un país en el que persiste una crisis de violencia que no ha podido ser frenada por las autoridades estatales ni federales, México, donde en el pasado mes de mayo, se han registrado dos mil 963 homicidios dolosos, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP). Cifra que representa un aumento del 3.5 por ciento respecto del mes de abril.[2]

Si hay algo cierto, es que el pueblo yaqui seguirá defendiendo el futuro de su comunidad, el derecho de autodeterminarse, su derecho al agua del río Yaqui, y la resistencia y lucha continuará como consigna histórica con instrumentos de defensa legales.

“El agua y la tierra, ninguno de estos elementos está separado el uno del otro, una cosa no camina sin la otra”, dijo Mario Luna, vocero del pueblo yaqui (2016).


[1] A partir de las movilizaciones en contra del acueducto Independencia, obra que despojaba de agua al pueblo yaqui, fueron encarcelados Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez en 2014. Quienes tras un año de encarcelamiento fueron liberados. Recuperado de: https://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=41679 (2015)

[2] El “Informe  de Fosas Clandestinas y Personas Desaparecidas o no Localizadas en Sonora” (septiembre 2020), informa que de 2006 a junio de 2020, se encontraron 90 fosas clandestinas en las que se hallaron los restos óseos de 143 personas (Informe Búsqueda, Identificación y Registro de Personas Desaparecidas CNB-SEGOB). Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Población y Migración, del 15 de marzo de 1964 al 7 de abril del 2021, registran 86 mil 663 personas desaparecidas y no localizadas, siendo Sonora uno de los diez estados con mayor número de registro de personas desaparecidas y no localizadas, con la cifra de mil 253 personas.


*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

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