La visita del Alto Comisionado deja una sensación de desencanto por su excesiva burocracia diplomática frente a una crisis que solo se puede matizar o por la mala información que le proporciona su representante en México o por una convivencia con la criminalidad Estatal que muestra el preludio del agotamiento de un sistema de universal de derechos humanos. 

Jorge Verástegui González*

México atraviesa una noche larga y dolorosa que ha dejado de ser una crisis coyuntural para convertirse en un estado de excepción permanente. La desaparición de personas en nuestro país no es solo un fallo administrativo: es la evidencia de una ausencia estructural de voluntad política, donde la colusión, por acción o por omisión, entre el Estado y el crimen organizado ha fracturado el pacto social. En este escenario, la mirada internacional no es un lujo, sino un último recurso de justicia. Sin embargo, hoy esa mirada parece nublada por la burocracia.

Es inevitable contrastar el presente con la gestión de antiguos representantes en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como Jan Jarab o Jesús Peña, quienes comprendieron que su mandato no era la comodidad diplomática, sino la interpelación firme al poder. Ellos actuaron con la altura que exige una crisis humanitaria. Hoy, esa mística parece haber sido sustituida por una representación institucional que, personificada en el actual representante del Alto Comisionado, Humberto Henderson, se asemeja más a una gestoría de derechos humanos preocupada por mantener la cordialidad con el Estado que por defender la centralidad de las víctimas.

La reciente visita a México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se produce bajo una tensión técnica y moral sin precedentes. Por un lado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) ha sido contundente: existen indicios fundados de que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, ataques contra la población civil que constituyen crímenes de lesa humanidad. Por el otro, el Gobierno federal persiste en una narrativa de matices, negando la vigencia de la desaparición forzada, maquillando cifras y eludiendo la reforma impostergable del sistema de procuración de justicia.

En medio de este choque de realidades, la Oficina del Alto Comisionado en México (OACNUDH-México) ha optado por un silencio que lacera. La exclusión inicial (y final para muchos) de los colectivos y familias de personas desaparecidas de los diálogos con el Alto Comisionado no es un error de agenda; es un síntoma de extravío. Una oficina que pierde la legitimidad frente a las víctimas pierde su razón de ser. La OACNUDH-México debe ser la “bisagra” entre el Estado y la sociedad civil, pero sí una de las partes deja de confiar, el mecanismo se rompe. Sin la confianza de las familias, el activismo internacional se reduce a “diplomacia cosmética”: fotografías en salones alfombrados mientras en los cerros las familias seguimos cavando con nuestras propias manos.

El reto del Alto Comisionado es mayúsculo y no se resuelve con declaraciones tibias o intentos de suavizar las resoluciones del CED para no incomodar al anfitrión, al señalar que en su visita se vio alentado por los “avances” que le presentó el gobierno mexicano y pidió no politizar el tema. Recuperar la legitimidad implica superar la “demagogia del dolor” y responder con claridad a las preguntas incómodas de la prensa y la sociedad. Es posible que, frente a la crisis financiera que vive la Organización de las Naciones Unidas por el recorte del financiamiento de algunos Estados, el Secretariado General de Naciones Unidas busque relaciones tersas con los países que sostienen el sistema, pero el costo es demasiado alto: si la moneda de cambio es la tolerancia frente a violaciones graves a los derechos humanos, la ONU terminará por ser irrelevante.

El abandono institucional nos ha obligado a las familias a convertirnos en peritos, rastreadoras y abogadas. Y mientras el Estado fabrica discursos sexenales para administrar el conflicto, el Alto Comisionado no puede alegar ignorancia teniendo una larga lista de casos en su escritorio. Su posicionamiento político parece ubicarlo temeroso frente a la urgencia de quienes buscamos. A pesar de que reconoció que el clamor más urgente en México es el fin de la impunidad, no tuvo el valor de señalar que es resultado directo de una política de tolerancia de un Estado que ha fallado en su deber primario de investigar y sancionar.

Ante la visita del Alto Comisionado, el señor Volker Türk, la respuesta oficial parece atrapada en una zona de confort discursivo que intenta presentar lo antiguo como innovación. Un punto crítico en esta narrativa es la mención de la Ley General en materia de Desaparición Forzada como un “modelo internacional”. Es necesario recordar, con rigor histórico, que este marco jurídico no fue una concesión gratuita del poder, sino un logro arrancado por las familias durante la administración de Enrique Peña Nieto y que hoy, a nueve años de su entrada en vigor, sigue sin ser implementado correctamente; basta con ver la ausencia de lo más elemental, los registros y bases de datos, donde el mismo Estado no sabe cuántas personas desaparecidas existen en México.

El Alto Comisionado deja una sensación de desencanto por su excesiva burocracia diplomática frente a una crisis que solo se puede matizar, o por la mala información que le proporciona su representante en México, o por una convivencia con la criminalidad del Estado que muestra el preludio del agotamiento de un sistema universal de derechos humanos. Con nostalgia queda el recuerdo del valor de Jan Jarab, quien fue representante en México de la Oficina del Alto Comisionado, al señalar con claridad desde 2016 que “no se ha avanzado lo suficiente en la búsqueda de personas desaparecidas, ni en las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de uno de los crímenes más horribles”, o al igual que Jesús Peña, en un acompañamiento cercano y sensible con las familias de personas desaparecidas, y con pena vemos al actual representante del Alto Comisionado tan cercano al Estado que se desdibuja si es un burócrata de Naciones Unidas o uno del gobierno de México, lo que hace preguntar a una parte del sector de víctimas ¿sirve luchar por la existencia del modelo de Naciones Unidas?

Podría parecer exagerada la reflexión y la crítica al Alto Comisionado; sin embargo, nos encontramos en un momento de definiciones en el que las familias de personas desaparecidas no nos conformamos con unas palabras de solidaridad, sino con un compromiso real y público, que en la visita del señor Türk no se logró.

Las familias llevamos décadas buscando en la soledad. Nuestra labor persistirá con o sin el acompañamiento de Naciones Unidas, porque nuestro objetivo no es sostener a burócratas de los derechos humanos, sino encontrar a nuestros seres queridos. Esperamos menos simulacros fotográficos y más valentía política, no por nosotras como familias que buscamos desde la dignidad, sino por la dignidad de los burócratas de Naciones Unidas. En el cruce del artículo 34 de la Convención Internacional, la esperanza se vuelve cuesta arriba cuando lo técnico se rinde ante lo político. No obstante, la adversidad no nos ha detenido antes; seguiremos buscando, señalando y exigiendo que la comunidad internacional elija: o está con la justicia, o es cómplice del silencio y la impunidad. Pero también reconociendo a personas como las que integran el Comité contra la Desaparición Forzada por mostrar que desde la dignidad y el valor se puede apoyar a las víctimas.

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Foto de portada: Jeannette Flores/ObturadorMX